El filósofo político Michael Sandel levantó un debate sugerente sobre las distinciones mediante las cuales entendemos lo que nos hace bien colectivamente. A partir de la pregunta “¿Realmente el bienestar económico es la única forma de alcanzar nuestras aspiraciones, deseos y plenitud?” este autor articula una postura hacia un camino más amplio, aquel que llama el bien común cívico.
Discutir el bienestar económico en términos de su civismo abona a los esfuerzos por generar una visión más completa sobre las implicaciones de la economía en el desarrollo humano. Este tipo de ejercicios reflexivos han cobrado importancia ante la explosión de la crisis sanitaria global del año pasado y los indicios claros sobre una inminente emergencia climática. Un ejemplo destacado es la redefinición del Índice de Desarrollo Humano impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ajustado a presiones planetarias, el Índice de Desarrollo Humano considera elementos que van más allá de la comprensión económica clásica: agrega la dimensión de género, considera los efectos negativos de la producción en el ambiente, la cultura y la salud, puntualiza el reconocimiento de las necesidades locales y reconoce la importancia de establecer procesos de participación ciudadana para satisfacerlas. Otras organizaciones impulsan propuestas locales similares, como el desarrollo de Oxfam y Open Society Foundations sobre los foros de discusión en los que se comentaron los elementos de una economía más humana para el caso de México. En ese sentido, las agrupaciones proponen sus sugerencias desde el reconocimiento de los problemas de pobreza, desigualdad, género y participación ciudadana que existen en el país.1 Bajo estas mismas preocupaciones, ese trabajo construye el bien común cívico por medio del desarrollo del paradigma del bienestar colectivo en la disciplina económica.
Ilustración: Patricio Betteo
Construyendo el bien común cívico
Es complicado pensar en un consenso sobre qué nos hace bien a todas las personas y cómo modificamos nuestras instituciones en torno a ello. Lo cierto es que, para este ensayo, el punto de partida es una definición acotada a su dimensión económica: las personas están bien cuando pueden acceder libremente a más productos y servicios que consideran necesarios o deseables; más aún, se encuentran mejor cuando pueden disfrutarlos sin la presión de un presupuesto ajustado. A este hecho responden las variables macroeconómicas que usualmente son discutidas en la vida pública: el Producto Interno Bruto, el desempleo y la inflación, entre otras más. No obstante, la comprensión del bien común (o bien, lo que es socialmente deseable) queda limitada sin un espacio de discusión sobre su naturaleza. Entender el bien común cívico —bajo qué medios será alcanzado, cómo estructurará a los sistemas sociales, políticos y ecológicos en torno suyo, así como sus diferentes definiciones en el tiempo— es una tarea fundamental para garantizar la vida digna.
El bien común cívico contrasta con la definición económica del bienestar por dos razones importantes. En primer lugar, porque requiere de la deliberación pública acerca del alcance de nuestras preferencias y nuestro consumo. En segundo lugar, el bien cívico nos invita a discutir sobre cómo definimos una vida deseable y cómo esto afecta nuestra forma de organizarnos.2 En otras palabras, cuando la visión económica argumenta en favor de una organización social que nos permita obtener la mayor satisfacción posible de los recursos que tenemos, el bien cívico establece como punto de partida la reflexión sobre el impacto de nuestras preferencias en el bienestar de las demás personas y la organización de nuestro sistema. Esto nos permite extender la definición de bienestar para la inclusión de aspiraciones no económicas: la calidad de vida, las condiciones climáticas, los ideales sociales, entre otras más. Con esto en mente, resulta de fundamental importancia preguntarnos cómo entender la propuesta de Sandel desde el paradigma económico contemporáneo.
