Hasta el momento la pandemia de COVID-19 ha afectado en gran medida a países desarrollados como Estados Unidos, Italia, España, Francia y Reino Unido. Estos países, hasta el 1 de mayo del 2020 acumulan el mayor número de muertes ocasionadas por COVID-19. Sin embargo, ello no significa que los países emergentes y en desarrollo se hayan salvado, pero a algunos países les irá mejor que a otros. China, país en el que se originó el virus, tendrá un crecimiento económico del 1.2 % de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La actual pandemia enfrenta a los países emergentes y en desarrollo con una crisis sanitaria que ha llevado a una crisis económica y social, donde cada una de estas crisis ahonda los efectos de la otra. La demanda se ha colapsado como resultado de las medidas de confinamiento, hay grandes interrupciones en las cadenas globales de valor y la estabilidad del sistema financiero se ve amenazada, ya que los hogares y empresas experimentan una reducción de ingresos lo cual puede generar impagos corporativos y familiares de las deudas privadas, reduciendo así el capital bancario. En síntesis, una tormenta perfecta en las economías emergentes y en desarrollo. Con sus poblaciones en riesgo no solamente debido al coronavirus sino también a la gran pobreza que los caracteriza, altas tasas de informalidad, débiles redes de seguridad social, mercados financieros en dificultades y espacios fiscales limitados (incluso antes de la pandemia), los países emergentes y en desarrollo enfrentan un gran desafío, pues el COVID-19 llega a estos países en un momento extremadamente difícil para sus economías.
Ilustración: Patricio Betteo
Rusia y Arabia Saudita también forman parte del grupo de economías emergentes y en desarrollo; sin embargo, estos países tienen cuantiosas reservas de divisas que podrían usar para hacer frente a la pandemia y sus efectos. Pero no así pasa con los países en desarrollo que dependen en gran medida del petróleo. Los recortes en la producción de petróleo por parte de Rusia y Arabia Saudita, anunciados el 9 de abril, no compensan la gran caída de la demanda de los últimos tiempos. El 20 de abril el precio del barril de petróleo cayó a niveles históricos, a niveles negativos y sin precedentes, dado que el precio de algunos contratos a futuro del petróleo West Texas Intermediate (WTI) que vencen en mayo cayeron a -$37.63 por barril. Cabe destacar que esto ocurre en un contexto que se caracteriza por un colapso de la demanda de petróleo debido a los bloqueos generados por la pandemia, una guerra de precios entre dos de los mayores productores de petróleo (Rusia y Arabia Saudita) que inundó el mercado y, por último, en Estados Unidos la capacidad logística para almacenar petróleo empezó a llegar a sus límites. Por ello, si los precios del petróleo continúan a la baja durante un tiempo prolongado, las economías en desarrollo tendrán un problema adicional del cual preocuparse.
Los países en desarrollo se caracterizan en el ámbito de la salud, por un bajo presupuesto destinados a este sector, escasos equipos e insumos para realizar pruebas de forma masiva y, en general, frágiles y fragmentados sistemas de salud, características que los ubica en una posición muy vulnerable. La siguiente figura muestra la relación entre el PIB per cápita y el gasto en salud per cápita para 186 países en el año 2017. Se aprecia que la correlación entre ambas variables es positiva, como era de esperarse. Los países con un mayor PIB per cápita son los que registran también un mayor gasto en salud per cápita, a saber, Estados Unidos, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Alemania, Islandia y Dinamarca. Con base en los datos analizados, los países que menos recursos destinan al gasto en salud por persona son República Democrática del Congo, Mozambique y Sudán del Sur que apenas destinan 19, 21 y 23 dólares (US$ constante del 2017) respectivamente. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, el gasto en salud per cápita en Pakistán es apenas un 0.44 % del de Estados Unidos. Si se analiza el caso de México la situación no parece tampoco alentadora. El gasto en salud per cápita en México representa el 4.86 % del de Estados Unidos.
