El 4 de mayo pasado fue presentado oficialmente el Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic). Entre sus múltiples medidas destacaba “el fortalecimiento de la seguridad de las carreteras” para reducir el robo de alimentos e insumos. Fue la primera vez que desde una palestra oficial con difusión masiva se reconocía la amenaza de la inseguridad, al menos en un tramo de la cadena de abasto alimentario.
Hasta ese momento, en la narrativa oficial en torno al aumento del precio de los alimentos y los energéticos destacaba como explicación predominante la conjunción de varios factores externos: la persistencia de la pandemia y sus implicaciones económicas, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania o el efecto del cambio climático en la producción de países exportadores. Aunque fugaz y escueta, la referencia pública a la inseguridad como un elemento de la crisis fue bastante elocuente en un entorno que típicamente soslaya el tema por varias razones, entre las que señalamos sólo algunas.
En primer lugar, es difícil obtener información completa, oportuna, confiable y a niveles territoriales suficientemente desagregados, tanto en materia de violencia y criminalidad, como de las múltiples y cambiantes redes que trasladan las mercancías alimentarias. En segundo lugar, la producción de información muestra sesgos urbanos y centralistas que priorizan los problemas de las grandes ciudades y las capitales por encima de los de localidades de menor tamaño, frecuentemente aisladas. Es precisamente esta desconexión espacial y social la que favorece que la violencia, organizada o no, incida en la vida política, económica y social de estos territorios.
En tercer lugar, existe una doble capa de “normalización” que podría distraer el interés en los vínculos entre la alimentación y las violencias. Por una parte, comer es un acto cotidiano y rutinizado, inscrito en el orden de lo privado y lo doméstico, cuya centralidad para la subsistencia hace fácil asumir que la gente logra comer todos los días de algún modo; la posibilidad de comer cada día no se percibe colectivamente bajo amenaza, a menos que existan condiciones excepcionales y generalizadas de devastación y hambruna. Por otro lado, las múltiples violencias se han vuelto realidades cotidianas que también generan prácticas y rutinas para sobrevivirlas y resistir su fuerza destructiva. En este contexto, analizar los vínculos entre la alimentación y la violencia implica hacerlos emerger consciente y reflexivamente; es decir, una tarea que puede ser difícil y dolorosa.
En cuarto lugar, la falta de atención en los efectos de las violencias sobre la alimentación es también un reconocimiento silencioso de un Estado en falta, que tácitamente se reconoce incapaz de garantizar el ejercicio universal, interdependiente, indivisible y progresivo de los derechos a la alimentación y la seguridad. El paulatino aumento y consolidación de territorios dominados por actores violentos que, poco a poco, expanden sus actividades a múltiples campos económicos evidencian la omisión, o aquiescencia, de los poderes del Estado en todos sus niveles.
Y, aunque volteemos el rostro, la realidad se impone. Las noticias recientes sobre la disputa de mercados públicos (en San Cristóbal de las Casas, Chiapas) o por la venta de alimentos específicos (como el pollo en Chilpancingo o la tortilla en Celaya), ya escalaron a las conferencias presidenciales, donde fueron tratadas como problemas focalizados y espontáneos de extorsión y disputas, que ya eran atendidos mediante el despliegue de fuerzas armadas en los territorios.
Sin embargo, los vínculos del crimen organizado con el sistema alimentario han sido documentados desde hace varios años en México, especialmente por el periodismo y organizaciones de la sociedad civil dedicadas al ambientalismo o al acompañamiento de víctimas de violencias, entre otras causas relacionadas con la justicia social. El seguimiento de estos análisis deja ver que cada vez son más los tramos de la cadena de abasto alimentario en los que los actores de las violencias están involucrados, bajo la omisión, permisibilidad o incapacidad estatal. No es sólo la extorsión a productores de alimentos específicos como el aguacate o el limón, o el cobro de derecho de piso a comerciantes.
Es cada vez más frecuente que los grupos delincuenciales también trastoquen el desplazamiento de mercancías, se apoderen de puntos de venta estratégicos, decidan quién puede vender o no ciertos productos —pollo, leche, huevo, refrescos, cervezas—, establezcan arbitrariamente los precios de los alimentos o los afecten de manera indirecta perturbando su distribución y comercialización, generando prácticas de acaparamiento y especulación entre actores económicos formales e informales. También se ha documentado la intervención del crimen organizado en los programas de asistencia social y en la gestión de apoyos alimentarios en momentos de crisis que estos grupos aprovechan para cubrir vacíos en la acción del Estado, con abono a sus propios intereses.
Más aún, la situación actual de violencia e inseguridad en México no se reduce al “crimen organizado” y su análisis tampoco debe limitarse a sus estructuras y prácticas. Los mecanismos de captura y control de los territorios y sus recursos a través del espacio alimentario se han diversificado y complejizado. La violencia aparece con mayor frecuencia como un recurso desplegado en disputas políticas, económicas y sociales de todo tipo, aumentando el miedo ante la inseguridad en todos los estratos sociales. Incluso en lugares alejados de cualquier control criminal, la mera percepción de inseguridad afecta las maneras de producir o acceder a alimentos en lo cotidiano a través de mecanismos subjetivos como los rumores, las creencias o las emociones, que alteran la disponibilidad y accesibilidad a alimentos, tanto como las disputas entre elementos armados.