Alcanzando la discusión pública
Los economistas Stanley Winer & Walter Hettich encontraron, en un documento de 1896 escrito por el economista político Knut Wicksell, una crítica sobre la comprensión de las finanzas públicas que ahora resuena desde la propuesta de Sandel. Wicksell, argumentan los autores, presentó una queja hacia la mínima consideración que se tenía de la opinión de las personas sobre los resultados óptimos de las intervenciones y el manejo de los recursos públicos.3 La queja no es menor. Uno de los constructos teóricos más importantes para el análisis económico es estudiar el comportamiento del mercado cuando la planeación y distribución de los recursos se realiza en aras de mejorar el bienestar de todas las partes involucradas. La planeación centralizada benevolente caracteriza un constructo económico en donde las decisiones están focalizadas hacia una institución, con el propósito de que ésta garantice acuerdos socialmente óptimos. Para ello, la institución colocará los recursos de tal forma que asegure un punto en donde los cambios en favor de una de las partes no generarán repercusiones en otra de las personas involucradas.
Con la planeación centralizada es posible generar un escenario con resultados numéricos en condiciones ideales que, en consecuencia, nos permite realizar contrastes entre sus resultados y la evidencia que recuperamos de indicadores y muestreos estadísticos. Si bien la intención de este constructo es ofrecer resultados prácticos y socialmente justos, fracasa como herramienta al no considerar los efectos de intereses políticos en los criterios de asignación.4 De esta falla nace la crítica de Wicksell: caracterizar la decisión de cómo se distribuyen los recursos no es una tarea que pueda distanciarse de un análisis que considere la complejidad en los intereses que forman parte de ese proceso; por el contrario, debe tratarse de una decisión alcanzada colectivamente con base en esta multitud de consideraciones e intereses.5
Las innovaciones tecnológicas e intelectuales de los últimos dos siglos han permitido extender el análisis económico para lidiar mejor con el impacto de las preferencias políticas en la distribución de los recursos. Ahora es posible estudiar cómo el comportamiento y las propuestas de los partidos políticos están condicionadas para atraer la mayor cantidad de votantes, cómo la pluralidad y la reputación tienen un efecto en carreras políticas, y bajo qué criterios se forman coaliciones en torno a ciertas políticas que no podrían alcanzarse sin un respaldo mayoritario.6 La consecuencia directa de este tipo de desarrollo es que los modelos económicos ahora pueden explicar resultados socioeconómicamente indeseables ante factores como la distribución de la influencia política, el choque entre representantes y la ausencia de representación. Asimismo, estos modelos de economía política nos permiten entender la deseabilidad del bienestar económico desde criterios políticos, en donde grupos políticamente influyentes tienen la capacidad de empujar lo deseable hacia resultados que les sean favorables.7
Bienestar cívico
Para poder incluir la discusión cívica en la definición del bienestar es necesario acudir a un análisis extendido sobre teoría económica. Carlos Brown y Luis Moreno explican cómo la democratización del dinero público permite la rendición de cuentas sobre cómo se gastan los recursos, permitiendo a su vez la discusión pública sobre en qué se está gastando y por qué. Su propuesta genera un mecanismo efectivo para resolver las dos quejas analizadas hasta ahora. Por un lado, permite alcanzar el bien común cívicoal ofrecer espacios de reflexión sobre lo que consideramos deseable y cómo nos organizamos para alcanzarlo. Por el otro, incorpora y provee herramientas para discutir los procesos óptimos de distribución. Es importante remarcar que la democratización del dinero público también extiende la base sobre la que son realizados los juicios normativos desde la economía política. Particularmente, nos permite comprender cómo las fallas en instituciones políticas nos alejan de resultados que son socialmente deseables en condiciones ideales de intercambio. Por su parte, la teoría económica provee de referentes sobre los cuales medir la diferencia en resultados; mismos referentes que pueden ser útiles a la hora de establecer el diálogo para alcanzar el bien cívico.
