Aunque ahora soy profesor universitario, tiempo atrás conduje un taxi. Lo hice durante cinco años. Si ser taxista en Montevideo es un trabajo sacrificado, seguro lo es más en Santiago. Como usted seguramente sabe, están los taxistas callados (yo era de ésos) y los que gustan de hablar con sus pasajeros. El conductor del último taxi al que me subí en la capital de Chile, en julio de este año, era de los segundos. Rápidamente advertí que, como la mayoría de los de su gremio, era una persona de derechas. No se lo pregunté, pero estoy seguro que había votado a Piñera convencido que con él llegarían “tiempos mejores”, tal era su eslogan de campaña. Sin embargo, los tiempos mejores no llegaron. De hecho no podían llegar, ya que el estilo de crecimiento impuesto por la dictadura de Pinochet, y ampliado y “perfeccionado” luego por los gobiernos democráticos, hace años que está agotado. Si durante un tiempo le brindó a Chile crecimiento con elevada desigualdad, ya no puede proporcionar lo primero; sólo queda la segunda.

Al saber que era un académico, me preguntó en qué trabajaba. “Estudio la desigualdad”, le dije. “Ah, eso es cosa de izquierdista, ¿no?” fue su respuesta. Era un hombre mayor, más de sesenta. Era dueño de su taxi y por tanto su propio patrón, pero se quejó de que trabajaba muchas horas (doce o trece al día). “¿Por qué trabaja tanto?”, pregunté. Y me habló de la deuda que tenía con el banco. ¿Y qué había comprado con el préstamo? “Porquerías”, me dijo, bienes de consumo, lindos pero que no parecían valer el esfuerzo que hacía para juntar el dinero mes a mes. No sé si habrá ocurrido, pero no me cuesta imaginar a este trabajador, pequeño empresario o “emprendedor” (como lo llamaría un ministro o el propio presidente Piñera) marchando, protestando y “caceroleando” en estos días por la capital de Chile. Y es que, aunque no fuera consciente de ello, sus agobios cotidianos son mayores por el hecho de que vive en una sociedad extremadamente desigual.

Ilustración: Adrián Pérez

Una mala distribución del ingreso no es condición necesaria ni suficiente para que ocurra un estallido social como el que ha remecido a Chile. Pueden citarse casos de sociedades tanto o más desiguales en que algo así no ocurrió; así como ejemplos de convulsiones graves (como el mayo francés) en sociedades mucho más igualitarias. Tampoco el conducir ebrio es condición necesaria ni suficiente para tener un accidente automovilístico, pero si vemos que un conductor borracho se ha accidentado, no tendremos muchas dudas en imputar el choque a su estado. Lo mismo ocurre en este caso.

En las ciencias en general, y en las sociales en particular, muchas veces cometemos el error de confundir un fenómeno con el indicador que usamos para medirlo; en el caso de la desigualdad y su historia, suele confundírsele con el resultado de algún índice concreto, como el de Gini. Pero el problema es mucho más profundo que el instrumento que usamos para tornar visible alguno de sus aspectos. Lo interesante y relevante, en mi opinión, es cómo la distancia que existe entre personas y grupos, ya sea económica, social o —la más importante— de poder, contribuye a moldear el tipo de sociedad en que vivimos.  Y lo que sabemos es que cuando la desigualdad supera cierto nivel, la convivencia se ve afectada, haciendo a la sociedad más inestable.

Una forma de abordar el problema es analizando cómo se distribuye el ingreso. En este plano, como en otros, Chile destaca por su desigualdad. Sin embargo, quienes desestiman su importancia como explicación del estallido social (son poco pero existen) señalan que la misma viene mejorando en Chile desde hace varios años. Tienen razón, eso es lo que muestran los datos: entre 1990 y 2015 el índice de Gini de distribución de ingresos pasó de 53.1 a 47.6, mejora que se concentró en el período posterior al año 2000. Pero, como se observa en el gráfico 1, ese país aún se encuentra entre los más desiguales del mundo. A este respecto Chile se asemeja a una persona que en los últimos 15 (o peor aún 30) años redujo su peso de 170 a 140 kilos. No puede negarse que ha adelgazado, tampoco de que sigue en una situación que puede ser delicada para su salud.

Gráfico 1: Distribución del ingreso en 150 países. Año 2018

Fuente: PNUD, Índices e indicadores de desarrollo humano. Actualización estadística de 2018, Tabla 3.

¿Cómo afecta la desigualdad a la vida cotidiana de los chilenos? ¿Qué relación puede tener con el malestar que ha desbordado estos días? El primer canal es evidente, quizá el más simple, y seguramente no el más importante. Sin importar el nivel de ingreso, una desigualdad elevada significa que los sectores pobres y medios viven peor de lo que vivirían en una sociedad con una mejor distribución. Y lo contrario ocurre con la élite. En este sentido, Branko Milanovic, quizá el mayor especialista en comparaciones internacionales de desigualdad, ha señalado cómo el 5% más pobre de chilenos tenía en 2015 (último dato disponible) un ingreso en dólares similar al 5% más pobre de Mongolia; mientras el 2% de la cúspide tenía un ingreso cercano al 2% superior de Alemania. Y es que, si hay una verdad fundamental acerca de la desigualdad, es que no es mala o buena en sí misma: es mala para muchos, pero buena para algunos.

