La cantidad de malas noticias que se han dado a conocer en los últimos meses en diferentes países referente al COVID-19 ha dejado anonadados a gobiernos y ciudadanos de todo el mundo. No obstante, el asombro se convirtió en preocupación cuando la OMS calificó como pandemia a un problema de salud pública que se creía propio de Wuhan, la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular China. Fue a partir de ese momento cuando inició la encrucijada de la economía mundial, paralizando gradualmente toda actividad comercial para después caer en estado crítico. De acuerdo con diversos economistas, la crisis a consecuencia del COVID-19 será la peor que se ha visto en el mundo desde la conocida como La Gran Depresión en 1929.
A pesar de todo, no hay que entrar en confusión, el COVID-19 es el detonante de la tempestad económica global que se avecina, pero no es el origen. En julio de 2019, cuando la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, recortó su tasa de interés después de 11 años, fue un indicador del inicio de la recesión de la economía a nivel global, sumado a otras 11 señales que anunciarían la nueva crisis. De acuerdo con Noam Chomsky, los actuales problemas y futuras consecuencias son la evidencia de otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo. En otras palabras, el apego a la idea de que un sistema de salud impulsado por el mercado, controlado por las grandes empresas, es el más eficiente del mundo debilita la capacidad para lidiar con el COVID-19.
Ilustración: Víctor Solís
Ante tal escenario, organismos internacionales y los gobiernos de naciones desarrolladas han propuesto estrategias para amortiguar el impacto y la pronta recuperación de la economía mundial, algunas ya en marcha. Por ejemplo, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, en su reporte semianual Fiscal Monitor, pide inversión pública para impulsar el crecimiento, aprovechando las bajas tasas de interés. No obstante, la institución deja en claro que “serán bajas durante largo tiempo”, expresión ambigua que le resta credibilidad. De otra manera, ¿por qué no concretar tasas fijas hasta el liquidar la deuda? Bajo la misma dinámica, el Banco Mundial espera proporcionar hasta USD 160 000 millones en los próximos 15 meses para ayudar a los países en la protección de sus poblaciones vulnerables, apoyar a las empresas e impulsar la recuperación económica.
Por otro lado, muchos países, principalmente los desarrollados, han predicho la implementación de estrategias fiscales para incentivar el ingreso de los hogares y evitar que las empresas sigan cayendo hacia una inminente bancarrota. Ahora bien, en el contexto de los países en vías de desarrollo es prudente cuestionar: ¿Pueden adoptar las mismas políticas públicas cuando la economía se caracteriza por altos índices de informalidad? ¿Qué pasará con los ingresos de las poblaciones más vulnerables?
En el caso de México, país en eternas vías del desarrollo, la búsqueda de soluciones para mitigar el impacto económico del COVID-19 se ha empañado con exigencias de una clase empresarial acostumbrada a rescates a modo por parte del Estado. Ante la actual crisis, el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, argumenta que no piden mayor deuda para el país, sino un apoyo en la liquidez y mayor flexibilidad para pago de impuestos, con la intención de mantener empleos y salarios. Sin embargo, sin demanda global ni mercado interno y ante una inminente recesión que terminará por desencadenar recortes de personal, ¿cuál es el sentido de inyectar recursos a las empresas de forma apresurada? Además, dentro de sus propuestas incluyen diferir las obligaciones fiscales de corto plazo por un periodo concreto, incrementar la deuda en un rango de 0.5 % a 5 % del PIB y homologar la definición de sectores esenciales con EEUU y Canadá. Es decir, proponen aumentar la deuda del país 9 veces más de lo aprobado por la Cámara de Diputados.
