En noviembre de 2015 el partido Encuentro Social presentó, a nombre de Norma Edith Martínez Guzmán (la misma diputada que impulsó la iniciativa ciudadana del Frente Nacional por la Familia que pretendía restringir derechos de mujeres, personas trans, personas que quisieran casarse con alguien de su mismo sexo y de niñas y niños),1 una iniciativa para agregar a la Ley General de Salud un artículo que incluya la objeción de conciencia para el personal del Sistema Nacional de Salud. Después de dos años, la iniciativa se discutió y votó en la Cámara de Diputados el pasado 10 de octubre.

La objeción de conciencia se refiere a la posibilidad para los servidores públicos de negarse a llevar a cabo actos o servicios provenientes de una orden de autoridad o norma jurídica en razón de “los propios principios éticos o morales”. Más allá de que retóricamente se quieran igualar las creencias religiosas con los principios éticos o morales, la construcción del discurso en torno a este recurso y la argumentación a favor del mismo ha sido lamentable.

La iniciativa argumenta que el personal médico y de enfermería que se desempeña en el Sistema Nacional de Salud debería poder ejercer todos sus derechos humanos sin que ello ponga en riesgo sus derechos laborales. Es decir, según lo propuesto por Guzmán, la objeción de conciencia se configuraría como un derecho que protegería la libertad tanto de médicos como de enfermeras de… actuar como quieran, según su conciencia. Esto los eximiría de llevar a cabo procedimientos o proveer servicios con los que no estuvieran de acuerdo (por ejemplo, transfusiones sanguíneas, transplantes, abortos, provisión de métodos anticonceptivos u otros derechos sexuales y reproductivos, eutanasia, tratamientos para enfermedades de transmisión sexual, incluso algunas líneas de investigación médica).

Ahora bien, la objeción de conciencia no sólo contraviene directamente al juramento hipocrático, según el cual —en su versión de la Convención de Ginebra— dicta que [el médico] “no permitirá que entre su deber y su enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase”, sino que jurídicamente representa varios problemas. Como bien expresó la misma Secretaría de Salud,2 la “objeción de conciencia” ya está amparada en el derecho mexicano.3 Además, estipularla en una Ley Federal interfiere con mucha de la legislación ya existente en nuestro país y con responsabilidades internacionales que hemos adquirido en materia de derechos humanos.

Por ejemplo, el artículo séptimo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dicta que los servidores públicos “observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”; especifica que deberán “satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población”; indica, además, que deberán “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución”; pero, sobre todo, dice que deberán “evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones”. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, por otro lado, es clara cuando señala en su primer artículo que “las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país; por lo que nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes”.

Internacionalmente, tanto la Convención Belém do Pará como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) son claras al mencionar la responsabilidad de los Estados de procurar tanto el ejercicio y goce plenos de los derechos humanos de las mujeres como el acceso a servicios de atención médica, dentro de los que se encuentran los relacionados con la planificación familiar. El Comité de la ONU sobre Derechos del Niño4 es explícito cuando dice que los Estados deben evitar que a los adolescentes se les prive de servicios de salud sexual y reproductiva como consecuencias de objeciones de conciencia de los proveedores.

Como menciona la misma Secretaría de Salud, el uso indiscriminado y mal entendido de la objeción de conciencia alejaría a la medicina de sus objetivos primordiales y desviaría los factores que deben determinar toda atención médica: la autonomía del paciente, el beneficio sin daños colaterales que se espera del proceso, el conocimiento científico y la justicia con la que se da; abriría la puerta a una “medicina basada en valoraciones morales subjetivas con la posibilidad de transformar la práctica médica en una actividad idiosincrática, sesgada, prejuiciosa, intolerante y discriminatoria”.5

México es un Estado laico. En nuestro país las creencias no eximen a las personas de cumplir la ley ni deberían interferir en el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas; además, la intención de hacer uso de la libertad religiosa para justificar la discriminación es inaceptable. La objeción de conciencia no es un derecho y mucho menos es absoluto. Es una excepción, derivada de la libertad de conciencia, que está amparada en la legislación mexicana. Protegerla de la forma en que se acaba de aprobar abre la puerta, indiscutiblemente, a la ya de por sí siempre manifiesta negligencia médica.

¿Qué resulta preocupante de este asunto? Dos cosas: por un lado, la facilidad con que se puede vender un falso discurso de libertades; por el otro, lo evidente que resulta cómo los temas polémicos, relacionados con el eterno debate entre conservadurismo y progresismo ideológicos, funcionan como moneda de cambio en las negociaciones entre partidos políticos.

Sobre lo primero, la supuesta paradoja de la objeción de conciencia no es tal. Aun cuando se vende como un derecho, como una ampliación de libertades, en realidad restringe tanto derechos como libertades de quienes diariamente acceden al Sistema Nacional de Salud. Pone en riesgo, sobre todo,6 el acceso a interrupciones legales del embarazo, el acceso a métodos anticonceptivos a derechos relacionados con salud sexual y reproductiva.

Tanto la diputada iniciante como la Comisión de Salud y quienes defienden la iniciativa confundieron la libertad de conciencia, que sí está amparada en la Carta Universal de Derechos Humanos en su artículo 18, con la objeción de conciencia, que atenta contra el que es un derecho humano expresado en la misma carta en el artículo 25: tener un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. La confusión ¿o demagogia? de quienes defendieron el martes la iniciativa llegó al punto de, ridículamente, alegar que la votación de los diputados en el pleno de la Cámara implicaba un ejercicio de objeción de conciencia (sic).

