México está atravesando por uno de los momentos más complicados de su historia moderna. Una economía estancada desde antes de la emergencia sanitaria y la recesión internacional provocada por la propagación del SARS-CoV-2 auguran un escenario catastrófico. Las estimaciones de contracción de la actividad económica para este año, medidas por la evolución del PIB, varían del 3.9 % calculado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 10 % pronosticado por Bank of America. En cualquier caso, el panorama es desalentador, pues dependiendo de la profundidad de la caída y de la velocidad de la recuperación, podríamos enfrentarnos a un sexenio con crecimiento económico nulo, lo que provocaría una caída del PIB per cápita de alrededor de 7.5 %.
Naturalmente, el sector privado, el gobierno de México y la academia están enfrascados en una discusión en torno al diseño y los alcances del programa de reactivación económica. Sin embargo, no debemos perder de vista que existe un problema estructural en la economía mexicana que, independientemente del “Gran Confinamiento”, ha provocado que en los últimos treinta y ocho años el país haya crecido únicamente 2.2 % como promedio anual.
El crecimiento económico de largo plazo de un país depende de la acumulación de factores de la producción (capital y trabajo) y de la productividad con la que se utilizan dichos factores. En el caso de México, existe un consenso en torno a que la caída en nuestra tasa potencial de crecimiento se debe a un estancamiento en la Productividad Total de los Factores (PTF). A pesar de que se han acumulado factores de la producción, sobre todo capital humano, la PTF ha decrecido 0.32 % como promedio anual entre 1991 y 2018 (INEGI, 2020).
Ilustración: Pablo García
Esta baja PTF es un reflejo de nuestra estructura productiva: la economía mexicana está constituida, en esencia, por una miríada de pequeñas unidades económicas de baja productividad. Para ilustrar este fenómeno, podemos señalar que de acuerdo con el Censo Económico 2018 del INEGI, de alrededor de 4.7 millones de unidades económicas registradas preliminarmente, 95 % eran micro y pequeñas empresas con hasta diez empleados. Por tipo de actividad, 43.4 % del total de empresas se dedicaban al comercio al por menor y 12.8 % en servicios de preparación de alimentos y bebidas. En términos de empleo, de alrededor de 26.5 millones de trabajadores registrados en este censo, 22 % laboraba en comercio al por menor y 8 % en preparación de alimentos y bebidas. Es decir, alrededor de 25 % de los censados trabajaban en pequeños comercios de baja productividad como tiendas de abarrotes, taquerías, fondas o zapaterías. Cabe aclarar que este ejercicio demoscópico subestima el número de personas que se dedican a este tipo de actividades, ya que no toma en consideración la venta de bienes y servicios que se realizan en la vía pública.
Dadas estas consideraciones, cabe preguntarse: ¿qué factores están provocando la multiplicación de estas pequeñas unidades económicas?, ¿cómo lograr que estos factores de la producción se reasignen a actividades más productivas?, ¿qué hacer para que surjan nuevas unidades económicas de alta productividad y para que las ya existentes se vuelvan más productivas?
En general, se han ofrecido tres respuestas a estas interrogantes, la más socorrida de las cuales subyace a la implementación del Pacto por México. Según esta visión —compartida por organismos multilaterales, académicos y políticos—, el país inició un cambio estructural en la década de los ochenta, con acciones como la privatización de empresas, la desregulación de mercados clave, o la liberalización comercial y financiera. Esta primera etapa tuvo su momento cumbre con la entrada en vigor del TLCAN, que sirvió como un mecanismo de consolidación de estos cambios institucionales. Sin embargo, debido a una “fatiga por reformar”, provocada por factores como la crisis económica de 1995, los escándalos de corrupción asociados a las privatizaciones, o la transición democrática, el cambio estructural se quedó trunco. Los intereses creados lograron detener el proceso de reforma, por lo que perduraron ineficiencias en mercados no sujetos a la competencia externa. No fue hasta el 2012, con la firma del Pacto por México, que las reformas microeconómicas de segunda generación pudieron ser implementadas.
De acuerdo con sus promotores, estas reformas conllevarían los siguientes beneficios: 1) un mercado laboral flexible; 2) una fuerza de trabajo educada; 3) mayores recursos fiscales para invertir en infraestructura, ampliar los programas sociales y fortalecer el Estado de Derecho, y 4) mercados eficientes de bienes y servicios no comercializables, telecomunicaciones, energía y servicios financieros. Al estimular la competencia económica, promover la acumulación de capital humano, eliminar distorsiones de precios relativos, disminuir los costos de transacción y fortalecer el Estado de Derecho, estas reformas abatirían los “costos de hacer negocios”. Con ello, las empresas tendrían incentivos para invertir e innovar, lo que incrementaría la PTF.
Algunas de estas reformas, como la de telecomunicaciones, tuvieron resultados positivos. Sin embargo, una mayor eficiencia en algunos sectores proveedores de insumos esenciales no ha sido suficiente para incrementar la PTF. ¿Por qué las reformas no funcionaron como se esperaba? Sus promotores podrían argumentar que la presente administración dejó sin efectos las reformas educativa y energética, por lo que no se dio tiempo suficiente para que rindieran efecto, además de que no se han cumplido prerrequisitos como la prevalencia del Estado de Derecho. En pocas palabras, los ceteris no fueron paribus.
