Las ciudades fronterizas se caracterizan por su dinamismo, su vitalidad. Siempre hay gente aquí y allá, siempre hay algo que hacer, son ciudades vibrantes y quizá por eso se tornan ciudades tan interesantes. Hoy frente a la epidemia de COVID-19, ciudades como Mexicali, Tijuana y Ciudad Juárez están paradas. Calles desiertas, locales cerrados, no hay más las largas filas de coches que intentan “pasar al otro lado”, la frontera está cerrada. Los únicos visibles son las personas que viven en situación de calle, quienes deambulan buscando algo que comer, algo que recoger. Están ahí, no tienen adónde ir, y entre aquellos con dependencia a sustancias, quizás el único lugar a dónde pueden ir es al intercambio de jeringas; claro, si tienen la suerte de no ser detenidos.
Ilustración: Patricio Betteo
A pesar del riesgo que genera el COVID-19, y precisamente por ello, Verter, Prevencasa, Centro de Servicios Ser, Programa Compañeros e Irapuato Vive —organizaciones que implementan intervenciones de reducción de daños en Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez y en Irapuato, Guanajuato respectivamente—, siguen ofreciendo sus servicios a la población de personas que se inyectan drogas. Explica Lourdes Angulo, de Verter:
Procuramos cuidarnos lo más que podamos, pero no tenemos insumos de protección para nosotros, al menos no los suficientes. Prestamos los servicios con mucho cuidado. Sabemos que para la población contar con nosotros hace toda la diferencia y por eso no cerramos, a pesar del riesgo… Pienso que si cerramos dejamos a estas personas a su suerte y no podemos hacer eso. Prestaremos los servicios hasta que podamos, hasta que se nos termine la última jeringa.
Y es que uno de los retos más importantes que enfrentan hoy las organizaciones de reducción de daños en México es justamente la falta de financiamiento público. Desde 2019 un decreto presidencial eliminó el financiamiento público a las organizaciones de la sociedad civil, desde entonces, la posibilidad de seguir ofreciendo servicios de salud a la población de usuarios de drogas marginalizados ha estado en riesgo constante, pues no sólo no se tienen recursos para pagar a los profesionales que prestan los servicios, sino que los insumos son cada vez más escasos. En ese sentido, Alfonso Rivera de Prevencasa explica su situación actual:
Teníamos un banco de jeringas, pero ya utilizamos todos los insumos y no vemos de dónde volver a tener insumos suficientes. Estamos siempre dependiendo de donaciones internacionales y de proyectos que nos salen, pero es un vivir en la incertidumbre. Ahora con el COVID-19 todo se pone más complicado, pues las garitas están cerradas, entonces, aunque nos donen, no hay cómo pasarlos a este lado. No contamos con ningún apoyo del gobierno nacional ni de gobiernos estatales.
En esta incertidumbre, llega el COVID-19 a complejizar las condiciones de trabajo de las personas que están en campo, ofreciendo servicios de salud a una población que no accede a ellos de otra manera debido al estigma, la discriminación y la criminalización de las personas que usan de drogas. Un usuario anónimo de servicios de reducción de daños en Tijuana relata su experiencia:
A mí me ha pasado que he intentado ingresar al Hospital General y, simplemente, el guardia cuando me ve, no me deja entrar, me dice que necesito identificación, pero yo sé que es por cómo me veo. Por eso, valoro mucho el servicio que prestan estos muchachos, porque yo sé que puedo venir aquí y me curan las heridas, saben mi nombre, me ofrecen un vaso con agua… Es gente que nunca me hace sentir mal por usar drogas o por vivir en la calle.
Las personas dependientes a las sustancias no sólo requieren información sobre cómo prevenir el COVID-19, algo que desde inicios de este año vienen haciendo las organizaciones, sino que para evitar los contagios requieren acceso a agua, jabón y equipo estéril de consumo. Dar información sin distribuir los insumos necesarios es inútil. Es abrir una demanda que no puede ser satisfecha por las condiciones de vida tan extremas de la población que es atendida por las organizaciones que realizan reducción de daños en México. Sin embargo, el gobierno nacional permanece sordo al clamor de apoyo.
En Monterrey, la organización Acodemis, única en ofrecer insumos de reducción de daños, se ha visto obligada a suspender la distribución de estos kits por la falta de recursos. Es decir, en Monterrey las actividades de reducción se han detenido por completo. En Tijuana, la organización Centro de Servicios Ser también está detenida por la falta de insumos y a la espera de donativos para reactivar sus servicios.
