La política fiscal, y en específico el pago y uso de los impuestos, siempre es un asunto complicado y sujeto a debate. No obstante, es un área en la que la mayor parte de la profesión económica suele estar de acuerdo en algunos principios básicos: los impuestos directos son mejores que los indirectos, el cobro progresivo es mejor, los Estados fuertes suelen contar con suficientes recursos para financiar los bienes y servicios públicos de calidad que se requieren y para financiar el nada barato camino hacia el desarrollo. Así no es difícil aseverar, siguiendo el trabajo de economistas como Peter Lindert, Stephen Cohen o más recientemente Thomas Piketty, que prácticamente ningún país que hoy es rico llegó ahí con menos de 30 puntos del PIB para financiar ese camino.

De la misma forma existe un consenso muy amplio sobre cómo los recortes de impuestos tienden a empeorar los problemas fiscales de los países –quizá el mayor ejemplo de ello fue el enorme déficit que se generó en los tiempos de Reagan o de Bush en Estados Unidos después de fuertes recortes.  Además, son una de las causas más importantes detrás del retorno histórico a niveles de desigualdad que no se veían en el mundo desde inicios del siglo XX.

A pesar de que sabemos todo esto, los mitos proliferan y en los últimos tiempos en nuestro continente estamos viendo el retorno de ideas peligrosas que sabemos muy bien no funcionan. Así, en Estados Unidos la propuesta de reforma fiscal de los Republicanos y del Presidente Trump recorta impuestos a los más ricos, los incrementa a las clases medias y genera, de aprobarse, potencialmente un agujero fiscal que podría rondar los 1.5 billones de dólares (billones en español). Para poner en contexto este número es más o menos el tamaño de toda la economía de Canadá (1.6 billones), Rusia (1.56 billones) o Corea del Sur (1.5 billones).

La propuesta republicana en Estados Unidos es un clásico ejemplo de los mitos o ideas zombie que nunca mueren, como los de la famosa Curva de Laffer tan popular en los tiempos de Reagan y que, además de incrementar la desigualdad para favorecer a unos cuantos millonarios, puede terminar por generar mayores desequilibrios en una economía que ya hoy en día se encuentra bastante desequilibrada.

De la misma manera, en una especie de reflejo, en México escuchamos muchas ideas de analistas, de candidatos independientes, de think tanks y de toda clase de sujetos que por reacción frente a los sucesos en Estados Unidos o por mera irresponsabilidad presentan ideas del mismo corte. Estas ideas son, por ejemplo, que si Estados Unidos en efecto recorta la tasa del impuesto corporativo, México en nombre de la etérea “competitividad fiscal” debería hacer un recorte similar, pues perder competitividad sería terrible. Otras ideas sugieren dejar de cobrar impuestos a personas a partir de diferentes niveles de ingreso que los colocan alrededor del decil 8 y del percentil 95 de la distribución per cápita del ingreso.

Estas ideas, si bien van en armonía con las fechas, por aquello de los zombies, de materializarse pondrían en un grave riesgo la estabilidad del país. Por un lado, porque menores tasas impositivas corporativas o de ISR pueden implicar abrir un agujero fiscal que hoy en día sería difícil manejar y que desnudaría aún más la muy débil capacidad recaudatoria del Estado. México recauda impuestos en el mismo nivel que países como Jamaica (alrededor del 20 por ciento del PIB) cuando debería recaudar en niveles de países como Brasil (alrededor del 30 por ciento del PIB).

Por otro lado, estas ideas apuntan hacia una mayor desigualdad y eso, como la literatura lo ha mostrado ampliamente (Alesina 1993, Perotti 1996, Hacker 2015), conduce a inestabilidad política y social. Es lamentable que estos temas no merezcan la consideración en el pensamiento de aquellos que abogan por la “competitividad fiscal”.

Lejos de ver esta discusión con los lentes de la competitividad fiscal o como un tema de inversión, debemos pensarlos desde la óptica de la economía política y su impacto tanto en desigualdad, como el impacto que tienen en la salud del Estado y en sus instituciones. Tan sólo hace un par de días fueron revelados los “Paradise Papers” y volvimos a saber de cómo la elusión fiscal es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo.

Hablar de competitividad fiscal en los tiempos de los paraísos fiscales no sólo es ridículo en términos prácticos, es obsceno desde una perspectiva ética, pensar en esos términos es el equivalente a legitimar la carrera hacia el fondo y, con ello, la precarización de la capacidad del Estado para realizar sus funciones.

Las discusiones fiscales hoy más que nunca están envueltas en la economía política de la desigualdad, en la distribución de poder al interior de las sociedades y es en esos términos que debemos evaluar ideas como las de los Republicanos en Estados Unidos o las de los despachos fiscales en México. ¿Deseamos ser una plutocracia o una democracia? Ése es el debate de fondo cuando discutimos el cobro de impuestos en nuestros países.

La elusión fiscal masiva, de la que México es un gran protagonista, y la debilidad del Estado son asuntos que van de la mano: entre más temprano podamos librarnos de los mitos que rodean estas discusiones más pronto podremos estar discutiendo cómo atender los profundos retos que las finanzas públicas del país y que la creciente desigualdad le presentarán a México en los próximos años.

Diego Castañeda es economista por la University of London.