Puede ser que la crisis por la que atraviesa nuestra economía sea la peor de los últimos cien años, pero no es una consecuencia de la pandemia, como muchos lo creen. La crisis sanitaria solamente ha puesto al descubierto los problemas estructurales de la economía mexicana. Problemas que, por ejemplo, han mantenido a las mujeres fuera de la fuerza laboral, lo que, a su vez, según el IMCO, ha provocado históricamente una pérdida del 15 % de nuestro PIB potencial; en ese mismo sentido, lo que la economía dejará de ganar en 2021 es todavía más, dados los estragos que ha causado la pandemia, tanto en empleos como en vidas.

Ilustración: Raquel Moreno
Durante la contingencia por covid-19, los sectores que han registrado mayores pérdidas económicas están representados, en su mayoría, por mujeres. Es cierto que la crisis sanitaria ha empeorado los problemas del mercado laboral e incrementado la informalidad pero, al mismo tiempo, ha empeorado las brechas de género. Los problemas que las mujeres enfrentan para incorporarse —o reincorporarse— a la fuerza laboral no son consecuencia de esta crisis: son estructurales y han persistido por años en la economía mexicana. Las medidas gubernamentales actuales no han sido —ni serán— efectivas para contrarrestar la pérdida de empleos ni garantizar el bienestar de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana: las mujeres.
Durante 2020, la economía mexicana, como la economía global, registró una fuerte contracción, sobre todo como consecuencia del deterioro de la masa salarial de los hogares (-2 % del PIB entre el primer y tercer trimestre de 2020), la disminución en el consumo privado (-13.3 % anual), la caída en la producción de actividades de los sectores secundario y terciario (-3.2 % y -5.2 % anual, respectivamente), así como de la caída en la inversión privada (-33.7 % anual). Aun con el aumento en el gasto público programable, las medidas económicas anunciadas por el gobierno para la contención de la pandemia no lograron reactivar la economía, además de que han empeorado las condiciones socioeconómicas de la población: según las estimaciones del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, existe el riesgo de que 20 millones de mexicanos se sumen a la pobreza durante 2021. Lo anterior se puede atribuir, en gran parte, a la falta de apoyo económico a los trabajadores y a los hogares, lo cual hubiese resultado clave para inyectarle dinamismo a una economía que ya se encontraba al borde de la crisis antes de la pandemia.
Las políticas implementadas en México para contener la crisis han tenido, principalmente, un enfoque financiero: el aumento en la cantidad de créditos disponibles a pymes; el aplazamiento del pago de créditos comerciales y la regulación financiera. Si bien la liquidez en la economía es importante, la protección del empleo, el impulso a la producción y el fortalecimiento de la demanda agregada son engranajes vitales para incrementar el dinamismo de la economía.
La falta de medidas gubernamentales para proteger al empleo durante la crisis afectó severamente al mercado laboral, dejando a miles de personas sin empleo y sin ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas, y precarizando los trabajos que sí se conservaron. En México no se implementaron medidas como la condonación de cuotas públicas o apoyos fiscales a empresas para proteger al empleo ante el cierre de actividades, y solamente se brindaron algunos apoyos al ingreso que, en realidad, fueron adelantos de las transferencias de programas públicos previos a la crisis. Esto resultó insuficiente para evitar la pérdida de más de 4 millones de empleos.
En la gráfica 1 se muestra la tasa de desempleo mensual para 2020 y el primer trimestre de 2021. Previo a la pandemia se registró una disminución en el desempleo, pero ésta no se reflejó en un aumento de la ocupación. Es decir, la caída del desempleo se debió a la disminución de personas que buscaban trabajo. Es posible que este fenómeno se deba a que, con los subsidios gubernamentales, hubo personas que prefirieron dejar de trabajar. A partir de marzo, con el inicio de las medidas para enfrentar la pandemia, el desempleo aumentó: para las mujeres alcanzó el 6.4 % en su punto máximo; para los hombres, el 5.9 %. La tasa total alcanzó 5.3 %, un incremento considerable si se compara con los años previos en los que el desempleo oscilaba entre 3.2 % y 3.7 %. Entre los estragos de la pandemia destaca la salida de las mujeres de la población económicamente activa para atender las necesidades del hogar. Esto explica por qué en mayo hubo una reducción en el desempleo para las mujeres, mientras que en hombres creció. Para ambos géneros, el empleo se vio afectado negativamente de marzo a julio debido a la contingencia sanitaria. Posteriormente, los meses de julio a diciembre reflejan una recuperación gradual en el empleo, lo cual es consistente con la reactivación económica. En el periodo de diciembre a enero, la desocupación repuntó debido al alza de contagios y a la necesidad de regresar al confinamiento. Aunque la tasa para ambos grupos ha regresado a niveles similares a los que tenía antes de la pandemia, en la gráfica se puede ver cómo el desempleo es más volátil para las mujeres, lo que indica que son un grupo más vulnerable en el mercado laboral.
