En su Teoría General1 (1936), John Maynard Keynes demolió la noción de que el capitalismo cuenta con mecanismos que garantizan niveles de ocupación de pleno empleo. Antes, se afirmaba que en economías con mercados competidos prevalecía la Ley de Say, según la cual “la oferta crea su propia demanda”. Con contadas excepciones, como Robert Malthus o Karl Marx, se pensaba que no podían presentarse equilibrios con desempleo, ya que el mecanismo de precios eliminaría cualquier desajuste.
Ilustración: Patricio Betteo
Keynes realizó un esfuerzo intelectual monumental, que implicó explicar por qué los movimientos en los salarios, el nivel de precios y las tasas de interés no ajustan la demanda agregada (DA) al nivel del producto potencial. Comenzó señalando que los salarios nominales no son flexibles a la baja. Incluso aunque lo fueran, al representar en el corto plazo los costos marginales de las empresas, los precios también caerían y los salarios reales no disminuirían. En consecuencia, la curva de oferta agregada tiene una pendiente positiva, por lo que la DA no sólo determina el nivel de precios, como afirma la Teoría Cuantitativa del Dinero, sino el producto y el empleo.
Luego, para demostrar que el desempleo no tiene su origen en salarios fijos, discutió el “efecto Pigou”; éste asevera que una caída de la DA conllevaría una disminución de salarios y precios que, dada una masa monetaria, incrementaría los “saldos reales” y el consumo. Al respecto, subrayó que una caída de salarios deprimiría la “eficiencia marginal del capital”, disminuyendo la inversión. Inspirado en Irving Fisher, también argumentó que una caída de precios agravaría el costo real de las deudas.
Finalmente, propuso el “efecto Keynes”, argumentando que una deflación de salarios y precios incrementaría la oferta monetaria real, lo que podría reducir las tasas de interés e incentivar la inversión. A este planteamiento respondió señalando que cuando las expectativas de ganancia se encuentran deprimidas, la función de inversión es inelástica a la tasa de interés. Además, se pueden presentar “trampas de liquidez” en las que la “preferencia por la liquidez” provoca que las tasas de interés se estanquen.
Las lecciones son claras: dado que el nivel de ingreso está determinado por la “demanda efectiva” y ésta fluctúa cuando la inversión difiere del ahorro, el Estado debe promover la DA. Se decretó el fin del laissez-faire; las funciones del Estado decimonónico debían ampliarse: además de garantizar la propiedad privada y proveer bienes públicos, debía atenuar el ciclo económico. Para ello, Keynes recomendó utilizar políticas fiscales y monetarias, con preponderancia de las primeras.
La Teoría General revolucionó la ciencia económica: fundó a la macroeconomía como subdisciplina, conceptualizó a la Gran Depresión, y sugirió ideas que, traducidas en políticas e instituciones, prometían evitar otra catástrofe económica.
Un año después, John Hicks2 realizó una síntesis entre el paradigma emergente y las enseñanzas de los neoclásicos. Conservó todos los supuestos de la teoría prekeynesiana, salvo el de salarios nominales flexibles, lo que le permitió modelar los ciclos como fluctuaciones de la DA. Se perdieron algunas de las contribuciones más relevantes de la Teoría General, como la incertidumbre radical con la que se realizan las previsiones; pero, gracias al modelo IS-LM, las ideas “keynesianas” se propagaron por el orbe. La síntesis se enriqueció con la Curva de Phillips, una relación estadística estable entre menor desempleo y mayor inflación, con la que fue posible calcular los costos de implementar políticas contracíclicas.
No es de extrañar, entonces, que para mediados del siglo XX estos economistas dominaran la academia y ocuparan puestos consultivos de primer orden. Premios Nobel como Paul Samuelson, Robert Solow o Franco Modigliani formaron economistas mientras formulaban políticas de estabilización. La ciencia económica supuestamente había alcanzado una madurez similar a la ingeniería: así como se construían presas, se podían manipular variables económicas para maximizar el bienestar social.