Figura 1. Correlación entre el PIB per cápita y el gasto en salud per cápita, 186 países, 2017
En US$ constante 2017
Elaboración propia con datos de la OMS
Factores globales versus factores específicos
Como ya es de conocimiento general, el COVID-19 afecta sustancialmente a personas con un sistema inmunológico debilitado y con enfermedades preexistentes, por ejemplo, las pulmonares. Ello coloca especialmente en riesgo a los países de África, pues son países cuya población tienen problemas de salud preexistentes que los hacen más vulnerables al virus, sistemas de salud precarios, pocos recursos humanos y materiales. Por ejemplo, Burundi en 2017, de acuerdo con la OMS, sólo disponía de 1084 médicos para una población de aproximadamente 11 millones de personas. En Yemen, el 10 de abril se anunció el primer caso de COVID. El COVID-19 es una calamidad más que amenaza a un país desbastado por la pobreza y la guerra, la cual ha llevado al derrumbe de su economía, incrementado la inseguridad alimentaria y agudizado la destrucción de la infraestructura. Un país en el que existen alrededor de 29 millones de personas, pero de acuerdo con la OMS, sólo existen 7 camas por cada 100 mil habitantes; en donde las mascarillas son un lujo inalcanzable para las personas pobres de un país pobre. Entonces, hay muchas razones para creer que los países en desarrollo serán afectados en mayor medida que las economías avanzadas. Después de todo, son países con bajos ingresos y con una considerable proporción de la población que sufre enfermedades preexistentes. Sudáfrica es un buen ejemplo. De acuerdo con la OMS, en Sudáfrica en 2018 se registraron 7.7 millones de personas viviendo con VIH, es decir, aproximadamente un 13 % de la población total. En ese mismo año, el número de muertes causado por dicha enfermedad alcanzó las 77 000 personas. Todo ello ahonda más el problema, debido a que, si los sistemas de salud de los países en desarrollo apenas pueden lidiar con las enfermedades infecciosas ya conocidas, será mucho más difícil enfrentar una enfermedad nueva y tan contagiosa como lo es COVID-19. Lo que implica que los países en desarrollo tienen menos opciones para enfrentar la pandemia.
El distanciamiento social es difícil de llevar a cabo en barrios pobres llenos de gente o en hogares donde existe hacinamiento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México el 9.4 % de los hogares viven en hacinamiento, es decir, 3.2 millones de hogares. Millones de personas ni siquiera pueden adoptar las medidas básicas de prevención como el simple hecho de lavarse las manos que, se “supondría”, es de las cosas más baratas y efectivas para protegerse del virus, ya que para esas personas eso está simplemente fuera de su alcance. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 40 % de la población mundial, o sea, 3 mil millones de personas no tienen en sus hogares acceso a una instalación de lavado de manos con agua y jabón. La situación es aún más alarmante si se analiza el caso de los países africanos; por ejemplo, en Uganda de acuerdo con el Banco Mundial sólo el 7.7 % de su población usa servicios de agua potable gestionados de forma segura.
Es difícil mantener el aislamiento social de forma prolongada a menos que los gobiernos provean redes de seguridad social y desafortunadamente los países pobres no tienen la capacidad financiera para hacerlo. Muchas personas viven del día a día, para aquellas personas que trabajan en la informalidad no hay oportunidad porque simplemente no pueden hacer teletrabajo o home office, no cuentan con otros ingresos, ni con seguridad social, ni prestaciones, ni ninguna garantía en cuanto a lo laboral y gastan a cuentagotas en alimentos. Aquí se presenta el dilema entre trabajar y poder enfermar o perder los ingresos y poder morir de hambre. A muchas de estas personas no les queda más opción que salir y trabajar. En México, en 2018 el 56.7 % de la población ocupada estaba en condiciones de informalidad de acuerdo con el INEGI, 30.6 millones de personas. Estos datos muestran los dos Méxicos: aquellos que pueden permanecer en sus casas y aquellos que no. Es evidente que el coronavirus pone de manifiesto que los costos de los efectos son desiguales tanto entre países como dentro de los mismos, mostrando así marcadas desigualdades.
