¿Cómo definir al régimen económico-político que se instauró en México a partir de la llamada “Crisis de la Deuda” de 1982 y su solución posterior? Francisco Durand1 caracteriza al régimen instaurado en el Perú en tiempo y circunstancia análogas, como la “República Empresarial”, un régimen preocupado esencialmente por la prosperidad de la gran empresa y –a veces- por cuajar fortunas privadas. Quizás esa categoría sea útil para entender al Estado mexicano contemporáneo, que (en 2021) está cerca de cumplir cuarenta años bajo este régimen.
1982 es el año en que se evidencia la derrota del intento mexicano de alcanzar el desarrollo económico y social, con cierto grado de autonomía respecto de “las potencias extranjeras” (como se escribía en el siglo XIX) y de los grandes capitales multinacionales (como se escribía en el siglo XX). Diversas fuerzas externas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de los EE. UU., la OECD, aliadas con los grandes grupos de poder económico nacionales, las organizaciones empresariales, los partidos y organizaciones de derechas, han configurado un Estado débil, que aboga por los intereses de estos grupos.
La ciencia económica es un punto de apoyo para el discurso del régimen, nutrido en ciertas universidades privadas nacionales, que a su vez abrevan en el saber cultivado en los EE. UU. María Eugenia Romero Sotelo2 estudia cómo se construyó este proyecto de nación, a partir de los años 1930, opuesto al propósito de desarrollo apoyado por el Estado. Ha sido un proyecto basado en las ideas libertarias. La Crisis de la Deuda de los años 1980 abrió la oportunidad para poner en práctica este plan proempresarial, en consonancia también con los acontecimientos en la economía mundial (es decir, México no es un caso único en el mundo o en el continente). Entonces, las instituciones financieras multilaterales impulsaron la práctica de unas políticas económicas que modificaron las estructuras productivas nacionales en diversos países, que hasta entonces se industrializaban, privilegiando la rentabilidad del capital privado sobre el bienestar social, así como las relaciones con la economía mundial, por encima de la autonomía nacional.3
Ilustración: Fabricio Vanden Broeck
La República Empresarial ha patrocinado la integración económica de México con los EE. UU.; a partir de allí los beneficiarios del régimen han procurado el avance de tal convergencia hacia otras esferas, como la cultural, el combate al crimen organizado o la impartición de justicia. La élite desea –a veces– y demanda –otras– que sea el gobierno de ese país el que se encargue de dar solución a cuestiones nacionales. A partir de 1982 se ha instalado la convicción de que ésa es la mejor salida. No hay discusión sobre las consecuencias presentes o futuras sobre la población mexicana.
Da la impresión de que los grandes empresarios preferirían también la integración territorial con los EE. UU., o al menos la integración del pequeño grupo beneficiario. Nombran a sus empresas en inglés, educan a sus hijos en ese idioma, al igual que hacen la publicidad de los productos de lujo (en su mentalidad, solamente dirigidos a ellos mismos). Parece que esos detalles les permiten hacerse la ilusión de estar “allá”, aunque la realidad les obliga a estar “acá”. Como piedra de toque de las políticas económicas de la República Empresarial se erige el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y su nueva versión, el TMEC. La llamada “negociación” de este último confirmó que la élite se acomoda al espacio que le permite el juego de la nueva metrópoli, que en realidad no tiene por qué permitir mayores márgenes de maniobra al país.
La incapacidad de la economía para crecer, para ofrecer empleo a la población en rápida expansión (67 millones en 1980 y 127 millones en 2020, según la Conapo), por ejemplo, han salido de la agenda de la política económica. El punto es ofrecer estabilidad a la gran empresa privada. En los años 1980 el nuevo régimen diseñó y llevó a cabo un vasto programa de privatizaciones de las empresas públicas, a favor del rápido beneficio de los compradores, a partir de entonces las relaciones económicas entre los organismos públicos y las empresas privadas han atendido sobre todo a los intereses de éstas. Ante la ausencia de un derrotero nacional o de un propósito colectivo de las políticas de Estado, todo gira en torno a las oportunidades de negocios lícitos o ilícitos. Desde este punto de vista, el desarrollo económico no interesa, si acaso la política social ofrece transferencias a los pobres a modo de mitigar este fenómeno indeseado; sin duda, otro aspecto del libertarismo imperante.
En efecto, la economía sufre de un perpetuo estancamiento como consecuencia de unas políticas que insisten en privilegiar el espacio de la inversión privada y las exportaciones como fuerzas motrices. La inversión pública, que fue siempre un pilar del crecimiento y del desarrollo, se encuentra relegada. Es la ideología del “Estado subsidiario”, acorde con la idea de la libertad individual como bien supremo, la que impera. A partir de 2018 ello ha sido reforzado por la idea del “Estado austero”. Por el momento (2020), las autoridades no aceptan discutir con la sociedad cómo y para qué crecer más rápidamente y concentran sus esfuerzos en transferir recursos a algunos grupos sociales, sin importar si es factible diseñar una política totalizadora del desarrollo que –como consecuencia– termine con el fenómeno de la pobreza. Hace mucho tiempo que la política económica ha renunciado a emplear los instrumentos fiscales para cualquier efecto: la idea es que el control de la inflación garantiza las condiciones para que el sector privado elija su mejor conducta.
