La economía mexicana es a menudo descrita como una paradoja, pues, aunque logró insertarse exitosamente en el comercio internacional después de 1990 y pese haber tenido un marco macroeconómico estable desde entonces, no tuvo incrementos en productividad significativos ni crecimiento económico elevado como se esperaría que lo hubiese tenido, y como de hecho lo tuvieron otros países.

Si bajo el capitalismo actual, en que la acumulación se caracteriza por el hecho que las finanzas van dejando su impronta en todos los lados, y pareciera ser que la balanza de la correlación de fuerzas entre los diversos actores sociales pende definitivamente a su favor, sólo la posibilidad de regulación por parte del Estado de las actividades de este sector nos posibilita tener esperanzas concretas de voltear el juego.

Si bien existen muchos elementos para discutir a fondo la conveniencia de rediseñar el programa de Prospera, con miras a transitar hacia una política social universal que garantice al ejercicio de derechos sociales de toda la población, la decisión de eliminarlo, sin contar con una alternativa mejor, habrá de generar efectos perniciosos sobre el bienestar de la población más vulnerable del país.

La concepción más extendida de la pobreza es la de una situación económica en la que un individuo carece del ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de salud, alimentación, educación, vestido, transporte y vivienda. El combate a la pobreza consistiría, entonces, en distribuir recursos a la mayor parte de la población vulnerable, no tanto para generar una sociedad igualitaria, sino una sin pobres.