No hay duda de que se avecina (o está ya encima) la crisis económica más fuerte en años recientes. Para Latinoamérica, CEPAL estima una contracción del PIB de, al menos, 3 % o 4 % (siendo que entre 2008 y 2009, durante la devastadora crisis pasada, la región decreció 1.8 %), y en México las estimaciones son similares. Aún no hay cifras oficiales sobre lo sucedido en marzo del presente año, pero en la calle y en redes sociales las personas se expresan sobre la tremenda disminución de ventas, el incremento de despidos y la incapacidad de quedarse en casa para quienes a diario salen a buscar lo mínimo para sobrevivir.
Hasta el sábado pasado, no se habían anunciado nuevas medidas para atender a las personas en situación de pobreza ni a los más afectados por la crisis. Eso había generado que diversos sectores de la población se manifestaran respecto a la urgencia de acciones inmediatas. Si bien había desencanto sobre la inacción del gobierno ante la crisis, muchas personas guardaban esperanzas ante el anuncio, durante toda la semana pasada, de que López Obrador presentaría el domingo pasado un plan económico de reactivación de la economía.
Ilustración: Víctor Solís
Dicho informe y el supuesto plan se presentó ayer1 y, nuevamente, generó mucho desasosiego. Las medidas anunciadas pueden resumirse en siete puntos: 1) No hay cambios sustanciales en programas sociales ni transferencias directas, 2) disminución de precios en combustibles, 3) no habrá aumento de impuestos, 4) continuará, con mayor rigor, la austeridad republicana, 5) continuará, sin cambios, la construcción del aeropuerto, la refinería y el Tren Maya, 6) incrementa presupuesto de Pemex (para reducir su carga fiscal) y el dirigido a infraestructura, créditos personales y de vivienda para empleados formales y 7) otorgar créditos para pequeños negocios.2
En conclusión: no hay un plan para combatir la crisis. En términos generales, el plan es, por el momento, “seguir haciendo todo tan bien como ya se hacía desde el año pasado”. Seguir con los programas sociales existentes, seguir creando empleos vía inversión en infraestructura pública, seguir apostando a Pemex, seguir con austeridad y manteniendo el régimen fiscal.
¿Cuáles son los sectores de la población no contemplados en este “plan” y cómo se verán afectados por la crisis? En primer lugar, no hay nuevas acciones concretas para las personas en situación de pobreza. El planteamiento es que “ya es suficiente la protección otorgada por los programas del bienestar” y que, además, se les adelantará un bimestre la transferencia (a adultos mayores y personas con discapacidad). También se anunció el aumento de 200 000 beneficiarios en Sembrando vida, programa social que sigue los lineamientos del llamado “workfare”: otorgar transferencias a cambio de la condición de trabajar.
La pregunta inmediata es: si se suponía que dichos programas eran suficientes para proteger a la población en pobreza durante prosperidad económica (imaginemos por un segundo que así es), ¿qué nos hace creer que serán suficientes ante una crisis como la actual? La realidad es que el presupuesto actual en programas sociales aun es menor que el de años pasados, y no hay pruebas de que en 2020 haya más beneficiarios totales de programas sociales que en 2018: ayer López Obrador mencionó 22 millones de beneficiarios, siendo que, de acuerdo a CONEVAL, en 2017 el programa Prspera llegaba a 27 millones de beneficiarios y el programa de pensión para adultos mayores llegaba casi a cinco millones.
Las crisis económicas suelen golpear más fuertemente a aquellas personas en situación de pobreza, ya que la disminución de 20 % de sus ingresos en promedio (como en las crisis pasadas)3 puede obligar a decisiones como disminuir consumo de alimentos, sacar a hijas e hijos de escuelas, entre otras. Es por eso que múltiples países a nivel global y en Latinoamérica (Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Argentina, entre otros) han lanzado nuevos programas sociales de transferencias para afrontar la crisis, dirigidos a población en pobreza, sumados al sistema de protección social ya existente.4 Así pues, la evidencia muestra que es necesario atender de manera más contundente la crisis que afrontarán las personas en situación de pobreza.
En segundo lugar, puede analizarse lo anunciado ayer en términos de su efecto en el empleo, tanto para el sector informal como el formal. A pesar de los llamados internacionales, por ejemplo de la Organización Internacional del Trabajo, a proteger el empleo y mercado laboral con diversas estrategias que involucran subsidios de salarios, incentivos fiscales a MiPyMEs, seguro de desempleo, entre otros, el “plan” anunciado ayer no presenta alguna iniciativa relacionada.
