noviembre 28, 2017

Desarrollo regional para la reconstrucción

Los eventos de desastre que ha enfrentado la humanidad en su historia reciente, ya sea por causas naturales o por un factor antrópico, despliegan una amplia gama de políticas públicas que dan lugar a procesos de reconstrucción diferenciados: aquellos donde la desgracia se ha constituido como una ventana de oportunidad para la edificación de sociedades más resilientes, participativas y democráticas; igualmente, aquellos que profundizan la precariedad de las condiciones sociales y acentúan las disparidades regionales dentro de una nación.

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octubre 31, 2017

México 2018: entre quimeras y realidades

A mediados de octubre de 2017, el laboratorio de ideas estadounidense Pew Research Center difundió los resultados de su encuesta realizada la primavera de este año a cerca de 42 mil encuestados en 38 países alrededor del mundo sobre el estado del apoyo entre la opinión pública a la democracia. De esta manera, el Pew Research Center hizo eco de la preocupación que ya en enero de 2015, el estudioso de la democracia en la Universidad de Stanford, Larry Diamond, expresó al señalar la aparición de una “recesión democrática” en el mundo que ponía en peligro los logros obtenidos durante la tercera ola de democratización de los 90.1 Pese a las sospechas iniciales, el Pew Research Center encontró que el sistema de democracia representativa aún contaba con un amplio respaldo en la mayoría de los países, aunque el público entretenía otras posibilidades como la democracia directa o el gobierno en manos de expertos en regiones menos opulentas o educadas.2 En México, la encuesta dibuja una opinión pública “menos comprometida” con la democracia representativa, profundamente insatisfecha con el funcionamiento de la democracia, poca confianza en su gobierno, decididamente anti-autocrático, pero tentado por la tecnocracia.3 Como si la frustración con el sistema político en México de cara al 2018 necesitara más evidencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) registró 86 candidaturas independientes al cierre de su convocatoria.

Para la gran mayoría de las personas que habrán de decidir el destino del país en el 2018 a través de su voto, los resultados de la encuesta sólo pueden continuar alentando el encono actual. Un encono que constantemente es atizado por “la nostalgia de la virtud” que domina el depresivo diagnóstico de la comentocracia mexicana. Esa clase intelectual que durante la última década ha promovido el incesante combate ciudadano de molinos de viento sustentado por la hipótesis de una carencia atávica de moralidad cívica que nos hace el país del “todavía”.4 Como producto de esta pobreza referencial, presenciamos cruzadas coléricas y voluntaristas dirimidas en la corte de la opinión pública y que nos ciegan a las condiciones materiales e institucionales de la incivilidad que ha caracterizado al país a través de esta prolongada y frustrante transición democrática. Así, de cara al proceso electoral de 2018, las y los votantes se encuentran atrapados entre quimeras y realidades.

Arqueología de una quimera

El malestar y la desconfianza actuales en México contra el gobierno y la clase política (sin importar partido) tienen su origen en una quimera que se consolida en el México contemporáneo con los movimientos estudiantiles del 68: la de una heroica ciudadanía que debe batirse con todo y contra todo para hacer progresar al país de su atávico atraso. Atávico atraso ya atisbado desde el siglo XIX cuando el Congreso constituyente de 1824 encarecidamente amonestaba a los habitantes de la recién creada federación: “si queréis poneros al nivel de la república feliz de nuestros vecinos del Norte, es preciso que procuréis elevaros al alto grado de virtudes cívicas y privadas que distinguen a ese pueblo singular”.5 Bajo la óptica quimérica de la carestía moral ciudadana, el estancamiento corrupto del país es responsabilidad de los grupos y mafias del poder que no son restringidas debidamente por la agencia ciudadana.

Pero como bien lo señalaba Fernando Escalante Gonzalbo hace ya una década, el ejercicio de la agencia ciudadana no le corresponde a cualquiera, aunque la Constitución Política de 1917 así lo permita a las personas poseedoras de derechos políticos en nuestro país. Al contrario, el evangelio civil y sus apóstoles se han erigido un coto de poder para sí que ejercen de manera tiránica a través de la opinión pública y una dosis de autoridad moral. Una especie de gobierno dentro del gobierno a la cual los funcionarios deben rendir cuentas sin que ellos deban rendirle cuentas a la opinión pública que dicen representar. Una corte a modo que administra legitimidad y cuyo resultado directo es una crisis de gobernanza en el país. Y en el ejercicio de dicho poder arbitrario, la gran mayoría de las personas ostentadoras de derechos políticos en el país podemos sólo tener garantías verbales de que “ellos son los buenos.”6 Prometer no empobrece.