Gráfica 1
Fuente: elaboración propia con base en ETOE (2020) y ENOE (2020, 2021)
En la gráfica 2 se puede observar la ocupación a nivel nacional dividida en dos sectores: formal e informal. Históricamente, la ocupación informal se ha mantenido por encima de la formal. Esto cambió en los meses de abril y octubre de 2020, en los que la ocupación formal fue mayor que la informal. Si bien en mayo disminuyó el desempleo femenino (gráfica 1), esto no resultó en más empleos formales para las mujeres —en ese mes hubo una caída en la ocupación formal mientras crecía la informal—, sino que implicó, como ya fue señalado, la salida de las mujeres del mercado laboral. Por un lado, la magnitud en la pérdida del empleo informal fue mayor que la formal —debido a que el confinamiento redujo considerablemente la cantidad de consumidores del sector informal—, y si consideramos que la participación femenina es mayor en la informalidad, se puede decir que dicha pérdida de empleo impactó en mayor proporción a las mujeres. Por otro lado, el desempleo masculino fue mayor en el sector formal, ya que hay una mayor proporción de hombres empleados formalmente. La recuperación del sector informal ha sido más rápida. Esto sugiere que, con la pandemia, la vulnerabilidad de los trabajadores informales —y en especial de las mujeres— se ha incrementado.
Gráfica 2
Fuente: elaboración propia con base en ETOE (2020) y ENOE (2020, 2021)
Históricamente ha existido una brecha importante entre la participación laboral masculina y femenina. De 2000 a 2019, la participación femenina osciló entre 40 % y 49 %; es decir, en el mejor de los casos, 5 de cada 10 mujeres tenían un trabajo o estaban buscando uno. Si se comparan estas cifras con la tasa de participación masculina que, desde 2000, supera el 80 %, la brecha de género se hace evidente. En la gráfica 3 se muestra la participación laboral a partir de 2020; se puede notar que, previo a la pandemia, la diferencia entre la participación femenina y masculina era de 30 puntos porcentuales. En los meses en los que más personas salieron del mercado laboral (abril y mayo), la participación de ambos géneros cayó y la brecha se redujo en 5 puntos. A partir de julio, la diferencia aumentó hasta llegar a 33 puntos porcentuales. Desde ese mes, la brecha ha crecido y se encuentra en niveles superiores a los que estaba antes de la contingencia.
Gráfica 3
Fuente: elaboración propia con base en ETOE (2020) y ENOE (2020, 2021)
En temas de informalidad laboral también existen diferencias considerables entre hombres y mujeres. La caída en la ocupación informal en abril de 2020, que se observa en la gráfica 2, se explica por la disminución de la tasa de informalidad laboral para las mujeres, que se muestra en la gráfica 4. Esto quiere decir que, efectivamente, el sector informal está mayormente ocupado por las mujeres y que fueron ellas las que se vieron obligadas a salir del mercado laboral. Para ellas, la recuperación en los empleos ha sido principalmente en el sector informal, lo que muestra que la precarización laboral que enfrenta también es un problema estructural.
Gráfica 4
Fuente: elaboración propia con base en ETOE (2020) y ENOE (2020, 2021)
Con base en estos datos, se puede decir que, efectivamente, la crisis sanitaria impactó severamente al empleo, pero especialmente el femenino. Sin embargo, la vulnerabilidad laboral de las mujeres en México no es un fenómeno transitorio. Desde inicios de este siglo, la participación laboral femenina ha sido baja y la tasa de informalidad laboral ha sido superior a la masculina. Según el IMCO, tanto en el sector público como en el privado, la representación femenina es muy baja: en 2019, sólo el 18 % de los puestos titulares de la Administración Pública estaban ocupados por mujeres y, en la iniciativa privada, sólo 1 % de los puestos directivos están ocupados por mujeres. Así, la falta de inclusión femenina en la economía mexicana es un problema de largo plazo y, por lo tanto, amerita medidas estructurales que permitan a las mujeres incorporarse al mercado laboral formal.
