El césped no siempre es más verde en el otro lado. Ese mensaje es, al menos, el que la administración de Trump se ha esforzado por proyectarle a las empresas estadounidenses respecto a México. En el discurso de Trump, el territorio mexicano está plagado de bad hombres y, ahora, de regulaciones laborales que propician el comercio desleal. Antes, Estados Unidos era el país dadivoso buscando el mejoramiento de su vecino mexicano. Ahora, las dádivas pretenden ser reemplazadas por un muro o por tarifas arancelarias considerablemente más altas a menos que México ajuste sus regulaciones internas. Ya no es el Fondo Monetario Internacional dando “zanahorias” a cambio de “palos” o los famosos SAPs (Programas de Ajuste Estructural, por sus siglas en inglés). Ya es el gobierno estadounidense exigiendo públicamente y en los llamados “cuartos verdes” de negociación un aumento salarial en nuestro país. Es decir, retiraron de una vez por todas las “zanahorias” de la fórmula. Pero ¿cómo proyectar esto en plataformas bilaterales o incluso multilaterales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Cómo meter esta exigencia en las mesas de negociación sin implicar la soberanía nacional de México o la excusa que hasta ahora éste último ha usado al decir que los salarios mínimos son una “cuestión de política interna”?

A la presente administración presidencial de Estados Unidos se le ocurrió trasladar un famoso concepto comercial del ámbito europeo al continente americano. Mucha tinta se ha derramado en las ciencias políticas con referencia a la “transferencia de políticas públicas” (policy transfers), pero poco se ha escrito sobre la transferencia de estrategias discursivas. En este caso, el concepto de “dumping social” viajó desde los terrenos cada vez más conflictivos de la Unión Europea a terrenos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En la pionera trayectoria de la Unión Europea, el concepto de dumping fue una de las piezas claves para cimentar la integración regional de sus países y la fortaleza de este mercado regional hacia el exterior. En palabras de la Comisión Europea, el dumping existe cuando una empresa “está exportando un producto a la Unión Europea a precios inferiores del valor normal del producto (los precios domésticos del producto o el costo de producción) en su propio mercado doméstico”.1 Cuando la Comisión, tras investigar el caso en particular, determina que existe dumping se le imponen aranceles específicos a esos productos o se llega a un acuerdo con el exportador para alzar sus precios. La lista de casos es amplia, muy amplia, en el contexto de la Unión Europea. Y para facilitar las medidas de protección a sus estados miembros, en junio de 2016 el Parlamento y la Comisión Europea formularon un reglamento para clarificar los mecanismos para que los países de la Unión Europea activaran los procesos de investigación2 –lo cual sucedió eventualmente con el acero chino, el acero ruso y el biodiésel argentino, por mencionar algunos.

A la par, no obstante, era otro tipo de dumping el que estaba causando, a su vez, protestas entre los estados miembros de la Unión Europea: el dumping social. Este tema  incluso se ha proyectado ahora como una amenaza para el futuro de la Unión Europea.3 ¿Qué es el dumping social? En términos generales, el dumping social consiste en una práctica de comercio desleal basada en la explotación de trabajadores o vulneración de sus derechos laborales con la finalidad de disminuir costos de producción. Esto se ha visto reflejado, hasta ahora, en lo que la Unión Europea ha conceptualizado como “trabajadores desplazados”: trabajadores que se trasladan de un país a otro para desempeñar labores con una misma empresa.

Es aquí donde la búsqueda de ahorros en los costos de producción comienza a hacer eco en el contexto del TLCAN. Lo que ha ocurrido en el contexto europeo es que empresas con matrices en países con los estándares laborales y prestaciones de seguridad social más exigentes, como Alemania y Francia, envían a sus trabajadores a empresas filiales en países donde los salarios y las prestaciones de seguridad social son más bajos, como Polonia o Eslovenia. La creciente pérdida de derechos laborales y el aumento de otras prácticas colindando con los fraudes fiscales e, incluso, con la trata de personas han llevado a actores como el recientemente electo Emmanuel Macron de Francia a exigir un piso mínimo de derechos para los trabajadores desplazados.