La segunda explicación fue formulada por Santiago Levy (2010, 2018), quien afirma que la caída en la PTF está relacionada con la política de seguridad social y la forma en la que se financia. La seguridad social en México fue construida bajo una concepción “bismarckiana” en la que los beneficios (seguro médico, pensiones, guarderías, etc.) están asociados al estatus laboral: únicamente los trabajadores asalariados formales los reciben. Dado que en el país más del 55 % de la población ocupada labora en la informalidad, se han implementado una serie de políticas de “protección social”, como el Seguro Popular, que tienen por objetivo cubrir a las personas que no cuentan con un trabajo formal. A diferencia de la seguridad social contributiva, que es financiada casi exclusivamente por las contribuciones de las empresas y los trabajadores, la protección social es financiada en su totalidad con recursos fiscales. Ello provoca una distorsión en la estructura de costos del empleo, lo que lleva a los agentes racionales a preferir tanto la informalidad como relaciones laborales no salariales (comisionistas o empleo por cuenta propia), pues se grava al trabajo formal mientras se subsidia al trabajo informal. Esta distorsión genera una asignación de recursos que va en detrimento de la PTF, pues en general el sector informal es menos productivo que el formal. La solución estriba en eliminar los impuestos al trabajo formal y los costos del despido de trabajadores formales, en tanto se financia una política universal de seguridad social (incluyendo un seguro de desempleo) por medio de la aplicación generalizada del IVA.
Finalmente, la tercera explicación fue elaborada por el gran economista Jaime Ros. Ros (2013a) argumenta que el crecimiento de la productividad es una función del crecimiento económico; la PTF no ha crecido debido al estancamiento económico del país y no viceversa. Utilizando modelos de crecimiento endógeno que retoman las enseñanzas de los teóricos clásicos del desarrollo,1 Ros (2013b) muestra cómo en economías subdesarrolladas en las que coexisten sectores modernos con rendimientos crecientes a escala y sectores tradicionales que pueden proveer fuerza de trabajo a un salario real constante, la acumulación de capital tiene impactos positivos sobre la PTF.2 Para el autor, tanto la informalidad como la proliferación de pequeñas unidades económicas de baja productividad deben ser entendidas como una “tecnología de subsistencia”, derivada de que no existe suficiente capital para emplear rentablemente a todos en el sector moderno de la economía. Esta estrategia de sobrevivencia disminuye la PTF, ya que los factores de la producción (sobre todo trabajo) dedicados a estas actividades crecen más que los ingresos que se generan en las mismas (piénsese en la caída de ingresos de una tienda de abarrotes ante la multiplicación de este tipo de negocios en su colonia). La economía mexicana está inmersa en una “trampa de desarrollo”, pues la tasa de rentabilidad de la acumulación de capital es baja, a pesar de que existe relativamente poco capital por trabajador. La clave para salir de este equilibrio radica en implementar políticas que incrementen la tasa de retorno del capital, para lo cual Ros (2015) propone reformar el marco macroeconómico bajo el que opera el país, lo que implica modificar la política fiscal, monetaria, industrial, salarial y financiera.
Existen diferentes diagnósticos sobre las causas del estancamiento de la economía mexicana; las recomendaciones de política de cada uno de estos enfoques son distintas, por lo que los resultados dependerán de la ruta elegida. Para incrementar la PTF, ¿es necesario profundizar las reformas de segunda generación y fortalecer el Estado de Derecho?¿Modificar los esquemas de seguridad social, la regulación del mercado de trabajo y el sistema impositivo? ¿Reformar nuestro marco macroeconómico? ¿Una mezcla de las tres? De elucidar la respuesta de estas preguntas depende el futuro de México, por lo que resulta urgente convocar a una discusión nacional que ponga estas problemáticas en el centro de una agenda para el crecimiento económico inclusivo, mismo que brilla por su ausencia.
Anuar Sucar Diaz Ceballos
Economista de la Facultad de Economía de la UNAM.
Referencias
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Base de datos sobre productividad total de los factores, 2020.
Levy, Santiago, Good Intentions, bad outcomes, Brookings Institution Press, 2010.
Levy, Santiago, Esfuerzos mal recompensados: la elusiva búsqueda de la prosperidad en México, Banco Interamericano de Desarrollo, 2018.
Ros, Jaime, Algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México, Editorial del Colegio de México, 2013a.
Ros, Jaime, Rethinking Economic Development, Growth, and Institutions, Oxford University Press, 2013b.
Ros, Jaime, ¿Cómo salir de la trampa de lento crecimiento y alta desigualdad?, publicación conjunta, Editorial Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma de México, 2015.
1 Ros formaliza las ideas de economistas como Arthur Lewis, Rosenstein Rodan, Albert Hirschman, Nicholas Kaldor, entre otros.
2 Los rendimientos crecientes a escala se explican por externalidades pecuniarias (una mayor demanda de producto o la provisión de insumos a precios menores) o tecnológicas (entrenamiento en el trabajo o escalas óptimas de operación).