Atender la crisis global ocasionada por la pandemia del COVID-19 requerirá recursos no previstos en todas las economías del mundo. Enfrentarnos a lo que será la crisis económica más grave en casi 100 años —más grave que la Gran Depresión de 1929— (Gopinath, G., 2020) (FMI, 2020) debiera crear un punto de inflexión necesario: cambiar el rumbo de la marea económica, como en aquel entonces sucedió. No debiéramos apostar por volver a la “normalidad” de antes, debemos aspirar (y organizarnos) para un orden social y económico diferente.
Este texto será un recuento del surgimiento de las crisis económicas, las relaciones internacionales y los acuerdos de cooperación financiera, que han determinado los cambios en la estructura económica mundial. Tal diagnóstico permitirá conocer cómo se ha procedido en el pasado y eso nos dará un punto de partida, de comparación, de las condiciones actuales respecto a las de entonces, para así definir cómo proceder en la actual crisis (definiendo el rol del Estado y las políticas públicas necesarias), prevenir crisis futuras y, en su caso, para mejorar las condiciones en las que se realicen las negociaciones de endeudamiento público.
De acuerdo a Marx (1894) las crisis son inevitables en el sistema económico en el que vivimos: el capitalismo, debido a las contradicciones dialécticas que son parte de este sistema, fundamentalmente la producción social de valor y la apropiación privada además de la sobreproducción y subconsumo.
Por otro lado, como resultado de los procesos de globalización,1 los efectos regionales de las crisis suelen contagiarse y expandirse rápidamente hacia otras regiones. En las últimas décadas, además de la denominada Gran Depresión de 1929 y a partir de que terminó la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), han ocurrido cuatro recesiones globales (Kose, Sugawara, & Terrones, 2020): 1975, 1982, 1991 y 2009.

Ilustración: David Peón
La Gran Depresión (1929): especulación en el sector financiero
El auge económico visto en lo que se conoce como “Los felices años 20” acompañado de la gran especulación en la Bolsa de Valores de Nueva York tuvo un punto de quiebre en el “Jueves negro” de 1929. A medida que la confianza del consumidor se desvaneció a raíz del colapso del mercado de valores, la caída en el gasto y la inversión llevó a las fábricas y otras empresas a frenar la producción y comenzar a despedir a sus trabajadores. Las políticas con las que se sustituyó la ortodoxia fiscal (“finanzas sólidas” simbolizadas en la adherencia al patrón oro, lo que imponía la deflación) fueron expansionistas y en gran medida socialistas (Temin, 1996). A pesar de la diversidad de políticas implementadas, todas compartían lo siguiente:
1. Propiedad pública o regulación de “las alturas prominentes” de la economía, particularmente de servicios públicos y banca.
2. Fuerte participación gubernamental en la determinación de salarios.
3. Un Estado del bienestar que proporciona a toda la población “un dividendo social que representa la parte individual de las rentas derivadas del capital y los recursos naturales que son propiedad de la sociedad” (Lange & Taylor, 1938).
Es durante este periodo que surgen propuestas como el New Deal (incluyendo la Ley Glass-Steagall en 1933, Ley Federal de Valores, y la creación de la Comisión de Valores y Cambio en 1934) yla vuelta de conceptoscomo los100 días dirigidas por F. Roosevelt en EE.UU., también en este periodo ascendió el partido Nazi que, a pesar de su visión inhumanitaria sumamente criticable (las libertados personales, la autonomía y la sumisión de las mujeres), logró recuperar a la economía alemana. Empero, los caminos de ambos países fueron diferentes: EE.UU. comenzó incentivando la inversión y luego el consumo, Alemania viceversa. De tal manera que, mientras EE.UU. aumentó los sueldos y se enfrentó a un continuo desempleo, Alemania tuvo bajos salarios y consiguió el “pleno empleo” (excluyó a las mujeres del mercado laboral) con rapidez (Temin, 1996).