La contribución laboral de las mujeres es la culminación de una serie de condiciones económicas que les dan las oportunidades para ser parte de la economía o —como es en la mayoría de los casos—, limitan su acceso. Un ejemplo de las limitantes que enfrentan las mujeres para acceder a oportunidades —como ingresar al mercado laboral— es su incidencia de pobreza. Según el Banco Mundial, cerca de la mitad de las mujeres en México —alrededor de 32 millones de personas— viven con un ingreso per cápita por debajo de la línea de pobreza, y 23 % de todas las mujeres viven en áreas rurales y vulnerables. La incidencia de la pobreza en hogares indígenas, cuyos miembros son en mayoría mujeres adultas, es mayor que el promedio nacional, mientras que, en los hogares con más hombres adultos, la incidencia es de 6 puntos porcentuales menos. Además, las mujeres se encuentran en una situación más vulnerable que los hombres en términos de educación, salud y servicios básicos en general. Esto limita el desarrollo de sus capacidades y puede influir negativamente en su acceso al mercado laboral.
Si bien las condiciones socioeconómicas de las mujeres pueden influir en su acceso a la fuerza laboral, así como el tipo de trabajo que eligen —formal o informal—, también es cierto que la baja participación femenina es consecuencia de las condiciones del mercado laboral que no promueven la incorporación de la mujer. Prueba de ello es la brecha salarial entre hombres y mujeres. En 2019, la diferencia era de 18.8 % según la OCDE. Por su parte, el IMCO estima que, en el tercer trimestre de 2019, la brecha fue de 15.6 % y que con la pandemia se redujo en 3 puntos porcentuales —posiblemente, por la pérdida del empleo femenino—. Aun con la reducción, la diferencia salarial es persistente y se puede explicar por la discriminación, la cultura machista, la baja participación de mujeres en puestos directivos y la falta de normativa laboral en temas de igualdad de género.
La exclusión de las mujeres del mercado laboral ha sido una causa del bajo crecimiento económico y de los altos niveles de desigualdad social. En 2019, el Banco Mundial estimó que la brecha de género en la participación de la fuerza laboral conlleva a la pérdida de alrededor del 25 % del ingreso per cápita. Las actividades económicas a las que se dedica el 23 % de las mujeres en México (por vivir en zonas rurales) pertenecen al sector primario y son poco productivas, por lo que no contribuyen considerablemente al PIB. Además, las mujeres asumen el 77 % de las tareas del hogar y no son remuneradas por ello. La baja productividad de los sectores que emplean a las mujeres y la precarización de sus condiciones laborales explican, en gran parte, el costo económico de la exclusión femenina de la fuerza laboral. Fomentar la participación de las mujeres es necesario, no sólo para recuperarnos de la crisis, sino para garantizar el crecimiento sostenido.
En resumen, la pandemia por covid-19 profundizó la crisis económica que ya enfrentaba México y, a su vez, ha agravado problemas del mercado laboral. El alcance de las medidas gubernamentales ha sido limitado e insuficiente para proteger el empleo. Esto se refleja en el aumento del desempleo —que ha afectado principalmente a las mujeres que trabajan de manera informal, incrementando su vulnerabilidad laboral—. Más aún, la pérdida de bienestar social, de empleo y de ingresos ha mermado las condiciones socioeconómicas de la población y ha puesto en riesgo de pobreza a más de 20 millones de personas, en su mayoría mujeres. Es por ello que la recuperación económica se ve limitada por un entorno de mayor desigualdad, pobreza y desempleo.
Hacia una recuperación inclusiva
Para que la recuperación sea efectiva debe ser inclusiva y favorecer a los grupos vulnerables. Es necesario crear un piso parejo para eliminar los obstáculos que impiden la inclusión de la mujer al mercado laboral y, así, impulsar el crecimiento económico. Para ello, el gasto del gobierno es una herramienta fundamental.
Aunque el gasto destinado a reducir las brechas de género ha sido afectado por las políticas de austeridad del gobierno durante la crisis, otros programas —como Jóvenes Construyendo el Futuro— se han mantenido y, de alguna manera, han buscado impactar positivamente el empleo. Los jóvenes inscritos al programa reciben capacitación laboral en centros de trabajo —ya sea en el sector privado, público o social—, una beca mensual de 4310 pesos e incorporación al IMSS con una duración de un año. Una vez que termina el programa, los jóvenes reciben una acreditación de habilidades y opciones para la incorporación al mercado laboral.