Sobre lo segundo, ¿por qué acceder a insertarlo en la Ley General de Salud a nivel federal cuando el ejercicio ya está amparado? Incluir la objeción de conciencia en la Ley General de Salud es no sólo una merma al Estado laico, y por lo tanto anticonstitucional, sino, francamente, ocioso. Peor aún: representa, operativamente, un impacto presupuestal que con poca probabilidad se va a sustentar.

Curiosamente la redacción del dictamen se aprobó, en lo general, sin la especificación de que ejercer la OC implicara un causal de responsabilidad profesional (es decir, que fuera penado), aun cuando la redacción inicial sí la contemplaba. Dicha reserva se añadió en lo particular, después de un vaivén de modificaciones y propuestas redundante y fútil,7 lo cual aparentemente resolvió el dilema ético de quienes en la primera ronda no votaron en contra por compromisos políticos.

El partido Nueva Alianza sorprendió no sólo votando en negativo, sino posicionándose enfáticamente en contra de la iniciativa e incluso denunciando que la firma del dictamen fue manipulada por la Comisión de Salud (presidida por el PAN) para que éste fuese aprobado unánimemente, e incluso se abstuvieron de votar la reserva. El PRI, aun cuando ha abanderado iniciativas progresistas, no sólo comparó la aprobación de esta iniciativa con la inclusión de la diversidad en su agenda, sino que votó casi unánimemente a favor.

El caso del Frente Ciudadano por México es el que evidencia la facilidad con que se intercambian intereses en el juego político. El PAN, evidentemente, votó a favor la iniciativa; el PRD se posicionó determinantemente en contra; y el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano votó a conciencia, es decir, según lo que cada legislador creyera. Sin embargo, tanto PRD como MC votaron a favor, casi unánimemente, la reserva presentada por el mismo Frente (que, como se menciona arriba, era parte de la propuesta inicial). Práctico, estratégico, político. Como si quienes se ven afectadas por estas negociaciones fueran monedas de cambio.

La pelota está ahora en la cancha del Senado, en donde, dicho sea de paso, no hay representación del Partido Encuentro Social. En caso de que el Senado apruebe la iniciativa, lo que quiere decir en términos prácticos es que siempre y cuando el Estado cumpla con su responsabilidad y se asegure de contar siempre con personal no objetor que brinde los servicios, todo va a estar bien. En un país en el que hay clínicas que ni siquiera cuentan con un médico de base, clínicas en las que los pacientes se amontonan por falta de personal médico, clínicas en las que el poco personal médico tiene que cubrir turnos de más de 36 horas; no deberíamos tener nada de qué preocuparnos.

La aprobación de esta iniciativa en la Cámara de Diputados, aunque no se haya aprobado en el Senado todavía, representa una victoria ideológica de quienes buscan ejercer control sobre las decisiones y los cuerpos de las mujeres, sobre quienes no tienen reparo en precariza la provisión de servicios a poblaciones de por sí vulnerables. Peor aún, que, otra vez, queda evidenciado que los temas polémicos son moneda de fácil cambio en las operaciones políticas de las esferas de poder, en espacios que tendrían que representarnos, pero que terminan por, arbitrariamente, restringirnos.

Sofía Mosqueda estudió relaciones internacionales en El Colegio de San Luis y ciencia política en El Colegio de México. Es asesora legislativa.


La iniciativa proponía reformar el artículo cuarto de la Constitución para prohibir tanto el matrimonio homosexual como la adopción homoparental, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y el derecho de los niños a recibir tanto una educación laica con perspectiva de género como educación sexual. Negaba, además, la existencia de personas trans.
Valdés Trejo, Sergio Salvador (22 de noviembre de 2016). [Oficio CGAJDH-DGACC-9730-2016 de la Dirección General Adjunta de lo Consultivo y Contencioso de la Secretaría de Salud].
Con base en los artículos 5,6 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión siempre y cuando no perjudique a terceros o no constituyan un delito o falta penados por la ley.
Observación CRC-GC-15: El derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud del Comité de los Derechos del Niño.
5  Valdés Trejo, Sergio Salvador (22 de noviembre de 2016). [Oficio CGAJDH-DGACC-9730-2016 de la Dirección General Adjunta de lo Consultivo y Contencioso de la Secretaría de Salud].
Aún cuando se insista en que el centro de la discusión no son esos temas y sí las transfusiones sanguíneas y transplantes de órganos, no hay que olvidar que ésta es una propuesta del PES, partido que aboga por la interferencia directa del cristianismo en el Estado (léase a Ruiz Ramírez).
Es importante mencionar que el primer dictamen de la Comisión de Salud agregaba a la propuesta inicial varias prerrogativas, como la inclusión de técnicos y auxiliares médicos, así como que la objeción de conciencia abarcara incluso la cooperación (y no sólo la participación directa) en cualquier programa, actividad, práctica, tratamiento, método o investigación que contraviniera su libertad de conciencia. Además, también buscó incluir la objeción de conciencia sobrevenida, de tal suerte que ésta pudiera ser declarada en cualquier momento y no estar limitada por actuaciones o conductas previas del objetor.