Crisis de Posguerra: solvencia de países de Europa
La Segunda Guerra Mundial, provocada por el intento de expansión del proyecto político del partido Nazi, provocó no sólo la muerte de miles de personas sino la destrucción de propiedad privada y capital productivo. Ante esto es que surge el acuerdo de Bretton Woods, en el que se discutieron dos propuestas: la estadounidense (dirigida por Harry Dexter White) y la británica (dirigida por John Maynard Keynes2). Como es conocido, salió avante la propuesta estadounidense, por lo que se crearon los llamados Gemelos de Bretton Woods: El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD), hoy parte de lo que conocemos como Banco Mundial (BM).
El FMI tuvo desde su origen el objetivo de la estabilidad macroeconómica y financiera; es decir, la estabilidad del tipo de cambio (abandono del patrón oro y la adopción del dólar como divisa internacional) y los flujos financieros reflejados en la balanza de pagos.
Por otra parte, el BIRF se ideó como una herramienta para financiar la reconstrucción europea a través de préstamos destinados, principalmente, a obras de infraestructura. Es así como surge el famoso Plan Marshall, un préstamo de cuatro años para reconstruir las ciudades, las industrias y la infraestructura dañada por la guerra; así como la eliminación de barreras comerciales (y de las ideas del comunismo).
Por otra parte, el BIRF cambió su objetivo para atender las necesidades de sus integrantes en América Latina, África y Asia. De acuerdo con Marichal (1988), entre 1921 y 1930 la mayoría de los gobiernos latinoamericanos se lanzaron a una verdadera orgía de préstamos externos; si bien cada país tenía distintos motivos para buscar dinero en el exterior, es posible identificar dos razones primordiales: la refinanciación de las deudas y realizar obras públicas (en especial aquellas vinculadas a la modernización urbana). Esta estrategia los indujo a contraer gran número de préstamos de desarrollo durante los años 1925-1928.
A lo largo de la década de 1930 y buena parte de la siguiente, todos los gobiernos latinoamericanos estuvieron involucrados en complejos reajustes de las enormes deudas, que habían contraído con los banqueros e inversores norteamericanos y europeos.
Crisis de 1975: oferta de petróleo
La revolución industrial trajo como una de sus consecuencias el cambio en la matriz energética (Smil, 2010), pasando del carbón durante el siglo XIX al petróleo (particularmente para el transporte) desde el siglo XX y en la segunda mitad del siglo pasado una gama de nuevas fuentes como el gas natural (y desarrollos nucleares y energías renovables en menor cantidad), que han seguido sin superar la importancia del petróleo y sus derivados. De tal manera que el petróleo, al ser un recurso natural ubicado sólo en algunos países para su extracción, está sujeto a conflictos geopolíticos.
A su vez, la maquinaria utilizada para la guerra también funcionaba con derivados del petróleo, por lo que su demanda se incrementó. Fue en 1960 que se creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), siendo el principal destino de exportación EE. UU. Para octubre de 1973, conflictos entre países miembro de la OPEP e Israel estallaron, por lo que una estrategia para presionar a que EE. UU. dejara de ayudar a Israel fue la decisión de reducir la producción de petróleo y aumentar exponencialmente el precio del crudo, dando lugar a lo que se conoce por Embargo petrolero.
Esta escasez del principal energético, provocó una disminución de la actividad económica en todo el mundo. Para marzo de 1974, tras la negociación con el gobierno estadounidense, la OPEP eliminó el embargo; no obstante, el shock de oferta y el fuerte aumento de los precios del petróleo provocaron un aumento sustancial en inflación y un debilitamiento significativo del crecimiento en varios países (estanflación). En ese sentido, en 1975 se crea lo que se conocía como el G7, el grupo de los siete países más industrializados que se reúne continuamente para discutir políticas económicas. La flexibilización de la política monetaria y fiscal, especialmente por parte de algunas economías avanzadas importantes, ayudó a impulsar un repunte de crecimiento en 1976 (Kose, Sugawara, & Terrones, 2020).
