A lo largo de los eternos meses que ha durado la pandemia, los llamados a atender la seguridad alimentaria han sido constantes. Organizaciones de la sociedad civil, instancias académicas, organismos internacionales y otros actores involucrados en el estudio de la alimentación y la salud han producido una gran cantidad de evidencia sobre las dificultades preexistentes en el acceso a una alimentación sana, variada, suficiente y estable, limitaciones a las que gradualmente se irían sumando las restricciones que la pandemia imponía a la movilidad de las personas, al desplazamiento de los alimentos a lo largo de las cadenas de abasto y a la capacidad económica de las familias para adquirir alimentos.
En México las alertas también sonaron desde el inicio de la Jornada de Sana Distancia, allá por marzo de 2020. Era previsible que la vulnerabilidad socioeconómica de algunos sectores de la población les expondría no sólo a la enfermedad, sino a la agudización de su pobreza y la precarización de sus dietas. En aquel momento, que parece cercano y lejano a la vez, varias intervenciones fueron propuestas, advirtiendo desde entonces los riesgos de actuar de manera aislada, dejar todo a las transferencias monetarias y al mercado o, por supuesto, no hacer nada.1, 2
Poco a poco empezamos a ver los estragos de la crisis. En México varias fuentes de información han dado seguimiento al estado de la salud, la nutrición y la seguridad alimentaria durante este periodo. Están, por ejemplo, las estimaciones derivadas de la Encovid-19 realizada por Equide-Ibero, que documentó un desplome dramático de la seguridad alimentaria de los hogares, cayendo de 39 % en abril de 2020 a 27 % en marzo de 2021. En febrero de 2021, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición – Continua Covid-19, en la que encontró que sólo 40 % de los hogares lograron mantener su seguridad alimentaria en 2020.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada por el Inegi también permite dar seguimiento al acceso de la población a alimentos y su edición 2020 fue presentada hace unos días. Me sirvo de ella para presentar aquí una brevísima nota sobre el estado de la seguridad alimentaria de la población mexicana, en un año crítico para la salud y la economía de la población. Antes, cabe hacer algunas notas conceptuales y metodológicas. La aproximación de estas encuestas a la seguridad alimentaria se realiza a través de escalas que recogen las experiencias de los hogares en cuanto a las restricciones que han experimentado –o no– en términos de su acceso a alimentos, explícitamente por falta de dinero u otros recursos, durante los tres meses previos al levantamiento de la encuesta.3 Las escalas más utilizadas en el país son la Escala Latinoamericana de Seguridad Alimentaria (ELCSA) y la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA), una versión acotada de la anterior. La lógica de las escalas es trazar un continuo de severidad que plantea situaciones que van desde la preocupación por quedarse sin alimentos hasta episodios de hambre en el hogar, distinguiendo cuatro niveles: seguridad alimentaria e inseguridad leve, moderada o severa. La EMSA es utilizada, además, como referencia para la medición del indicador de carencia por acceso a la alimentación del Coneval que, a su vez, forma parte de la estimación global de la medición multidimensional de la pobreza. Retomo la ELCSA incluida en la ENIGH para revisar brevemente el nivel y distribución de la seguridad alimentaria a nivel hogar en 2020 y las diferencias respecto a los resultados de su medición en 2018.
Ilustración: Patricio Betteo
Estado de la seguridad alimentaria en México, 2018-2020
Si bien el país ha ido recuperando gradualmente los empleos perdidos por la pandemia, entre el primer trimestre de 2020 y el primero de 2021, la pobreza laboral en México aumentó de 35 % a 39 %; es decir, cuatro de cada diez personas perciben ingresos por trabajo menores al costo de la canasta alimentaria básica. Durante este mismo periodo, la inflación ha alcanzado niveles superiores al 7 %, afectando de manera particular el costo de los alimentos básicos y los combustibles para la cocina y el transporte de personas y alimentos. Si consideramos el confinamiento, el estancamiento económico, la enfermedad y muerte que ha traído la pandemia, se esperaría que la capacidad de las personas para alimentarse se hubiese visto severamente afectada respecto a los años anteriores y que el impacto fuese más fuerte entre quienes ya eran vulnerables a esta situación.
Si se mira sólo el agregado nacional, éste no parece ser el caso. Aunque se aprecia una disminución global de 5 puntos porcentuales en la seguridad alimentaria, esta reducción está relacionada con el aumento de la inseguridad leve, pues los grados más intensos permanecieron prácticamente igual.4
Cuadro 1. Distribución de la seguridad alimentaria en hogares. México, 2018 y 2020
Sin embargo, ante la evidencia sobre los efectos desiguales de la pandemia, se vuelve necesario revisar la distribución de la inseguridad alimentaria entre grupos específicos de población. Observamos, en primer lugar, que la población rural no muestra variaciones sustantivas en sus niveles de inseguridad alimentaria, mientras que la urbana experimentó situaciones que elevaron el nivel leve de la inseguridad alimentaria, con una reducción consecuente en la prevalencia general de seguridad alimentaria (gráfica 1). Sucede lo mismo en hogares donde el o la jefa son hablantes de lengua indígena; parecería que lograron mantenerse estables mientras sus contrapartes no hablantes presentan niveles ligeramente mayores en los grados menos agudos de la inseguridad alimentaria (gráfica 2).