No obstante, los cimientos de este paradigma fueron cuestionados por Milton Friedman y otros “monetaristas”. Para empezar, Friedman3 estimó que la demanda de dinero era una función estable del nivel de ingreso, por lo que la política fiscal era inefectiva. Posteriormente, argumentó4 que la síntesis ignoraba las expectativas de los agentes. Según él, la única forma en que la política económica podía afectar el producto era por medio de una “ilusión monetaria”, en la cual se confundían cambios en precios absolutos con cambios en precios relativos. Sin embargo, los agentes tenían “expectativas adaptativas”, así que corregirían gradualmente sus cálculos. No se podía suponer una Curva de Phillips estable; con cada aprendizaje se actualizarían las expectativas y la curva se desplazaría. Los esfuerzos por disminuir el nivel de desempleo por debajo de su “tasa natural” se traducirían en una aceleración de la inflación. Friedman reformuló la “dicotomía clásica”, llegando a la paradójica conclusión de que las políticas de estabilización eran la causa de los ciclos económicos.
Esta “contrarrevolución monetarista” fue complementada por Robert Lucas,5 el máximo exponente de las expectativas racionales. Según Lucas, Friedman había incurrido en un error al suponer que las expectativas eran adaptativas, pues ello implicaría que los agentes siempre se equivocan. Por el contrario, los agentes son racionales y conocen la teoría económica, por lo que no pueden ser sistemáticamente engañados. La política monetaria únicamente puede modificar el producto por medio de “sorpresas monetarias”, en las que existe ilusión monetaria debido al carácter imperfecto de la información. Utilizando una metodología de equilibrio general, concluyó que el dinero es neutral incluso en el corto plazo y que el capitalismo es inherentemente estable, excepto cuando es alterado por políticas no anticipadas.
Las principales conclusiones del monetarismo fueron aparentemente corroboradas por los hechos. En los setenta, Estados Unidos padeció un fenómeno no explicado por la síntesis: la coexistencia de estancamiento con inflación. La “estanflación” apoyó las tesis de que la política económica es inefectiva, el producto sólo está determinado por factores de oferta, y las perturbaciones son provocadas por los gobiernos. El comportamiento de los políticos debía estar sujeto a reglas: debían garantizar presupuestos públicos equilibrados, y los bancos centrales —autónomos, por consistencia temporal y credibilidad— debían incrementar los agregados monetarios a una tasa constante.
Kydland y Prescott6 —y demás representantes de los “ciclos económicos reales”— llevaron este argumento a sus últimas consecuencias. Para ellos, no existe el desempleo involuntario, pues el ciclo económico es la respuesta racional de los agentes a cambios en su entorno. Ante choques tecnológicos que reducen la productividad del trabajo y los salarios reales, por ejemplo, los trabajadores retiran su fuerza de trabajo del mercado, pues prefieren disfrutar de ocio. Como los precios son flexibles, los agentes racionales y la información perfecta, los mercados despejan continuamente. Lo que fluctúa es el producto potencial, que nunca difiere del producto efectivo. El concepto de ciclo económico, y las políticas para contrarrestarlo, no tienen sentido. La teoría del crecimiento de Solow, y no el principio de la demanda efectiva, es la herramienta adecuada para modelar la macroeconomía.
Estas ideas, junto con el resurgimiento de la teoría del crecimiento económico, sentaron las bases para la implementación del neoliberalismo. El comercio se liberalizó, los mercados se desregularon y las paraestatales se privatizaron, bajo el argumento de que esto incrementaría el producto potencial. El crecimiento de la economía dependía del mercado, lo que implicaba contraer al Estado y acotar su participación. El gobierno debía limitarse a garantizar la estabilidad macroeconómica, atender fallas de mercado, crear un marco institucional que promoviera una asignación eficiente, y velar por el cumplimiento de la ley.
