Los últimos días han sido particularmente difíciles y dolorosos para la reflexión pública. Los brutales feminicidios recientes —incluido el de una niña pequeñita; la revictimización de las mujeres por funcionarios y medios de comunicación que lucran con la pornografía de la violencia y el trauma; la falta de una reacción de Estado, y la ambigüedad y nula sensibilidad de las exasperadas declaraciones presidenciales, que despojan de legitimidad a las expresiones de protesta de las mujeres y rebaja su ira a provocaciones de la oposición, todo, todo escupe gasolina al fuego.
La sensación es la de vivir siempre entre simulaciones, unas más condescendientes que otras. Quizá lo más confuso de esta nueva etapa institucional sea la transparencia con la que un jefe de Estado aparece públicamente tan impaciente y casi extrañado ante lo que considera una insistencia terca de las mujeres que exigen justicia, en tanto mujeres.1
A lo largo de estos meses las reacciones del presidente han dejado entrever cierta resistencia a pensar los temas de justicia social en sus singularidades, es decir, considerando los procesos específicos de opresión que experimentan quienes son víctimas de violencia e injusticia, por pertenecer a grupos sociales determinados. Prefiere pensar y comunicar todo en términos abstractos y, aunque suele mostrar empatía con la población originaria o con víctimas de la violencia organizada, el caso concreto de las mujeres parece resultarle especialmente resbaladizo.
Empeñada en lograr interpretarle, encontré en la conferencia matutina del lunes 17 algunas pistas para comprender la postura del presidente. Al ser cuestionado — una vez más— sobre la agenda específica para garantizar la seguridad de las mujeres, y después de enunciar la intensificación del despliegue de la guardia nacional por toda respuesta,2 dedicó los siguientes seis minutos a elaborar un revelador manifiesto.
Ilustración: Víctor Solís
Explicó que existe un desacuerdo básico entre la perspectiva de su gobierno y la de la sociedad civil y sus organizaciones: mientras el primero apuesta a la transformación general, las segundas tienden a fragmentarse en reivindicaciones parciales —“por un medio ambiente limpio, por derechos humanos, por la defensa de las mujeres, por la defensa de campesinos, de obreros, por la defensa de los animales”, enlistó— a las que denominó “gremiales”, un término que sugiere la lectura corporativizada que el presidente hace de la organización de la sociedad, como un ente con intereses políticos y económicos que, a su manera de ver, equivalen invariablemente a lucrar con las causas y enturbian la autenticidad de las luchas. La suspicacia generalizada del presidente hacia la sociedad civil y sus organizaciones no es ninguna novedad.
En cambio, “[E]n el enfoque nuestro, lo principal era cambiar al régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios”. Si bien aclaró que las luchas específicas son importantes, entiende a la corrupción como el origen de un mal mayor, un mal total de cuya erradicación depende el futuro de absolutamente todo: “al cambiar al régimen corrupto, ya no tiene por qué haber violación de derechos humanos, no tiene por qué destruirse el territorio, no tiene por qué cometerse injusticias. Si se mantenía, si continuaba el régimen opresor, el régimen de corrupción, de injusticias, todo lo demás se iba a seguir reproduciendo: la violación de los derechos humanos, la destrucción del territorio, el maltrato a los animales, la discriminación. Entonces, son enfoques”, y en el suyo todo es susceptible de pasar por el mismo tamiz.
La corrupción suele entenderse como un abuso de poder expresado en el uso intencionalmente desviado e incorrecto de los recursos disponibles para la realización de un encargo, con un desenlace que resulta en el beneficio de quien corrompe. La ganancia suele ser económica, pero también simbólica, expresada en la concentración de más poder, prestigio y privilegios. La corrupción también se refiere a un estado de deterioro, de putrefacción de aquello que se desvía de un camino virtuoso y termina en un estado degradado y envilecido. Puede ser que el presidente esté pensando en las dos acepciones; sólo tenemos fragmentos de monólogos para suponerlo.
Hay razones válidas para suponer que algunas medidas generales contra la corrupción ayudarían a la prevención y atención de injusticias que violentan a diversos grupos. Por supuesto que no vendría mal limpiar los aparatos de seguridad, desvincularlos del crimen organizado; reformar las instancias de denuncia, eliminar obstáculos que entorpecen los procesos de justicia y abren la puerta a intereses privados; generar sanciones que aumenten el costo de corromper e incentivos que eleven el beneficio de no ser corrompido.
Pero hay dos problemas mayores con el enfoque presidencial. El primero es que la corrupción, expresada así, en términos tan abstractos, supone la desviación de una norma que se asume como positiva, justa y equitativa en todos los casos. Y eso no es verdad, sencillamente no lo es. Las normas, del origen que sean, no surgen del consenso total e incluyente sobre lo justo y lo necesario. La moral es una construcción social subordinada a jerarquías de poder y replica los valores y creencias de los grupos dominantes. No son “correctas” por naturaleza y lo “correcto” no tiene una sola interpretación, ni afecta a todas las personas de la misma manera. Una misma norma, una misma idea de lo correcto o necesario, puede facilitar el acceso de un grupo a la justicia o el bienestar, y dificultarlo o impedirlo para otro cuyas circunstancias específicas no son consideradas. Algo así sucede cuando se decreta a la descomposición social y la falta de valores familiares como causas abstractas de la violencia, a sabiendas de que el imaginario normativo de esos valores se sostiene sobre la explotación del trabajo de cuidados de las mujeres, tanto en la familia como en la comunidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que sucedió una tragedia familiar porque la mamá dejaba a los hijos solos para ir a trabajar? ¿Cuántas veces más tendremos que escucharlo?