Gráfica 1
Gráfica 2
Los hogares no presentan cambios relevantes en sus niveles de inseguridad alimentaria en función del sexo de la jefatura. En todo caso, respecto a esta variable cabe destacar un rasgo que parece estructural: los hogares en inseguridad alimentaria moderada y severa presentan proporciones de jefatura femenina ligeramente superiores al promedio (29 %), mostrando una mayor exposición de los hogares dirigidos por mujeres a dificultades en el acceso a una alimentación adecuada. Otro escenario preocupante es el de los hogares donde residen menores de 18 años, en los que la inseguridad alimentaria es sistemáticamente más alta y quizá más sensible a crisis, dadas las presiones económicas que representan las fases tempranas de la crianza y la formación (gráfica 3).
Gráfica 3
Por otra parte, la seguridad alimentaria está estrecha y sistemáticamente vinculada a la capacidad económica de los hogares: entre mayores son los ingresos, mayor será la probabilidad de encontrarse en seguridad alimentaria, al menos en la manera en que es medida. Si bien esto facilita creer que la distribución de transferencias económicas bastaría para prevenir problemas de acceso alimentario, la persistencia de inseguridad alimentaria en deciles de ingreso medios o altos sugiere lo contrario. De ahí que los cambios más notables entre un año y otro sean la disminución de la seguridad alimentaria y el aumento de la inseguridad leve, una relación que se repite en toda la distribución con diferencias apenas un poco más elevadas en deciles medios.
Gráfica 4
Tenemos, entonces, que los hogares que concentran rasgos de desventaja estructural que los vuelven más susceptibles a la falta de acceso a una alimentación adecuada no aumentaron su vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en un periodo de crisis tan extraordinario como el que hemos vivido a partir de la pandemia. ¿Será que la política social instrumentada durante la pandemia ha contribuido a que la precariedad en el acceso a alimentos de los hogares más vulnerables no empeore?
Como sabemos, al menos a nivel federal no se diseñaron intervenciones específicas para este periodo extraordinario, sino que se adelantaron las acciones ya diseñadas para circunstancias normales. Ese arreglo inicial fue informado a tiempo sobre sesgos, errores y vacíos, algunos de los cuales reproducían errores previos o creaban otros nuevos, atribuibles a los instrumentos utilizados para el diagnóstico de las necesidades de la población y la identificación de posibles titulares. El resultado es que, entre 2018 y 2020, si bien el porcentaje total de hogares con transferencias públicas no cambió,5 sí alteró su composición en detrimento de la población rural y de aquélla que se ubica en los deciles de menor ingreso (gráfica 5 y gráfica 6).
Gráfica 5
Gráfica 6
Como muestra la gráfica 7, los hogares perceptores de programas –cuyas prevalencias de inseguridad alimentaria son más altas como resultado de la precariedad que, en principio, les hace candidatos a recibir transferencias–, parecerían haber evitado situaciones que debilitaran aún más su acceso a alimentos, a diferencia de los que no reciben programas sociales y que, según se aprecia, habrían podido hacer buen uso de los apoyos, pues incluso reportan incrementos en la inseguridad alimentaria moderada y severa.
Gráfica 7
Este resultado sugiere, por un lado, que hogares que tradicionalmente no son sujetos de la política social requerían ayuda que no recibieron y, por otro, que parte de la población más pobre del país podría haber quedado fuera del reparto de apoyos.6 En cualquier caso, las diferencias en el desempeño de los hogares en cuanto al acceso a alimentos muestran que los apoyos desplegados no fueron suficientes.
Finalmente, revisamos el escenario del acceso a los alimentos en las entidades. En la gráfica 8 los estados aparecen ordenados de mayor a menor nivel de seguridad alimentaria en 2020, mientras que la gráfica 9 muestra el cambio porcentual experimentado en este indicador respecto a 2018. Las entidades que concentran mayores niveles de población en pobreza suelen encontrarse al final de la distribución. Si bien en 2020 éste sigue siendo el caso, llama la atención encontrar a entidades con mayores niveles de riqueza entre las que más descendieron durante el periodo observado, como Nuevo León, la Ciudad de México o Aguascalientes (gráfica 9). Es imposible no notar el desplome dramático de la seguridad alimentaria en Quintana Roo, una entidad históricamente desigual, pero con niveles de pobreza por debajo del promedio que podrían verse severamente afectados por el impacto de la pandemia en el turismo.7 En el extremo contrario destaca el aumento de la seguridad alimentaria en Tabasco, una entidad que en todas las mediciones de pobreza sobresale por sus altos niveles de carencia alimentaria.