Los países emergentes y en desarrollo no solamente se ven afectados por la crisis sanitaria, sino también por una reducción de los precios del petróleo y de otras materias primas (exportaciones claves de América Latina), monedas nacionales debilitadas, sobreendeudamiento, reducción de los ingresos por turismo y disminución de las remesas, que constituyen fuentes de empleo y una red de seguridad en tiempos difíciles, respectivamente. En Camboya y Belice los ingresos del turismo representan alrededor del 15 % del PIB, alrededor de un 10 % en Jamaica y Tailandia y 8.7 % en México. Las remesas constituyen un importante ingreso para países como Tonga, ya que representan aproximadamente el 40 % de su PIB, 33 % en Haití y 29 % en Nepal. En México, la participación de las remesas en el PIB es del 2.9 %. Los despidos masivos en economías avanzadas como Estados Unidos amenazan el bienestar de las familias que dependen del dinero enviado por los migrantes. Las economías latinoamericanas tienen una gran dependencia respecto a factores externos como las exportaciones y la inversión extranjera. Y, dada las profundas relaciones económicas con China, las perspectivas de la región están ligadas también a la recuperación del país asiático.
Además, las expectativas de que la pandemia provoque una severa recesión mundial mantiene elevado el riesgo de una fuga masiva de capitales desde los mercados emergentes y en desarrollo, en un intento de los inversores extranjeros de disminuir desesperadamente el riesgo. De acuerdo con el FMI, en los dos últimos meses las salidas de capital en los mercados emergentes alcanzaron aproximadamente $100 mil millones, cifras que eclipsan las salidas de capital anteriores, pues son tres veces más en comparación con las registradas durante la crisis financiera internacional de 2008. Como consecuencia, las monedas de los países emergentes y en desarrollo disminuyen su valor y endeudarse resulta más costoso. Lo que expone aún más a las economías frágiles.
La amenaza no es solamente para estos países sino también para el porvenir global puesto que, de acuerdo con el FMI, el PIB de los mercados emergentes y en desarrollo en 2019 representó el 59.65 % de la economía mundial en términos de paridad de poder adquisitivo. Por consiguiente, una desaceleración de sus economías se traduciría en una desaceleración de la economía mundial. Lo que menos se necesita es una crisis de las economías emergentes; no obstante, las condiciones para ello están allí: frágiles monedas nacionales, caída del precio de productos básicos, sobreendeudamiento, crisis sanitaria, paralización de las actividades económicas, salidas de capitales. Todo apunta que las economías emergentes y en desarrollo están mirando sobre el precipicio.
No todos los sectores y tipos de trabajadores de la economía se verán igualmente afectados, lo que puede incidir en una mayor desigualdad. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19, serán: servicios de alojamiento y alimentación, comercio minorista, manufactura y actividades comerciales y administrativas.
Conforme el COVID-19 se extiende por los países con grandes economías informales (África subsahariana, América Latina y el Sur de Asia), los trabajadores pertenecientes a este sector, ya sean autónomos o asalariados, son los que presentan mayor riesgo de perder su empleo e ingresos y de caer en situación de pobreza. De acuerdo con la OIT, el 93 % de la informalidad en el mundo se concentra en los países emergentes y en desarrollo. Regiones como África se caracterizan por una alta informalidad, dado que el 85.8 % del empleo es informal. Aunque en el continente africano aún no se presentan altas tasas de mortalidad debido al virus, éste se está expandiendo rápidamente en otros países en desarrollo donde el vínculo entre altas tasas de informalidad, baja capacidad de respuesta y alta densidad poblacional, plantean grandes desafíos sanitarios, económicos y sociales. Tal es el caso de países como Pakistán, Ecuador e Irán.
México en el contexto de la pandemia
México está particularmente expuesto debido a su interdependencia con Estados Unidos. Las medidas anunciadas por el gobierno de este país han sido demasiado modestas, ya que el presidente se muestra reacio a abandonar la disciplina fiscal de la cual se enorgullece. Andrés Manuel López Obrador piensa que enfrentar la crisis por COVID-19 con medidas de austeridad beneficiará a los más pobres, no se privilegiará a los más ricos y, así, permitirá reducirá la desigualdad y la corrupción. En fin, México hace frente a la pandemia con medidas que habrían hecho muy feliz al Fondo Monetario Internacional en las décadas de los ochenta y noventa: reducción de los sueldos de altos funcionarios públicos, cancelación de 10 subsecretarías, eliminación de los aguinaldos desde el cargo de subdirectores y a las pequeñas empresas sólo se les extenderá créditos por 25 mil pesos. Esto pone de manifiesto que AMLO parece no comprender la magnitud del gasto que se requiere para enfrentar la actual situación y el impacto económico y la profundización de la pobreza que todo esto puede causar en un país como México.