En estas condiciones, las organizaciones han tenido que recurrir a su propio capital social para hacer frente a las necesidades tan apremiantes que enfrentan las personas dependientes, pues como ellos bien dicen “no podemos simplemente decir, ‘Lo siento, no tengo’. Sientes el compromiso de apoyarlos, no los vas a dejar morir mientras tú te resguardas en tu casa”. Si antes la preocupación era comprar insumos para consumo seguro de sustancias, hoy a ello se ha sumado la necesidad de ofrecer agua, jabones, gel antibacterial, alimentos, tapabocas y guantes. Para ello se han hecho rifas, solicitudes de donación a familiares, amigos, a la iniciativa privada y a organizaciones internacionales. Esta solidaridad, hasta el momento, ha permitido sostener el trabajo.
Por ejemplo, en Ciudad Juárez, el Programa Compañeros, gracias a una donación de organizaciones amigas de El Paso, Texas, instaló estaciones de agua portátiles en los espacios de consumo donde además llevan insumos seguros de inyección, comida y naloxona para prevenir muertes por sobredosis. Parece algo menor, pero rara vez nos preguntamos cómo se lavan las manos las personas en situación de calle. En Tijuana, las personas que viven en el canal se lavan su cuerpo, sus ropas y preparan sus drogas con las aguas sucias del desagüe. Ante la falta de bebederos públicos o fuentes de agua, en ocasiones las personas en situación de calle hacen uso de los baños de establecimientos comerciales, pero ahora que gran parte de estos comercios están cerrados no hay cómo acceder a fuentes de agua limpia, por lo que las estaciones de agua portátiles en los espacios se convierten en un recurso de vida o muerte.
En Tijuana, por su parte, Prevencasa, gracias a donaciones de ACNUR, entrega jabón, gel antibacterial y tapabocas lavables de tela. Prevencasa además ha logrado construir una mesa de trabajo en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número Dos, Servicios Médicos Municipales y comerciantes de la zona norte. A través de esta coordinación, se están ofreciendo en las instalaciones de Prevencasa pruebas de detección de COVID-19 a personas que usan drogas inyectadas y que presentan algún síntoma. A las personas que resultan positivas se les ofrece albergue en un espacio contiguo a la organización, que fue adaptado para recibirlas, donde se tiene contemplado brindarles alimentos, cuidados médicos y metadona hasta que termine el período de aislamiento recomendado. A la fecha aún no se ha detectado ningún caso, pero se tiene la capacidad para ofrecer albergue a 60 personas que se inyectan drogas que viven en calle y que resulten positivas a COVID-19. Ésta es una estrategia única en el país que debería replicarse en cada ciudad de la República si se tiene el interés público de atender a esta población.
Pero se requiere mucho más. Por ejemplo, es urgente abrir el acceso a tratamiento sustitutivo para opioides. En México sólo existen dos clínicas públicas que ofrecen metadona y alrededor de 10 clínicas privadas. Sin embargo, ante el COVID-19 no están recibiendo nuevos “pacientes” y los horarios de atención se han restringido. Tampoco se han flexibilizado las políticas para que las personas pueden llevarse mayor cantidad de dosis a sus casas ni han reducido los precios. En algunas ciudades las clínicas quedan lejos de los espacios de encuentro de la población, por lo que no les es posible trasladarse para acceder al servicio. En estas condiciones, se nos hace el llamado desde el Conadic a la “temperanza”, a “reducir nuestros consumos”, pero no se ofrecen ni los recursos ni las condiciones para que las personas con dependencia puedan efectivamente hacerlo. Las instituciones públicas parecieran vivir en una realidad distinta, de modo que ni siquiera cuentan con empatía suficiente para dimensionar los retos que enfrentan las personas con dependencia y que viven en marginalidad. Gisela Zambrano, Copresidenta de la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex), relata esto con precisión:
La situación está canija aquí en Juárez. La shiva [heroína] está muy cortada [mezclada con otras sustancias para hacerla rendir] y entonces las dosis ahora no alcanzan ni para quitar la malilla [síndrome de abstinencia], entonces lo que están haciendo los usuarios es atascarse de pastillas y alcohol… Es el desespero. Para terminar de amolarla, no hay metadona. Hoy una de las clínicas cerró y la otra sólo atiende unas horas, pero no recibe nueva gente. Por eso han aumentado las sobredosis, la semana pasada supe de dos que se doblaron, no tenían naloxona.1
De acuerdo con Alfonso Rivera, quien trabaja para Prevencasa, en Tijuana ya ni la Cruz Roja está atendiendo sobredosis, pues están saturados trasladando personas con COVID-19 que es la prioridad de todas las unidades de salud, además de las emergencias cotidianas de la ciudad. La población está muriendo a su suerte, sin que siquiera tengamos cifras de estas muertes. Son vidas que no les importan y, por lo tanto, son muertes que ni merecen ser contadas.
