La oposición en México no ha estado a la altura de las circunstancias. Dada la naturaleza multidimensional de nuestra crisis, tendría que estar enfocando sus esfuerzos en proponer un programa que, con una visión de Estado, nos llevara a solucionar problemas estructurales. Sin embargo, hasta ahora ha sido incapaz de generar estas propuestas, lo que se refleja en su discurso, que se reduce a descalificar las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Esto no quiere decir, claro está, que el presidente no haya cometido errores. Algunos, como la encrucijada en contra de determinados órganos autónomos, provienen de una visión anacrónica del Estado. Otros, como el fracaso de las compras consolidadas de medicamentos, de una incapacidad institucional y una planeación deficiente. Unos más, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, de decisiones políticas carentes de sustento técnico y económico. Finalmente, hay otros para los que no se encuentran una explicaciones lógicas, como el empecinamiento en consolidar las cuentas fiscales en medio de la crisis derivada del covid-19.
Aunque la oposición hace bien en denunciar estos errores, no ha sabido formular alternativas. Señalan con vehemencia que no debemos caminar hacia el “populismo”, sin indicar las nuevas rutas que se deben trazar. Peor aún, con frecuencia aducen que se debe regresar por el camino andado, de vuelta a un pasado de pesadilla que la sociedad mexicana repudió masivamente en 2018.
Sospecho que no comprenden dos cosas: las razones por las que AMLO arrasó en la elección de 2018, y las causas por las que, pese a los malos resultados obtenidos en rubros primordiales como seguridad pública o crecimiento económico, sigue siendo ampliamente popular. A continuación avanzo una posible explicación de estos factores.
¿Por qué AMLO ganó las elecciones de 2018?
Aunque a la oposición le cause desconcierto, las condiciones económicas y sociales que sus gobiernos heredaron explican el rotundo triunfo de Morena. Luego de la crisis de la deuda externa de 1982, se argumentó que el Estado interventor había fracasado inexorablemente, y que el neoliberalismo era la llave para ingresar al primer mundo. Gracias a la apertura de las cuentas externas, la privatización de empresas y la desregulación de mercados, el país se modernizaría. Nuestra vecindad con el gigante nos convertiría en una potencia manufacturera, con lo que desaparecería la dualidad de nuestra economía. Únicamente había que mantener la estabilidad macroeconómica y fortalecer el Estado de derecho, además de implementar algunas reformas complementarias que promoverían la competencia en mercados clave, eliminarían distorsiones, y elevarían la calidad del capital humano. Una vez garantizadas estas condiciones marco, las fuerzas de la globalización culminarían la obra. Estas fueron las promesas hueras que, en medio de la euforia del “fin de la historia”, nos hicieron los relegados a ser oposición.
México fue un alumno destacado, pero los resultados no llegaron. La economía se estancó, por lo que no se generaron suficientes empleos para las centenas de miles de jóvenes que se incorporaban al mercado laboral todos los años, creando el caldo de cultivo perfecto para la frustración, el resentimiento y la violencia. Y esto, para colmo de males, con el agravante de que los escasos frutos cosechados fueron acaparados por los ricos y poderosos de arriba, que se apropiaron de rentas al por mayor. En pocas palabras, crecimos poco y distribuimos mal. Analicemos algunas estadísticas para entender el tamaño del fiasco.
Empezamos 1992 con 53.1 % de la población en pobreza patrimonial y 21.4 en pobreza alimentaria; en 2018, las mismas variables representaban 49.9 y 14 %. Si bien en términos relativos hubo una disminución marginal de la pobreza, el ejército de pobres no dejó de crecer. En 1992, había 46.1 millones de mexicanos en pobreza patrimonial y 18.6 en pobreza alimentaria; en 2018, ya eran 61.8 millones en la primera condición y 17.3 millones en la segunda. Ni el programa estelar de desarrollo social, ni las políticas asistencialistas, ni el escaso crecimiento económico redujeron la pobreza. Además, nuestras recurrentes crisis económicas borraron de un plumazo los escasos logros en esta materia, tal y como ilustran la del “Efecto Tequila” o la más reciente provocada por el “Gran Confinamiento”. Así de efímero es el “desarrollo” en nuestro país.