Las medidas anunciadas han sido en gran parte decepcionantes para empresas, inversores internacionales y otros actores económicos, las cuales han hecho énfasis en sus proyectos de infraestructura preferidos (el tren maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía) y las transferencias monetarias a los más pobres, los programas sociales de siempre. Además, estos programas sociales no contemplan a los nuevos desempleados pobres a raíz de COVID-19. Los recursos necesarios para financiar el plan de recuperación se obtendrían de los Fondos de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FIEP), algunos Fideicomisos y de la Banca de Desarrollo. A pesar de la crisis sanitaria y la gran crisis económica que se avecina, el presidente sigue con los proyectos de inversión emblemáticos de la actual administración y simplemente no se puede pretender que son tiempos normales. Es claro que el gobierno debe ayudar a las personas más vulnerables, pero también debe ofrecer apoyos económicos a las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, estableciendo criterios de caducidad de esos apoyos con la finalidad de que no se repitan errores del pasado. Los programas sociales son importantes, pero no se puede ni se debe dejar a un lado la inversión productiva. Sin embargo, hay poco margen de maniobra ya que el presidente se niega a utilizar la política fiscal contracíclica para enfrentar la pandemia.
El turismo, que en México representa el 8.7 % del PIB de acuerdo con datos del INEGI, ha caído debido a los bloqueos a causa de la pandemia. Las salidas de capital se han incrementado. De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), entre el 23 de marzo y el 23 de abril (última fecha para la cual se dispone información) salieron del país 142 mil 101 millones de pesos correspondiente a inversiones de extranjeros en bonos del gobierno mexicano. A ello se suma la disminución de los ingresos petroleros. Conforme el capital sigue fluyendo fuera del país, el peso continúa perdiendo valor frente al dólar. Y, por último, pero no menos importante, es necesario destacar que México es un país con marcadas brechas entre pobres y ricos, el país cuenta con el 41.9 % de su población en situación de pobreza, 52.4 millones de personas, muchas de ellas que viven en viviendas abarrotadas y otras carecen de acceso al agua potable. Lo que los hace particularmente vulnerables.
López Obrador se obstina en creer que las medidas de austeridad son pro-pobres y que los actuales programas sociales cubren las necesidades de los más pobres y, por tanto, no es necesario incrementar el gasto público. En México se ha hecho uso de las herramientas de la política monetaria, ya que Banxico el 21 de abril anunció una inyección de liquidez al sistema financiero de 750 mil millones de pesos, que, al agregarse a lo que ya se había implementado, la cifra llega al 3.3 % del PIB de 2019. Asimismo, Banxico anunció la reducción de la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 50 puntos base, ubicándose así en un 6 %. Los bancos centrales desempeñan un papel de suma importancia para la estabilidad del sistema financiero. No obstante, esta crisis no sólo está relacionada al problema de liquidez: también involucra problemas de solvencia para muchas empresas e industrias, teniendo en consideración que los flujos de capitales se han frenado de forma considerable en grandes segmentos de la economía. He allí la importancia del gasto público para amortiguar la caída de la actividad económica. Tanto la política fiscal como monetaria y financiera deben ser utilizadas de forma conjunta y coordinada para suavizar los efectos económicos ocasionados por la pandemia. Es la política fiscal la que debe liderar y el Banco Central a través de la política monetaria seguirla.
En lugar de optar por una acérrima austeridad, es necesario que se lleve a cabo una serie de medidas fiscales. Las empresas podrían recibir apoyos tales como el diferimiento de los impuestos que es un ejemplo de medida fiscal que mejorará la liquidez de las mismas, ya que posterga las obligaciones mas no las elimina. Es importante el alivio a los hogares, pero ello no necesariamente beneficia a las empresas, ya que muchos de los hogares limitarán sus gastos a lo estrictamente necesario al menos hasta que la crisis sanitaria disminuya. Así también se requiere de apoyos dirigidos a la extensión de los vencimientos de los préstamos. Todo ello bajo la condición de que no despidan a sus trabajadores. Si empresas que son viables a largo plazo en condiciones normales, cierran por restricciones de liquidez a causa de la pandemia, se reduciría la capacidad a largo plazo de la economía.