En México ocurrió un casi imperceptible recambio en la élite política a partir de 1982. Por ejemplo, los secretarios de Estado (particularmente aquellos ligados con los aspectos económicos) se han educado en selectas universidades en los EE. UU., donde han aprendido acríticamente los secretos de la ciencia, siempre afín a los intereses empresariales.4 Algunos de tales funcionarios también tienen antecedentes laborales con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, instituciones que han apoyado activamente la difusión del libertarismo económico por el mundo. La élite económica ha recibido a estos miembros de oro de la burocracia con los brazos abiertos y a veces es difícil distinguir los intereses de unos y otros. Ambos grupos comparten los valores del dinero y el poder ilimitados. Las asociaciones entre políticos y empresarios son ahora normales y también unos y otros intercambian sus puestos.
El Estado ha sido debilitado y las instituciones han perdido presencia, cuando no han sido inutilizadas o suprimidas. Ello se ha reflejado en el descontrol de la sociedad, que ha perdido el sentido de la ley y el orden (¿alguna vez lo tuvo?). Las bandas criminales han tomado el control de diversas regiones del país y no parece que las autoridades tengan (o hayan tenido alguna vez) un diagnóstico de la situación, sus causas o formas posibles de solución. Los grandes empresarios, los altos funcionarios, los ricos, y quien pueda, compran propiedades en EE. UU., principalmente como medio de proteger su patrimonio y también como medio de asegurar su posición social. Con frecuencia estas compras se financian con recursos que no pertenecen a esos funcionarios, pero la sociedad no parece desaprobar el origen de los fondos invertidos. Los poderosos mudan a sus familias al extranjero (vox populi sabe y sabe a dónde) porque, de acuerdo con su discurso, “en México es imposible vivir: hay demasiada violencia e inseguridad”. No reconocen que ello es consecuencia del modelo económico-político-social adoptado y que favorece a sus intereses económicos. Nadie parece capaz de relacionar las causas y las consecuencias de los males que nos aquejan.
En efecto, el Estado (o sus restos) ha sido el botín de los altos funcionarios y grandes empresarios. Los escándalos de lo que la prensa denomina “corrupción” son el pan de cada día. Curiosamente de allí no pasan tales “destapes”. El sistema judicial ha colapsado y los grandes casos no prosperan, que para ello sirven los procesos de amparo y las faltas al debido proceso; por último, los acusados se convierten en testigos privilegiados. Es improbable que los sindicados en estos delitos pisen las cárceles que, sin embargo, se encuentran saturadas de quienes no pueden comprar una tajada de justicia. Las agencias policiacas de los EE. UU., que funcionan en México sin restricciones, se encargan de las grandes contravenciones a la ley, mientras los grandes casos se instruyen preferentemente en Nueva York.
Los beneficiarios de la República Empresarial se encuentran incómodos y alarmados (en 2020) ante el gobierno instaurado en 2018. Encuentran que el discurso presidencial es ofensivo, que sus políticas les han descolocado, que no son bienvenidos entre los círculos donde se mueven los altos funcionarios. Es cierto, quizás el presidente no comparta los valores del poder y del dinero, como antes, pero pocos grandes empresarios aprecian que lo fundamental no ha cambiado y no hay planes concretos para modificar nada de lo esencial; la República Empresarial continúa intocada. Quizás haya un mayor énfasis en lo “social” y menos en lo económico, pero poco más. Puede hacerse un breve repaso de los temas discutidos en este texto: La política económica no ha variado, si bien han reasignado el gasto público hacia el gasto social; no existen planes para modificar la política fiscal; la inversión pública no ha crecido y no ha retomado su papel de dinamizador la economía; no existe preocupación alguna por reemprender el desarrollo; la desinstitucionalización sigue su curso (en el nombre de la austeridad), las relaciones con la economía mundial están intactas, la integración con los EE. UU. permanece incólume, el sistema de justicia no se ha reformado. En suma, la República Empresarial sigue saludable.
Fidel Aroche Reyes
UNAM.
1 Durand Francisco “Se acaba la República Empresarial” 20.11.20 OtraMirada, recuperado el 20 de noviembre de 2020.
2 Romero Sotelo María Eugenia (2016) Los orígenes del neoliberalismo en México. La Escuela Austriaca. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica.
3 Aroche Reyes Fidel y Ugarteche Galarza Oscar (2020) “Export-led stagnation. Theory and Mexican Evidence. Mimeo: UNAM.
4 Los secretarios de Hacienda bajo el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) fueron: Jesús Silva y Gustavo Petricioli, quienes estudiaron en la Universidad Yale, en EE. UU. Recuperado el 20 de noviembre de 2020.
Entre 1988 y 2020 ha habido 11 Secretarios de Hacienda, siete estudiaron la licenciatura en el ITAM, dos son doctores en economía egresados de la Universidad Yale, dos de la Harvard, dos de la Universidad de Chicago y el resto, de otras instituciones, todas en EE. UU. Recuperado el 20 de noviembre de 2020.