Casi por coincidencia, los artífices de la quimera ciudadana son orgullosos miembros de la generación de la crisis producto de las confrontaciones políticas de los 70 y las crisis económicas de los 80 y 90. De alguna manera, la identidad política y generacional de los apóstoles cívicos fue forjada en un paradigma de lucha contra la autoridad del Estado lo cual imposibilita juicios matizados sobre los aciertos y desatinos de los procesos políticos del país. Así, la lectura ofrecida bajo este paradigma inicia con un estado mexicano autoritario y represor durante los 60 y 70; incapaz de responder a las demandas económicas y sociales del país en los 70 y 80; y absolutamente anclado en una disociación entre gobierno y sociedad de los 80 en adelante. No importa que la élite gobernante y los apóstoles cívicos provengan de un mismo contexto social. Lo realmente importante es que unos hablan en nombre del pueblo y los otros no, que, como se dijo tras el sismo del 19 de septiembre, el gobierno siempre le queda chico al pueblo mexicano.7 Y entre ese abismo, prosperan los supercívicos.

Responsabilidades compartidas

La anterior quimera cívica ha traído buenos y malos resultados. Hoy por hoy, México tiene una cultura política dinámica y vibrante donde la ciudadanía juega un papel importante al hacerse de espacios de participación en los procesos de toma de decisiones, exige resultados y transparencia. Por otro lado, la ciudadanía se ha vuelto poco autocrítica y engreída al creer que todo lo puede sin el Estado. Al aspirar a un cambio sin cauces institucionales y no reparar en la incivilidad de la sociedad civil, la engreída ciudadanía no acaba de entender que los más afectados por la falta de credibilidad del Estado mexicano son sus miembros más vulnerables. El resultado más grave de esta actitud es la crisis de gobernabilidad que el país ha experimentado desde la alternancia política en el 2000 al imposibilitar los acuerdos políticos.8 Las políticas de Estado para el combate efectivo a nuestros problemas más apremiantes pueden esperar.

Dicha postura está basada en fuertes dosis de negación de aspectos clave de nuestro devenir histórico contemporáneo. Por ejemplo, la mitología del movimiento “estudiantil” del 68 aduce una espontaneidad al dinamismo estudiantil al atribuírselo a disputas callejeras entre preparatorias en la Ciudad de México mientras se omite la importancia estratégica del sector universitario en el modelo de gobernanza corporativista del Estado mexicano durante los 50 que desencadenaría en las confrontaciones de los 60 a escala nacional y mundial.9 No es casualidad que 20 años después del 2 de octubre de 1968, el sobrino del otrora rector de la Universidad Nicolaíta en Morelia se convertiría en el Presidente de la República.

Otro ejemplo es la esquemática historiografía económica contemporánea. Según Enrique Cárdenas, el modelo económico mexicano estaba agotado y el gobierno mexicano se había mostrado incapaz de resolver las contradicciones del modelo.10 De igual manera, Nora Lustig asevera que el sobreendeudamiento estatal condujo a la crisis de los 80 detonando así la década perdida y la implementación de las reformas estructurales del salinismo.11 De esta manera, los desaciertos en la conducción de la política económica son atribuidos al gobierno en turno sin importar la corresponsabilidad del sector empresarial al bloquear la posibilidad de una reforma fiscal que fortaleciera las finanzas públicas desde 1970.12 Asimismo, la sobreexposición de la banca nacional al riesgo cambiario, en abierto desafío a la política económica mexicana, vía préstamos contratados en Nueva York y denominados en dólares queda absuelta de responsabilidad como factor significativo en el sobre endeudamiento del gobierno mexicano tras la nacionalización de la banca en el 82.13 Por lo cual pareciera que, en México, las culpas son del gobierno y los éxitos de la sociedad. Las corresponsabilidades de sociedad y gobierno, tan latentes en el devenir histórico, se manejan como tabúes. La opinión pública debe conformarse con cuentos de hadas que envilecen al gobierno en turno, deslegitiman a la autoridad del Estado mexicano en el largo plazo y evaden las responsabilidades compartidas entre sociedad y gobierno.