El resultado de la crisis sanitaria puede ser terrible, pero el resultado económico en el país lo puede ser aún más. La economía mexicana ya estaba débil antes de la pandemia. México en 2019 ya venía presentado un crecimiento económico a la baja. De acuerdo con el INEGI, en 2019 el crecimiento del PIB fue de -0.1 % y el COVID-19 lo que ha hecho es empeorar aún más la situación. No queda claro cómo una economía débil y que de pronto se paraliza puede reactivarse después de meses sin las medidas de política económica adecuadas. Un discurso muy repetido, pero de suma importancia es el de un acuerdo nacional que involucre al gobierno, empresariado y trabajadores, ya que si la crisis afecta a todos, todos deben ser parte de la solución. Si ahora no es el momento para abandonar la austeridad fiscal, ¿cuándo es? La economía de México no puede esperar más, las bajas y lentas respuestas de López Obrador ante la actual situación podrían representar significativos problemas para su sexenio y su llamada Cuarta Transformación.
La respuesta de la política económica…
Las acciones prioritarias en las que deben basarse los gobiernos son: destinar recursos para detener la propagación del virus (la primera tarea), recursos para responder durante el brote y recursos para atenuar una gran crisis económica en los países emergentes y en desarrollo, cuyos efectos pueden ser devastadores. Es esencial que los gobiernos dejen atrás las tradicionales reglas fiscales e implementen políticas contracíclicas. Pero no las típicas políticas contracíclicas de estímulo a la demanda, porque simplemente no se trata de una crisis típica. Esta crisis está relacionada a un cierre sistematizado de gran parte de las actividades económicas mundiales. Por tanto, se necesita implementar políticas de alivio inmediato a empresas y hogares a fin de evitar que la crisis se amplifique. Un estímulo fiscal típico puede no resultar tan útil durante tiempos de confinamiento, pero marcará la diferencia una vez que las personas se reintegren a la economía. El objetivo de las medidas implementadas debe ser complementar el cierre parcial de las actividades económicas, por ejemplo, para que aquellos que pierdan sus trabajos puedan tener acceso a alimentos y otros bienes de necesidad básica. La política fiscal se puede usar para garantizar préstamos o brindar apoyo a empresas en problemas como consecuencia de la pandemia a fin de que no quiebren ni despidan trabajadores.
Para hacer frente a la crisis sanitaria se requiere fortalecer los sistemas de salud, lo que requiere mayor gasto público para la contratación de personal médico, adquisición de pruebas y equipos de protección y para la ampliación de la asistencia social. En América Latina, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en promedio se destina un 2.2 % del PIB al sector de salud; mientras que en el promedio de la OCDE esta cifra llega al 8.8 %. La salud debe ser un derecho fundamental y no una mercancía. Asimismo, para suavizar el impacto económico provocado por la pandemia nuevamente se requiere mayor gasto público. Los gobiernos de todo el mundo han desatado promesas de un gasto público sin precedentes para limitar los efectos del coronavirus. En las economías avanzadas como Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, ha habido una gran y rápida respuesta a fin de estabilizar los mercados financieros y crediticios, impulsando medidas de protección social, medidas para cubrir las caídas temporales en los ingresos y demanda agregada. Mientras países como los Estados Unidos y los de Europa pueden permitirse gastar miles de millones de dólares, los países en desarrollo son menos capaces de hacerlo. Países que antes de la pandemia ya estaban en dificultades, ahora están al borde de una crisis de deuda soberana. De acuerdo con el Banco Mundial, a finales de 2018 el total de la deuda de los países emergentes y en desarrollo alcanzó el 170 % del PIB ($55 billones), lo que implica un aumento de 55 puntos porcentuales respecto a 2010.
