2018 será un año difícil para la economía mexicana. Además de ser el año en que ocurrirán los mayores comicios electorales en la historia del país, que suele generar incertidumbre, las amenazas de Trump desde su campaña presidencial hacia nuestro país comienzan a materializarse en decretos, proyectos de ley y renegociaciones. Entre las decisiones del presidente estadunidense destacan dos por su impacto directo en la economía mexicana: la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha estado en el centro de las discusiones y ha ocupado las portadas de los periódicos desde hace unos meses, y la más discreta reforma tributaria, que ya fue firmada por el presidente y puede tener serias implicaciones para México en el mediano y largo plazos.

La reforma tributaria de Trump es la más ambiciosa y agresiva de las últimas tres décadas: un proyecto de ley que pudo sortear las diversas posturas en materia fiscal al interior de los dos grandes partidos en ambas cámaras y al quese opusieron 400 millonarios y multimillonarios, que incluyen a George Soros y Steven Rockefeller. Los mayores ganadores de esta nueva ley —llamada formalmente “Tax Cuts and Jobs Act”— serán las grandes empresas, con un recorte en el impuesto de ingresos corporativos del 35 al 21 por ciento y con la eliminación del impuesto mínimo de 20 por ciento que buscaba que las empresas pagaran al menos ciertos impuestos. En cambio, los trabajadores recibirán un cuarto o menos de los beneficios totales por los recortes impositivos. Entre quienes más se beneficiarán serán los trabajadores con mayores ingresos.

Así, esta agresiva reforma tributaria no sólo tendrá repercusiones para las finanzas públicas estadounidenses –que podrían acumular un déficit público nacional de hasta $1.7 billones de dólares en los próximos diez años– con el consecuente aumento de la deuda pública en el mediano y largo plazos, sino que traerá serias implicaciones para la desigualdad del ingreso en Estados Unidos. Una enorme mayoría de los análisis económicos y sociales de esta reforma apunta a que los beneficios de este recorte masivo de impuestos se concentrará entre las personas de mayores ingresos, con un costo para lo público y una creciente deuda que pagarán las próximas generaciones.

La lógica detrás de la decisión de Trump y el Partido Republicano es la idea de la competitividad fiscal. Este concepto se refiere al atractivo de un país, ciudad o región dado por una legislación tributaria más “amigable” con las inversiones por medio de menores impuestos totales. Tras él no sólo se esconde el desmantelamiento de lo público para dar paso a lo privado y a la precarización del trabajo,1 sino también una teoría económica que no se ha sustentado con la evidencia a través de los años.

La idea central de esta teoría es que la reducción de la carga impositiva de un país, ciudad o región, hará más atractiva a su economía, lo que producirá un flujo de inversiones que generarán empleos, impulsarán los salarios y permitirán compensar la baja de la tasa impositiva con mayores ingresos para el gobierno por medio del crecimiento de la actividad económica. El problema detrás de esta teoría es que, de acuerdo con el enorme número y solidez de la evidencia empírica, desde que este modelo económico se implementó en diversas economías nacionales y locales no se ha observado el mecanismo mencionado, en parte porque los beneficios para los capitales no necesariamente se traducen en mayores inversiones en la economía real.  

Esto es especialmente cierto para los países en desarrollo como México. En un documento de trabajo del FMI, Alexander Klemm y Stefan van Parys usan una muestra de incentivos fiscales en 40 países de América Latina, el Caribe y África para analizar su efecto en la inversión y en el crecimiento económico.2 Encuentran evidencia de que menores tasas de impuestos al ingreso corporativo y mayores reducciones impositivas temporales son efectivas para atraer inversión extranjera directa, pero no para detonar la inversión pública ni el crecimiento económico. Es decir, estos incentivos generan beneficios económicos en el corto plazo que no se ven reflejados ni en el largo plazo ni para el total de la sociedad.

Dicha lógica sin sustento empírico que ayudó a empujar la reforma tributaria de Trump y el partido republicano es la misma detrás de las reacciones en México tras el anuncio del éxito de la reforma, una muestra más delromance mexicano con la economía del goteo. Las mayores cámaras empresariales y las confederaciones patronales han resaltado la urgencia de “recuperar la competitividad fiscal” con la reducción de la tasa al ingreso corporativo en México, una medida quetanto los grandes bancos como diversos académicos han calificado como innecesaria, dado que otros factores pesan mucho más al momento de decidir invertir en nuestro país.