Conclusión

Con dicho trasfondo, no es de sorprender que la ciudadanía surge como paladín y justiciero de los agravios sociales contra el poder. Tampoco sorprenden los resultados de las encuestas de opinión pública reveladas por el Pew Research Center sobre la falta de confianza hacia el gobierno nacional en México, el desprestigio de la democracia representativa y las tendencias tecnócratas que presentamos. A lo largo de 50 años, la sociedad mexicana se ha forjado una identidad ciudadana a expensas de la autoridad del Estado mexicano. Bajo la tutela de los supercívicos miembros de la generación de la crisis, nos hemos convencido de que ejercer la ciudadanía en México no pasa a través de las vías institucionales y que arbitrar intereses políticos a través de las estructuras estatales es ser cooptado por el mismo. Así, el único espacio legítimamente constituido para el ejercicio ciudadano es la opaca sociedad (in)civil donde los supercívicos han erigido sus propios cotos de poder definida por su incontestable autoridad moral.

Frente a esta situación, es importante que todas aquellas personas con derechos políticos se involucren en el proceso electoral de 2018. Más allá de la contestación partidista (o “independentista” si se opta por tales candidaturas), cabe entender el proceso electoral de 2018 como una toma de posición ciudadana frente a quimeras y realidades. Por un lado, tenemos la ciudadanía quimérica de los supercívicos que se enfrenta de manera automática al ejercicio del poder a través de los cauces instituidos en una democracia representativa. Por el otro, tenemos la realidad de que la situación actual del país, generadora de hartazgo y crispación, es producto de una responsabilidad compartida entre diversos actores sociales, económicos y políticos que no terminan de privilegiar la creación de acuerdos y consensos. Una lectura autocrítica de los aciertos y desatinos de nuestro devenir histórico en los últimos 50 años nos ayudaría a decantarnos por la opción política que coadyuve a que tales actores actúen con mayor responsabilidad en el futuro. La actual reconfiguración política internacional que experimentamos nos impone la necesidad de, a casi 50 años del 2 de octubre de 1968, poner orden en nuestra casa.

Samuel Segura Cobos es internacionalista, doctorante y asistente de investigación en el Centro de Finanzas y Desarrollo del Institut de Hautes Études Internationales et du Développement en Ginebra, Suiza.


1 Diamond, L., “Facing Up to the Democratic Recession,” Journal of Democracy, Vol. 26 (1), January 2015, pp. 141-155

2 Wike, R., K. Simmons, B. Stokes & J. Fetterolf, “Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy: But many also endorse nondemocratic alternatives,” Pew Research Centre,16 October 2017.

3 El medio digital mexicano Animal Político no dudo en usar el estudio para señalar la insatisfacción con el gobierno actual sin considerar que la pregunta en la encuesta no estaba enfocada en la coyuntura política y aludía al gobierno nacional de manera general. Asimismo, se reportaba un apoyo mesurado a favor de un gobierno militar sin reportar adecuadamente que la opinión pública mexicana es decididamente anti-gobierno militar al dividir el total de la opinión negativa sobre un potencial gobierno militar. Por último, cabe señalar que en realidad se trata más bien de la discusión de los resultados de una encuesta de opinión pública que un estudio académico serio. Ver Animal Político, “El 98% de los mexicanos no confía en el actual gobierno, ni cree en la democracia: estudio,” 17 octubre 2017.

4 Ya en 2010, y con base en su estudio sobre la moral pública en el primer siglo de la República Mexicana realizado en los 90, Fernando Escalante Gonzalbo apuntaba a la pobreza explicativa de estos paradigmas cívicos. Escalante Gonzalbo, F., “Ciudadanos demasiado reales,” Revista Nexos, 1 marzo 2010. Para su estudio, ver Escalante Gonzalbo, F., Ciudadanos Imaginarios: Memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la República Mexicana en el primer siglo de su historia, Ciudad de México: COLMEX, 1991.

5 Ver cita en Escalante Gonzalbo, F., “Ciudadanos demasiado reales,” Revista Nexos, 1 marzo 2010. Para el texto completo, ver “Manifiesto del Congreso General Constituyente de 1824,” 4 de octubre de 1824.