Sobre el empleo formal directo, ayer se aseguró que “se crearán dos millones de empleos en nueve meses”, aunque las cifras presentadas sólo detallan el origen directo de 660 000.5 Al respecto, vale la pena mencionar que la mayoría de estos “empleos nuevos” corresponden a varios de los proyectos prioritarios y no corresponden a una reacción ante la crisis, sino que estaban contemplados desde principios de año. Además, sólo en la segunda quincena de marzo los empleos formales, según reporte del IMSS, disminuyeron en más de 200 000, y los pronósticos mencionan que en abril la pérdida neta pueda superar varios millones. Visto así, no hay estrategia que asegure el mantenimiento del empleo formal.
En cuanto al sector informal, sólo se ha hablado de 500 000 créditos para negocios dirigidos a ese sector. Tal cifra es insuficiente, si se toma en cuenta que, de acuerdo a datos de Coneval, de los 22 millones de personas ocupadas y en situación de pobreza, al menos seis millones corresponden a trabajos no subordinados.6 Además, el universo total de trabajadores no subordinados en México alcanza 12 millones de personas ocupadas, y aunque no se encuentren en situación de pobreza, los efectos de la cuarentena durante marzo y abril (y lo que se sume) serán desastrosos para su economía familiar.
Otra vez, las políticas en términos de empleo para enfrentar la crisis son claramente insuficientes. Es por dicha razón que países como Argentina han lanzado programas para apoyar a personas ocupadas no subordinadas, con transferencias de emergencia que buscan incentivar que las personas se queden en casa, no salgan a buscar ingresos y estén a salvo de la pandemia.
Ante la falta de medidas respecto a empleo e ingresos de los hogares más pobres ya analizadas, pareciera insensato que además el anuncio de ayer incluyera la continuidad en austeridad (incluida la violación a derechos laborales con la propuesta de eliminar aguinaldo para servidores públicos que ganan más de 25 000 pesos al mes), continuidad en no modificar impuestos, continuidad en gasto dirigido a “proyectos prioritarios” y el nuevo apoyo fiscal a Pemex. Las prioridades del gobierno deberían ser tan claras como lo son sus lemas: si realmente se quiere proteger “primero a los pobres”, queda claro que la estrategia actual no es la indicada.
Por último, hay que señalar que no se ha incluido en este “plan” para afrontar la crisis nada asociado con las personas en situación de calle que no pueden refugiarse, las familias migrantes en tránsito por el país ni las personas en reclusorios del país, a pesar de propuestas específicas para buscar brindarles atención durante la crisis sanitaria. Del mismo modo, resaltan por su ausencia los programas que alivien el aumento de carga en trabajos de cuidado efectuado por las mujeres, y el aumento de riesgo de violencia intrafamiliar por el tiempo que las familias pasan dentro del hogar.
En fin, es necesario entender que el panorama económico global y nacional no es el de una “crisis transitoria”, como la ha llamado López Obrador, sino que es el de una amenaza de destrucción de empleos y disminución del bienestar que puede tener como consecuencia el retroceso de varios años en términos de desarrollo. De la respuesta de los gobiernos depende que este efecto sea menor y, sobre todo, que no esté cargado de manera desproporcionada en las personas con menos ingresos y las más vulnerables. Si bien es un acierto no rescatar a los ricos ni a las grandes empresas, es importante entender que la fórmula de “aumentar la inversión pública destinada a la creación de empleos y a otorgar créditos a pequeñas empresas familiares” no será suficiente si no va acompañada de políticas fiscales agresivas en protección de la mayoría de la población. El “plan de reactivación” debe ser sustancialmente diferente a lo que ya hacía el gobierno (aunque sea en términos de un aumento importante en las acciones que ya existían), para lograr atender la contingencia que no estaba en el panorama anteriormente.
Máximo Ernesto Jaramillo-Molina
Doctor en Ciencia Social por El Colegio de México y economista por la Universidad de Guadalajara.
