En el choque de propuestas entre medir la riqueza de las personas o su nivel de felicidad hay un trasfondo político que revela concepciones disímbolas del quehacer económico gubernamental. En la economía política, la cuantificación de la riqueza es un ejercicio que encamina a transformaciones radicales, mientras que el cálculo de la felicidad conduce, fácilmente, a un penoso conservadurismo.
Conocer la magnitud de la riqueza permite identificar un poder económico concentrado que hay que limitar. Sondear el nivel de la felicidad, en contraste, ayudaría a disimular insatisfacciones ante lo poco que se hace. Medir los activos físicos y financieros fortalece el sistema impositivo, con pruebas de consistencia entre lo que se posee y lo que se declara ganar, y facilita la progresividad fiscal. Tantear lo subjetivo, en cambio, puede confundir el conformismo en la pobreza con consentimiento, y la satisfacción en el ámbito personal con un logro del gobierno.
Ilustración: Oldemar González
El asunto cobra relevancia ante las propuestas de los liderazgos del partido oficial. Por un lado el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, quiere elevar a nivel constitucional la facultad y la obligación de estimar la concentración de la riqueza por parte del INEGI. Por el otro, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma estar trabajando en un índice alternativo al PIB para medir el bienestar, en donde jugaría un papel central la “felicidad del pueblo”.
Las propuestas, venidas del mundo de la política, no dejan de tener sus fallas de origen. Por una parte, el presidente del partido parecía dar a entender que el INEGI debería entrar a los hogares del país para constatar lo que poseen y dar a conocer el patrimonio de cada mexicano, lo cual generó una comprensible reacción en contra ante las evidentes fallas de comunicación de lo que se proponía. Esto fue subsanado aclarando que el objetivo era dotar de las facultades necesarias al INEGI, o incluso al Banco de México, para hacer acopio de los registros administrativos y los datos que permitieran calcular la desigualdad de la riqueza, aunque respetando la confidencialidad de la información personal.
Por otra parte, López Obrador, redescubría las limitaciones del PIB como medida del bienestar, advertidas desde los años cuarenta del siglo pasado y profundizadas en las siguientes décadas . Sin embargo, más desconcertante fue que propusiera contribuir a un nuevo parámetro en el mundo para saber si realmente hay bienestar, algo que “no les va a gustar a los tecnócratas”, pero que en realidad sería una adición a las más de cien medidas alternativas al PIB que se han planteado con rigurosidad técnica y que, en distintos grados, se han adoptado en el planeta, según documentan las Naciones Unidas.
Estos tropiezos o redundancias no deben distraer de la seriedad de las respectivas agendas. Tampoco deben confundirse con fallas en la filosofía y la ciencia que pueden respaldarlas, las cuales van más allá de intenciones políticas particulares. Este conocimiento considera que las fuentes del bienestar son múltiples, ligando recursos (activos generadores de ingreso, el cual puede gastarse en bienes y servicios a consumir), libertades y derechos (basados en la protección a la autonomía y la provisión de oportunidades de vida de las personas) y percepciones subjetivas (que traducen lo experimentado a sensaciones cotidianas de placer y hasta en un sentido de la existencia). El bienestar económico, de calidad de vida y subjetivo se unen para dar una rica visión del bienestar (ver diagrama).
En la primera década del siglo, a nivel mundial, el Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo y el Progreso Social compuesta por los premios Nobel de Economía Amartya Sen y Joseph Stiglitz, y el profesor Jean Paul Fitoussi, recomendó enfatizar el papel de la desigualdad en la riqueza y conocer mejor las valuaciones personales de lo vivido. En el caso de México, aún queda mucho por hacer en estas áreas, particularmente en la medición de la riqueza, si bien esta agenda avanza con los trabajos de la CEPAL y el INEGI documentando la fuerte concentración de la riqueza física y financiera, y la alta satisfacción con la vida que tienen los mexicanos, principalmente por sus lazos familiares y afectivos.
Profundizar en la medición de la riqueza y su desigualdad tiene como primera consecuencia dimensionar la enorme concentración del poder económico. Los cuatro hombres más ricos de México han llegado a tener una riqueza conjunta que requeriría de casi el 10 % del PIB del país de un año para alcanzarla, de acuerdo al estudio pionero de OXFAM-México. Sin embargo, esto es un asunto que rebasa a un puñado de personas. De acuerdo a un calculo propio realizado para el CEEY, más del 80 % de la riqueza financiera neta y casi 40 % de la riqueza física estarían en manos del 10 % más rico de la población. Esto significa que 57 % de la riqueza neta está en manos de ese grupo.
Conocer la dimensión de un poder que puede desafiar el del Estado es importante en sí mismo, y es el primer paso para examinar posibles prácticas contra la competencia económica, la captura de los órganos y funciones de gobierno y, en general, la compenetración del poder económico en el poder político para beneficio del primero, en lo que se conoce como el “capitalismo de cuates”. Este paso puede llevar a acciones para limitar el poder de manipular mercados y contener la indebida influencia política de los más ricos, incluyendo el planteamiento de impuestos progresivos a la riqueza, cuya posibilidad se discute cada vez de forma más abierta (ver los casos de The Economist y el Fondo Monetario Internacional).