6 En una presentación en el Inter-American Dialogue en Washington, DC el pasado 11 de mayo, Denise Dresser, al ser cuestionada sobre cómo la ciudadanía podía tener garantías de que la sociedad civil organizada no servía intereses velados en prejuicio del interés general, manifestó que nunca se había hecho esa pregunta pero que no se la había planteado porque los grupos de la sociedad civil con los que trabajaba habían estado en la lucha por la transparencia de mucho tiempo atrás. En corto, la única garantía es su autoridad moral. Ver minuto 55.

7 Un ejemplo de este argumento fue expuesto en la mesa de debate sobre el saldo del sismo de Leo Zuckermann con Denise Dresser y Juan Pardinas en el programa La Hora de Opinar el pasado 27 de septiembre. El debate deja entrever un énfasis obsesivo por la ostentación del poder a través del cual se crean héroes y villanos en una trama donde se yuxtaponen la sociedad y el Estado en el ejercicio del mismo. Ver hasta el minuto 25. La Hora de Opinar, 27 septiembre 2017.

8 Luis Rubio, por ejemplo, apunta a la necesidad del país por un nuevo sistema de gobierno en lugar de un nuevo sistema electoral como frecuentemente es discutido en debates sobre la reforma del Estado en México. Ver Rubio, L., Un Mundo de Oportunidades, Wilson Center, 2017, pp. 82-87, http://cidac.org/un-mundo-de-oportunidades/ o la discusión en Segura Cobos, S., “Chingarse al Estado,” Nexos: Economía y Sociedad, 19 septiembre 2017.

9 Esta ambivalencia se asoma en una reflexión realizada por el historiador mexicano Enrique Krauze durante el 40 aniversario de la masacre en Tlatelolco en la cual traza el origen de la democracia en el México contemporáneo a este movimiento, pero al mismo tiempo atañe muchos de los defectos actuales de la izquierda mexicana al mismo. Ver Krauze, E., “El legado incierto del 68,” Letras Libres, 31 octubre 2008. Sobre la importancia de las organizaciones estudiantiles en el modelo de gobernanza corporativista en el México del siglo XX, ver Gómez Nashiki, A. “El movimiento estudiantil mexicano. Notas históricas de las organizaciones políticas, 1910-1971,” Revista Mexicana de Investigación Educativa, enero-abril 2003, Vol. 8 (17), pp. 187-220.

10 Cárdenas, E., La política económica de México, 1950-1994, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 86-117.

11 Lustig, N., México: Hacia la Reconstrucción de una Economía, Ciudad de México: Colegio de México, 2002, pp. 41-184.

12 Calva, J. L., Coord., Finanzas públicas para el desarrollo, Ciudad de México: Miguel Ángel Porrúa, 2007, pp. 101-111: Lasa Crespo, A. J., Capitulo 7:  La cuestión fiscal en la política de estabilización del México,” en Lasa Crespo, A. J., Deuda, Inflación y Déficit: Una perspectiva macroeconómica de la política fiscal, Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 1997, p. 19-32.

13 Alvarez, S., “The Mexican Debt Crisis Redux: International Interbank Markets and Financial Crisis, 1977-1982,” Financial History Review, April 2015, pp. 1-27.

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La batalla reciente por la medición de la pobreza en México la (re)inició José Antonio Meade, quien llegó a SEDESOL en Agosto de 2015, y comenzó a criticar al CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) y su medición de la pobreza en México. El objetivo era muy claro: disminuir la cifra oficial de pobreza, de cualquier manera posible.

Penosamente, la estrategia para disminuir el número de hogares pobres en el país no se basó en el lanzamiento de nuevas políticas sociales o el aumento de los montos otorgados a los más vulnerables por parte la dependencia. En cambio, las acciones se orientaron a modificar las estadísticas que miden la pobreza en México, sin importar si la realidad cambiaba o no.

1.- Los 7 pasos para la disminución de la pobreza en un país.

• Paso 1: La pobreza no disminuye en tu país. Determinas que esto es debido a la forma en cómo se mide la pobreza (sic). Al llegar a SEDESOL te propones el objetivo de disminuir la pobreza a como dé lugar, y lanzas críticas a la medición oficial de la pobreza.

• Paso 2: Modificar la forma de levantamiento de ingresos en la encuesta con la que se mide la pobreza (ENIGH). Para esto es preciso contar con el apoyo del instituto encargado del levantamiento de encuestas (INEGI), quien ordenó a sus encuestadores ser “más incisivos” y regresar a los hogares cuyos ingresos fueran “sospechosamente bajos”.