Por consiguiente, es crucial detener los pagos del servicio de la deuda externa, al menos mientras dure la crisis. Es justificable en una crisis tan profunda como lo es y lo será ésta. Muchos países, debido a las condiciones actuales, no pueden pagar sus deudas. O suspenden el pago de la deuda y destinan esos recursos para enfrentar la actual pandemia de COVID-19, o canalizan esos recursos para el pago a los acreedores externos y permiten que mueran más personas. Lo último es inaceptable, no hay un trade-off entre salvar vidas y salvar medios de vida. El aplanamiento de la curva de contagios por COVID-19 a través del confinamiento permitirá en cierta medida a los hospitales hacer frente a la pandemia y, posteriormente, reanudar la actividad económica. Recientemente los países del G20 anunciaron la suspensión del servicio de la deuda de préstamos bilaterales para 76 países de ingresos bajos, sin embargo, es insuficiente. ¿Qué pasará con el resto de países emergentes y en desarrollo que necesitan el alivio de la deuda? Los acreedores privados y los bancos multilaterales de desarrollo no participaron en esa suspensión, lo cual podría ser crucial para los países de ingresos medios. Los países deben seguir gastando en sus sistemas de salud y, mientras la mayor parte de la actividad económica esté cerrada como consecuencia de los bloqueos para frenar la propagación del virus, los responsables de formular las políticas públicas deben garantizar que su población pueda satisfacer sus necesidades y que las empresas puedan recuperarse una vez que las fases agudas de la crisis sanitaria haya sido superada.
Los países emergentes y en desarrollo deberán encontrar formas de financiar el gasto adicional ya sea a través de la banca pública, de una mayor eficiencia, mayores préstamos o abandonando proyectos no esenciales, según sea el caso. Las medidas implementadas deben abarcar tanto el sector formal como informal, para intentar evitar en la medida de lo posible que un gran número de personas se queden sin trabajo y así reducir los costos económicos. En consonancia con la profunda y gran velocidad de la crisis, las respuestas de los gobiernos nacionales, así como de la comunidad internacional, deben ser grandes, rápidas y coordinadas. Se necesitan respuestas sin precedentes para enfrentar una crisis sin precedentes.
El COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la inversión en educación, salud y así también la seguridad alimentaria. Se argumentaba al respecto que en un mundo globalizado se podría recurrir a otro país si algo sucediera o faltara en uno de ellos. No obstante, la presente crisis sanitaria hace que las fronteras importen ya que los países se aferran en la lucha por obtener suministros médicos tales como mascarillas, ropa protectora y respiradores, los cuales presentan una creciente demanda mundial. Lejos de ayudar, algunos países han adoptado un carácter proteccionista prohibiendo las exportaciones de equipos médicos para responder a su propia crisis de coronavirus. El liderazgo de Estados Unidos está siendo cuestionado. En este sentido, la cooperación multilateral, la unión de países a fin de formar un frente común contra la pandemia es de suma importancia para superar la crisis sanitaria y para la posterior recuperación económica global. No hay que permitir que el virus devaste a los países emergentes y en desarrollo, mientras éste permanezca representará una amenaza epidemiológica y económica para todos.
La perspectiva actual se caracteriza por una gran incertidumbre en cuanto a la duración de la crisis económica, magnitud, velocidad de la recuperación y efectos a largo plazo provocados por la actual pandemia, ya que esto también depende de la trayectoria del virus y la aparición de un tratamiento o vacuna que limite la intensidad de la misma. Los efectos de la crisis de COVID-19 dependerán de la estructura de cada economía y de sus condiciones iniciales. El impacto a corto plazo de la demanda y la oferta dependerá de las medidas implementadas para frenar la propagación del virus y si son suficientes para contener el daño mientras se recupera la confianza de los consumidores y empresas. Por esta razón, es importante la rápida capacidad de respuesta de los gobiernos para así limitar el impacto económico y evitar que sea duradero.
Mientras mayores sean los efectos económicos y sociales causados por la actual pandemia y menores sean las respuestas de política económica, hay menos probabilidad de un rápido repunte económico toda vez que se haya reducido la crisis sanitaria. El sistema económico y sanitario que se construya posterior a la crisis debe ser más resistente, ágil y sensible al hecho de que pueden producirse eventos como la actual pandemia. Enfrentarse al COVID-19 es un desafío económico y político sin precedentes, la historia juzgará las decisiones implementadas.
Cindy Gianella Tutivén Desintonio
Estudiante del doctorado en economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
trabajo de investigacion aceptable