Quizás esta crisis de financiamiento nos permita entender que, más allá del VIH, está la vida, la dignidad y la capacidad de agencia de las personas que usamos drogas, que la condición de uso de drogas no nos hace menos ciudadanos y que hoy más que nunca tenemos el conocimiento y la experiencia para aportar a la construcción de una nación justa para todas y todos. 

El 2019 suponía haber sido un año en que los beneficios del llamado “bono demográfico” alcanzaran uno de sus puntos más alto, pues la población en edad productiva representa a la mayor proporción de la población total del país y debía ser la encargada de impulsar el crecimiento económico.

Hoy, gracias al esfuerzo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, podemos calcular el tamaño de la influencia que tiene nacer en una región específica del país sobre las oportunidades disponibles, lo cual arroja luz sobre los obstáculos a los que hay que enfrentarse a lo largo de la vida en términos económicos.

Tres ideas ayudan a entender el concepto de bienestar como guía para discernir lo que más conviene a una sociedad: la noción económica de clases sociales, la justicia distributiva como reductora de brechas en ciertos recursos y la teoría de la igualdad de oportunidades.

Es posible que un nuevo paradigma esté en construcción. El periodo de transición entre un paradigma y otro no es sencillo ni rápido. El físico Max Planck decía que una nueva verdad científica no triunfa porque haya convencido a sus oponentes, sino más bien porque sus oponentes mueren finalmente, y una nueva generación crece más familiarizada con ella.

En los últimos años han aumentado los cuestionamientos al argumento del limitado papel del Estado como condición necesaria para motivar el crecimiento económico. Algunos de estos cuestionamientos giran en torno a la creciente evidencia del activo papel del gobierno proporcionando beneficios económicos a las empresas del sector privado.