La democratización del dinero público es una de las formas principales de discutir las prioridades de las comunidades estructuradas en torno de un Estado y sus circunscripciones. A este proceso acompañan mecanismos centralizados —como la realización de consultas públicas para la elaboración de los Planes Nacionales de Desarrollo, con el que las administraciones federales dirigen sus acciones cada seis años— o descentralizados, como la investigación y la articulación discursiva de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora bien, existen comunidades que buscan la emancipación del Estado-nación y que no establecen sus términos desde los mecanismos anteriores. Reconociendo la pluralidad que existe entre ellas, la autogestión colectiva de sus procesos políticos y sociales parece ser un punto común que les permite integrarel bien común cívico en sus comunidades políticas. Una escucha atenta a sus demandas nos permitirá aprender y respetar de sus procesos de autogestión y deliberación pública. Finalmente, en el nivel individual encontramos esfuerzos de cooperación para impulsar posturas compartidas por medio del consumo: privarse de productos culturales (con el propósito de castigar económicamente comportamientos negativos de sus creadores), los recursos digitales de libre acceso o el veganismo son ejemplos de la búsqueda del bienestar común desde la acción personal y bajo los términos establecidos por comunidades cosmopolitas.8
Conclusión
En los últimos años, el panorama mexicano ha mejorado para la participación presupuestaria. Hoy en día, 29 de los 32 estados de México cuentan con fundamentos legales para fomentar la participación ciudadana; sin embargo, está lejos de ser óptima, pues tan sólo cuatro de ellos han implementado mecanismos como el presupuesto participativo.9 El futuro de la participación presupuestaria dependerá de identificar correctamente los contextos que favorecen su desarrollo y mejoran sus resultados. Por ejemplo, la investigación de Cáñez-Cota y Beret sugiere que “la calidad de la participación ciudadana […] cobra vida en función de las prácticas de cultura política solidaria que ocurren desde la familia, pasan por la organización barrial y continúan en la dimensión de la ciudad”.10 Como este ejemplo sugiere, la transición hacia una cultura participativa —y la discusión sobre el bien común cívico que conlleva— requiere un impulso adicional a la mejora del marco legal de las comunidades: es necesario reinventar la cultura de planeación programática y modificar nuestra comprensión sobre el rol que ocupamos en nuestras comunidades.
En síntesis, es vital extender la planeación de la vida digna más allá de los criterios económicos. En la organización de cada comunidad están las herramientas para impulsar programas que estén ajustados a sus necesidades y recursos, que sean aceptados y legitimados por el consenso de sus integrantes, además de presentarse como soluciones tan integrales como el diálogo que las sustenta. Así entonces, es oportuno impulsar políticas públicas y diseños institucionales que estén construidos bajo la consideración del bien común cívico.
Sebastián Ocampo Palacios
Estudiante de economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
1 Oxfam México y Open Society Foundations, “La Economía al Servicio de la Humanidad: El reto mexicano”, S/F.
2 Michael J. Sandel, The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good?, Farrar, Straus, and Giroux, 2020, p. 194-195.
3 Stanley L. Winer y Walter Hettich, “Structure and Coherence in the Political Economy of Public Finance”, en The Oxford Handbook of Political Economy, Primera Edición, The Oxford Handbooks of Political Science, Estados Unidos, NY: Oxford University Press, 2006, pp. 453-454.
4 La versión más ambiciosa de este ensayo considera a los intereses políticos desde su más amplio espectro: el acceso a un salario digno, la responsabilización y consideración de los procesos ecosistémicos afectados, la importancia de consideraciones colectivas como la salud, los derechos humanos y las peticiones por el respeto a la libre determinación.
5 Winer y Hettich, “Structure and Coherence in the Political Economy of Public Finance”, p. 454.
6 Oxford delinea tres modelos importantes para el análisis de la economía política en Winer y Hettich, “Structure and Coherence in the Political Economy of Public Finance”, p. 449-451.
7 Winer y Hettich, “Structure and Coherence in the Political Economy of Public Finance”, p. 455.
8 Estos tres ejemplos desafían la interpretación tradicional del consumo, pues anteponen una posición política a los criterios económicos de decisión. Es decir, las personas impulsan su visión del bienestar colectivo por medio de sus acciones dentro del mercado.
9 Karla Burgos Rodríguez y Guajardo Solís, Marcela Cavazos, “El Presupuesto Participativo como mecanismo de participación ciudadana presente en los Estados de México”, Justicia 26, núm. 39, 2021, p. 99-100.
10 Antonio Cáñez Cota y Mariano Jorge Beret Rodríguez, “Hacia una infraestructura cooperativa: cultura política solidaria en presupuestos participativos”, Revista Perfiles Latinoamericanos 29, núm. 58, 2021, p. 23.