Nos encontramos en territorio desconocido. La recesión que los efectos del Covid-19 traerá sobre el mundo tiene características no vistas en recesiones modernas. Algunos estiman podría ser más profunda que la crisis financiera global de 2009 o cercana a ella. No sólo es un doble choque por los lados de la oferta y demanda, es también posiblemente, como lo ha mencionado Gabriel Mathy, la primera recesión que golpee de forma especialmente dura al sector servicios alrededor del mundo.
De entre los países más afectados por los efectos de la pandemia se encuentran casi todas las economías más grandes del mundo, responsables de más del 60 % de la producción manufacturera del planeta, nodos centrales en las redes de producción que se extienden por las cadenas de valor de todo el mundo. Obligar el cierre de centros de trabajo, poner en cuarentena a poblaciones enteras eventualmente se verá reflejado en un choque de oferta conforme la producción baje. Este golpe es ineludible. México es uno de los principales nodos de producción del mundo; cuando los bienes intermedios que importamos como parte central de nuestras exportaciones se detengan, forzosamente sentiremos el impacto.
Por el lado de la demanda, el encierro obligado o voluntario de la población, de forma especial golpeará los ingresos de miles de trabajadores que perderán sus empleos si las empresas quiebran o simplemente por estar en el sector servicios (formal o informal) verán recortados sus flujos de ingreso. Es simple: una población encerrada no consume en restaurantes, no acude al peluquero, ni asiste a un cine. La falta de ingresos se transformará en un choque de demanda. De esto México tampoco escapará al menos que haga algo.
La combinación de choques de las dos naturalezas complica la situación, la política monetaria el caballo de batalla en las últimas recesiones puede ayudar pero no regresará a los trabajadores a las fábricas ni sacara a los consumidores a las calles. La recesión que vendrá por necesidad demandará una reacción fiscal agresiva, poner dinero en el bolsillo de las personas y minimizar la pérdida de empleos son el único camino seguro a una recuperación.
La tarea del gobierno en estas circunstancias es doble; por un lado, acelerar la recuperación de la economía preservando su estructura laboral; por el otro, aprovechar las circunstancias para reformarla, y que las precariedades históricas de nuestra economía y su crónica desigualdad no sigan siendo un obstáculo para garantizar una serie de servicios a toda la población. Ambas tareas son necesarias: sin recuperación no existe posibilidad de reforma y sin reformar nuestra economía no tendremos la capacidad de enfrentar las crisis del futuro.
Ilustración: Guillermo Préstegui
Si la herramienta fiscal es la adecuada se podría pensar que México tiene pocos márgenes, su recaudación es baja, el precio del petróleo no ayuda y existe una aversión a la deuda en el gobierno. No obstante, los márgenes existen y es posible usarlos con creatividad para conseguir ambos objetivos. Para producir una política fiscal contracíclica y bien focalizada a los sectores y personas que sufrirán el impacto más duro.
Una propuesta para hacerlo es la siguiente.
En un mundo donde las tasas de interés están de vuelta en la frontera del cero y en el que previsiblemente Banco de México bajará también de forma agresiva sus tasas, México tendrá la posibilidad de tomar deuda a tasas muy bajas o incluso negativas. Hoy, de forma afortunada el 78 % de la deuda mexicana es interna, está en pesos a tasa fija; por lo tanto, no es un riesgo. El país cuenta con más de 150 mil millones de pesos en un fondo de estabilización y ha construido un margen de 1.8 puntos del PIB producto de los superávits primarios de 2019 y 2020. Los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, la definición más amplia de la deuda pública, se encuentran cercanos al 45 % del PIB, una cantidad muy por debajo de la media internacional y en una trayectoria estable. Recursos existen para actuar, lo que es importante es cómo emplearlos para sortear la tormenta.