Gráfica 8
Gráfica 9
Breve discusión y unas cuantas hipótesis a modo de conclusión
La seguridad alimentaria es un proceso complejo que involucra dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas que se expresan en cada etapa del sistema alimentario. Si bien la comida es un bien y un servicio que puede ser adquirido en el mercado, las condiciones de disponibilidad, accesibilidad física, inocuidad y asequibilidad que debe cumplir para considerarse adecuada y digna demandan medidas que trascienden el dinero. Esas condiciones han estado en riesgo durante la pandemia y, como hemos visto, ese riesgo se distribuye de manera inequitativa entre la población.
La política social instrumentada en estos meses experimentó cambios relevantes en su magnitud y composición que no permitieron proteger a todas las familias más vulnerables ni apoyar a aquellas que, sin encontrarse en la pobreza, experimentarían con mayor dureza los efectos de la pandemia, dada la complejidad de la dinámica urbana, la informalidad, el desempleo, la segregación residencial y la inseguridad pública, entre otros. La contención de la inseguridad alimentaria que observamos en algunos sectores parece deberse más al efecto diferenciado de la pandemia en los territorios que a la política social. Es decir, es más probable que los hogares rurales, indígenas o de menores ingresos no empeoraran su acceso a alimentos porque la contingencia les ha impactado menos severamente que a las localidades urbanas y los sectores medios bajos, que gracias a los programas desplegados.
Sin duda, este resultado es preferible a que hubiesen empeorado, pero la pérdida de seguridad alimentaria en otros sectores pudo haberse evitado desde los gobiernos federal y locales. Ante la ausencia de una política alimentaria de emergencia y la prolongación indefinida de la pandemia y sus efectos económicos y sociales, se vuelve imprescindible indagar cómo están haciendo las familias para no empeorar más, a qué estrategias están recurriendo, qué recursos están movilizando y con qué efectos para su bienestar general, a corto y largo plazo. En términos de inseguridad alimentaria, esto podría implicar mantener dietas bajas en calidad y cantidad o privación, escenarios que pueden ser la causa de nuevos aumentos de sobrepeso, obesidad, anemias u otros síntomas de desnutrición.
Los resultados revisados destacan, además, el aumento de situaciones de preocupación o ansiedad en torno a la insuficiencia de los recursos y pérdida de variedad de alimentos en las dietas, un elemento fundamental de su calidad. Se trata de situaciones que en 2020 experimentaron entre 30 % y 40 % de los hogares del país, proporciones en absoluto irrelevantes que pueden constituir la antesala de problemas mayores que deben ser atendidos, no sólo para impedir que lleguen a niveles que engrosen la pobreza, sino por el derecho mismo a la alimentación, un derecho que en tiempos extraordinarios no puede quedar suspendido, sino que debe ser reforzado con todos los recursos del Estado.
Paloma Villagómez Ornelas
Socióloga. Doctora en Sociología por El Colegio de México. Profesora investigadora visitante en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Región Centro (CIDE-RC)
1 Villagómez, P., “Desigualdad alimentaria y pandemia: un caldo de cultivo”, nexos, 9 de abril de 2020
2 Villagómez, P., “El sistema alimentario en la pandemia: ¿mantenerlo a flote o transformarlo?”, nexos, 28 de mayo de 2020
3 En el caso de la ENIGH 2020, el periodo de levantamiento ocurrió entre agosto y noviembre de 2020, por lo que el periodo de referencia de la escala fue de mayo a noviembre.
4 Este ejercicio no incluye el cálculo de la significancia estadística de las diferencias.
5 Los programas considerados en la agrupación predeterminada de la ENIGH son Procampo, ProAgro Productivo, Producción para el Bienestar, las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo Futuro, Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, otros programas para adultos mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, Seguro de Vida para Jefas de Familia y Jóvenes Construyendo el Futuro.
6 Hay que recordar que entre 2018 y 2020 la política social del país experimentó modificaciones importantes. El Programa Progresa/Oportunidades/Prospera, el más antiguo y de mayor alcance, desapareció y fue sustituido por un conjunto de acciones dirigidas a grupos muy específicos de población. En este reacomodo, hogares que usualmente no cumplían con los requisitos para recibir transferencias públicas comenzaron a hacerlo, pero otros que sí recibían apoyos pudieron quedar fuera de los nuevos criterios o empezaron a recibir montos menores.
7 Cabe aclarar que este ordenamiento no sugiere mayor o menor relevancia en las entidades. Es sólo una manera de ordenar e ilustrar varios datos (dos datos en el tiempo y sus respectivas diferencias para 32 estados) de manera resumida.