En los ochenta hubo una respuesta a estos desarrollos. Tratando de fortificar el flanco por el que fue destronada la síntesis, autores “neokeynesianos” proveyeron microfundamentaciones para explicar rigideces de salarios y precios como consecuencia de elecciones racionales.7 Construyeron modelos de equilibrio general dinámicos y estocásticos que, además de incorporar expectativas racionales o choques de oferta, suponen que los mercados no despejan debido a estas rigideces. Las implicaciones de este paradigma, dominante hoy en día, son que el Estado debe regular la DA. Aunque prefieren la política monetaria sobre la fiscal, reconocen que, en situaciones extremas —como cuando las tasas de interés alcanzan su límite inferior— se debe utilizar el gasto público deficitario.
Esta superficial síntesis de más de cien años de pensamiento no tiene por objeto defender al “keynesianismo” dominante, que tiene más en común con Friedman que con Keynes. Muchos de sus axiomas, postulados y metodologías deben ser cuestionados. Sin embargo, nos permite observar cómo, incluso en la teoría ortodoxa, se consensuó que el Estado debe utilizar la política fiscal para estabilizar la economía (algo que suscriben los economistas heterodoxos de izquierda). De ahí que prácticamente todos los gobiernos del mundo usaran esta herramienta para paliar los impactos económicos del SARS-CoV-2. El caso paradigmático, por su alcance, consecuencias y resultados, son los paquetes contracíclicos de los Estados Unidos. En conjunto, ascienden a alrededor de 18 % del PIB de ese país, lo que permitirá fortalecer servicios públicos, otorgar transferencias a familias necesitadas, e invertir en el desarrollo de infraestructura sustentable. Somos testigos de un Nuevo Trato Verde.
Esto nos permite contrastar la política contracíclica del gobierno de México. Destinando sólo 1 % del PIB, se implementó uno de los paquetes más pequeños del mundo, con un diseño deficiente. Peor aún, el gasto público fue menor al contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020; la política fiscal fue procíclica. En lugar de emitir deuda, o reevaluar obras de infraestructura cuestionadas, la austeridad se llevó a horizontes absurdos: al inicio del peor trimestre de la historia de la economía mexicana, el gasto operativo del gobierno se contrajo 75 %. Salvo que sean partidarios de los argumentos de Reinhart y Rogoff8 —que estuvieron basados en cálculos erróneos y provocaron un desastre en Europa— no se entiende con base en qué doctrina se privilegió el equilibrio fiscal. Tampoco se entiende por qué un gobierno de izquierda desperdició una oportunidad dorada para fortalecer al Estado de bienestar, cuando los mercados descontaban un mayor gasto público deficitario.
De no ser por nuestro sector externo, estimulado por la política fiscal de Estados Unidos, la caída de nuestra economía hubiera sido peor, y las perspectivas de recuperación serían inciertas. Los economistas de Hacienda, que comprenden estas discusiones, tendrán que rendir cuentas por su austericidio.
Anuar Sucar Díaz Ceballos
Estudiante de doctorado de la Universidad de Massachusetts Amherst
1 Keynes, J. M. The general theory of employment, interest, and money, McMillan, Londres, 1936.
2 Hicks, J. “Mr. Keynes and the classics: a suggested interpretation”, Econometrica, vol. 5. 1937.
3 Friedman, M., y Schwartz, A. A monetary history of the United States, 1867-1960, Princeton University Press, 1963.
4 Friedman, M. “The role of monetary policy”, American Economic Review, núm. 58, 1968.
5 Lucas, R. “Expectations and the neutrality of money”, Journal of Economic Theory, 1972.
6 Prescott, E., y Kydland, F. “Time to build and aggregate fluctuations”, Econometrica, vol. 50, 1982.
7 Mankiw, G., et al. “The new Keynesian economics and the output-inflation trade-off”, Brookings Papers, 1988.
8 Reinhart, Carmen; Rogoff, Kenneth, “Growth in a time of debt”, NBER Working Paper 15639, 2010.