La objeción de conciencia se refiere a la posibilidad para los servidores públicos de negarse a llevar a cabo actos o servicios provenientes de una orden de autoridad o norma jurídica en razón de “los propios principios éticos o morales”. Más allá de que retóricamente se quieran igualar las creencias religiosas con los principios éticos o morales, la construcción del discurso en torno a este recurso y la argumentación a favor del mismo ha sido lamentable.