Rosita no llegó a nuestra cita.1 Para conjurar la frustración que me genera no avanzar en mi trabajo de campo, llamo a mi contacto para contarle de la cita fallida y ver la posibilidad de conseguir otra mujer que se inyecta drogas, que me quiera contar su historia con ellas. “Si no te espantas, te llevo a donde vive la Rosita”, me responde una voz llena de entusiasmo al otro lado del teléfono. Llegamos a una casa en obra negra y con tablas por puertas y ventanas. Mi contacto toca fuerte y chifla un par de veces. Detrás de las tablas aparece un cuerpo extremadamente delgado, de poco menos de 1.60 de estatura, que se tambalea, tiene un ojo completamente cerrado por una contusión y el otro es un mar de sangre, su rostro hinchado, la nariz aún con sangre seca. Antes de saludarme me interpela: “No se agüite, mija, gajes oficio. No me pasó nada, sólo son unos golpes de los militares que cayeron ayer al cantón, pero no me hicieron nada, sigo viva”. Horrorizada por el cuadro que atestiguo, recuerdo el cuadro de Frida “Unos cuantos piquetitos”.

Desde la década de 1980 se reconoce la violencia contra la mujer como un problema de salud pública. Ello quedó ratificado en 1993 con la declaración de Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer, en la cual se refrenda que vivir sin violencia constituye un derecho fundamental y es, a su vez, una determinante estructural de las condiciones de salud de las mujeres. Sin embargo, la violencia contra la mujer es hoy en día uno de los principales problemas de salud pública en México. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016), 63% de las mujeres mayores de 14 años ha vivido algún incidente de violencia y el 32% ha vivido violencia sexual. Entre 2006 y 2012 los suicidios entre mujeres aumentaron 4.6 veces y entre 2013 y 2015 fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país. 

El uso de drogas legales e ilegales es uno de los factores que incrementa el riesgo de vivir violencia en las mujeres, debido al estigma que recae sobre esta práctica social (Romero, 2011). En general, se espera que las mujeres —dada la asociación entre su sexo y los roles de madre, esposa y cuidadora, guardiana de la moral y los valores sociales—, se abstengan del uso de drogas —especialmente las ilegales— y que no frecuenten los espacios donde se realiza esta práctica. Las mujeres que usan drogas ilegales, al transgredir los valores tradicionales de género, pierden la respetabilidad en todas las áreas de su vida (Romero, 2011), lo que legitima toda clase de violencias, al tiempo que las naturaliza e invisibiliza.

A lo largo de más de cinco años de trabajo en investigación en reducción de daños con mujeres que se inyectan drogas en diversas ciudades de la república, he recogido testimonios principalmente en torno a sus experiencias de salud-enfermedad-atención-prevención y de manera particular sobre sus trayectorias de uso de drogas y sus necesidades de salud sexual y reproductiva. En todos estos testimonios, las experiencias de violencia han sido constantes, y quisiera evidenciar las expresiones de violencia que más me han conmovido e indignado en estos años. 

En primer lugar, es alarmante la recurrencia de la violencia sexual que enfrentan las mujeres que se inyectan drogas. Los perpetuadores son sus familiares (padres, tíos, abuelos), sus parejas, los pares con los que usan-compran drogas, los distribuidores, desconocidos que las agreden en la calle y agentes de seguridad del estado. En muchas de estas mujeres, la experiencia de la violencia es un evento al que se han enfrentado en diferentes momentos de su biografía y con características distintas. En ocasiones es un solo perpetuador, en muchas otras son violaciones en grupo. En todas las experiencias narradas, destaca la humillación explícita durante los ataques, la severidad de los mismos y la saña con la que se atenta contra sus cuerpos. El silencio frente al hecho y la impunidad son también constantes en los relatos.

En estos contextos de profunda soledad y exclusión, tener una pareja sexual no sólo brinda un aliciente afectivo, sino que cuando esta pareja es masculina, ofrece cierta protección frente a los riesgos que se corre en el espacio público al tener un cuerpo femenino. Sin embargo, las lógicas patriarcales de relación conllevan a que las violencias plaguen el escenario de lo íntimo. Usualmente, las parejas hombres presionan para que las mujeres ingresen al trabajo sexual como estrategia de sobrevivencia y de acceso rápido al dinero necesario para comprar las dosis que requieren; la mujer, a través de su cuerpo, financia la dependencia no sólo suya sino de su pareja, quien termina controlando el número de clientes y la cantidad de dinero que la mujer debe generar en determinado lapso de tiempo. La pareja hombre decide las dosis que usan, los momentos en que se usan y es quien se inyecta primero. Decide, además, por cuáles espacios circula “su” mujer, con quien interactúa y desincentivan el deseo de las mujeres de buscar ayuda ante su uso problemático de drogas, lo que en no pocas ocasiones es un desencadenante de violencia física.