Exigir que el Estado rescate a las empresas ante las actuales condiciones a nivel macroeconómico no tiene justificación, por una sencilla razón, a pesar de ser México el país con la más baja tasa tributaria en América Latina, el gremio empresarial han incumplido en sus responsabilidades tributarias. No obstante, la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, pide aplicar un modelo similar al de Alemania y EEUU, llamado “salario solidario”, que consiste en que la mitad del salario será pagado por las empresas y la otra mitad por el gobierno, además de créditos para sobrevivir y seguir generando empleos. Asimismo, exigen al gobierno federal aplicar recursos para combatir el COVID-19, criticando la falta de insumos en diversas clínicas y hospitales del IMSS [13]. En consecuencia, si la intención por parte de los empresarios es no endeudar al país, y considerando sus irregularidades tributarias, sumado a que el mayor porcentaje de sus trabajadores son “contratados” por outsourcings, es decir, no cuentan con seguridad social, y por ende, no aportan cuotas al IMSS, entonces: ¿De dónde saldrán los recursos para solventar la falta de insumos?
Para México el endeudamiento realizado bajo condiciones en beneficio de un determinado sector no es el camino idóneo. Se ha señalado la opción de un endeudamiento exiguo con asignación transparente para atenuar las consecuencias, añadido a otras posibles elecciones como aumentar impuestos y reorientar el gasto. No obstante, se debe dar certidumbre en el uso de la deuda, aclarando no ser una emisión por mal manejo de finanzas públicas; una redefinición del gasto sería lo deseable, pero no es claro que exista suficiente margen para modificarlo ni tampoco si sería suficiente para apoyar hogares y empresas; finalmente, un aumento de impuestos disminuiría aún más el consumo.
En este orden de ideas, la elección de un opción para México ante las consecuencias del COVID-19 es compleja, tomando en cuenta dos puntos. Primero, entre más tiempo se lleve aplanar la curva de contagio, mayor será el impacto y tiempo que dure la recesión. Segundo, la dinámica laboral y económica en la escala local del mexicano no puede soportar más tiempo de confinamiento. De allí que cada vez es más viable apostar por la responsabilidad civil, considerando que existen momentos en la vida donde se tienen que hacer sacrificios por uno mismo, por el de al lado y por el país. Es decir, tomar el costo de oportunidad que ofrece la problemática actual a costa de la mejor inversión alternativa disponible de ventaja social para regresar al sistema económico en menos tiempo. Opción que economistas de la Universidad de Harvard comprenden, y por tal razón han organizado fiestas de COVID-19, buscando desarrollar inmunidad y ayudar a que la economía siga en marcha. Sobre todo en un país como México que gracias a las tradiciones viciosas que han dañado al sistema político y empresarial, tienen a más de la mitad de su población en la pobreza.
Finalmente, resulta importante destacar que toda catástrofe siempre posee una historicidad y se encuentra sujeta a un principio de causalidad. Es por ello que el principal peligro que enfrentamos es considerar al nuevo coronavirus como un fenómeno aislado, sin historia, sin contexto social, económico, ambiental y político. En tal sentido, si el encierro ha congelado la normalidad de nuestras inercias y nuestros automatismos en plena era digital, aprovechemos el tiempo detenido para preguntarnos acerca del origen del problema. Dicho de otra manera, para el actual, y futuros escenarios, sólo las personas pueden salvar a las personas, siendo crucial el no regresar a más de lo mismo. Es necesario implementar un nuevo modelo de desarrollo sostenible a través de una mayor integración que se destaque por verdaderamente disminuir la desigualdad entre las naciones.
Christian Martínez Olivera
Estudiante de doctorado en Ciencias de Desarrollo Regional y Tecnológico en el Instituto Tecnológico de Oaxaca.
Buen argumento para no incrementar la deuda bajo el pretexto del Covid-19. Pero para empezar a salir en serio de la crisis hace falta abandonar el modelo económico neoliberal que ya está claro que no ha funcionado a nivel mundial (y menos en México, atizado por la corrupción), y delinear uno nuevo. Probablemente un modelo neo-keynesiano, que retome en su base el concepto del estado benefactor, pero actualizado y aderezado con varias de las propuestas de Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, entre otros… Lo que sí debería quedar claro es que el modelo actual debe cambiar, lo cual la crisis presente sólo ha puesto de relieve, sentido en el que es posible que, en efecto, a la larga le venga como anillo al dedo no sólo a México sino a todo el mundo.