El segundo problema es que, así como la corrupción no es la única causa de que las normas no sean justas, tampoco es la única razón por la que no se cumplen. La falta de marcos legales, la indefinición de facultades, la ausencia de capacitación y de infraestructura, la escasez de presupuesto, son razones puntuales y escandalosamente frecuentes por las cuales la ley no logra ser cumplida, sin que nadie pueda ser acusado de dolo y de beneficiarse directamente, aunque de manera indirecta las estructuras económicas y políticas que definen las prioridades de una sociedad y participan en la distribución de valor y recursos, sí se beneficien en la medida en que logran perpetuarse y mantener sus privilegios.
Clasificar todo en el archivo de la corrupción oculta la desigualdad social que persiste en las relaciones cotidianas de toda la sociedad y dificulta que las personas identifiquen su posición y el papel que juegan en el problema, desde su quehacer privado. Si la violencia de género se enmarca públicamente como un problema de corrupción, asociada con la administración política, es posible que un hombre que ejerce violencia familiar no se sienta interpelado a pensar el problema ni a ser parte de la solución.
Una mala noticia más. La resistencia a pensar que las demandas específicas de distintos grupos oprimidos distraen, o peor aún, estorban a la producción de una idea común de bienestar, es amplia y está creciendo globalmente, sobre todo entre sectores que han visto mermados sus privilegios sin un propósito claro.3 Algunos gobiernos recientes de izquierda atendieron las demandas de ciertos grupos, pero no consiguieron construir una noción de desarrollo general que se sostuviera por sí sola. Las clases medias esforzadas y en crisis perenne, los hombres, la población blanca, han visto cuestionada su posición sin que quienes les desafían hayan logrado mejorar la suya sustantivamente. En su opinión, todos han perdido, pero el daño que ellos experimentaron al perder la ventaja que les daba un sistema desigual, es mayor.
En buena medida, el repunte de las derechas en el mundo se alimenta del resentimiento y la nostalgia que provoca esta indefinición; hay quienes desean volver a la certeza de una época en la que había ganadores y perdedores claros. De alguna manera, todo parecía más ordenado entonces. El enemigo era evidente; primero, el mal patrón o el comunismo; después, con la primacía del individuo, uno mismo, el tamaño de sus límites o la ineficiencia de sus decisiones.
De alguna manera, los cinco mecanismos de opresión que identifica Iris Young4 se han reforzado: 1) las formas de explotación se diversifican; 2) unos carecen de todo poder de decisión, otros perdemos el que teníamos, incluso sobre asuntos de nuestra propia vida, mientras otros lo concentran desproporcionadamente; 3) la exclusión de sectores pauperizados persiste, aunque hayan encontrado una forma de participación en el consumo; 4) aunque con alteraciones y resistencias, permanece la impostura de la cultura dominante, en detrimento de las libertades y valores de grupos no hegemónicos; y 5) la violencia no sólo aumenta su legitimidad social y política, sino que ha construido para sí una pujante economía.
Quizá la búsqueda de un enemigo absoluto, total, sea uno de los rasgos más característicos del pensamiento conservador y su necesidad de organizar el mundo en dicotomías.
“Yo sostengo que el que transforma es feminista, el que transforma es honesto, el que transforma quiere al prójimo y a la naturaleza, el que transforma es profundamente humano, el que transforma es feliz. El conservador es otra cosa. No quiero aquí describirlos. Pero son clasistas, son racistas, son corruptos y quizá lo que más caracteriza al conservador es la hipocresía, el decir una cosa y hacer otra, el doble discurso”, dijo.
Cuando el presidente enlista las causas de lucha de diversos grupos, los “gremios”, los separa como si no tuvieran nada en común. Pero después los arroja juntos al saco gigante de la corrupción. Esta maniobra contradictoria —que en la lógica presidencial podría ser tildada de conservadora— no sólo es tal; también es una fórmula perfecta para la inoperancia absoluta. En su lugar, el presidente podría reconocer que hay (por lo menos) dos vías paralelas: el combate decidido a la corrupción y la construcción de mecanismos de justicia que atiendan las necesidades específicas de los grupos oprimidos, tanto en su especificidad, como en la humanidad que tienen en común.
Sí, es complejo.
Paloma Villagómez
Socióloga y poblacionista.
1 También es cierto que los presidentes anteriores no se exponían de esta manera al escrutinio público; quizá habrían perdido la templanza por igual. Este ejercicio agrega valor a la gestión, siempre y cuando las declaraciones encuentren una forma concreta y eficiente de acción pública que corrija el estado de las cosas.
2 Una llamativamente incompleta, considerando que una parte considerable de la violencia feminicida que viven las mujeres ocurre en espacios y relaciones domésticas, en las que la intervención de la fuerza armada podría ser un signo de que se llega tarde, sin omitir que no está exenta de señalamientos sobre sus propios abusos.
3 Para más sobre el tema, ver Fukuyama, Francis. (2018). Identity. The demand for dignity and the politics of resentment o Dubet, Francois. (2017). Lo que nos une. Cómo vivir juntos a partir de un reconocimiento positivo de la diferencia.
4 Young, Iris M. (2011). Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press.