La falta de confianza en las instituciones es un problema serio en México, mucho más que en otros países latinoamericanos. Según la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), tomada en 2019, la desconfianza en las instituciones públicas continúa siendo una de los problemas más sentidos por la población mexicana, donde apenas entre 30 y 40% de la población dice confiar en los gobiernos estatales y municipales. A pesar de ello, pocas veces las instituciones públicas implementan acciones orientadas a fortalecer la confianza y democratizar la toma de decisiones públicas.
En su último informe sobre la ola de la democracia deliberativa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recopiló más de seiscientos ejemplos que muestran cómo el uso de procesos deliberativos representativos en la formulación de políticas públicas ha sido una estrategia exitosa, particularmente en países del norte global, para afrontar problemas públicos complejos. En estos procesos, un grupo de personas ampliamente representativo de su comunidad sopesa la evidencia, delibera para encontrar un consenso y desarrolla recomendaciones detalladas sobre cuestiones de política pública dirigidas a las autoridades públicas. Ejemplos comunes son las asambleas, los jurados y los paneles ciudadanos.
¿Qué es la democracia deliberativa?
La democracia deliberativa es un modelo que busca democratizar la toma de decisiones públicas, donde las instituciones delegan su mandato de toma de decisiones ante un problema público en particular a un conjunto de personas comunes —ciudadanas o habitantes de un territorio delimitado— elegidas por medio de sorteo cívico.1 Asimismo, las instituciones se comprometen a blindar el proceso deliberativo, en la medida de lo posible, de cualquier influencia indebida relacionada a intereses particulares o políticos; así como a fortalecer el mismo mediante la conformación de grupos de acompañamiento técnico, expertos en las materias de política pública en cuestión.
Otro elemento importante es que los gobiernos se comprometen a la gestión efectiva de la participación. Esto implica reconocer que, en contextos como el mexicano, la participación ciudadana continúa siendo un privilegio de quienes tienen los medios y recursos necesarios para participar —tiempo, movilidad, acceso a tecnologías, entre otros. En contraste, la participación deliberativa implica que las instituciones implementarán estrategias que busquen garantizar igualdad en la participación de un grupo diverso de personas, para que estas puedan deliberar sin distinción de edad, género, raza, condiciones específicas laborales, de cuidados o económicas. Por ejemplo, esto es posible al ajustar los horarios de deliberación fuera de las jornadas laborales de las personas participantes o al brindar incentivos económicos —como becas o gratificaciones— que promuevan la participación en los procesos de deliberación.
Es fundamental que entendamos la participación deliberativa como un medio para el aprendizaje ciudadano y fortalecimiento de las capacidades de las personas comunes para la toma de decisiones públicas. Por lo tanto, los mecanismos de participación deliberativa deben incluir los insumos pedagógicos necesarios —como talleres, manuales, vídeos, traducciones y acompañamiento— para asegurar el derecho a entender y participación efectiva de todas las personas participantes, incluyendo mecanismos de retroalimentación y aprendizaje durante el proceso.
Finalmente, como cualquier mecanismo de participación o proceso de toma de decisiones públicas, las instituciones deberán asegurar mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y máxima difusión. Para las instituciones en México, que se encuentran en una crisis sostenida de desconfianza, estos mecanismos presentan una oportunidad para tomar pasos concretos, atender la crisis y el enorme rezago en materia de derecho a la participación ciudadana en nuestro país, sin mencionar la simulación y obstaculización de la misma.
El caso de la Política Estatal Anticorrupción en Chihuahua
Según el inventario de ejercicios de participación deliberativa realizado por la OCDE, en México solamente se ha implementado un mecanismo de democracia deliberativa: el jurado ciudadano que deliberó la propuesta de Política Estatal Anticorrupción para Chihuahua, uno de los estados con mayor población en México y cuna de algunos de los casos más relevantes de gran corrupción en el país.2
El jurado ciudadano de la Política Estatal Anticorrupción es un grupo de cuarenta personas comunes habitantes del estado de Chihuahua, seleccionado de manera aleatoria a través de un proceso de sorteo cívico, que se encargó de deliberar la propuesta de Política Estatal Anticorrupción para Chihuahua a partir de la metodología implementada por el Sistema Estatal Anticorrupción del estado.
Como resultado de este proceso, el jurado deliberó una propuesta de Política Estatal Anticorrupción, integrada a su vez por 35 acciones de política pública para atender la corrupción como un problema público sistémico. Este problema, a su vez, tiene graves y diversas afectaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de Chihuahua, así como afectaciones graves en el funcionamiento e integridad de las instituciones públicas.
El proceso de deliberación del jurado ciudadano consistió en dieciseis sesiones de trabajo donde participaron personas expertas independientes y personas funcionarias públicas designadas por las instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción para acompañar el proceso de deliberacion ciudadana. Para facilitar la deliberación ciudadana, ambos grupos brindaron recomendaciones y respondieron a interrogantes técnicas del Jurado Ciudadano.