Crisis de 1982: solvencia de países de América Latina
A partir del establecimiento de la Asociación Internacional de Fomento (IDA) en 1960, el Banco Mundial comenzó a poner más énfasis en los países más pobres y, para comienzos de la década de 1970, ya había desplazado su atención a la erradicación de la pobreza.
Fue con la recesión mundial de 1982 provocada principalmente por elshock petrolero de 1979 y la crisis de la deuda latinoamericana en 1980, que dio inicio la denominada década perdida (1980-1990) (CEPAL, 2014). En este periodo comienzan en la región, incluido México, los programas de ajuste económico y financiamiento de la deuda mejor conocidos como “Programas de ajuste estructural” (SAPs), dirigidos por el FMI y el BM bajo el nombrado Consenso de Washington (Williamson, 2004). Estas múltiples políticas fueron exitosas en reducir la inflación y desequilibrios fiscales, pero fallaron en generar crecimiento económico (Moreno Brid, Pérez, & Ruíz, 2005).
Además, estos programas de ajuste estructural fueron el motor para avanzar una agenda neoliberal:3 impulsar la desregulación de las economías de todo el mundo, forzar la apertura de los mercados nacionales al comercio y el capital extranjero, así como exigir que los gobiernos se redujeran argumentando austeridad o privatización (Ostry, Loungani, & Furceri, 2016), de tal manera que (como consecuencia) se perseveraron los niveles de pobreza extrema y desigualdad.
Adicionalmente, otro acuerdo de cooperación financiera internacional fue la dirigida mediante el Comité de Basilea, para lograr una mayor convergencia en la medición de requerimientos de capital. Esto dio como resultado un amplio consenso, conocido como Basilea I, sobre un enfoque ponderado para la medición del riesgo, tanto dentro como fuera de los balances de los bancos.
Crisis de 1991: sobrevaluación del tipo de cambio y desregulación del sector bancario
La siguiente recesión global iniciada en 1991 (que tuvo sus mayores repercusiones en México en 1994 por razones adicionales) fue originada por una amplia gama de factores: la Guerra del Golfo de 1990-91, problemas con el mecanismo de tipo de cambio del Sistema Monetario Europeo en 1992, el estallido de una burbuja de precios de activos en Japón y la transición de la URSS a economías de mercado. Para América Latina, las repercusiones de los programas de ajuste durante la década de los 80 generó que primero existiera un auge de la inversión y luego una burbuja financiera en el mercado de activos.
Particularmente, México renegoció su deuda en 1989, el financiamiento internacional para el país comenzó a través de los Certificados del Tesoro (CETES) a muy corto plazo (un mes) y los compradores eran en su mayoría extranjeros (Griffith-Jones, 1997), exacerbando la vulnerabilidad a la especulación.
Es en estos años que surge el famoso fideicomiso llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), creado el 18 de julio de 1990, el primer seguro de depósitos explícito instituido en México. Su función consistía en la realización de operaciones preventivas para evitar problemas financieros que pudiesen presentar las instituciones de banca múltiple, así como procurar el cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas instituciones. La ambigüedad de su normativa y la voluntad corrupta de los funcionarios en turno dio pie a que se determinara como un fideicomiso privado sujeto a secreto bancario, además de utilizar recursos del erario público; esto sin haber elementos jurídicos para sostener dichas decisiones de política pública, generando incentivos perversos de una garantía de depósitos “ilimitada” (Solís, 2018).
La devaluación del peso a finales de 1994 y el aumento de las tasas de interés interrumpió un periodo de expansión del crédito bancario que había comenzado en 1988. La economía mexicana era muy vulnerable debido a que se había sobrevaluado el tipo de cambio y se desreguló el sector financiero, generando un aumento de las deudas impagadas a los bancos (morosidad y carteras vencidas). Estas condiciones de fragilidad se vieron exacerbadas por factores políticos relativos al inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las elecciones para la Presidencia de la República (Musacchio, 2012).