• Paso 3: Repartes “cartillas sociales en todo el país, que contienen información sobre la totalidad de ingresos recibidos por transferencias monetarias y no monetarias, cuya finalidad era contabilizar correctamente el ingreso sub-reportado por los hogares más pobres.

• Paso 4: Instruyes a los hogares más pobres directamente sobre cómo responder las respuestas que darán al INEGI, amenazándolos con la posibilidad de que desaparezca el programa social en caso de que las encuestas muestren que la política social en México no funciona.1

• Paso 5: Ver a futuro. Colocar en el órgano directivo de tu institución generadora de estadística a alguien cercano a la orquestación de la estrategia para la disminución en la medición de la pobreza. Aquí, la persona de confianza, ahora vice-presidenta del INEGI,2 fue Paloma Merodio, ex funcionaria de SEDESOL y parte fundamental de la estrategia de esta secretaría implementada para realizar el paso 4.

• Paso 6: Si “se te pasó la mano”, y ahora la información de los ingresos es simplemente no creíble (aumento de 34% en los ingresos de los más vulnerables en un año), en lugar de reconocer tu error, lanzas un modelo de ajuste a la baja de los ingresos, y buscas la aprobación de un comité de expertos (o por lo menos la no condena de los mismos).

• Paso 7: ¡Listo, lo lograste! Has logrado reducir artificialmente la pobreza. Ahora puedes difundirlo en todos los medios de comunicación posibles, incluso en tu informe anual de gobierno (no olvidar omitir todas las dudas al respecto de la cifra).

2.- ¿Por qué es tan importante la medición de la pobreza de un país?

Las mediciones de pobreza pueden ser sumamente diferentes según la metodología utilizada. Para 2014, los cálculos de la pobreza en México son los siguientes: Banco Mundial: 3.4%, OCDE: 17%, CONEVAL: 46.2% y MMIP: casi 80%.

Dichas diferencias no son menores. La importancia de la medición de la pobreza radica en, por lo menos, cinco razones: 1) la identificación de los hogares e individuos definidos como “pobres” y que pueden ser merecedores de ser beneficiarios de programas de política social, 2) las directrices generales y la orientación de la política de desarrollo social, 3) los aspectos específicos medidos en las estadísticas de pobreza (y sólo ésos) son sobre los que actúan las políticas públicas</,3, 4) SEDESOL reparte recursos (el FAIS, cercano a los 70 mil millones de pesos en 2017) basándose en las mediciones de pobreza y, por último,  5) la evaluación de un gobierno como eficiente o no se ha basado, cada vez en mayor medida, en su capacidad para lograr disminuir la pobreza.

A la luz de este último punto se puede entender la imperiosa necesidad de José Antonio Meade por modificar el rumbo de la medición: según las estadísticas oficiales de pobreza en México, calculadas por el CONEVAL, de 2012 a 2014, en los primeros dos años del sexenio, la población en situación de pobreza en el país había aumentado en casi 2 millones de personas.

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL.

 

3.- La lucha por la medición de la pobreza en México: la ENIGH 2016 y la falsa disminución de la pobreza.

La MCS-2015 y ENIGH-20165 presentan diferencias sustanciales respecto a sus ediciones anteriores, especialmente en el ingreso captado, por lo cual los resultados son incomparables. La sorpresa en los resultados de ambas encuestas era el aumento del ingreso, en una magnitud nunca antes vista. Los datos eran tan poco creíbles, que el INEGI tuvo que reconocer que no eran comparables con años anteriores.6

Entre las posibles causas de incomparabilidad del ingreso en estas encuestas, encontramos 1) la modificación de la metodología del trabajo de campo para el levantamiento de los datos de ingresos, 2) el reparto de “cartillas sociales” en todo el país y 3) la coerción por funcionarios de SEDESOL sobre cómo los beneficiarios de programas debían responder al INEGI (ver al principio del artículo los pasos 2 al 4).

Frente a las cifras del MCS-2015, CONEVAL denunció que no podía cumplir con su obligación de medir la pobreza, mientras académicos y otros actores de la sociedad civil urgieron a la institución a mantener su posición frente al INEGI. Como era de esperarse, Meade avaló el cambio, olvidando de momento la supuesta autonomía del instituto de estadísticas, y propuso que sería suficiente con “recalcular los resultados para dar comparabilidad a los datos”. Eso justo obedeció es lo que haría el INEGI en 2017, para luego declarar que había cumplido con sus mandatos legales.