Desde 2019 Jóvenes Construyendo el Futuro ha vinculado a 262 026 jóvenes, pero los efectos en los niveles de ocupación son poco significativos. Se sabe que el 59.2 % de los jóvenes beneficiarios son mujeres y la mayoría se ubican en los estados con mayores carencias sociales —como Chiapas, Guerrero, Tabasco, Veracruz y Michoacán—, lo que quiere decir que el programa está bien dirigido. Sin embargo, la duración del programa es corta y el monto de la beca la convierte en un crédito al consumo, no en un ingreso que facilite el acceso a oportunidades y a una vida digna. Si bien el enfoque del programa atiende necesidades sociales y económicas —y es un buen punto de partida para insertar a las mujeres a la fuerza laboral—, la falta de congruencia en los objetivos puede hacer que el efecto sobre la población femenina sea de corto plazo.
El efecto de los subsidios en el ingreso de las personas es transitorio, por lo que los programas de transferencias no son suficientes para incrementar las perspectivas de ingreso de las mujeres en el largo plazo. Aun cuando la base del programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un subsidio a la capacitación, faltaría mucho para garantizar la empleabilidad de las mujeres jóvenes, con ingresos dignos y con seguridad social. Para esto es necesario que las empresas aseguren la contratación de los jóvenes en puestos verdaderamente productivos, en los que se garanticen salarios competitivos y prestaciones laborales. De este modo, más mujeres tendrían la oportunidad de emplearse formalmente con un salario que les permita no sólo tener una vida digna, sino también ahorrar e invertir en la formación de capital.
Promover la empleabilidad femenina en sectores productivos permitiría que las mujeres tengan acceso a salarios lo suficientemente altos para poder ofertar su trabajo, a la vez que cubren los gastos del cuidado del hogar, y así se solucionaría uno de los grandes retos a los que se enfrentan las mujeres para pertenecer al mercado laboral: el cuidado de los hijos y la atención del hogar. Otra herramienta para que el cuidado de los hijos no sea un impedimento para pertenecer a la fuerza laboral es el subsidio del cuidado infantil. De 2018 a 2021, el presupuesto destinado a este rubro —antes a través del Programa de Estancias Infantiles y ahora a través del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras— tuvo una disminución del 14.2 %. Los programas de estancias infantiles se reestructuraron para convertirse en transferencias directas para las madres trabajadoras. Si bien las transferencias generan un aumento en el ingreso corriente de las beneficiarias, el destino de los recursos es poco transparente, por lo que nada asegura que realmente se emplee en el cuidado de los hijos. Sería conveniente replantear la importancia de las estancias infantiles y destinar los recursos correspondientes para garantizar su existencia de forma gratuita y digna.
Otra alternativa viable para la empleabilidad de mujeres es el emprendimiento que, gracias a la pandemia, se ha mostrado como una nueva forma de obtener ingresos con mayor flexibilidad laboral. Una manera de impulsar el emprendimiento femenino puede ser a través de incentivos fiscales —como la exención del pago de impuestos durante los primeros tres años a partir del registro del negocio—. Así, las mujeres que decidan emprender un negocio no sólo generarán ingresos que les den independencia económica, sino que también contribuirán a la formalización de la economía. Otra manera puede ser a través de créditos bancarios con el apoyo del gobierno, ya que una de las limitantes que enfrentan las mujeres para emprender es el acceso al crédito —por la falta de ingresos comprobables—, pero si el gobierno respalda a las mujeres ante las instituciones bancarias, se crearían oportunidades de empleabilidad, expansión del ahorro femenino y aumento en las perspectivas de ingreso.
La pandemia evidenció problemas fundamentales de la economía mexicana, como la inseguridad laboral. La importancia de este problema radica en su impacto sobre los mexicanos —y sobre todo las mexicanas— que día con día buscan el sustento de sus hogares. En los datos observados es claro que la incidencia del desempleo y la precarización laboral es mayor para las mujeres. Por ello, es necesario que el gobierno incremente el gasto y asegure la continuidad de políticas públicas, tanto para estimular a la economía en recesión, como para reducir las brechas de género que vulneran a las mujeres. En la medida en la que la recuperación económica atienda los problemas estructurales que han mantenido a muchas mujeres apartadas de la fuerza laboral, se podrán impulsar las perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazos.
Pamela Benítez Luna y Daniela Regina Gómez Montaño
Universidad Anáhuac México