Al respecto, cabe destacar que las normas contables vigentes en México, sobre las cuales se hacían los cálculos de las carteras vencidas, eran menos exigentes que las prevalecientes en los países desarrollados (Basilea I). Los nuevos criterios contables y las nuevas reglas para crear las provisiones se establecieron después de la crisis, a principios de 1995 (Del Ángel, Haber, & Musacchio, 2006) alineadas con las Normas de Información Financiera (NIF), los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de EE.UU. (US GAAP) y las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). A su vez, el FMI respondió a la crisis del peso mexicano con la ayuda del Tesoro de los Estados Unidos para proteger a los bancos e instituciones financieras extranjeras, y aprobó un crédito stand-by (Saucedo & Rullan, 2014).
El apoyo a los bancos es inevitable si se quiere evitar los costos económicos y sociales que ocasionaría la quiebra de una o varias instituciones en el sistema bancario y en la economía. Ese objetivo se mantuvo en el rescate bancario que siguió a la crisis de 1994-1995. Ante estos efectos y múltiples exigencias internacionales sobre las consecuencias de los SAPs, el FMI y BM se vieron obligados a cambiar sus dinámicas (Rodrik, 2006). Parte de ello fue ampliar el grupo de G7 a G20, del que México forma parte ahora, para darle voz a los países en desarrollo.
Crisis de 2009: desregulación del sector financiero
La crisis comenzó a mediados de 2007, causada por una laxa regulación y supervisión de los mercados e instituciones financieras en Estados Unidos, mediante la aprobación de la Ley Gramm-Leach en 1999 y la Ley de Modernización de Futuros Básicos en el año 2000 (derogando todo lo logrado en con el New Deal, décadas atrás). Dichas leyes permitieron que los bancos participaran en el comercio de derivados rentables, los cuales vendieron posteriormente a los inversores.
Estos valores respaldados por hipotecas necesitaban préstamos hipotecarios como garantía y los derivados crearon una demanda insaciable de hipotecas, las cuales estaban basadas en créditos a población sin capacidad de pago (subprime). Este auge se caracterizó por la falta de crédito, la especulación desenfrenada y la exuberancia general en las perspectivas del mercado inmobiliario, generando una burbuja financiera (FDIC, 2017).
Los fondos de cobertura (hedge funds) y otras instituciones financieras de todo el mundo poseían los valores respaldados por hipotecas, pero también estaban en fondos mutuos, activos corporativos y fondos de pensiones. La exposición ante tal vulnerabilidad hizo que bancos de inversión, como Lehman Brothers, entraran en bancarrota. Los bancos comenzaron a entrar en pánico una vez que se dieron cuenta de que tendrían que absorber las pérdidas y dejaron de prestarse entre sí (no querían que otros bancos les dieran hipotecas sin valor como garantía); como resultado, los costos de préstamos interbancarios aumentaron.
Ante esto, la Reserva Federal de EE.UU. (FED) comenzó a inyectar liquidez al sistema bancario a través de la Línea de Subasta a Plazo (TAF), pero eso no fue suficiente; por lo que tuvo que recurrir a política monetaria no ortodoxa (al llegar a lo que se conoce como la “trampa de la liquidez” donde la tasa de interés real no tiene efectos en la inversión, es necesario que el Banco Central haga Operaciones de Mercado Abierto, OMA). El mismo caso ocurrió con el Banco Central Europeo (BCE), que realizó una operación de fine tuning sobre la tasa de interés fija garantizando una emisión ilimitada de liquidez (full allotment) para financiar a las instituciones financieras monetarias; de tal manera, el BCE reaccionó ante la crisis actuando como prestamista de última instancia (Capraro, Panico, Perrotini, & Purificato, 2020).
Al respecto, también el Comité de Basilea consideró que no había actuado conforme a las circunstancias, por lo que crea nuevas reglamentaciones para la regulación del sector financiero, conocidos como Basilea III.
El gran encierro (The Great Lockdown) de 2020: pandemia
Hay mucha evidencia de asociaciones entre las condiciones climáticas y las enfermedades infecciosas (WHO). La pandemia generada por el COVID-19, originalmente ubicado en China, se ha propagado en todo el mundo debido a la interconexión de los negocios y transporte internacional.