En un cálculo muy simple, si sumamos el porcentaje del PIB que representan los sectores e industrias potencialmente más afectadas (la manufactura, el comercio y servicios, la construcción) tenemos 41 %. Si asumimos que son sectores que se afectan por completo, que se tengan cuarentenas generalizadas y que la la crisis puede durar un mes, estamos hablando de una pérdida de producción de 3.4 puntos porcentuales, si asumimos que dura tres meses es de 10.25 puntos porcentuales. Esto nos da una idea de que, aunque pueda ser una crisis muy corta, puede ser severa y llevar un tiempo de recuperación.
Los cálculos anteriores no necesariamente se tienen que materializar: las acciones del gobierno los pueden mitigar y además es previsible que la recesión golpee de forma diferenciada a esos sectores de la economía; es decir, que no se dé un golpe homogéneo y quizá no existan cuarentenas generales (aunque la evidencia abrumadoramente apunta a que son la mejor estrategia); por lo tanto, en la realidad el costo en producción es posible que sea menor. Los sectores más vulnerables son el sector servicios y, dentro de éste, el comercio, emprendedores y autoempleados y el sector manufacturero. En el país existe alrededor de cinco millones y medio de unidades económicas, la gran mayoría micro, pequeñas y medianas. Por brevedad, concentrémonos en el sector manufacturero y en la parte más vulnerable del sector servicios (el comercio).
Dentro del total de unidades económicas en el país, poco más de 600 000 son manufactureras. Para ellas, dependiendo de su tamaño, la intervención más oportuna puede ser líneas de crédito flexibles a tasas de interés muy bajas por parte de la banca de desarrollo. Las empresas más grandes con acceso al mercado de capitales, capital propio y alguna forma de crédito, pueden sortear la crisis manteniendo su capacidad operativa para regresar a operación cuando la situación mejore, las pequeñas pueden recibir otro tipo de apoyos como compras públicas garantizadas y subsidios.
El sector servicios, sin contar financieros y relacionados a la manufactura, por su parte representa más de 2.5 millones de unidades económicas; dentro de éstas, cerca de 700 000 unidades se encuentran en la parte que más será afectada, por ejemplo, restaurantes y hoteles. Estas empresas se caracterizan por tener empleos precarios y con escasas prestaciones o incluso informales. Evitar el impacto aquí requiere una política fiscal muy agresiva y creativa que puede implicar una transferencia directa a los trabajadores que les permita mantener un nivel de ingreso que garantice cierto nivel de consumo.
¿De cuánto empleo estamos hablando? Con datos de la ENOE al tercer trimestre de 2019, en números generales el sector servicios, incluyendo dentro de sí al comercio, representa unos 19 millones de empleos y el de transformación, las manufacturas, otros 8.8 millones. De esos 27.8 millones en particular riesgo se pueden encontrar dos terceras partes, unos 18.5 millones, los correspondientes al comercio y manufacturas ligadas a la exportación.
Dejando de pensar por sectores y ampliándolo a toda la economía, es quizá necesaria una política donde el gobierno garantice el cubrir un porcentaje del costo laboral de las empresas y quizá incluso una garantía de compra de una fracción de su producción. A cambio de este apoyo del sector público, dichas empresas deben asumir el compromiso de no cerrar empleos, de mantener su capacidad lista para restablecer operaciones cuando la pandemia termine.
Para emprendedores, autoempleados y trabajadores del sector servicios una idea es la de hacer una transferencia durante el tiempo de la emergencia que cubra sus necesidades con un compromiso de formalidad de su parte, puede ser el haber pagado impuestos en el ejercicio fiscal anterior o el compromiso de darse alta frente a la autoridad tributaria.
¿Como saber que estos sectores son los que parece tendrán el peor impacto? Diferentes documentos del Center for Global Development, de Vox CEPR, del Peterson Institute, del Banco de Italia, así como trabajos de diversos economistas y la intuición económica, parecen sugerir que el impacto económico se puede concentrar ahí.