Como consecuencia a las críticas al INEGI por los cambios en el levantamiento de ingresos en 2015, se creó un Grupo Técnico Ampliado (GTA) INEGI-CONEVAL que comenzó a reunirse en 2016. La conclusión de éstos fue que el INEGI instrumentó cambios operativos que volvieron incomparable las cifras de 2015 con la serie anterior. Curiosamente, exculparon al INEGI ya que mencionan que esto sucedió de forma “inadvertida e involuntaria”.7 Propusieron la realización de ejercicios estadísticos como una alternativa de aproximación a la comparabilidad.

Eso fue lo que hizo INEGI en 2017, con el beneplácito, ahora también, del CONEVAL y el aval del GTA INEGI-CONEVAL. La institución publicó los datos de la ENIGH 2016 y, debido al incremento (nuevamente) poco creíble en el ingreso, se publicaron también los datos del Modelo Estadístico 2016 para la continuidad del MCS – ENIGH(el cual en adelante sólo llamaremos Modelo Estadístico),7 los cuales CONEVAL toma como suficientes para “recuperar la continuidad histórica de la serie”, olvidando mencionar que éstos podrían ser, cuando mucho, una aproximación. Según estos datos, la pobreza habría disminuido de 46.2% a 43.6% en el periodo 2014-2016.

4.- Las fallas e incoherencias del Modelo Estadístico 2016.

¿Por qué los datos arrojados por el Modelo Estadístico 2016 no son suficientes para hacer comparables las cifras de la ENIGH 2016 con los levantamientos anteriores?8 A continuación explico tres puntos mínimos de crítica al modelo.

Primero. Los datos del Modelo Estadístico se calcularon con base en la ENIGH 2014, calibrados con base en el crecimiento del ingreso laboral del trabajo principal registrado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que es una encuesta que tiene por objetivo (obviamente) el empleo y la ocupación, y que no está especializada en la obtención del dato del ingreso.

Mientras que la ENIGH utiliza 14 hojas para captar información de los ingresos, en la ENOE sólo se hace una pregunta directa sobre ingresos laborales, y otra más de recuperación para los que no quisieron/no supieron contestarla. Si normalmente son necesarias tantas preguntas para conocer los cambios en el ingreso en la encuesta especializada en este tema como la ENIGH, ¿por qué habríamos de confiar en la ENOE como base para decir que los ingresos subieron en México?

Segundo. El supuesto contenido en el Modelo es que los ingresos laborales (y, de hecho, sólo los del empleo primario, el ITP que llamamos antes) crecieron en la misma proporción que su complemento al ingreso total (CIT), lo cual es, por lo menos, cuestionable, o simplemente imposible. La institución supone esto como verdadero a pesar de que, por ejemplo, no hubo un crecimiento real de las transferencias gubernamentales y que las pensiones y las jubilaciones presentan normalmente un deterioro real mayor que los salarios, lo cual sería suficiente para descartar el supuesto.

Tercero. Otra particularidad de la ENIGH 2016 es que se alteraron los datos de seguridad social. Aquí, quien modificó los datos con otro modelo estadístico no fue INEGI, sino el mismo CONEVAL, violando lo dictado por la Ley General de Desarrollo Social.

La institución trató de mejorar las preguntas sobre prestaciones laborales relacionadas con la incapacidad y AFORE.9 Dicha mejora en el cuestionario tuvo como repercusión que disminuyera la población que reportaba tener “SAR o AFORE o incapacidad laboral” de 74.1% en 2014 a 55.8% en 2016. Frente a esto, CONEVAL estimó una corrección (80.2%) basada en la cifra de trabajadores afiliados al IMSS. Cabe destacar que, sin esta modificación a los datos de seguridad social, el cálculo de la pobreza en 2016 no sería de 43.6%, sino 45.1%.

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL.

 


Fuente: Elaboración propia con datos de ENIGH y CONEVAL.

 

5.- ¿Qué hacer con la ENIGH 2016 y la medición de la pobreza en México?

Como se detalla en la normatividad oficial para la medición de la pobreza,10 los cambios en las ENIGH son violatorios de ésta por hacer los datos incomparables en el tiempo. Frente a este escenario, la realidad es que se podría haber actuado diferente.