En el gráfico 2 presento un ejercicio similar, comparando Chile con Uruguay, que hice para mi libro Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009). Aunque el mismo tiene algunos años, la imagen general que brinda permanece vigente. Según datos del Banco Mundial, en 2011 el Ingreso Nacional Bruto per cápita —expresado en dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo— era un 12% superior en el primer caso que en el segundo: US$ 19.037 y US$ 17.041 respectivamente. Ese mismo año, la desigualdad de ingreso —medida por el índice de Gini— era de 0.508 en Chile y de 0.434 en Uruguay.1 Por ello, si comparamos el ingreso de cada decil de la población entre ambos países, surge una imagen del bienestar diferente de aquella que se derivaría de un análisis centrado en el ingreso promedio.

Gráfico 2: Ingreso anual por deciles en Chile y Uruguay en 2011. Dólares PPA

Fuente: Rodríguez Weber, Desarrollo y desigualdad en Chile. Historia de su economía política, Santiago: LOM ediciones, 2018, gráfico 37.

Aquel año, los tres deciles más pobres de Chile presentaban un ingreso similar al de sus pares de Uruguay, por lo que la mayor desigualdad implicaba para ellos la pérdida de ese 12% que diferenciaba a ambos países. La situación era (y sigue siendo) peor aún para los sectores medios —deciles 4 a 8—, dado que el mayor ingreso per cápita de Chile no sólo se evaporaba por completo, sino que percibían un ingreso entre un 5% y 9% inferior —en términos absolutos— al de su contraparte uruguaya. Finalmente, los dos últimos deciles de Chile tenían un ingreso absoluto superior a sus equivalentes de Uruguay. En el caso del noveno decil, la diferencia era menor a la que cabría esperar en función del ingreso medio; en el último decil, por el contrario, mucho mayor.

La elevada desigualdad es el resultado de una forma de organizar la vida social (el renombrado "modelo chileno") según la cual corresponde al mercado proveer de (casi) todos los bienes y servicios necesarios para la misma. Ahora bien, el mercado se ha mostrado muy eficaz para brindar alguno de ellos, como alimentos, zapatos, o TV por cable —o streaming—, pero no así con otros, tanto o más importantes, como educación, salud, vivienda, agua, transporte o pensiones. Y aquí radica, quizá, la más importante fuente de agobio cotidiano: con un ingreso reducido por la elevada desigualdad, los chilenos de clase media recurren al endeudamiento para comprar bienes de consumo, como televisores de pantalla plana, o cambiar el auto cada tres años, pero también para enviar a sus hijos a la universidad o comprar los medicamentos que necesitan sus ancianos padres, cuyas pensiones, estructuradas casi por completo mediante el sistema de ahorro forzoso individual, son totalmente insuficientes y en todo caso mucho más bajas de lo que se esperaría dado el nivel de PIB per cápita del país.

En este sentido, y según el informe “Pensiones bajo el mínimo. Resultados del sistema de capitalización individual en Chile” elaborado por Marco Kremerman y Recaredo Gálvez de la Fundación SOL, la mitad de los jubilados reciben una pensión inferior a los 205 dólares mensuales. Ello se explica, en parte, porque siendo la chilena una economía latinoamericana, se caracteriza por elevados niveles de informalidad de sus trabajadores, lo que reduce la acumulación en sus cuentas de capitalización individual. Pero incluso entre la minoría que ha conseguido acumular de 30 y 35 años de cotización, la mitad recibe una pensión de 403 dólares, inferior al salario mínimo. Totalmente insuficiente para un país en que el costo de la vida es cercano al de Estados Unidos.

Con un crecimiento real del 7% anual, la deuda se ha vuelto una pesada carga para los sectores populares y medios de Chile, algo que bien sabía y sufría el taxista que conocí en Santiago. Se trata de una bomba de tiempo que amenaza con profundizar la crisis social y política que arrasa a un país en que once de sus dieciocho millones de habitantes están cada vez más endeudados. Efectivamente, luego de 1998, una vez que el crecimiento económico se ralentizó, los chilenos han tendido, cada vez más, a vivir de prestado. Si en 2003 la deuda contraída por las familias representaba el 9% de su ingreso anual disponible, para 2013 esa cifra había trepado al 38% y en septiembre de este año llegaba al 74%. Como consecuencia, la carga financiera sobre el ingreso mensual líquido de las mismas alcanza al 26%, una cifra extremadamente alta en términos internacionales.2 Ello seguramente explique la existencia de cuatro millones y medio de deudores morosos, personas sometidas cotidianamente a la angustia de recibir llamadas, notificaciones y advertencias de diverso tipo por parte de sus acreedores.