Comúnmente, y en particular en materias de combate a la corrupción, los tecnicismos y el uso de lenguaje especializado en la toma de decisiones públicas obstaculizan la participación ciudadana. En contraste, los mecanismos de participación deliberativa buscan poner al centro de su implementación el derecho a entender, que implica procurar la eliminación de este tipo de barreras por medio de procesos de pedagogía y simplificando el lenguaje de los insumos y procesos para la toma de decisiones públicas, así como la contribución a la generación de conocimiento público útil para la toma de decisiones accesible y entendible para todas las personas.
En este sentido, la formación y gestión del derecho a entender del jurado ciudadano fue un elemento clave del proceso. Se brindaron capacitaciones en diferentes aspectos fundamentales: participación deliberativa, uso de tecnologías y, particularmente, en materia de pensamiento crítico, con lo que se buscó aumentar la seguridad del jurado ciudadano durante sus interacciones con personas expertas y funcionarias públicas en su proceso de deliberación.
Finalmente, en sus asambleas plenarias, el jurado ciudadano deliberó las 35 acciones de política pública fundamentales para atender el problema público de la corrupción en lo local, con énfasis en las afectaciones en materia de derechos humanos. Estas integran la propuesta de Política Estatal Anticorrupción presentada hace más de cuatrocientos días al Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, que desafortunadamente no ha sido ratificada por el mismo órgano de gobierno que encomendó su realización.
Desafortunadamente, en nuestro marco institucional actual, los procesos de apertura y democratización de las decisiones públicas siguen estando a merced de la voluntad política de las autoridades involucradas. Derivada de la implementación de este primer ejercicio de participación deliberativa en México, fue notoria la importancia de la construcción de contrapesos que aumenten la rendición de cuentas del proceso de deliberación y la viabilidad del cumplimiento institucional a las decisiones tomadas por las personas comunes, particularmente en contextos de institucionalidad frágil o donde históricamente se ha simulado o obstaculizado la participación ciudadana.
Para el caso en cuestión, se instaló un Observatorio del Jurado Ciudadano y la Política Estatal Anticorrupción, conformado por organizaciones y agencias internacionales especializadas en anticorrupción y participación deliberativa —tales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la OCDE— para que dieran seguimiento y retroalimentación técnica al proceso de construcción de la política anticorrupción. De esta manera, este observatorio podría ejercer como contrapeso a las instituciones implementadoras en términos de cumplimiento, así como facilitar procesos de aprendizaje e identificación de áreas de oportunidad.
Al día de hoy, en su rol como garante de la participación en el combate a la corrupción, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Chihuahua trabaja para reactivar las figuras de Jurado Ciudadano y su Observatorio, en búsqueda de que las autoridades integrantes de dicho sistema estatal ratifiquen la política anticorrupción elegida por las personas.
La deliberación ciudadana puede fortalecer nuestra democracia y mejorar las instituciones representativas. La deliberación y el sorteo cívico pueden regresar el poder a las personas que hemos sido históricamente relegadas de la toma de decisiones públicas. Esta ola se sigue extendiendo en diferentes territorios del sur global, incluyendo América Latina. Estos nuevos procesos son piezas clave para avanzar en la toma de decisiones públicas complicadas, especialmente sobre cómo abordar las crisis simultáneas de representatividad, desigualdad y emergencia climática. Finalmente, como muestra el ejemplo de la propuesta ciudadana de política anticorrupción para el estado de Chihuahua, la institucionalización de estás prácticas es necesaria para asegurar su impacto e incidencia.
Sofía Castillo
Asociada en materia anticorrupción y participación ciudadana en SUR | Instituto del Sur Urbano.
Mauricio Mejía
Analista de políticas públicas de la Unidad de Gobierno Abierto y Espacio Cívico en la OCDE.
1 El sorteo cívico es definido por la OCDE como un proceso utilizado para convocar a un grupo ampliamente representativo de personas y buscan superar las deficiencias y distorsiones de las convocatorias "abiertas" y "cerradas" de participantes, que dan lugar a grupos no representativos de personas que no reflejan la población en general. El principio del sorteo cívico es que todo el mundo tiene las mismas posibilidades de ser elegido por el mismo y consta de dos etapas. En primer lugar, un gran número de personas recibe una invitación de parte de la autoridad pública convocante para formar parte del proceso. Estos destinatarios seleccionados al azar pueden voluntariamente aceptar o rechazar su participación en el sorteo. A continuación, entre los voluntarios, se eligen por sorteo miembros que sean ampliamente representativos del público gracias a datos del censo u otras estadísticas.
2 Un ejemplo es la llamada Operación Safiro, el esquema de corrupción que facilitó el desvío de recursos públicos durante la administración del gobernador César Duarte Jáquez para el financiamiento ilícito de campañas electorales en 2016, que logró desviar un estimado de 246 millones de pesos a través de redes de empresas fantasmas.
Sofia y Mauricio: ¿Por qué todos los políticos, vividores del pueblo o estudiosos de la democracia, le ponen adjetivo calificativo, cuando los griegos simplemente la llamaron democracia. Estaban equivocados aquéllos y éstos si están más en lo cierto?. Un abraso.. Vale.