El objetivo de estas medidas no es igual al de un programa social, es el de mantener la estructura ocupacional lo más intacta que se pueda, de tal forma que el desempleo no se agrave y se pueda dar una recuperación desde los primeros momentos de superada la emergencia. En este sentido, propuestas similares se discuten en gran parte del mundo, incluyendo la de hacer al gobierno una especie de “comprador de última instancia” como proponen Gabriel Zucman y Emmanuel Saez y ya se han decidido como ruta de acción en Dinamarca, Suecia y Alemania.
A grandes rasgos lo anterior describe un gran despliegue fiscal. ¿Cómo financiarlo de forma sustentable en el tiempo para las finanzas públicas? Una forma de hacerlo es que el gobierno lidere un gran pacto de coordinación entre empresas, trabajadores y el gobierno mismo. Que las empresas que más ayuda necesitan la puedan recibir de forma expedita, en cualquiera de las formas anteriormente expuestas, con una condición, un compromiso serio de impulsar una reforma fiscal muy progresiva una vez que la economía nacional se encontrase recuperada. De la misma forma, para aquellos trabajadores que necesiten ayuda para sortear la emergencia con la condición de un compromiso de formalidad, ya sea mostrando el pago de impuestos del ejercicio previo o causando el alta para el nuevo periodo.
Los costos de una serie de medidas de esta naturaleza son contingentes al tiempo que se necesite estimular la economía, pueden ir de algunas decenas de miles de millones de pesos si es de corta duración a quizá más de un par de puntos del PIB si se requiere de un estímulo prolongado. Naturalmente este tipo de costos son contingentes a que la crisis se profundice y el impacto sea mayor, hecho que no necesariamente va ocurrir, pero si ocurriera este tipo de medidas deberán ser detalladas en una propuesta formal de naturaleza semejante.
Estas medidas obviamente no son perfectas, muchos pueden incumplir, son contingentes al tiempo de la emergencia. Si la emergencia dura un par de meses es relativamente fácil de costear y los efectos negativos deberían ser transitorios; por el contrario, si la emergencia fuera persistente y se extendiera más de seis meses, entonces la solidaridad entre los sectores sería aún más importante. ¿Cómo saber cuándo arrancar? La señal de alarma podría ser cuando se registre una caída sustancial en el empleo general o en la tasa de ocupación de sectores específicos.
Un acuerdo de apoyo y rescate por parte del gobierno a cambio de ampliar en el futuro la recaudación fiscal es necesario y quizá lo más importante a largo plazo. Es la segunda tarea, la de reformar la economía mexicana, la que se presenta como una área de oportunidad frente a la eventual crisis.
Por más buena voluntad que se tenga, es imposible pensar que México puede dar los servicios que se necesitan a toda su población sin arreglar uno de sus problemas de más larga data, su debilidad fiscal. La debilidad fiscal de México es una limitante para su desarrollo: el desarrollo es caro y se financia con impuestos; si éstos son progresivos, además de facilitar el gasto social en su forma más amplia, también limitan las desigualdades, producen sociedades más horizontales. En la historia ya hemos visto que ocurra, con la construcción de los estados de bienestar en Estados Unidos de la posguerra y en la Europa de los Trente Glorieuses.
Transformar la recesión global que se avecina en una oportunidad de fortalecer la economía, de abrir oportunidades de desarrollo y de disminuir las desigualdades históricas es una oportunidad de oro para realmente transformar el país, que deje al país mejor preparado para enfrentar las crisis que se avecinan, nuevas pandemias y la crisis climática. Parafraseando el final de la famosa carta de Keynes a Roosevelt: bien aprovechado, el contexto de la crisis para reactivar y reformar la economía mexicana, puede restaurar la fe de la gente en lo público, en el gobierno y en el poder de la acción colectiva.
Diego Castañeda
Economista por la University of London. Historiador económico por la Universidad de Lund.