Pero el problema no termina ahí. Según muestra el estudio “Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile”, elaborado hace pocos años por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, además de la desigualdad económica, lo que irrita a los sectores populares chilenos es el sentirse víctimas de situaciones de abuso y maltrato. Así, la mitad de las personas de clases bajas encuestadas para este estudio reporta haber sufrido maltrato, cifra que se reduce al 30% en el caso de las clases medias altas. Y es que, como señalamos más arriba, estamos ante un fenómeno multifacético en que sus distintas dimensiones se retroalimentan entre sí. El ciudadano normal no sólo es más pobre de lo que se esperaría, o está más endeudado de lo que debería —dado el nivel de ingreso medio de su país—, también tiene que soportar la soberbia de una élite alienada, convencida de que merece los privilegios de los que goza, ya que, sostiene, no son otra cosa que el resultado de su esfuerzo. Esta alienación, que resulta en parte de la elevada desigualdad, explica, en mi opinión, exabruptos como el del hoy cesado ministro de economía Juan Andrés Fontaine, quien al inicio de esta crisis sugirió a sus compatriotas que se levantaran más temprano para evitar el aumento en la tarifa del metro. Así como se oye (o se lee): una persona que no ha conocido más que privilegios desde que nació, le dice a sus compatriotas, que dedican 13 o 14 horas diarias a la jornada laboral y el traslado, que deberían esforzarse más. Si esto no es más que un episodio simbólico, aunque no por ello menor, los chilenos deben aceptar además una justicia de doble rasero que, como ocurrió con el “Caso Penta”, sentencia a Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín, millonarios amigos del hoy presidente condenados por delitos tributarios consumados y reiterados durante años, a pagar una multa igual a lo defraudado y tomar clases de ética… Y todo ello al tiempo que esa misma élite les dice que viven en la Inglaterra del Sur, un oasis de estabilidad y prosperidad en medio de la convulsa Latinoamérica. ¿Usted no tendría ganas de protestar?

Desde una perspectiva histórica, la crisis actual recuerda a la de la República Oligárquica en los años veinte del siglo pasado. Entonces, como hoy, Chile era un país extremadamente desigual, gobernado por una clase dominante completamente alienada de los problemas cotidianos del chileno medio. Entonces, como hoy, sectores medios y populares se movilizaron juntos reclamando cambios profundos. Entonces, como hoy, la primera reacción de los privilegiados fue parapetarse en sus posiciones, defender sus privilegios, aceptar —a lo sumo— cambios menores con el fin de evitar otros mayores. El resultado fueron dos décadas de conmociones sociales y políticas que incluyeron golpes de estado, una reforma a la Constitución y hasta la proclamación de una efímera "República Socialista" a inicios de los años treinta. Ello hasta que se abrió paso un nuevo régimen político, bajo el cual la élite debió compartir el poder y aceptar una redistribución de los ingresos que se expresó en la reducción de la desigualdad observada entre 1938 y 1970.

Pero la historia no se repite. Aunque hoy pareciera que la conmoción social que sacude a Chile es tan grave que traerá cambios mayores bajo el paraguas de un “nuevo pacto social”, nada garantiza que así sea. Quienes se benefician del "modelo chileno" son pocos pero poderosos, y cuentan con una serie de mecanismos de diverso tipo, sean fácticos o normas de la organización jurídica (muy especialmente la Constitución impuesta por Pinochet en 1980) que le otorgan, en mi opinión, buenas posibilidades de aguantar hasta que pase la tormenta. O hasta que llegue la próxima, que quizá sea un huracán, y quién sabe lo que éste podría arrasar a su paso.

Adenda

Según se cuenta en una de esas anécdotas demasiado buenas para ser ciertas (aunque quizá lo sea), cuando Luis XVI, advertido de la toma de la Bastilla, preguntó al duque de Liancourt si se trataba de una “revuelta”, obtuvo por respuesta “no sire, es una revolución”. En Chile, pocos días después de haber terminado de escribir este ensayo, el gobierno anunció la redacción de una nueva carta magna. Si ello se concretara, caería uno de los pilares del modelo económico-político que la dictadura de Pinochet legara a la democracia. Si algo así ocurriera, Chile tendría, por primera vez en su historia, una constitución redactada en democracia, bajo la autoridad de un gobierno legítimo, elaborada con participación de los ciudadanos y refrendada por la soberanía popular. A ello hay que agregar las reformas relativas a la agenda social, cada vez más amplias e incompatibles con el modelo de organización económica impuesto por la dictadura. Sin embargo, la resistencia a los cambios continúa en la salvaje represión de que son víctimas los manifestantes. Aun así, las movilizaciones no decaen. Quizá sea éste, después de todo, un huracán.

 

Javier Rodríguez Weber
Doctor en Historia Económica. Profesor en el Programa de Historia Económica y Social de la Universidad de la República, Uruguay, y autor del libro Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009): Historia de su economía política.


1 Según SEDLAC-Banco Mundial, consultado en abril de 2015.

2 Agradezco a Alexander Páez, de la Fundación SOL por facilitarme esta información, proveniente del Informe de Estabilidad Financiera Segundo Semestre 2019, publicado por el Banco Central de Chile.