Es urgente dar cuenta de la morfología de estos procesos y sus efectos en la producción de espacios y prácticas de riesgo que afectan el modo de vida de las personas en niveles tan profundos como su salud mental y física, la calidad de sus dietas, los cimientos socioculturales de sus prácticas alimentarias y su experiencia cotidiana del espacio y hasta de sus cuerpos.
Desde la academia y los organismos internacionales no son pocos los esfuerzos por estudiar la relación entre diversas formas de violencia y la alimentación, muchos de ellos centrados en el marco de la seguridad alimentaria. Por el lado de la oferta, las investigaciones destacan los efectos de las guerras, los conflictos armados y la presencia de grupos delincuenciales en la pérdida de tierra cultivable, la reducción del rendimiento de las cosechas, la merma de activos agrícolas o ganaderos y el incremento de los costos de producción que, en conjunto, alteran el funcionamiento de las cadenas de abasto y provocan escasez y encarecimiento de alimentos.1 Por el lado de la demanda, la violencia genera desplazamientos forzados, ruptura de lazos comunitarios, empobrecimiento y dinámicas de violencia doméstica que también obstaculizan el acceso de las personas a los alimentos o tienen consecuencias traumáticas que pueden detonar trastornos alimentarios, tanto en lo individual como lo colectivo. Todavía más, estos procesos interactúan con otras desigualdades estructurales (violencias en sí mismas) de etnia, clase y género que agudizan los efectos públicos y privados del malestar social.
En muchos de estos estudios la inseguridad alimentaria aparece predominantemente como una consecuencia de la violencia. Sin embargo, la relación entre ambos fenómenos puede ser mucho más compleja que un vínculo unidireccional y lineal, así como las consecuencias de la violencia sobre la alimentación trascienden la inseguridad alimentaria. La violencia no sólo limita el acceso presente a alimentos, sino que pone en riesgo el futuro de prácticas, saberes, valores y ecologías que dan sentido a las culturas alimentarias.
¿Cómo afectan las disputas violentas en y por los territorios a las prácticas alimentarias de las familias, no sólo en términos nutricionales, sino también de la experiencia del gusto o la pertenencia a un modo de comer significativo y digno? ¿Cómo modifica la violencia la producción cotidiana de los espacios, los servicios y la infraestructura alimentaria? ¿Qué implicaciones tiene en la organización de la alimentación familiar, en sus trabajos y costos económicos y no económicos? ¿Qué cálculos adicionales deben hacer las personas que alimentan a sus familias —típicamente mujeres— en contextos sitiados por la violencia? ¿Qué estrategias y recursos son movilizados por la población para alimentarse en estos contextos?, ¿qué formas de solidaridad, resistencia o adaptación han surgido? ¿Cómo interactúa la economía política del crimen (des)organizado con la de los sistemas alimentarios y sus propias violencias institucionalizadas (precarización del trabajo, extractivismos, despojos, especulación, acaparamiento, etcétera)?
Quienes nos dedicamos al estudio de la alimentación, prácticamente desde cualquiera de sus aristas, no podemos seguir omitiendo el peso que las violencias y la inseguridad tienen actualmente en la estructuración de sus procesos y prácticas, especialmente en territorios que acumulan varios factores de vulnerabilidad social, económica, política y ambiental. Es imposible sostener discursos normativos y moralizantes en torno a la responsabilidad individual del cuidado de la salud y el cuerpo cuando los territorios están bajo el asedio de múltiples violencias, así como tampoco es posible seguir señalando a la pobreza como un factor de la malnutrición que actúa en solitario.
Falta mucho por saber, muchos acervos de información por construir y muchos rompecabezas por armar. Seguir los senderos abiertos por expertas y expertos en otros países con experiencias similares es urgente, tanto como construir un diálogo plural y multidisciplinario con quienes investigan y denuncian estos temas desde los territorios. Se trata de tareas urgentes frente a realidades insostenibles y asfixiantes. La posibilidad de ejercer el derecho a la alimentación, a la salud, a un medio ambiente sano, a una vida digna y a la libertad, no podrá construirse si no es sobre cimientos de paz, justicia y dignidad.
Grupo de Trabajo sobre Violencia y Alimentación de la Red Latinoamericana de Alimentación, Cultura y Sociedad (Relacs)
Conformado por Ayari Pasquier Merino (CEIICH-UNAM), Jessica G. Arellano López (investigadora independiente), Miriam Bertran Vilà (UAM-X), Paloma Villagómez Ornelas (CIDE-RC), Sara del Castillo Matamoros (OBSAN-UN) y Tiana Bakic Hayden (Cedua-Colmex)
1 Hendrix, C., y Brinkman, H. “Food Insecurity and Conflict Dynamics: Causal Linkages and Complex Feedbacks”, Stability: International Journal of Security & Development, 2(2): 26, 2013, pp. 1-18.