La incertidumbre repercute negativamente en el volumen de crédito, de inversión, de demanda agregada y de producto. El escenario actual es de una situación sin precedentes: la pandemia, forzando medidas de aislamiento social, ha causado estragos en el nivel de actividad económica al afectar en primera instancia un factor de trabajo: la fuerza de trabajo disponible.
A su vez, si no se labora (debido a la falta de políticas del Estado de Bienestar que desaparecieron en los 80 y 90) las personas no cuentan con recursos que les respalden, pues la empresas pequeñas y medianas no tienen ni solvencia ni liquidez. Al mismo tiempo, si no hay actividad económica, el consumo del principal energético (el petróleo) ha generado una crisis del mercado, con precios negativos nunca antes vistos en la historia. Además, estas políticas de aislamiento han puesto al centro las exigencias feministas sobre el trabajo del hogar y de cuidados.
En definitiva, nos estamos enfrentando a una crisis causada por un factor no visto en los últimos 100 años. La magnitud de esta crisis amerita políticas públicas y reflexiones similares a las de la Gran Depresión de 1929. Es necesario recordar que en todas las crisis se ha acudido al endeudamiento y su uso ha dependido del gobierno en turno.
Los títulos de deuda no son simplemente operaciones financieras sino que son, además, poderosos instrumentos políticos. Es por ello que negociar con los grupos que intervienen en dichas políticas se vuelve necesario: funcionarios gubernamentales, empresarios, bancos/organismos financieros internacionales e inversionistas que adquieren título de deuda es esencial. Al respecto no debe sorprender que cualquier gobierno se reúna con los fondos de inversión más grandes del mundo: Black Rock, Vanguard y State Street, pues juntos constituyen el mayor accionista en el 88 % de las empresas S&P 500 (Fichtner, Heemskerk, & García, 2017) además de títulos de deuda soberana.
Se necesitan esfuerzos coordinados internacionales y nacionales para implementar con éxito las medidas necesarias para ayudar a cualquier país a superar la crisis.
La contratación de empréstitos externos en gran escala podía estimular la expansión económica, pero también entrañaba serios peligros. Necesitamos cambiar los regímenes de políticas subyacentes, no podemos esperar que las mismas recetas antes de que ocurriera esta crisis apliquen ahora: los proyectos políticos están a prueba.
Las crisis ofrecen escasas esperanzas de que un cambio en el régimen de políticas pueda efectuarse con rapidez, pues se tiene que conseguir apoyo político para su aplicación. En tiempos de crisis hay preferencia por el socialismo frente al capitalismo: el desorden engendra socialismo (Temin, 1996). La Gran Depresión de 1929 es lo más parecido que hemos visto a la crisis final del capitalismo pronosticada por Marx, pero tuvo sus propias deficiencias en aplicación: en lugar de generar un nuevo orden mundial, éste se fue desvaneciendo, ya que sólo se introdujeron elementos socialistas, como el socialismo democrático, la economía mixta y los programas de bienestar social. Actualmente, las condiciones han cambiado, la agenda feminista y energética deben estar al centro de las nuevas propuestas del orden socioeconómico.
El cambio de expectativas por sí solo no tiene suficiente fuerza para invertir el curso de la economía. Necesitamos repensar el sistema y no caer en la negligencia sistemática.
Aranxa Sánchez
Economista por la UNAM e investigadora de Fundar.
Referencias
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Williamson, J. (2004). A Short History of the Washington Consensus. Barcelona: Fundación CIDOB. Obtenido de aquí.
1 Primera (1870-1914), segunda (1944-1971) y tercera (1989).
2 Mientras Keynes proponía una divisa internacional que funcionara con base en una canasta que funcionaba en proporción a su comercio internacional, White propuso la hegemonía de EE.UU. al tener como divisa internacional al dólar estadounidense.
3 Para un breve recorrido del concepto de “neoliberalismo” ver acá.