1 Acá pueden leer la versión estenográfica del discurso.
2 La cifra total de los créditos es confusa. Desde las conferencias de hace dos semanas, López Obrador plantea “créditos sin intereses o con tasas muy bajas a un millón de pequeños negocios” (ver aquí). Ayer mencionó “dos millones 100 000 créditos personales de vivienda y para pequeñas empresas familiares del sector formal e informal de la economía”. Puede suponerse que sigue la propuesta de un millón de créditos a negocios pequeños, y el resto son créditos para viviendas (mejora y adquisición).
3 Entre 1994 y 1996, el ingreso corriente de los hogares del decil I, a precios constantes, disminuyó 20.8 %. Entre 2006 y 2010 la disminución fue de 17 %. Cálculos propios con base en la ENIGH de INEGI.
4 Al respecto, vale la pena revisar el compendio de cambios en política social realizado por Ugo Gentilini.
5 Específicamente, dicha cifra incluye 80 000 empleos asociados con la construcción del Tren Maya, 7 300 con la construcción del ferrocarril del Istmo, 270 000 por construcción de vivienda asociada a créditos anunciados (suponiendo que haya quien los solicite durante la crisis), 228 000 asociados a inversión en infraestructura (que no es posible saber si de alguna manera agrega o toma parte de los proyectos ya antes mencionados), 45 000 por la contratación de médicos y enfermeras y 31 000 por la contratación de elementos en las Fuerzas Armadas.
6 Cálculos propios con base en datos generados por CONEVAL en la medición de pobreza 2018.
Cuando empezó la pandemia del Covid 19 y en México no se tomaron las medidas sanitarias draconianas de otros países, el presidente fue ampliamente criticado por ello. Mes y medio después, esa estrategia sanitaria parece empezar a probar haber sido correcta, porque a más de un mes del primer caso identificado en el país, la tasa de contagio y el número de decesos siguen siendo reducidos comparados con los de países que sí adoptaron medidas radicales. Pero además, esa estrategia sanitaria le evitó a la economía un cierre innecesario de casi 30 días, cuyas repercusiones al día de hoy serían mucho mayores y harían mucho más complejo afrontar lo que sigue. Sin embargo, ahora la crítica se ha venido enfocando en la estrategia económica para enfrentar la crisis que provocan esas mismas medidas radicales que se adoptaron en México a partir de la entrada en la llamada fase 2. El eje de la crítica actual parece centrarse en dos aspectos: uno, que el gobierno no ha anunciado un paquete de medidas espectaculares (y parcialmente contracíclicas) que pueda hacerse equivaler a un 10-15% del PIB (en caso de llevarse a la práctica, claro), y dos, que esas poco espectaculares medidas de emergencia en realidad no lo son (es «más de lo mismo») básicamente porque no incluyen ningún impulso fiscal, “a diferencia de lo que están haciendo la mayoría de los gobiernos”. Cabe advertir dos cosas. Una, que no es indispensable, ni siquiera necesario, hacer lo que hace la mayoría de los gobiernos, como parece probarlo la estrategia sanitaria adoptada en México. Dos, que al igual que con la estrategia sanitaria, en la económica la línea del presidente es ir adoptando medidas más drásticas y más profundas en la medida en que se vayan necesitando, y no desde el principio. Es decir, las decisiones (sanitarias y económicas) deben ir escalándose conforme la situación lo amerite justamente para no provocar más daños, y para que al final el remedio no resulte peor que la enfermedad. Adoptar estímulos estrictamente fiscales, o decidir aumentar la deuda pública haciendo uso de las lineas de crédito disponibles por la emergencia, son recursos adicionales que seguramente se irán utilizando cuando (y si) resulte indispensable (y conveniente). Se puede sin duda diferir en la eficacia de ese enfoque gradualista para enfrentar una crisis de origen sanitario, cuya principal diferencia con otras ocurridas en el pasado es la desproporcionada respuesta de la OMS y (aquí también) de “la mayoría de los gobiernos”. Pero no me parece sensato sumarse sin más a la campaña descalificatoria, cuando el país se está jugando su futuro.
mi pregunta es esos 27 millones eran reales o solo cifras del gobierno en esa época y los 5 millones de adultos mayores eran cifras reales o también se inflaron y los apoyos llegaron a otras personas, se ve muy difícil la situación económica de Mexico pero si solo se basa en datos que muchos fueron alterados considero que las acciones del gobierno son adecuadas que se deben ayudar a mas de acuerdo pero sobre todo a las personas en pobreza y en pobreza extrema saludos