La violencia es un fenómeno que nunca se reduce a los hechos, a la evidencia bruta de los cuerpos enfrentados. Desborda en tiempo y espacio su propio suceder y cualquier observador externo queda inevitablemente involucrado en ella. Por eso, su dimensión no observable es indispensable para entenderla, una dimensión ineludible que al mismo tiempo estorba: las noticias, los rumores, las imágenes, las estadísticas, los miedos y las fantasías de nuestras sociedades recubren la violencia con un velo imaginario y, en gran medida, la ocultan.

1

La crisis de inseguridad que vivimos en México, con su fehaciente realidad, tiene también una existencia imaginaria, como ha señalado Fernando Escalante.1 Desde hace años se ha ido construyendo en el espacio público un discurso en torno al crimen que produce y reproduce el esquema a blanco y negro del sentido común sobre la violencia: hay víctimas y victimarios, hay justos y pecadores, hay Estado y crimen organizado. La muerte y el dolor ocurren en ambos lados del cuadro, pero en unos casos parece que el autor tiene derecho a ejercer la violencia contra los que violentan sin derecho: tantos sicarios fueron abatidos por las fuerzas del Estado; tantos civiles fueron asesinados por los criminales. La representación típicamente moderna de orden y normalidad vs. anomia se proyecta sobre los hechos junto con la creencia incuestionada de que la coerción, sin importar su forma concreta, es legítima cuando ciertos grupos la ejercen sobre otros. Al respecto, Gerardo Esquivel, economista e investigador de El Colegio de México, comentó en su cuenta de Facebook: “en este tema -el de los derechos humanos- lo que parece prevalecer entre los mexicanos es la visión que representara hace tiempo Arturo Montiel (‘Los derechos humanos son para los humanos no para las ratas’). Mucha gente parece no entender que los presuntos criminales deben ser procesados y juzgados y que las autoridades no pueden comportarse de la misma forma que los criminales”. Efectivamente, el imaginario social separa a los criminales no sólo de los no-criminales, sino también de los ciudadanos con derechos, e incluso de los seres humanos con derechos.

Las fuerzas nómicas del Estado, en los hechos, aparecen coludidas con el crimen organizado y son autoras de sus propios crímenes, tanto contra los denominados delincuentes como contra la población en general (no siempre se sabe cuál es cuál, pues el crimen convive con un sinnúmero de actividades legales y es cuando menos difícil determinar dónde empieza y dónde termina la red delictiva y dónde la ciudadanía “inocente”). Esto no ha suavizado la tajante frontera imaginaria que antes mencioné, tanto como la aparición de otros fenómenos que complican al Estado y a la sociedad el diferenciar entre formas legítimas e ilegítimas de uso de la fuerza: el vigilantismo, las autodefensas y las policías comunitarias. Estos grupos organizados han revelado la naturaleza polémica de la llamada “violencia legítima” y de lo que se entiende por “justicia”, términos que rebasan al Estado y a la ley porque el derecho y la legitimidad son socialmente establecidos, peleados y defendidos.

Hay un fenómeno donde todavía parece “evidente” lo que se vale y lo que no, en cuanto al recurso de la violencia: los linchamientos. Un linchamiento es la ejecución pública y tumultuaria de personas en clara desventaja numérica. Sin procedimiento de juicio y de forma ilegal, los agresores recurren colectivamente a la violencia para “defenderse” de quienes perciben como una amenaza o para “hacer justicia” por mano propia, castigando a los presuntos culpables de alguna falta real, ficticia o potencial contra la comunidad—estos son los motivos generales que arguyen los victimarios. En México, los casos de linchamiento, tentativos o consumados, han ido en aumento de forma alarmante. Aunque cada vez menos eventos desembocan en la muerte de las víctimas, los intentos de ejecución se multiplican. Así, se suman las multitudes a la ola de violencia que arrasa con nuestro país y que parece crecer con su propia inercia.

Según el recuento realizado por Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco,2 entre 1988 y 1995 se contaban entre uno y nueve linchamientos al año en toda la república, incluyendo intentos fallidos, con un promedio anual de 3.5 casos, mientras que sólo en 2010 registraron 47 linchamientos. De entonces hasta abril de 2014 el número mínimo registrado anualmente fue de 20 casos, con un promedio de 32 por año. Las cifras correspondientes a 2015 varían según la fuente, pero hubo por lo menos una treintena de casos (algunas fuentes cuentan más de 60). El Estado de México y el Distrito Federal han presentado el mayor número de linchamientos desde 1988, seguidos por Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Hay dos perspectivas ampliamente difundidas, a veces articuladas, sobre el porqué de estos sucesos. Una es común encontrarla en la prensa, en las redes sociales y en los espacios de opinión pública en general: se resume en que la causa de los linchamientos son los linchadores; es decir, que estos fenómenos de violencia colectiva se deben a la naturaleza de los participantes. El argumento es que los agresores son individuos incapaces de gobernar sus acciones racionalmente y que se dejan llevar por las pasiones y los bajos instintos. Numerosas veces se ha hablado de los linchamientos como obra de bárbaros, salvajes, fanáticos o ignorantes (o todo a la vez). Algunos matizan este juicio diciendo que son las condiciones de precariedad las que vuelven a las personas irracionales y manipulables, fácilmente conducidas a la crueldad y al odio por vía del temor. Un matiz parecido hubo entre las corrientes conservadoras y liberales de la criminalística en el México moderno—y todo indica que ambas siguen vigentes: la creencia de que lo criminal es innato y que es posible determinar los rasgos biológicos que distinguen a los criminales dio paso a la idea de que éstos son fabricados por la pobreza y por los entornos sociales inmorales y conflictivos, llenos de delincuentes que tienden a multiplicarse a sí mismos.3 La diferencia entre ambas concepciones es grande, pero tienen un rasgo en común: el criminal hace al crimen, y no el crimen al criminal. Se es criminal de forma inherente, porque se es violento, irracional e inmoral. No es raro que se asocien dichas supuestas condiciones a estas otras: ser pobre, de rasgos indígenas, analfabeta, vivir en zonas marginales, etc. Uno es lo que es, por eso hace lo que hace y ocupa la posición social que ocupa.

