El pasado 24 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo en el caso Dobbs V. Jackson Women’s Health Organization, lo que trajo consigo la derogación del derecho al aborto en Estados Unidos a nivel federal. Como resultado, cada estado quedó libre de regularlo en la forma en que considerara pertinente. Hacia finales de julio, ocho estados de EE. UU. ya habían prohibido el acceso legal a un aborto,1 en tres más la prohibición fue bloqueada por las cortes estatales y en otros cuatro se espera que las prohibiciones entren en efecto próximamente. Las implicaciones de estas prohibiciones sobre la vida de millones de mujeres son múltiples, pero en este breve texto me gustaría centrarme en una dimensión particular: la autonomía económica.
La autonomía económica es la capacidad de una persona de obtener por su propia cuenta un ingreso.2 De esa definición se desprende que la autonomía económica depende de la participación laboral de la persona, de las calificaciones que ésta tenga y de cómo el mercado laboral valore dichas calificaciones.3 En tanto que vivimos en una sociedad que organiza el acceso a bienes y servicios mediante mercados, la autonomía económica es un prerrequisito para que las personas puedan realizarse como tales. Sin ella, las personas no pueden adquirir los bienes y servicios que le permiten satisfacer aquellos elementos que les constituyen y les permiten la realización de sus deseos y propósitos.4
Partiendo de estos elementos, varios estudios en economía se han enfocado en identificar si es que las restricciones en el ejercicio al derecho a decidir impactan en alguno de los elementos constituyentes de la autonomía económica de las mujeres (educación, participación y trayectoria laboral). Vale la pena reseñarlos y tener fresca la evidencia que aportan no sólo por los recientes cambios en Estados Unidos, sino porque en el caso mexicano la mayoría de las mujeres vive en entidades federativas en donde el acceso a la interrupción legal del embarazo se encuentra de una forma u otra restringido.
En el caso de la educación, Angrist y Evans5 analizan el efecto que tuvo la eliminación de múltiples restricciones en el acceso al aborto en quince estados de EE. UU. entre 1967-1973. Al enfocarse en el periodo previo a la entrada en vigor del veredicto de Roe V. Wade, los autores pueden comparar el logro educativo de las mujeres provenientes de estos quince estados con el de mujeres provenientes del resto de EE. UU. Los autores encuentran que la reducción en las restricciones en el acceso al aborto trajo consigo un incremento en la escolaridad de las mujeres afroamericanas, no así en el caso de las mujeres blancas. El efecto no es menor, pues implicó un incremento de 3.7 % en la probabilidad de que una afroamericana entrara a la universidad, y 9.6 % en la probabilidad de que una afroamericana terminara ese nivel de estudios. En estudios más recientes, Lindo y coautores,6 así como Jones,7 confirman este patrón de hallazgos. Jones se concentra, particularmente, en analizar los efectos de un acceso más libre al aborto sobre los resultados socioeconómicos de mujeres que tuvieron un hijo antes de los 24 años. La autora muestra que la probabilidad de que una afroamericana de esta subpoblación llegara a la universidad se incrementó entre 130 y 200 %; y la probabilidad de que terminase la universidad se incrementó entre 200 % y 300 % como resultado de la relajación en las restricciones al aborto.
En el caso de la inserción laboral, Kalist8 utiliza un enfoque similar al de Angrist y Evans para identificar el efecto de los cambios en la legislación estatal respecto al aborto. Los hallazgos del autor son consistentes con los que se observan en educación. En el caso de las mujeres afroamericanas, la relajación de las restricciones en el acceso al aborto trajo consigo un incremento de 6 % en la probabilidad de participar en el mercado laboral. En el caso de las mujeres blancas, el incremento es cercano a 2 %. Jones encuentra también un efecto positivo sobre la probabilidad de estar empleada a los 24-44 años, siendo este efecto de 38 % para las mujeres que tuvieron un hijo antes de los 24 años. De igual forma, Jones encuentra que la exposición a un régimen menos restrictivo de acceso al aborto durante la adolescencia permitió a las mujeres que tuvieron un hijo antes de los 24 años insertarse con mayor facilidad en ocupaciones de corte administrativo. Al igual que en los casos anteriores, los efectos son mayores para las mujeres afroamericanas.