Como cabría esperar, el mercado laboral resintió el escaso crecimiento económico. De acuerdo con las cifras oficiales, México ha mantenido tasas de desocupación de un solo dígito en las últimas décadas, incluso si tomamos en consideración la crisis financiera global de 2008. La tasa de desempleo reportada por el Inegi no refleja la totalidad del mercado laboral mexicano. Por eso, es preciso enfocarse en variables como la informalidad, que consiste sobre todo en actividades de subsistencia realizadas por personas que fueron expulsadas o nunca pudieron incorporarse al mercado laboral formal.
La tasa de informalidad presentó una media de 58 % entre 2005 y 2018. Es decir, la mayoría de los mexicanos trabajaba en empleos de baja productividad y sin prestaciones sociales, situación que no mejoró con la apertura externa; por el contrario, la despiadada competencia internacional destruyó empresas tradicionales sin generar suficientes empresas modernas para absorber los recursos “liberados”. La informalidad es tan generalizada que se tuvieron que crear instituciones como el Seguro Popular para dar cobertura a millones de mexicanos que no tenían acceso a los mecanismos tradicionales de la seguridad social. Ante la incapacidad de generar empleos formales, nuestros otrora gobernantes promovieron el autoempleo de subsistencia, otorgando una insuficiente protección social para contener el malestar derivado de la precariedad de las opciones laborales.
Los ingresos de los mexicanos también se vieron afectados por la falta de dinamismo económico. La mayoría de nuestros compatriotas no percibe suficiente dinero para darle una buena calidad de vida a sus familias.
El porcentaje de mexicanos que gana más de cinco salarios mínimos ha disminuido considerablemente. Mientras que en el 2000 alrededor de 12 % tenía ingresos por encima de este umbral, en 2018 sólo 4 % lo hacía. Esta disminución se explica, en menor medida, por un incremento marginal del salario mínimo. Más bien, el estancamiento económico, aunado a la flexibilización de las leyes laborales, ha degradado la calidad de los empleos. En 2018, 16 % de los encuestados ganaba hasta un salario mínimo, que en términos monetarios representaba una cifra inferior a 2651 pesos mensuales. Más allá de eso, 76 % ganaba menos de cinco salarios mínimos, que en términos monetarios ascendía a 13 256 pesos; esto es, casi 80 % no tenía un ingreso suficiente para satisfacer a cabalidad las necesidades de sus familias.
Los mexicanos de a pie no se beneficiaron del modelo económico. ¿Quiénes fueron los ganadores? El cuadro 2 nos ayuda a responder esta pregunta.
Mientras que el 10 % más pobre de la población recibía 1.8 % de los ingresos en 2018, el 10 % más rico recibía 33.6 %. Dicho de otra manera, el 10 % más rico percibía treinta y cuatro de cada cien pesos, en tanto que el 10 % más pobre sólo dos de cada cien. Para dimensionar el problema, sin embargo, debemos prestar atención al 0.01 % más alto de la distribución. Nos referimos a la punta de la pirámide social. Según el último ranking de Forbes, la riqueza de los quince mexicanos más acaudalados asciende a 160 900 millones de dólares, lo que equivale a casi 12 % del PIB. Muchos de estos empresarios, cabe mencionar, eran personajes relativamente menores en 1982. Al menos los cuatro más ricos incrementaron exponencialmente sus fortunas al amparo de concesiones públicas que les fueron otorgadas durante el proceso de privatización. La élite empresarial, tan renuente a pagar impuestos, ha sido la gran beneficiaria del modelo económico.