De pronto vimos también la coincidente aparición del “dumping social” en las ruedas de prensa y columnas editoriales de este lado del mundo, cubriendo la renegociación del TLCAN. Al frente de la mayoría de estas exigencias por subir las condiciones laborales y los salarios mínimos de los trabajadores mexicanos está, paradójicamente, un funcionario de Estados Unidos: Robert Lighthizer, actual titular de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR en inglés). Ahora bien, en primera instancia, esto pudiera subrayarse como el colmo del absurdo: que tuviera que ser un funcionario de Estados Unidos quien, finalmente, pusiera un aumento substancial al salario mínimo de México en la mesa con probabilidades más o menos sólidas de consolidación (sin demeritar los esfuerzos recientes de personajes como Salomón Chertorivski y Gerardo Esquivel).  Pero no hay que hacernos ilusiones sobre “buenos” samaritanos. Las exigencias de Estados Unidos para que México mejore sus condiciones salariales es un resultado de su amplia trayectoria como –en palabras de Ha-Joon Chang– “malos samaritanos”: esa confabulación entre los países más desarrollados por aparentemente ayudar la causa del desarrollo en el llamado Tercer Mundo, mientras que lo que en verdad hacían era obstaculizar las vías y herramientas para un desarrollo autosuficiente.4 Entre las supuestas ayudas está el ejemplo supremo del samaritanismo malo implementado en México: el Consenso de Washington y sus famosos SAPs que llevaron a la precarización de las condiciones laborales a partir de 1982.

Ahora bien, regresemos al caso actual del TLCAN y al principal negociador de Estados Unidos. Al revisar la trayectoria profesional de Lighthizer encontramos que tiene una amplia experiencia en litigios en temas de comercio internacional, representando a multinacionales frente a procesos de resolución de disputas, ya sea ante la Organización Mundial del Comercio o el propio TLCAN. Y fue seguramente en estas aguas turbias del comercio desleal donde comenzó a familiarizarse con el “dumping social”, hasta el punto que ahora este concepto fue presentado por su Oficina como una estrategia discursiva para que Estados Unidos traiga de vuelta inversiones y trabajos manufactureros. Mediante la difusión del concepto de dumping social, por tanto, los salarios mínimos de México pasaron de ser un asunto de política interna a un asunto de política bilateral o multilateral; condimentado, por supuesto, con un poco de bad hombres y el famoso Make America Great Again.

Pero en la renegociación bilateral está también el otro lado de la mesa: México. La Secretaría de Economía ha pretendido ser enfática en cuanto a que en ningún momento se negociarán temas como salarios mínimos o condiciones laborales. En efecto, hasta la cuarta ronda de negociaciones no se había presentado el tema por ninguna de las delegaciones, según las declaraciones de los actores involucrados. El asunto es que las negociaciones se han salido ya de los cuartos verdes del TLCAN. Por esto mismo es por lo que no deberíamos sorprendernos ante el creciente número de notas editoriales y noticias donde coincidentemente vemos el tema del aumento al salario mínimo en México. Como por arte de magia han aparecido declaraciones de las principales cámaras de la industria de México para comprometerse, como en subasta de antigüedades, a subir el cinco, el diez, el quince por ciento del salario mínimo. Ya veremos pronto adónde van a parar estas estrategias bilaterales. Esperemos que ahora en México, al menos, se pueda tomar esto como una de tantas señales de que el actual modelo industrializador basado en mano de obra barata como ventaja comparativa ya no es la ruta por seguir.

Walid Tijerina es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de York, Inglaterra, y profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.


1  Comisión Europea (2017). Antidumping.
2  Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europea y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea.
3  La Depeche (2017, 24 de agosto). Macron: le dumping social risque de provoquer un “démantèlement de l’UE”.
4  Chang, H. J. (2008). Bad Samaritans: The guilty secrets of rich nations and the threat to global prosperity. Random House.