Estos estudios se centran en analizar el efecto de eliminar restricciones absolutas o casi absolutas al acceso al aborto. Es decir, el escenario opuesto al que hoy está ocurriendo en Estados Unidos. Sin embargo, ese no es el único tipo de restricciones que a lo largo del tiempo se fueron imponiendo al acceso a un aborto. La más común, al menos mientras el veredicto de Roe V. Wade seguía vigente, eran las regulaciones específicas para los proveedores de servicios de aborto. Estas regulaciones están diseñadas para reducir el número de proveedores de estos servicios en un estado al introducir regulaciones sobre la distancia entre proveedores, las características de las instalaciones y el personal, entre otras.
Dos estudios analizan el impacto de estas regulaciones sobre el logro educativo y la progresión laboral de las mujeres. Jones y Pineda-Torres9 encontraron que, de 1992 en adelante, las mujeres que durante su adolescencia habitaban en estados que adoptaron estas regulaciones, la probabilidad de terminar preparatoria y universidad se redujo. Las más afectadas por estas medidas fueron las mujeres afroamericanas. De igual forma, Bahn y sus coautoras10 encuentran que este tipo de leyes redujo la movilidad ascendente de las mujeres en términos ocupacionales. Es decir, las adolescentes que crecieron en estados en donde este tipo de regulaciones existían, tienen una menor probabilidad de ascender a posiciones de mayor estatus en sus trayectorias laborales.
Todas estas investigaciones arrojan un resultado claro: la introducción de restricciones al ejercicio del derecho a decidir de las mujeres resulta en una menor autonomía económica para ellas. La implicación es que este tipo de restricciones limitan las oportunidades de las mujeres para desarrollarse en los ámbitos y en las formas en que ellas desean. En ese sentido, se trata de instituciones formales que acrecientan la desigualdad de oportunidades a la que ya se enfrentan las mujeres.
Luis Ángel Monroy-Gómez-Franco
Doctor en economía por el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York
1 Cuatro de estos estados (Alabama, Arkansas, Misuri, y Dakota del Sur) impusieron una prohibición total. Es decir, incluso en casos de violación o incesto, una mujer no tiene derecho a tener acceso a un aborto. En el caso de Mississippi, la prohibición considera una excepción en caso de violación, pero no de incesto.
2 Ver: Nussbaum, M. “Capabilities as fundamental entitlements: Sen and social justice”, Feminist Economics, 9 (2-3), 2003, pp. 33-59; McMann, K. M. “The Concept of Economic Autonomy”, Economic Autonomy and Democracy: Hybrid Regimes in Russia and Kyrgyzstan, Cambridge University Press, pp. 28–43, 2006.
3 La expresión “cómo el mercado laboral valore dichas calificaciones” se refiere a la demanda existente por trabajadores con ciertas calificaciones, así como por la oferta existente de trabajadores con esas características. Por economía de espacio en el texto principal emplee la expresión mencionada.
4 Sen, A. Commodities and Capabilities, Amsterdam, North-Holland, 1985.
5 Angrist, J., y Evans, W. “Schooling and labor market consequences of the 1970 state abortion reforms”, Research in Labor Economics, vol. 18, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, 2000, pp. 75-113.
6 Lindo, J. M., Pineda-Torres, M., Pritchard, D., y Tajali, H. “Legal Access to Reproductive Control Technology, Women’s Education, and Earnings Approaching Retirement”, AEA Papers and Proceedings, 110, 2020, pp. 231-35
7 Jones, K. “At a Crossroads: The impact of abortion access on future economic outcomes”, Working Paper No 2021-02, American University, Department of Economics, 2021.
8 Kalist, D. “Abortion and female labor force participation: Evidence prior to Roe v. Wade”, Journal of Labor Research, 25, 2004, pp. 503–514
9 Jones, K., y Pineda-Torres, M. “Trap’d Teens: Impacts of Abortion Provider Regulations on Fertility & Education”. IZA Discussion Paper No. 14837, 2022.
10 Bahn, K., Kugler, A., Holly Mahoney, M., y McGrew, A. “Do US TRAP Laws Trap Women Into Bad Jobs?”, Feminist Economics, 26(1), 2020, pp. 44-97.