El 24 de abril de 2007, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó la ley que despenalizaba la interrupción del embarazo hasta los 3 meses de gestación, la cual incluía servicios para garantizar la seguridad, salubridad y gratuidad de los procesos de interrupción. Un mes después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República promovieron demandas de inconstitucionalidad contra dicha ley; sin embargo, el 28 de agosto de 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de despenalizar el aborto inducido en la entidad, siempre y cuando no se rebasaran las 12 semanas de gestación. Por su parte, el 25 de septiembre de 2019, Oaxaca se convirtió en el segundo estado del país donde interrumpir el embarazo antes y hasta los 3 meses no requiere justificación adicional a la decisión consciente de las mujeres.
Ilustración: Cecilia Ruiz
Han pasado 13 años y según las estadísticas del Sistema de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de abril de 2007 a julio de 2020 se han atendido a 227 686 mujeres de todo el país en las 21 unidades médico-gratuitas que existen en la metrópoli; de ellas, el 69 % viven en la ciudad y 27 % en el Estado de México. Sin la legalización del aborto elegido, estas mujeres no hubieran tenido otra elección más que acudir a alguna clínica clandestina, sin ningún tipo de regulación médica, sanitaria ni económica, o tener un embarazo no deseado y ser madres sin haberlo planeado ni tener la voluntad de serlo.
Las usuarias originarias de 30 estados del interior de la república, extranjeras y de entidad federativa no especificada, que se practicaron una interrupción legal de sus embarazos en la Secretaría de Salud de la CDMX, se ven representadas en un casi invisible 4 %. Es decir, para las mujeres que no viven en la capital del país y su zona conurbada, acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, es prácticamente imposible.1
Del total de las mujeres atendidas, el 46 % osciló entre los 18 a 24 años, edades en las que, con condiciones óptimas, se estudia el nivel medio superior y superior. Si planteamos un modelo simple con dichas condiciones y localizado en cualquiera de los 31 estados donde la interrupción del embarazo inducido no es legal y gratuito, ceteris paribus, obtenemos que esa casi mitad del total se vería obligada a truncar sus estudios para trabajar o dedicarse a las labores no remuneradas del hogar, eliminando la posibilidad de acceder a niveles educativos más altos, en consecuencia, a empleos mejor remunerados y a permanecer frente a la imposibilidad de elección, transmitiendo de una generación a la siguiente las características laborales, pues de las hijas de madres dedicadas al trabajo no remunerado y quehaceres del hogar, dos terceras partes repiten el patrón como amas de casa.
En el caso de México, por ejemplo, el que las mujeres se inserten o no en el mercado laboral se relaciona de manera directa con el nivel educativo de sus padres: mientras más educación hayan tenido estos, más probabilidades hay de que ella tenga un empleo formal (Vélez, Campos y Huerta, 2013).
Si la inserción de las mujeres en empleos formales se relaciona directamente con el grado académico de los padres, las niñas que nacen en el seno de una familia con bajo nivel escolar están destinadas a tener menor posibilidad de obtener un trabajo formal con las prestaciones económicas y sociales que éste conlleva y, por el contrario, a incorporarse a la abarrotada informalidad laboral que acarrea México.
Las mujeres, además, tienden a tener más empleos por cuenta propia, lo que las lleva a la informalidad laboral. Lo anterior provoca que las mujeres se concentren en la parte baja de la distribución de los ingresos laborales y, en general, de las posiciones de menor jerarquía en el mercado de trabajo (Centro de Estudios Espinoza Yglesias, 2019).
Con los siguientes datos se puede determinar que ante mayor acceso a la educación académica, la decisión de practicarse una interrupción elegida del proceso de embarazo incrementa considerablemente: 42 % del total de mujeres mencionó haber estudiado el nivel medio superior, mientras que el 7 % únicamente había concluido la primaria y el 1 % no tuvo acceso a ningún nivel educativo; es decir, las mujeres con bajos niveles de estudio no son las que generalmente están acudiendo a las clínicas de ILE, lo que evidencia que los bajos niveles de educación también están relacionados directamente a un panorama limitado de información en cuanto a planificación familiar, siendo causa y consecuencia de la perpetuación de estas condiciones.
Adicionalmente, el 54 % expresaron ser mujeres solteras, por lo que en caso de ser madres se convertirían en la principal o única fuente de sustento de sus familias. Al no poder concluir sus estudios ni entrar al mercado laboral formal y/o a salarios dignos, las rectas presupuestarias para sí mismas y para sus dependientes serían limitadas, así como la demanda efectiva a realizar, pues ambas están condicionadas al ingreso.
El problema para la movilidad de las mujeres no es la maternidad sino la falta de información y la imposibilidad de elección. Si la libre decisión junto con los servicios gratuitos y seguros que hay en la Ciudad de México para la interrupción del embarazo se replicaran en todo el país, un mayor número de mujeres tendría la opción de acceder a niveles académicos más altos y al mercado laboral formal, además, y para nada menos importante, las cifras de madres niñas y adolescentes, así como los embarazos no deseados, se verían mermados.
Divulgar las investigaciones y los informes que den referencias de los dos escenarios para que las mujeres decidan informada y libremente ser madres o interrumpir sus embarazos de manera consciente, conlleva también reiterar que la maternidad no es algo intrínseco al género femenino. Es por ello que tener información perfecta, accesible y completa, así como alternativas al alcance de todas, es crucial para combatir las desigualdades socioeconómicas, y éstas, a su vez, para impulsar la movilidad social de las mujeres.
Tamara Rodríguez Cruz
Economista.
Bibliografía
Erviti, Joaquina. “El aborto entre mujeres pobres. Sociología de la experiencia”. CLACSO, 2005.
García, Ana Karen. “3 claves sobre la despenalización del aborto en Oaxaca”. El Economista, 29 de septiembre 2019.
Grupo de Información en Reproducción Elegida, A. C. “Despenalización de la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación en el Distrito Federal”. Women’s Link Worldwide, 2009.
Centro de Estudios Espinoza Yglesias. Informe Movilidad Social en México, 2019.
Secretaria de Salud de la Ciudad de México. “Interrupción Legal del Embarazo. Estadísticas abril 2007- 31 julio 2020”. ILE Salud CDMX, 2020.
1 A pesar de que en Oaxaca está despenalizado el aborto, aún no existen clínicas gratuitas para realizar el procedimiento.