Sin embargo, hay una forma en la que el Estado sí se hace muy presente en el día a día de las personas con dependencia y que viven en condiciones de marginalidad. Es el acoso policial constante que experimentan estas personas y que ahora, con el mandato de “QuédateEnCasa”, se ha intensificado. Han aumentado las detenciones por 72 horas y el internamiento forzado en “anexos”. La detención masiva de personas, además de ilegal, las expone innecesariamente al COVID-19 debido al hacinamiento o falta de agua que enfrentan muchos de estos establecimientos. Medidas como éstas terminan generando que las personas con dependencia busquen ocultarse y aislarse para evitar el acoso policial, lo que aumenta su vulnerabilidad pues, entre otras cosas, los aleja de los servicios de salud, aumenta su probabilidad de que compartan jeringas y se reduce la posibilidad de acceder a equipo estéril.
Además de la violencia policial, las personas con dependencia enfrentan la violencia del crimen organizado. En Guanajuato, por ejemplo, los niveles de violencia se han elevado a tal punto que no fue posible para la organización de reducción de daños Irapuato Vive seguir manteniendo sus estrategias de alcance comunitario. Las personas que requieren equipo seguro de consumo en Guanajuato tienen ahora que trasladarse hasta las oficinas de la organización, lo cual los expone a detenciones arbitrarias por parte de la policía, pues están violando las medidas de movilidad.
A ello hay que sumar el aumento de las carencias económicas y la incertidumbre de no saber cuándo todo “volverá a la normalidad”. Como bien dicen Julián Rojas de Programa Compañeros y Alfonso Rivera de Prevencasa, “no hay patios que barrer, jardines para limpiar, carros para limpiar, las garitas permanecen cerradas, los comercios, restaurantes, bares, están cerrados, entonces no hay de dónde sacar dinero. La única manera de sobrevivir es cobrar favores, lo que genera nuevas tensiones entre la población”. Esta necesidad imperante de una dosis, de unos pesos, expone a las personas a un mayor riesgo de reclutamiento por parte de organizaciones del crimen organizado, las cuales siempre tienen una tarea por ofrecer.
La pandemia ha hecho evidente el desamparo institucional que experimentan las personas con dependencia y en situación de vulnerabilidad; en primer lugar, debido a la indiferencia con que son tratados por parte de las autoridades federales de salud; en segundo lugar, debido a la criminalización por parte de las autoridades locales. La epidemia devela el aniquilamiento como política de facto frente a esta población que sobra, que molesta, que ensucia.
Ante este panorama no basta con las buenas intenciones del Comisionado Nacional contra las Adicciones y la distribución de información de reducción de daños en redes sociales. No basta con que ahora los discursos oficiales retomen nuestra frase de poner en el centro a las personas y no a las sustancias, se necesitan acciones concretas por parte del gobierno federal para garantizar el derecho a la vida y a la salud de todas y todos independientemente de nuestra condición de uso o no-uso de sustancias, de dependencia o no-dependencia.
Necesitamos hoy más que nunca una política pública de reducción daños que sea un componente integral del plan nacional frente a las adicciones. No basta con decirles a los usuarios que no compartan sus equipos de consumo: se requieren insumos para ofrecerles las condiciones básicas para que efectivamente no lo hagan. Es hora de pasar de los discursos al apoyo efectivo a la población que vive situaciones de dependencia a las sustancias, más allá de la estigmatización y el encierro.
Angélica Ospina-Escobar
Profesora-Investigadora cátedra Conacyt del Programa de Política de Drogas en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) Región Centro. Miembro fundador de la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex).
1 La naloxona es un medicamento que permite revertir el efecto de opioides. En México este medicamento no está disponible porque la Ley General de Salud lo tiene clasificado como estupefaciente y entonces se requiere de receta médica y que un médico lo aplique. Por esta razón ni las ambulaciones cargan naloxona y no se consigue en las farmacias. Algunas organizaciones civiles que realizan reducción de daños, tienen estrategias de distribución comunitaria de naloxona gracias al apoyo de donatarias internacionales.