Gran parte de la población mundial, sobre todo la que habita en las ciudades, da por hecho el acceso a la energía, ese insumo fundamental para nuestra vida cotidiana. La energía nos permite refrigerar alimentos, regular la temperatura, acceder a medios de comunicación electrónicos y llevar a cabo nuestras responsabilidades profesionales. Su relevancia es tan evidente que, con excepción de cuando “se va la luz”, en general no pensamos en qué pasaría si careciéramos de ella. Más aún: la energía es un derecho accesorio para el goce de muchos otros, como la alimentación, la educación, el acceso a la salud, un medio ambiente adecuado para el bienestar de las personas, la vivienda digna y el acceso a la cultura y a la tecnología, por lo que constituye una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales.1
Ilustración: Víctor Solís
Sin embargo, de acuerdo con el censo de 2020, miles de mexicanos no gozan de este derecho. En México, el 1 % de las viviendas carece de servicios básicos de acceso a la energía; y, de acuerdo con un estudio espacial de la pobreza energética en México, en 2015 cerca del 36.7 % de los hogares mexicanos carecían de acceso constante o suficiente para satisfacer sus necesidades energéticas. Es decir, se encontraban en pobreza energética de facto.
Si bien es importante reconocer que el indicador de acceso a servicios básicos de energía mejoró sustancialmente en comparación con el año 2000, cuando 5 % de las viviendas carecían de energía, vale la pena enfatizar que el rezago energético —tanto en servicios energéticos tal como los contabiliza el Inegi como en niveles de satisfacción de necesidades absolutas de energía, que podría ser considerado un criterio más amplio— sigue siendo un problema en nuestro país, en particular en las comunidades rurales. De acuerdo con el Inegi, el 3.8 % de las viviendas en comunidades con menos de 2500 habitantes no cuenta actualmente con energía eléctrica, mientras que en comunidades con más de 2500 personas la proporción desciende a menos de 1.8 %. Así, la pobreza energética en México —cuando una vivienda no puede suplir su demanda de servicios energéticos domésticos (luz, calentamiento de alimentos, climatización)— representa un problema social relevante y complejo que vale la pena desmenuzar.
Si bien las causas de la pobreza energética incluyen los altos precios de la energía, la baja eficiencia energética en los hogares y la carencia de conexión a la red, investigaciones como el estudio mencionado anteriormente han introducido muchos factores al debate. Entre estos factores se cuentan desde normas culturales y las necesidades y composición de los hogares hasta las condiciones espaciales y políticas que determinan la demanda, precios y disponibilidad de las fuentes energéticas. La caracterización de la pobreza energética, entonces, tiene diversas aristas que las políticas públicas diseñadas para combatirla tienen que considerar para ser efectivas.
Por ejemplo: no es lo mismo hablar de las necesidades energéticas de un hogar en las faldas del Popocatépetl que de las de uno en el centro de la Ciudad de México. La ubicación geográfica de las viviendas determina la urgencia y volumen de su demanda, así como la asequibilidad y disponibilidad de los servicios energéticos. Otra dimensión relevante son los diferentes tipos de energía y niveles de confiabilidad a los que se tiene acceso: no es lo mismo tener un suministro seguro y confiable de gas LP a través de un tanque estacionario que tener que comprar cilindros de gas o utilizar leña para cocinar y calentarse, como sucede con frecuencia en estados como Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
En México cada año se reportan cientos de accidentes —tales como incendios o pequeñas explosiones— ocasionados por el uso de carbón o leña, así como cilindros de gas LP en malas condiciones. Además, la exposición al humo de la combustión de leña, así como a fugas constantes de gas, puede provocar enfermedades respiratorias, como bronquitis o asma, así como causar muertes por asfixia o intoxicación. Otras fuentes de peligro causada por la pobreza energética son las velas y linternas de keroseno o diésel, las cuales exponen a la gente a contaminantes y quemaduras.
Más allá de estos factores de riesgo, sin embargo, la evidencia señala que la pobreza energética tiene un componente de género que no ha sido atendido. El género exacerba los efectos negativos de la carencia de servicios de energía. Existe evidencia que sugiere que, en México y otras partes del mundo, las mujeres no sólo tienen desventaja en cuanto al uso de los servicios energéticos disponibles en sus hogares, sino que para ellas la pobreza energética se traduce en “pobreza de tiempo” al imponerles cargas de trabajo doméstico todavía mayores. Las mujeres que viven en situaciones de pobreza energética, en otras palabras, gastan más tiempo y esfuerzo en actividades que serían más sencillas si contaran con electricidad en sus viviendas. Adicionalmente, la pobreza energética limita las oportunidades económicas de las mujeres, pues el acceso a la electricidad y medios de información, podría darles la oportunidad de educarse y de tener un trabajo remunerado.2
En el caso de los hogares rurales en México, las mujeres son usualmente las encargadas de recolectar la leña necesaria para la cocción de alimentos; de igual manera, están más expuestas a los contaminantes provenientes de su quema. Los roles de género también juegan un papel importante en el uso de los servicios energéticos. La desigualdad de género dentro de las familias también puede implicar que las mujeres, los niños y otras poblaciones vulnerables tengan menos acceso a la energía. Por ejemplo, no es inusual que el proveedor del hogar tome las decisiones sobre cuándo y para qué se utiliza el televisor o el equipo de cómputo. Al respecto, la Encuesta Nacional de Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI), llevada a cabo en 2018, ha sido un gran aporte a las necesidades de información sobre el consumo de energía en el sector residencial, pues es la única encuesta que se ha diseñado para reconocer algunas de las desigualdades del uso energético dentro de los hogares.
Es evidente que la pobreza energética es un fenómeno multicausal que no puede ser tratado en términos de “acceso” o “no acceso” a servicios básicos de energía. El diseño de políticas públicas que busquen combatirla debe tomar en cuenta la asequibilidad, disponibilidad, y confiabilidad de las fuentes de energía, así como su carácter espacial y social. Para cerrar las brechas de acceso a la energía, primero debemos contar con un diagnóstico completo de la situación. Es imprescindible impulsar el desarrollo de estudios similares a la ENCEVI, que tengan una visión holística de la pobreza energética e incorporen los impactos económicos, sociales y ambientales del consumo de la energía.
La erradicación de la pobreza energética debe ser considerada como una obligación política, económica y moral, más que como un acto de caridad. Esto no sólo implica la identificación de poblaciones vulnerables y la implementación de programas aislados de “conexión”, ya no se diga donativos de combustibles, sino un esfuerzo integral para resolver las causas del problema y promover alternativas al modelo actual de provisión de servicios energéticos.
La transición energética nos ofrece una oportunidad única para, además de mitigar el cambio climático, atender la pobreza energética en el país. La estrategia de descarbonización en México puede ser el punto de quiebre para erradicar este fenómeno al no sólo ofrecer alternativas limpias y remotas de generación de energía, sino al incluir voces que normalmente no suenan en los debates energéticos: aquellas de las mujeres de este país.
Denis Figueroa
Maestra en asuntos públicos por la Universidad de Texas en Austin y especialista en política energética y cambio climático. Consultora en temas de transición energética y finanzas sostenibles.
Rodrigo Osorio Díaz
Financiero por la Universidad de Saint Edward y director de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Experto en energía y negocios.
1 El acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como derecho humano por ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples derechos fundamentales. TCC; 10a. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; I.3o.C.100 K (10a.); TA.
2 OECD, Gender and the Environment: Building Evidence and Policies to Achieve the SDGs, OECD Publishing, Paris, 2021.