“‘Qué hermosa estás, mi amor’, eran las primeras palabras que escuchaba
nuestra madre adoptiva cada vez que despertaba ahí.
Y con eso era suficiente para contrarrestar el horror del mundo.
Un sortilegio breve con el cual sobrevivir día a día a nuestras muertes,
a la muerte de nuestras hermanas, a las desgracias ajenas, siempre tan propias.”
—Camila Sosa Villada, Las malas, 2019.
Junio se despidió y con su palidecer damos un adiós temporal al mes más colorido del año. Para que no quede ninguna duda de lo que estamos hablando: junio es pura fiesta, celebración y lucha que tiene su ápice en el día 28, cuando celebramos el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+. El 28 de junio fue elegido para esa conmemoración por ser la fecha en la que, en el año 1969, hubo una brutal represión policial a los defensores de los derechos civiles de los homosexuales que estaban en el bar gay Stonewall Inn en el barrio de Greenwich Villageen Nueva York. Y decimos “celebramos”, así en plural, porque es una festividad que va más allá de los intereses específicos de esa comunidad. La celebración es compartida por varios grupos, pues revela el ansia colectiva por una vida social llena de tolerancia, diversidad y buena convivencia.
Sin embargo, en el momento actual de nuestras sociedades, conmemorar la lección de civilidad del arcoíris junino no puede significar borrar de un plumazo —¿con una mancha gris?— la violenta realidad que se inflige a la comunidad LGBTTTIQ+ en los otros meses del año. O sea, pese a la música de fiesta y a los desfiles multitudinarios en las principales avenidas de la mayoría de las capitales del mundo, no hay cómo hacer oídos sordos a la saña y furia con que se cometen crímenes de odio contra esa comunidad. Tampoco hay manera de dejar de ver que dentro de esa misma comunidad hay un subgrupo —“sub” en el sentido estadístico del término— especialmente vulnerable a la agresión homofóbica: la población transgénero.
Claro, hay múltiples formas de violencia que se ejercen contra la población trans. Desde las más sutiles, pero no por eso menos dolorosas, como la sistemática invisibilización, hasta las más brutales, que son los crímenes de odio que derivan en el óbito de la víctima. De hecho, el movimiento LGBTTTIQ+, a través de su autoorganización en múltiples colectivos, asociaciones, entidades e instituciones, ha realizado esfuerzos hercúleos para visibilizar la violencia en contra de la comunidad trans, especialmente en lo que concierne a la tipificación penal de los crímenes de odio.
Los activistas de la comunidad aseveran que el ponerle nombre a este tipo de crímenes reivindica a las víctimas, puesto que sus muertes deben ser objeto de “un tratamiento específico” en función de sus particularidades y “con perspectiva de género”. En este contexto, se debe comprender a los transhomicidios como la máxima expresión de violencia social cometida contra las masculinidades trans. Por otro lado, los transfeminicidios y travesticidios hacen referencia, respectivamente, a la muerte violenta de mujeres trans y personas trans con expresión femenina. Generalmente, ambos crímenes son cometidos con enorme violencia y crueldad, utilizando más de un instrumento o modalidad comisiva y frecuentemente con violencia sexual.
Así, nuestra inquietud: ¿cuántos crímenes de odio son cometidos a nivel mundial y en América Latina?, ¿en dónde ocurren específicamente? Sin embargo, aquí nos van a faltar los “quiénes”: las historias de aquellos que ya no están, aquellos cuyos nombres, gustos y trayectorias serán para siempre subjetividades cercenadas, potencialidades creativas no plenamente ejercidas por la promesa de vida que quedó truncada en cada vil asesinato.
Podemos partir reflexionando que, a pesar de lo ocurrido en el Stonewall Inn como punto de inflexión histórica para el reconocimiento y visibilidad de diversas manifestaciones por los derechos civiles plenos a toda la ciudadanía no importando su orientación sexual o identificación de género, lo cierto es que en el mismo Occidente aún vivimos en sociedades que son dominadas por principios de heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, binarismos de sexo y género, y misoginia que han estado arraigados históricamente y suele combinarse con prejuicio, intolerancia y odio hacia las personas con identidad o expresión de género fluido. Básicamente, este es el caldo de cultivo de la homofobia y transfobia que se plasma en la violencia estructural que oprime cotidianamente a la comunidad LGBTTTIQ+.
O sea, tomados en conjunto, el conservadurismo que nutre esas expresiones de intolerancia de nuestras sociedades occidentales acaba por excluir sistemáticamente a la población transgénero de la educación y de la salud, de posibilidades del trabajo y de vivienda, consolidando prácticas de discriminación generalizada, criminalización, hostigamiento, persecución y violencia policial, tortura, asesinato, así como indiferencia, complicidad y “olvido” de la sociedad. Este contexto tan hostil ha tenido como resultados: primero, que el promedio de vida de las personas trans en América Latina sea tan sólo de 35 años; segundo, en varios países, como es el caso de México, la principal causa de defunción de individuos de esta población es la muerte violenta.
Pero, antes de analizar los números referentes a esa cruel realidad en los países latinoamericanos, veamos en un panorama más amplio, a nivel global, algunos datos clave sobre los asesinatos violentos de las personas trans. Pese a que suele ser un tema poco divulgado en medios de comunicación tradicionales, los datos del informe anual de Transrespect vs. Transphobia Worldwide, son base para el trabajo que hemos sistematizado, son muy elocuentes. Primero, entre 2008 y 2021 se registraron 4040 personas trans asesinadas en todo el mundo. De ese número, como se observa en la gráfica 1, las muertes por disparos han sido las más comunes, representando el 38 %, mientras que los apuñalamientos, palizas y estrangulamientos están en segundo lugar y suman el 33 %.