Sin embargo, esta visión no es exclusiva del sector privado y los sindicatos corporativistas en México. Una cara poco discutida y analizada en nuestro país del mito de la competitividad fiscal son los incentivos fiscales locales, una herramienta cada vez más común entre gobernadores y autoridades municipales para atraer inversiones directas, especialmente extranjeras. A cambio de obtener la inversión de alguna multinacional para el establecimiento de fábricas y centros de operaciones, los gobiernos locales compiten entre sí, al otorgar beneficios fiscales desmedidos y otras concesiones para ser el destino de estas inversiones, perjudicando las finanzas públicas y disminuyendo la capacidad de maniobra de sus gobiernos.

Esto se debe a que muchos de estos incentivos fiscales locales se han hecho a costa de una reducción en los ingresos tributarios locales, descuidando otros aspectos relevantes como la creación de infraestructura física y social, la formación de capital humano o la seguridad de sus ciudadanos en todas sus dimensiones; que al final benefician tanto a inversionistas como a toda la población. Esto ha hecho que los resultados no necesariamente hayan sido los esperados.

En México tenemos un caso reciente que ilustra lo anterior. Para el establecimiento de la armadora de la empresa automotriz coreana Kia Motors en Nuevo León, las autoridades estatales negociaron la donación de los terrenos –tanto para la armadora como para su futura expansión– y otorgaron exenciones fiscales estatales y municipales, como la reducción del pago de impuesto sobre la nómina hasta 95% por cinco años y del impuesto predial hasta 50% por diez años; además de otras concesiones en obra pública para comunicar a estas instalaciones, como puentes, alumbrado público y carreteras. En total, estos incentivos ascienden a 5,268 millones de pesos, un pasivo para el gobierno estatal y municipal que será cubierto con dinero público.3

Esta carrera hacia el fondo entre gobiernos locales también se puede ilustrar con la competencia entre ciudades de América del Norte para conseguir la segunda base global de operaciones de Amazon, proyecto conocido como “Amazon HQ2”. Esta competencia se da a pesar de que la evidencia apunta a que estos “incentivos de desarrollo económico”, como se conoce en Estados Unidos a los programas de beneficios para las empresas por medio de recortes de impuestos, históricamente no han resultado en mayor crecimiento económico y creación de empleos para las ciudades y regiones que las imponen.4

Para evitar estas carreras entre autoridades hacia el fondo debemos reformular nuestra noción de competitividad, detrás de lo que hay dos aspectos clave: primero, la necesidad de una mayor coordinación política entre autoridades federales, estatales y locales para evitar concesiones desmedidas al competir por inversiones; segundo, que el establecimiento y mantenimiento de los incentivos fiscales involucre un análisis sobre los beneficios obtenidos y los costos (tanto privados como sociales) derivados de cada incentivo.

Esto además ofrece una lección importante para el gobierno federal ante la tormenta creada por la reforma tributaria en Estados Unidos: nuestro modelo de atracción de capitales y de creación de empleo no puede seguir siendo a cambio de enormes concesiones al sector privado, amparados tras una lógica que no ha dado los beneficios que tanto se presumen. En otras palabras, la apuesta por una mayor competitividad debe pasar por factores que no perjudiquen el margen de maniobra del Estado ni el desmantelamiento de lo público.

Carlos Brown Solà es economista e internacionalista.


1 Como muestra de lo anterior, basta leer las consideraciones que toma en cuenta la empresa consultora KPMG para su estudio “Alternativas Competitivas 2016”, que evalúa la competitividad fiscal de 51 ciudades alrededor del mundo y pone a México en el top 5.

2 Klemm, A., & Van Parys, S. (2012).Empirical evidence on the effects of tax incentives. International Tax and Public Finance, 19(3), 393-423.

3 Flores, L. (2016, octubre 25). Nuevo León logra nuevo acuerdo con Kia Motors. El Economista.

4 Recomiendo verla explicación de John Oliver (en inglés) sobre los incentivos locales de desarrollo económico.