La crisis por la pandemia ha dejado en claro las consecuencias económicas y financieras de no prevenir y manejar adecuadamente los riesgos inherentes al deterioro de los bienes globales. Al igual que la salud, el cambio climático es un bien global y, cada vez más, el sector financiero lo reconoce como un riesgo sistémico que impacta los mercados de capital. La tendencia creciente de los compromisos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de países y empresas provocó una participación sin precedente del sector financiero en la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow (COP26). Pero, en este contexto global, vale la pena preguntarse cuáles son los alcances de la COP26 para el sistema financiero.
Ilustración: Patricio Betteo
Para dimensionar la importancia de la COP26 hay que destacar sus principales antecedentes. El pilar de las 26 conferencias de cambio climático, organizadas a la fecha, es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se aprobó en 1992 y entró en vigor en 1994 con el objetivo de estabilizar las concentraciones de GEI que provocan el calentamiento global.
La CMNUCC integra la participación de 195 países (conocidos como “partes”) y dos órganos subsidiarios: uno de Implementación (SBI) y otro de Asesoramiento Científico y Tecnológico. Además, cuenta con dos instrumentos de implementación: el Protocolo de Kioto (CMP) de 1997 y el Acuerdo de París (CMA) de 2015. La COP es el órgano supremo para la toma de decisiones de la CMNUCC, así como de sus órganos subsidiarios.
México firmó y ratificó la CMNUCC y ambos instrumentos de implementación. Las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Relaciones Exteriores coordinan la participación de México en los acuerdos de cambio climático. La firma e implementación del Acuerdo de París y los demás compromisos de cambio climático han permitido a México, y a otros países, fortalecer sus capacidades de gestión y conocimiento de cambio climático. Hemos desarrollado inventarios de emisiones de GEI por sector de actividad económica e indicadores de vulnerabilidad ante este fenómeno que integran información sobre pobreza multidimensional, biodiversidad, deforestación, áreas de conservación e impacto en infraestructura pública estratégica.
Mientras que en el Protocolo de Kioto sólo los países industrializados suscribieron compromisos de reducción de emisiones, el fortalecimiento de capacidades y la profundización del conocimiento climático habilitaron a los países en vías de desarrollo a comprometerse a metas de reducción de GEI en el Acuerdo de París. Además, se ha hecho evidente que el cumplimiento de dichos objetivos requiere de la movilización de capital financiero para implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
La COP26 fue la COP del financiamiento. La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que la inversión requerida para cumplir con la meta global de reducción de emisiones establecida en el Acuerdo de París asciende a 5 billones de dólares anuales, equivalente a cinco veces el PIB de México. Sin embargo, la única meta cuantitativa de financiamiento que se ha establecido en los acuerdos de cambio climático es la de movilizar 100 000 millones de dólares al año de fuentes públicas, a partir de 2020, que representa menos de 1 % de la necesidad requerida según la IEA. Por ello, el cumplimiento adecuado del Acuerdo de París necesitará una movilización sin precedente de capital privado.
El escepticismo de las nuevas generaciones a este tipo de cumbres se debe a una falla en la capacidad de respuesta ante la urgencia de la crisis climática, el monitoreo y el cumplimiento de los compromisos, ya sean obligatorios o voluntarios. Al respecto, la agenda de finanzas sostenibles está promoviendo una transición de compromisos voluntarios a obligatorios para el sector privado. El reto será cómo traducir esos compromisos en acciones creíbles y ambiciosas.
Algunos de los compromisos que surgieron como parte del Día de Finanzas, organizado por Reino Unido como presidente de la COP este año, son los relativos a la Alianza Financiera de Glasgow para las Cero Emisiones Netas (GFANZ) y la fundación de la Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB).
Un componente central del monitoreo y la rendición de cuentas del cumplimiento de los compromisos que establecen los gobiernos y empresas en estas cumbres es la definición misma de financiamiento climático (uno de los pilares de las finanzas sostenibles). Una definición básica en este sentido permitirá identificar las fuentes de financiamiento necesarias para que los países en desarrollo puedan cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, sin que la restricción presupuestaria y otras necesidades de política pública sean un impedimento para avanzar en sus medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
La capacidad de respuesta oportuna y equitativa requiere otorgar la misma prioridad a la reducción de las emisiones GEI que a la adaptación a los impactos económicos crecientes del cambio climático. Para ello, será necesario acordar metodologías y criterios de asignación de capital financiero que permitan a los países participar tanto en la solución de las causas como de los efectos del cambio climático. También se requerirá de métricas estándar que permitan corroborar que el sector privado efectivamente está cumpliendo los compromisos de acción climática.
Sin duda, uno de los resultados más notables de la COP26 fue la aprobación del llamado Reglamento de París. Después de seis años de negociaciones, se alcanzó un acuerdo sobre las normas para operar los mercados de carbono contenidas en el Artículo 6 y que harán operativo el Acuerdo de París. Los resultados de la COP26 quedaron formalizados en el Pacto Climático de Glasgow que se aprobó el sábado 13 de noviembre, tras los polémicos posicionamientos de India y China sobre carbón y combustibles fósiles.
Para México, enfrentar el cambio climático representa una oportunidad para una transformación económica del país que permita enfrentar los retos actuales y futuros. Los efectos del cambio climático revelan problemas estructurales en la sociedad mexicana, en donde rasgos de la desigualdad y la pobreza, como la vulnerabilidad de las estructuras urbanas y la falta de ahorros para hacer frente a desastres naturales, se ven exacerbados debido a los desequilibrios ecosistémicos. Al mismo tiempo, es necesario reconocer que esos desequilibrios son resultado de un modelo de crecimiento económico global y nacional que no ha considerado los límites planetarios y los puntos de no retorno de los sistemas que sostienen la vida. Los grupos más vulnerables, como las mujeres y las comunidades indígenas, son los primeros en resentir los impactos.
Las decisiones económicas de los próximos años, tales como la distribución del presupuesto anual y el diseño de los programas sociales, deben tomar en cuenta los riesgos físicos y económicos que enfrentarán los mexicanos y las mexicanas. Se debe reforzar el financiamiento de iniciativas encaminadas a sistemas energéticos y de producción más sostenibles y se requiere aumentar los recursos destinados a reparar los daños de los desastres climáticos; asimismo, programas como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro deberían replantearse con mayor énfasis en el papel que pueden tener para la reconstrucción y prevención del deterioro medioambiental.
La transición sostenible será una realidad solamente con líderes informados y sensibles a las necesidades presentes y futuras de sus poblaciones, y atendiendo de manera oportuna los retos sociales, ambientales y económicos. Es inaplazable que la juventud tome un lugar de liderazgo en estos espacios de decisión, pues somos quienes vivimos y viviremos los efectos del cambio climático. Una conferencia no puede evitar la extinción de la humanidad. Sólo el trabajo y seguimiento continuo de todas las partes, públicas y privadas, podrán asegurar que los compromisos y declaraciones políticas y económicas se traduzcan en acciones concretas que lleven a estabilizar la temperatura del planeta.
Enrique Lendo
Coordinador de Finanzas Sostenibles, Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas
José Luis Reséndiz
Director de ESG Latam e Investigador en el Grupo de Finanzas Sostenibles de la Universidad de Oxford
Aranxa Sánchez
Economista por la UNAM, Integrante de Democracia Deliberada, y cofundadora de Menstruación Digna México