En el debate de los impuestos a la riqueza suele enfatizarse su dificultad para hacerlos efectivos, especialmente a las herencias y a la elusiva riqueza financiera. Sin embargo, los gravámenes a la propiedad inmobiliaria o de vehículos, como el predial o la tenencia, son menos escurridizos. En el caso de México, la riqueza física del decil más rico es mayor que su riqueza financiera (ver gráfica), por lo que si quisiera gravarse particularmente a este grupo habría una buena base tributaria a considerar, misma que la OECD ha considerado como desaprovechada en comparación a otros países. Pero incluso si no se decidiera gravar la riqueza, conocerla ayudaría a dar cuenta del agregado de los enriquecimientos inexplicables, en donde se acumulan activos financieros, casas o edificios que no corresponden a las percepciones totales de las personas, algo que puede incluir desde el fútbol hasta la función pública y la política.
Del cálculo de la riqueza no sólo surge cierto pragmatismo para el quehacer público, sino también una visión más profunda de la polarización social que priva en el país, y que apenas suele tocarse con distinciones políticas o ideológicas.
Las divisiones de clase basadas en el control de la propiedad, como originalmente fueron concebidas en el ámbito de la economía política, son clave para un mejor entendimiento de los conflictos sociales. El estudio del CEEY, El México del 2018, examina la composición de la sociedad mexicana en estos términos encontrando que la clase media, aquella con una riqueza con la que podría autoemplearse, ha aumentado levemente, aunque deteriorando su riqueza promedio. Quizá mas importante es que aquellos con mayor riqueza relativa han disminuido su número y se han distanciado notablemente respecto a los que comparativamente menos riqueza tienen. La polarización económica entre clases ha aumentado.
La medición de la felicidad lleva a caminos menos espinosos. Para empezar, la desigualdad es severamente atemperada al utilizar escalas de satisfacción de vida idénticas para todos, por ejemplo de 0 a 10, lo que implica que una persona inmensamente feliz, para la que el 10 de satisfacción es pálido reflejo de su éxtasis, cuenta lo mismo que una apenas contenta para declarar el mismo número. El problema no es que las satisfacciones no puedan ser iguales, sino que de entrada se comprimen artificialmente las diferencias. Medir la desigualdad de la felicidad, como se mide la de la riqueza, es prácticamente imposible.
Una segunda diferencia es que, mientras la información de activos físicos y financieros se centra en lo económico, la felicidad abarca otras “esferas y dominios” que van más allá de las condiciones materiales de vida, como las relaciones afectivas, las relaciones sociales y el entorno en que se habita. Ésta es una gran riqueza de información, siempre y cuando no se confunda que el bienestar subjetivo proviene mayoritariamente de dimensiones poco relacionadas con la política económica. De hecho, menos de una cuarta parte de la satisfacción percibida subjetivamente está determinada por la situación de la economía personal (ver El Bienestar Subjetivo en México cap. 4).
El poco peso que lo económico tiene en el bienestar subjetivo no significa que no haya una conexión entre ambos. Las personas pobres extremas, en el sentido de tener un ingreso insuficiente para comprar alimentos indispensables y carecer de la mayoría de las libertades efectivas y derechos considerados por el Coneval, reportan un 85 % de la satisfacción percibida por alguien no pobre, es decir, ni vulnerable por carencias ni por ingreso. En algunos ámbitos, como la satisfacción con el país o la seguridad pública, la pobreza se asocia con una mayor percepción de bienestar que cuando no se es pobre (El Bienestar Subjetivo en México , cap. 5).
Un posible uso político de la felicidad sería alejar de la deliberación democrática la desigualdad, las clases sociales y sus conflictos, centrando la discusión pública en la promoción de valores individuales, familiares y sociales conducentes a sentirse bien, y en ajustes de expectativas que hagan más tolerables las carencias materiales, de libertades efectivas y de derechos sociales. En tal discurso, la acusación de mafias del poder económico sería retórica, una reforma fiscal innecesaria, la promoción de la competencia económica algo demasiado abstracto, y el conformismo en la pobreza una virtud.
En resumen, si se quiere construir un estado de bienestar al que más contribuyan los que más tienen, donde se contenga la concentración de poder económico y se promueva una mayor competencia en los mercados, la medición de la riqueza es fundamental. Si el proyecto es construir una república amorosa, en la que el pueblo esté satisfecho, compensando la falta de bienestar económico con afectos familiares, y donde la pobreza impulse una buena percepción de la marcha del país, la medición de la felicidad ofrece, involuntariamente, elementos para tal proyecto.
Rodolfo de la Torre
Coordinador Especialista en Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.