A menos, claro, que el Estado intervenga. Así llegamos a la segunda perspectiva, más común entre analistas y académicos, quienes suelen afirmar que la impunidad y la ineptitud de las autoridades para impartir justicia son las causas principales de que haya linchamientos. No se debe pasar por alto que la violencia espontánea y colectiva de estos eventos es un ingrediente de la crisis de inseguridad que vive nuestro país y un síntoma de la crisis política del Estado mexicano; muchos expertos han señalado esta relación, difícilmente cuestionable. Pero el estudio de los linchamientos no puede detenerse en lo que hacen y no hacen las autoridades oficiales, ni podemos concluir que los linchamientos son consecuencia de que “falte Estado”, aunque falte. Las explicaciones anteriores presentan a los partícipes de los linchamientos como partículas de una efervescencia mecánica, resortes que brincan en cuanto desaparece la presión que limita su fuerza; sujetos que, por su condición inherentemente violenta, por sus condiciones de vida o por la falta de intervención de otros actores (autoridades oficiales), se ven orillados a incurrir en “crímenes horribles”, como si tuvieran perdida de antemano la autoría de sus acciones, y como si fuera natural y objetivamente ilegítimo lo que hacen.4 Imaginar así el fenómeno equivale a deshumanizar a las comunidades que linchan, cuando no a demonizarlas,5 y conduce a encubrir hechos—no observables, pero igualmente efectivos—fundamentales para comprender no sólo los linchamientos, sino en general el carácter político, por lo tanto polémico, de la violencia que se ejerce en nombre de la justicia.

Una parte importante de la respuesta al porqué de los linchamientos debe tener como punto de partida a las personas que se unen para hacer una ejecución pública; porque un linchamiento, antes que un acto colectivo de crueldad o de venganza, es un acto público y comunitario de impartición—nos guste o no—de justicia6 (quizá el derecho pueda hablar de La Justicia, pero la sociología debe reconocer que la justicia siempre es una justicia, con independencia de si el sociólogo la considera o no justa). Quienes participan en linchamientos no sólo lo hacen bajo la convicción de estar haciendo lo correcto, sino que en el acto mismo de imponer colectivamente un castigo afirman su derecho y su deber de castigar—con ello, la legitimidad de la violencia con que se castiga. Se ha dicho que los victimarios de los linchamientos cometen en tumulto su crimen para esconderse entre la multitud, creando lazos de complicidad y contribuyendo cada uno al anonimato del resto. Esta interpretación, que parte de una definición no cuestionada de lo que constituye un crimen, oculta el carácter moral de los linchamientos, donde opera otra definición de lo criminal (de lo que amenaza a la sociedad, amerita sanción y reclama justicia) y de los criminales (los abatidos que merecen castigo). No se trata de una coincidencia de individualidades movidas por pasiones, bajos impulsos, resentimientos y prejuicios que un Estado justo y eficaz deba contener, sino del poder de la solidaridad social, el que nos hace capaces de convertir distinciones simbólicas y polémicas (justo/injusto, inocente/culpable, legítimo/ilegítimo) en diferencias reales que separan a unos, nosotros, de ustedes, los otros.

Camila González Paz Paredes es socióloga por la UNAM y subdirectora de la revista cultural Cuadrivio.


1 Fernando Escalante, El crimen como realidad y representación, El Colegio de México: Centro de Estudios Internacionales, México, 2012.

2 Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)”, en El Cotidiano, número 187, septiembre-octubre de 2014, pp. 51-58.

3 Más sobre este tema en el libro de Robert M. Buffington, Criminales y ciudadanos en el México moderno, Siglo XXI, México, 2001; especialmente los capítulos 1 y 2. También ver Randall Collins, “Lo normal del delito”, en Perspectiva sociológica. Una invitación a la sociología no obvia, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2009, pp. 109-146.

4 Afirma Raúl Rodríguez Guillén, retomando a Maquiavelo, que “los gobernantes son los autores de la violencia que priva en la sociedad”. Sí, porque son responsables de ella; no, porque la violencia tiene a sus propios actores, personas que construyen su realidad social activamente. Raúl Rodríguez Guillén, “Crisis de autoridad y violencia social: Los linchamientos en México”, POLIS, número 2, volumen 8, p. 45.

5 Pregúntenle a los habitantes de San Miguel Canoa, que todavía cargan con el estigma que el filme de Felipe Cazals Canoa: memoria de un hecho vergonzoso puso sobre ellos a raíz del famoso linchamiento de 1968.

6 Dice Rodríguez Guillén que “donde no hay ley no hay justicia”. Creo que además de poner esa oración entre signos de interrogación habría que abrir otra pregunta: ¿donde hay ley hay justicia? Raúl Rodríguez Guillén, “Crisis de autoridad y violencia social: Los linchamientos en México”, op. cit., p. 45.