Estoy en la esquina de un barrio en una ciudad al norte del país. Espero a T desde hace poco más de una hora para realizarle una entrevista sobre su historia personal con las drogas. Lo he visto pasar un par de veces, anda buscando su dosis matutina de heroína para poder empezar el día. La persona que suele venderla se ha quedado sin “carga” y sólo hay cristal disponible en las calles. Desde que “los chilos” controlan la oferta de droga en este barrio, cada vez es más controlado el tipo de drogas disponibles, sólo el cristal no escasea nunca. Con él, cerca de una docena de jóvenes deambula por las calles de arriba a abajo buscando su dosis para aliviar el malestar que los lacera. Hoy es día de operativos, por lo que no es posible moverse a otros barrios, pues se arriesgan a ser detenidos y enviados a los separos por las marcas de inyección en sus brazos. Muchos de ellos terminarán usando cristal, ante la falta de otras opciones para lidiar con el síndrome de abstinencia.

El dato más reiterado del impacto que ha tenido la implementación de la denominada “guerra contra las drogas” en México es el número de homicidios. Poco suele comentarse de los efectos que ha tenido esta política de Estado en las dinámicas de compra-venta-uso de drogas a nivel local y las implicaciones de ello en las condiciones de vida de las personas usuarias, especialmente de aquellas con menores recursos.

Sabemos, por ejemplo, que la captura de Félix Gallardo en 1989 y el inicio de los conflictos entre el cártel de Juárez (liderado por Vicente Carrillo Fuentes) y el cártel de Tijuana, dio lugar a la promoción de mercados locales de drogas en Tijuana, a través de la conformación de las denominadas “tienditas” de drogas ilegales en el centro y en los barrios bajos de la zona este (Grillo, 2012). A través de las “tienditas”, los Arellano Félix no sólo encontraron una nueva manera de conseguir dinero rápido, promoviendo el crecimiento de un mercado interno, sino que generaron un nuevo mecanismo de control de “la plaza” que convertía al barrio en el territorio clave de control. Ello, a su vez, promovió la militarización de los barrios desde el gobierno de Zedillo a finales de 1990 (Ríos Contreras, 2012).

El mismo fenómeno está documentado para Ciudad Juárez entre 2008 y 2011, cuando las pandillas se consolidaron como brazos armados locales de los cárteles de Sinaloa y Juárez, ejerciendo un estricto control de los mercados locales de drogas en los barrios, al tiempo que la ciudad vivió su militarización con la llegada de más de 1800 soldados a partir de 2008.

¿Qué significa en la vida de las personas que usan drogas ilegales que el crimen organizado tome control territorial de espacios de compra-venta uso?

En primer lugar, cambia la relación con el distribuidor. Ya no es un compa, quien a través del microtráfico sostiene su estilo de vida, sino que es un agente del crimen organizado, casi siempre un usuario de drogas, pero que no goza ya de libertad para decidir qué, cómo y cuándo vender, sino que debe responder por volúmenes de droga y dinero o se expone constantemente al riesgo de ser golpeado o, en el peor de los casos, desaparecido por la organización para la que trabaja si no cumple con su parte de los acuerdos.

El acceso a las drogas ilegales ya no está regulado por redes de amigos, quienes llevaban a nuevos usuarios ante el distribuidor y operan a modo de filtro ante los no-usuarios. Ahora, las drogas están disponibles para todo el que decida acercarse a los puntos de distribución, conocidos por usuarios y no-usuarios en el barrio y que permanecen abiertos 24/7.

Los códigos de ética que regían las relaciones entre usuarios y distribuidores se transforman y, dado que el énfasis está en promover el crecimiento de mercados locales de droga, a estos nuevos distribuidores les interesa tener un grupo de clientes cautivos, dependientes y dóciles, por lo que se promueve la iniciación de jóvenes en drogas con mayor capacidad de dependencia como el cristal, a muy bajos precios. Las dosis se diversifican facilitando el acceso a usuarios más jóvenes y con menos recursos. Los espacios barriales se inundan de drogas para “pobres”, como la piedra o el cristal, con precios que van desde los veinte pesos o que, incluso, pueden ser gratis para quienes quieren experimentar.  Por ejemplo, los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) muestran edades cada vez más tempranas de uso de drogas, así como el aumento de personas que usan cristal en toda la República, pero especialmente en territorios controlados por el cártel de Sinaloa, principal productor de esta droga en el país.

Cambia también la calidad de la droga. Hay más cortes1 y, con ello, mayores riesgos y daños asociados a su uso, especialmente entre los usuarios con menores recursos económicos.

La socialización en los espacios de compra-venta-uso se torna en sí misma violenta, pues no sólo se habla de drogas, sino que las interacciones giran en torno a otras actividades ilegales más violentas (secuestros, extorsiones). En estos contextos, la policía aparece como un actor ambivalente, que en no pocas ocasiones emprende acciones de persecución selectiva de distribuidores, con el objetivo ya no de disminuir la oferta de drogas en la ciudad, sino de controlar el mercado, permitiendo que un grupo monopolice su venta.

Ante la presencia de tantos actores armados con intereses económicos tan marcados, la dinámica de compra-venta-uso de drogas se torna riesgosa para los usuarios, quienes se enfrentan a los abusos de los distribuidores, de la policía y a la mayor estigmatización por parte de la sociedad en general, lo que legitima las violencias que enfrentan por parte de actores armados legales e ilegales.  

Así pues, la “guerra contra las drogas” no sólo ha sembrado en la República miles de cadáveres, sino que ha llenado los barrios de miedo y desconfianza, les ha robado a los jóvenes la esperanza y los ha condenado a contextos de desolación y muerte. Esta estrategia y el discurso moralizante en torno a las drogas que la acompaña, al centrarse en las sustancias y desconocer los contextos en los que viven los “adictos”, terminan estigmatizando y criminalizando a las personas que usan drogas, a quienes, en teoría, la cruzada contra las drogas intenta “salvar”. Las personas que usamos drogas no necesitamos salvación y, en todo caso, la abstinencia obligada no es nuestra idea de salvación.

Las personas que usamos drogas, y en especial aquellas que viven en contextos de marginación y pobreza, cuyas vidas están marcadas por la violencia, la desigualdad y el desamparo institucional, necesitamos de manera urgente un enfoque de salud pública frente al tema de drogas, desde el cual se ofrezcan tratamientos públicos de calidad para el uso problemático; se emprendan acciones de reducción de riesgos y se brinde información fidedigna sobre las sustancias, sus efectos y los riesgos.

Angélica Ospina-Escobar es doctora en Estudios de Población por El Colegio de México y parte de la Red Mexicana de Reducción de Daños (REDUMEX).

Referencias
Grillo, I. (2012). El narco: en el corazón de la insurgencia criminal mexicana. México, DF: Urano.
Ríos Contreras, V. (2012). How Government Structure Encourages Criminal Violence: The causes of Mexico’s Drug War. tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencia Política. Cambridge, Massachusetts: Universidad de Harvard.


1 Corte se refiere a los medios a través de los cuales las drogas ilegales se diluyen, mezclándolas con otras sustancias para hacerlas rendir y así maximizar las ganancias