Como es fácil de sospechar, el otro grupo que se benefició con la transición democrática y la apertura de la economía fueron los políticos corruptos, siempre prestos a realizar negocios al amparo del poder público. Sobran las historias de políticos, funcionarios públicos y “representantes populares” que han abusado de su encargo para enriquecerse a costa del bienestar del pueblo. El catálogo de prácticas de corrupción alcanzó niveles inauditos; vamos, llegaron al grado de falsificar quimioterapias destinadas a niños con cáncer.
El fracaso del modelo económico y las injusticias que se cometieron explican, hasta cierto punto, el descontento popular que culminó en el abrumador triunfo de Morena.
¿Por qué AMLO sigue siendo popular?
Parte de la popularidad del presidente se explica por su habilidad política. Es un orador consumado, que sabe encender las emociones del público. Otra parte, sin duda, está relacionada con la veracidad de algunas de sus afirmaciones. El neoliberalismo efectivamente benefició a una élite empresarial y política que, en muchas ocasiones, incrementó sus arcas con base en abusos y actos de corrupción. El mote de “mafia del poder”, después de todo, tiene visos de verdad. Considero que el principal factor detrás de la popularidad del presidente, no obstante, son los programas sociales. Y es que, en México, una transferencia de unos pocos miles de pesos mensuales hace una diferencia considerable en la calidad de vida de la gente.
El cuadro 3 muestra que el ingreso de la familia mexicana típica aumentó 23 % en términos reales entre 2016 y 2022. Es decir, aun descontando la crisis del covid-19, los programas sociales han incrementado significativamente el ingreso de la unidad familiar. ¿Esto es populismo? No si consideramos que México es el país de la OCDE que menos gasta en desarrollo social. De hecho, el gasto en este rubro (como porcentaje del PIB) es de alrededor de la mitad del de Costa Rica, Chile o Colombia. Los programas sociales, por descontado, tienen muchas áreas de oportunidad. No dejan de llamar la atención, sin embargo, las acusaciones de “populista” por implementar una tibia política de desarrollo social que no ha implicado un desbalance de las cuentas fiscales. Debemos enfatizar dos puntos. Primero, ese gasto social se logró a costa de una reasignación importante del presupuesto público, lo que implica descuidar funciones sustantivas del precario Estado mexicano. Por el motivo que sea, el presidente fue renuente a utilizar su capital político para implementar una reforma fiscal progresiva, la más importante de las asignaturas pendientes. Segundo, debido a la caída de la actividad económica, el porcentaje del ingreso de las familias que depende de programas sociales creció, tendencia insostenible en el largo plazo.
En suma, la oposición debe entender que el modelo económico que enarboló durante las últimas cuatro décadas fracasó, por lo que no puede seguir idealizando un pasado que fue generoso con ciertas élites, pero miserable con las mayorías. Acusan a AMLO de anacrónico por querer regresar a los setenta, cuando ellos pretenden hacerlo al 30 de junio de 2018. Como si los procesos sociales pudieran revertirse discrecionalmente. Además, necesita renovar sus cuadros, pues sus actuales dirigentes llevan a cuestas un desprestigio que los hace interlocutores inválidos.
Lo que debe quedar claro, por encima de todo, es que pedirles a los mexicanos que esperen otras cuatro décadas para que la riqueza ahora sí gotee hacia abajo es un sinsentido que llevaría a la destrucción de nuestra endeble democracia. Los cauces para dar una expresión institucional al descontento social se están agotando, y no parecen darse cuenta de ello. Necesitamos una oposición que enriquezca nuestra discusión pública pugnando por un nuevo proyecto de nación; de lo contrario, corremos el riesgo de quedar atrapados entre la Escila de un gobierno que justifica todo bajo el argumento de combatir la corrupción del pasado y la Caribdis de una oposición que descalifica las decisiones del presidente sin contar con un programa alternativo. Es momento, por el bien de México, de que por fin entiendan lo que no entienden.
Anuar Sucar Díaz Ceballos
Estudiante del doctorado en economía de la Universidad de Massachusetts