Así, el CONEVAL podría haber tomado otro camino al actual: (1) el de terminar la serie de medición de la pobreza multidimensional 2008-2014, y comenzar una nueva11 (por ley, cada diez años existe la posibilidad de revisar y mejorar la metodología), (2) se podría haber exigido al INEGI llevar a cabo dos levantamientos en 2016, uno con la metodología anterior y otro con la nueva, para así comparar y valorar las diferencias,  o (3) simplemente negarse a medir la pobreza, como lo hiciera la institución frente a los datos de 2015.

Al final, lo que parece quedar en la memoria de los medios de comunicación es sólo el supuesto resultado final: la pobreza artificialmente disminuyó.De hecho, la supuesta disminución en la pobreza fue de los puntos principales en el quinto informe de gobierno de Peña Nieto.12 Como era de esperarse, se cita el resultado final, mas no el mar de dudas, inconsistencias e incoherencias que hay detrás.

Lo que ahora sigue es denunciar las incoherencias y fallas en la medición de la pobreza, y exigir al INEGI que recupere la comparabilidad histórica de la serie de ingresos en los siguientes levantamientos, y al CONEVAL que se abstenga de publicar las cifras de pobreza si realmente no se tiene total certeza al respecto, o por lo menos no se olvide de siempre resaltar que estas cifras son sólo aproximaciones hechas con modelos estadísticos, bajo ciertos supuestos, y no necesariamente reflejan la realidad. Por último, no estaría de más solicitarle a la SEDESOL, y su exsecretario José Antonio Meade, que respete la autonomía de las instituciones en el país, y no trate de modificar las cifras de la pobreza a su conveniencia, ya que esto habla mal de cómo podría ser un gobierno federal dirigido por su persona.

Máximo Ernesto Jaramillo Molina es candidato a doctor en Ciencia Social por El Colegio de México y economista por la Universidad de Guadalajara. Sus intereses de investigación se relacionan con la legitimidad de la justicia distributiva, las representaciones sociales de la desigualdad y la pobreza, la política social en México, entre otros.

Agradezco los comentarios y conversaciones que he sostenido en días pasados con Julio Boltvinik, Araceli Damián, Enrique Valencia y Alma Luisa Rodríguez. Obviamente, lo aquí plasmado es solamente responsabilidad del autor.


1 De hecho, esta estrategia de la secretaría se ha reconocido ya en documentos oficiales del INEGI.

2 La postulación y ratificación de Paloma Merodio como vice-presidente del INEGI, en abril de 2017, fue duramente criticada por su carácter ilegal. Para leer más al respecto, ver aquí y aquí.

3 Ver aquí explicación al respecto. Ejemplos: el otorgamiento indiscriminado de certificados de primaria y secundaria, el fomento a la afiliación al Seguro Popular en programas de SEDESOL o la inclusión de todos los estudiantes universitarios al IMSS, apuntando a las carencias por rezago educativo, acceso a servicios de salud y a seguridad social, respectivamente.

4 La encuesta de ingresos y gastos que levanta el INEGI (llamada ENIGH) se realiza cada dos años, en años pares. Además de esto, se adicionó el Modulo de Condiciones Económicas (datos con los que CONEVAL calcula la pobreza) a la Encuesta Intercensal de 2015, por lo cual se obtuvo el MCS-2015.

5 Ver aquí para mayor detalle sobre las críticas al MCS-2015.

6  “El Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015: diagnóstico y recomendaciones”, documento emitido por los “Miembros externos del Grupo Técnico Ampliado INEGI-CONEVAL”, disponible aquí.

7 Ver nota técnica de INEGI para mayor información del Modelo.

8 Para un análisis profundo del porqué los datos CONEVAL sobre pobreza en 2016 no son confiables, se recomienda leer aquí y aquí.

9 En particular, se preguntaba si se tenía como prestación la “Incapacidad en caso de enfermedad, accidente o maternidad”, y se cambió por “Licencia o incapacidad con goce de sueldo (por enfermedad, accidente o maternidad)”; mientras que para la AFORE la pregunta decía: “SAR o Afore” y ahora dice: “Ahorro para el retiro o pensión para la vejez (SAR o Afore, Haber de retiro)”.

10 Inciso 3.6 del siguiente documento.

11 Tomando en cuenta los cambios que las críticas han sugerido, se recomienda ver aquí y aquí.

12 Ver aquí y aquí.

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