“A todos los que dicen que no son formas de pedir;
 deberían primero entender que ni si quiera se tendría que estar pidiendo”.
—María Fernanda Reséndiz, usuaria de Facebook

En la madrugada del 1 de enero de 1994, fecha en la cual entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tres mil rebeldes indígenas afiliados al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomaron control de cuatro ciudades en el estado de Chiapas. Gracias a este acto de insurgencia y su eventual mediatización, el EZLN ganó un apoyo sin precedentes entre la sociedad civil nacional e internacional que le permitió conquistar una serie de demandas que no había podido concretar a través de años de “lucha institucional”.

La tarde del 25 de noviembre de 2019, fecha que conmemora el Día Nacional para la Erradicación de Violencia contra las Mujeres, se realizó la marcha “Ni Una Menos” en la cual aproximadamente tres mil mujeres tomaron las calles de la Ciudad de México, algunas rompieron vidrios y realizaron pintas en protesta. Este episodio volvió a imponer en la agenda pública la discusión de violencia de género, cosa que no se pudo lograr completamente a través del activismo institucional; la opinión pública en cuanto a las acciones tomadas por las mujeres está apasionadamente dividida.

Las demandas del EZLN, lejos de ser radicalismos, eran solicitudes viables en una democracia. Todo lo que pedían1 eran bienes públicos que les habían sido negados o sub abastecidos; al no encontrar una manera efectiva de canalizar sus necesidades decidieron emprender un enfrentamiento con la autoridad. Este enfrentamiento, que rompió gravemente con la legalidad y gobernabilidad, les rindió mayores beneficios que al haberse mantenido dentro del marco de la ley.2

Las demandas de las participantes de la marcha “Ni Una Menos” son obligaciones del Estado; no caprichos, ni mucho menos “radicalismos”. La agrupación mostró una intensa molestia, y rabia, con el gobierno por su incapacidad para frenar feminicidios, las actuales condenas por abortar, el acoso y violación sexual en escuelas y centros de trabajo, los abusos de policías y las desapariciones de mujeres en todo el país. Otro punto de descontento fueron los recortes de presupuesto para programas sociales de atención a mujeres. Recientemente, como fruto de marchas pasadas en las cuales tambien hubo pintas en espacios públicos, se logró que en la Ciudad de México se promulgara por decreto una Alerta de Género,3 así como el voto a favor de la Ley Olimpia en la Cámara de Diputados; legislación que busca sancionar la violencia digital contra las mujeres. Estas protestas que claramente infringieron el marco legal de la ciudad tambien lograron que las autoridades capitalinas investigaran a los jueces que liberaron a Juan Carlos “N”, exempleado de Amazón, esposo y sospechoso del feminicidio de Abril Cecilia.

Ilustración: Alberto Caudillo

Tristemente, cuando el 29 de noviembre de 2019 más de 2, 500 mujeres se congregaron pacificamente en el Zócalo de la Ciudad de México para realizar el performance “Un violador en tu camino”, tanto la cobertura mediática tradicional como el debate público fueron escasos.

El caso del EZLN y el de la marcha “Ni Una Menos” están lejos de ser episodios aislados en la actualidad mexicana; al contrario, gracias a lo efectivo que ha probado “salirse del sistema” para que movimientos sociales logren sus objetivos hasta se podría decir que la actual estructura gubernamental está construida para incentivar la desobediencia. En estos dos casos no podemos entender a la insurgencia o desobediencia como un acto de ilegalidad flagrante, sino como un desafío al poder de un Estado patriarcal y paternalista. Tanto para los indígenas como para las mujeres sus derechos son justamente eso, derechos, no dádivas por comportarse bien. 

Estos movimientos no son la causa de nuestro presente, sino el resultado de nuestra historia. Pensemos en los años de pax priista:la política de gobernación consistía en cooptar o reprimir; cosa que eventualmente le costó al gobierno su legitimidad para utilizar la fuerza pública. Lo que nunca han hecho los gobiernos mexicanos es construir canales institucionales eficientes para atender reclamos tan básicos como atención médica para los pueblos indígenas y atención a víctimas de violencias de género.

Con esta legitimidad agotada, a falta de instituciones y espacios de participación ciudadana eficientes y con partidos políticos que cada día parecen ser menos representativos de la sociedad es que hemos llegado al punto en que le es más rentable a una organización o movimiento social violar la ley que seguirla; allí la racionalidad de la insurgencia y de la desobediencia civil.

Por desgracia, la respuesta de nuestras autoridades y de gran parte de la ciudadanía es insistir en que “ésos no son lo modos de pedir justicia”. Como si la justicia se tuviera que pedir. Al parecer nuestros políticos y gran parte de la sociedad está mas preocupada en las manifestaciones que en sus causas.

Si pudiéramos entender que el EZLN, el movimiento “Ni Una Menos” e infinidad de otros movimientos sociales que deciden desobedecer no son la causa, sino el resultado, otro país tendríamos.

 

Roberto Morris
Maestro en Políticas Públicas por la London School of Economics. Actualmente es Presidente y Director General de Núcleo: comunicación política y corporativa.


1 Derecho a una atención sanitaria adecuada, derecho a la educación, apoyos sociales, derecho a la tierra, etcétera.

2 El Zapatismo logró generar la presión necesaria para reformar el artículo 2.º de la constitución mexicana  y promulgar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, esto a parte de conquistas materiales para los pueblos indígenas y ponerlos al centro de un debate nacional.

3 Es relevante mencionar que una acción similar se tomó hace 4 años en el Estado de México, sin lograr mayores resultados.