Por otro lado, es indignante el estigma y la discriminación a la que se enfrenta esta población al momento de acudir a los servicios de salud. La negación de los servicios, redoblar o triplicar los tiempos de espera, no ofrecerles medicamentos para el dolor, son algunas de las situaciones que enfrentan. Particularmente, en el campo de la salud sexual y reproductiva, la violencia institucional opera rampante: Esterilizaciones y aplicación de métodos anticonceptivos sin consentimiento, violencia obstétrica y quitarles la custodia de sus hijos son prácticas comunes, sustentadas bajo el estigma de que las mujeres que usan drogas son malas madres, sin brindarles alternativas para ejercer su maternidad de manera segura.

Las mujeres que se inyectan drogas que están embarazadas no encuentran opciones institucionales que les permitan disminuir y/o controlar su uso de drogas, lo que las lleva a enfrentar en soledad el doble reto de ser dependiente a las drogas y estar embarazada. Los centros de tratamiento de adicciones no reciben mujeres embarazadas, en los albergues para mujeres embarazadas no reciben mujeres que estén usando drogas. En las clínicas de metadona prefieren no dar medicamento a mujeres embarazadas por temor a las consecuencias en el bebé.

En términos generales, la cantidad de centros de tratamiento para el uso problemático de drogas que admite mujeres es mucho menor en comparación con aquellos que admiten a hombres. En aquellos donde las admiten es requisito no estar embarazada ni vivir con VIH. Aún más, estos centros no consideran su condición de maternidad, de manera que no contemplan su necesidad de internarse con sus hijos, pues muchas no tienen con quién dejarlos. La violencia sexual al interior de los centros de tratamiento por parte de padrinos y pares está ampliamente documentada (OSF, 2014; Zamudio y cols, 2015). En estos informes se describe cómo las mujeres residentes en algunos centros de tratamiento son objeto de redes de trata y explotación sexual. Y todo esto sin considerar, las situaciones en las que las mujeres son internadas sin su consentimiento por parte de familiares o sus parejas, lo cual constituye una grave violación a su derecho a la libertad y a una vida libre de tortura.

El panorama, pues, es desolador. Ante la severidad de las múltiples violencias que enfrentan diariamente las mujeres usan drogas ilegales y, particularmente, aquellas que se inyectan, se hace urgente que los programas de tratamiento al uso problemático de drogas incorporen la atención a la violencia y brinden alternativas de atención al trauma, reconociendo los efectos que tienen estas experiencias violentas en la salud mental de esta población y en sus patrones de uso de drogas. A un nivel más amplio, requerimos una política pública de atención al uso problemático de drogas que se tome en serio la dimensión del género, reconociendo las necesidades sociales y de salud específicas de las mujeres, los contextos de riesgo que enfrentan y las características en las que se van conformando sus trayectorias de uso problemático en sus biografías individuales.

La criminalización del uso de drogas ubica a las mujeres que usan drogas en un lugar de frontera de los derechos. El estigma frente a esta práctica enmascara las violencias que enfrenta esta población por su condición de género, al tiempo que las naturaliza y legitima. La superposición de las condiciones de género, pobreza y uso de drogas dificulta las posibilidades de decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, así como el uso de anticonceptivos, el ejercicio de su maternidad. La preocupación por el bienestar físico, social y emocional de los hijos de mujeres con uso problemático de drogas es legítimo, sin embargo, ello no debe conllevar la violación de los derechos fundamentales de las mujeres; al contrario, debe propiciar la oferta de servicios para garantizar un ejercicio seguro de su maternidad.

Angélica Ospina-Escobar es doctora en Estudios de Población. Investigadora Posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex).

Referencias:

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016). Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre). Consultado el 1 de noviembre de 2017.

Romero, M. (2011). Mujeres y adicciones. Reflexiones desde una perspectiva de género. EN: Romero, M; Medina-Mora, M; Rodríguez, C. (editores). Mujeres y adicciones. México:CENADIC; pp.19-36

Open Society Foundation (2014). Ay Padrino, no me ayudes. Disponible en:

Zamudio, C., Chávez, P., Zafra, E. (2015). Abusos en centros de tratamiento con internamiento para usuarios de drogas en México, cuaderno 8, CUPIHD, México.


1 Este texto forma parte de una ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional de Violencias de Género contra las Mujeres, celebrado el 23 y 24 de noviembre de 2017. El resumen está disponible aquí.