En la gráfica 2, vemos que, también entre 2008 y 2021, los cuerpos sin vida de personas trans asesinadas se han localizado en espacios abiertos: en la calle (31 %); campo, maleza o área rural (5 %); carretera o autopista (4 %); y playa, río o bajo algún puente (3 %). El abandono de sus cuerpos en espacios abiertos no es un dato menor, pues responde a aquel imaginario colectivo —binario, heterosexual y cisgénero— que considera a las personas trans como cuerpos desechables.1 Por otro lado, también se han registrado muertes en los espacios privados como la residencia propia (17 %), hoteles, moteles o drive-ins (2 %).
Si tomamos en cuenta que no en todos los países del globo los crímenes de odio a personas trans tienen incidencia semejante, en la gráfica 3 destacamos la diferencia regional observada en esta variable entre 2008 y 2021. Así, se observa que los crímenes de odio contra la comunidad trans han estado altamente concentrados en los países de una región: el centro y sur de América (dónde los crímenes reportados ascienden a 3157 víctimas), seguido de un distante segundo lugar de Asia (con 349), Norteamérica (con 333), Europa (con 173), África (con 19) y Oceanía (con 10). Un paréntesis: la región de Norteamérica asciende al segundo lugar de este infame campeonato como consecuencia de que, estadísticamente, México está incluido en el grupo de países de esta región.
Con respecto específicamente a los transfeminicidios y transhomicidios, la misma región de Centro y Sudamérica vuelve a ser la líder en el perverso campeonato del número de asesinatos cometidos durante 2008 y 2021. Incluso podemos identificar una reciente aceleración en el ritmo de muertes si separamos la serie en dos períodos (gráfica 4): primero, de 2008 a 2015, se registraron más de 150 asesinatos violentos por año de personas trans en esa región; segundo, a partir de 2016, estos asesinatos aumentaron a más de 250 cada año. Sin duda, el momento más violento para la comunidad trans que habita esas regiones de América fue 2020, cuando se registraron 297 transfeminicidios y transhomicidios en un solo año, hecho que deja claro que en el primer año de la pandemia otro virus mortal fue el de la violencia transfóbica.
Ahora, para observar con mayor detalle la situación de los principales países de América Latina, en la gráfica 5 se muestra la distribución de asesinatos de personas trans país a país entre 2008 y 2021. Brasil fue el campeón mundial del sadismo hacía lo comunidad transgénero, con 1645 muertes por transfeminicidios y transhomicidios acumuladas en estos años, seguido de México con 593 asesinatos.
Con base en lo anterior, se ha podido aludir a una especie de “ranking perverso” de los crímenes de odio hacía la población trans —con el asesinato en primer puesto— y la extensión del mismo ranking a espacios geográficos con mayor concentración de muertes por transfeminicidios y transhomicidios, con un destaque negativo para los países latinoamericanos, siendo que Brasil y México, en lo que concierne al asesinato sistemático de la población transgénero, son aún más brutales que sus pares.
Por desgracia, hoy nos encontramos en el nadir para aquellos que defienden que el goce pleno de las libertades individuales es la base para la existencia de democracias sustantivas, pues aún se vive en el marco de la violencia recurrente hacía las personas que desafían el carcomido sistema hetero-patriarcal —y todas sus avalanchas de pánico moral— con el mero hecho de existir.
En conclusión, enfrentar efectivamente a un problema social tan complejo no pasa por fórmulas únicas o soluciones inmediatas. Por ejemplo, en los espacios de educación superior apenas comienza a formarse una cultura de inclusión basada en el respeto, la visibilidad y la aceptación, ya que la experiencia general apunta a que han sido instituciones que han tolerado y reproducido conductas discriminatorias, apelando a una conducta socialmente inaceptable por parte de las personas LGBTTTIQ+.
Por tanto, se vuelve urgente transversalizar una política de respeto e igualdad entre las múltiples identidades, corporalidades y subjetividades que convergen en espacios públicos. Si no hay fuerza social que empuje al fortalecimiento de un conjunto de políticas públicas diseñadas especialmente para atender y erradicar la violencia homofóbica y transfóbica, veremos cómo inevitablemente las preocupantes cifras que hemos presentado se inflarán aún más en el tiempo.
Es decir, la tarea pendiente de cambio de rumbo no solo recae en la sociedad civil organizada, sino también en el Estado, principalmente a través del impulso firme a la legislación en pro de los derechos de la población LGBTTTIQ+. Pero no nada más eso, hay que inducir a la creación de políticas públicas tanto de corto plazo —por ejemplo, garantizando que las fuerzas de la ley aseguren protección y seguridad a esa población en lugar de ser un instrumento más de su opresión—, como también medidas de mediano y largo plazo —como impulsar y promover activamente la incorporación de la población transgénero al mercado de trabajo formal y en sectores laborales de menor riesgo a su integridad física—. Únicamente con medidas de esa naturaleza, las raíces profundas de la homofobia y de la transfobia serán indudablemente atacadas y, sólo así, podremos celebrar a pleno la fiesta colorida de cada junio.
Irlanda Martínez
Estudiante de licenciatura en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (FE-UNAM).
Monika Meireles
Investigadora Titular A del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIEc-UNAM).
1 Rodrigo Mier (2014) utiliza el concepto de cuerpos desechables para cuestionar la idea en la que el ser humano es tratado como “basura”, esa idea que ha construido la posibilidad de pensar ciertas vidas “sin valor” (Butler, 2010), como “desechos” (Giorgi, 2014), deshumanizadas y sin derecho a la imagen (Didi-Huberman, 2014).