Ante el término de la “jornada nacional de sana distancia” se ha comenzado a hablar del progresivo retorno a las actividades laborales. El regreso a la “nueva normalidad”, se ha anunciado, será cauteloso, programado y progresivo. Ese retorno a la “nueva normalidad” deberá necesariamente incluir el aspecto económico. La pregunta es ¿a qué clase de normalidad queremos regresar?
El COVID-19, la pandemia, y las crisis surgidas (económica y social), nos han dejado al descubierto. Han expuesto nuestras carencias en materia de protección social, el no contar con un Estado de bienestar ha implicado que las familias y, en particular, que las mujeres hagan lo siempre han hecho, pero ahora con mayor intensidad: proteger y cuidar de los más vulnerables.
Nuestras carencias en materia fiscal han quedado, una vez más, exhibidas. Nuestro poco margen de acción en momentos de contingencia está en gran medida determinado por los años de rigidez fiscal, por el recelo a una reforma hacendaria progresiva que dote al Estado de los recursos financieros para, entre otras cosas, integrar un verdadero sistema de seguridad social, reducir las marcadas desigualdades (de ingresos, de género, funcionales, etc.) y fortalecer la cohesión social. Tres cosas que, ha quedado demostrado, son indispensables para hacerle frente a cualquier crisis.
El regreso a la simple normalidad implicaría el retorno a las limitadas tasas de crecimiento de la economía (¡2.3 % en promedio en los últimos 40 años!), regresar al parsimonioso desarrollo. Para muestra del precario progreso basta un botón, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2018, 52.4 millones de personas se encontraban en situación de pobreza, de los cuales 9.3 millones de mexicanos se hallaban en pobreza extrema. Para ese mismo año, el 29.3 % de los mexicanos presentaba una o más carencias sociales.
Ilustración: Ricardo Figueroa
En 2015, la normalidad significaba que a nivel municipal 1 698 municipios (69.4 % del total) tuvieran al 70 % de su población sin acceso a la seguridad social; 179 municipios con más del 30 % de su población sin acceso al agua (tan necesaria ahora para prevenir el contagio) y 455 municipios con carencia en acceso a servicios de salud de hasta 20 % de sus habitantes. El retorno a la normalidad implicaría aceptar, como en 2009, que el primer decil de la población perdiera 9 % de su ingreso corriente total per cápita a causa de la crisis financiera. Esa normalidad ya era muy injusta.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, la normalidad en 2014 para las mujeres implicaba destinar 41.9 horas en promedio a la semana a trabajo de cuidados sin ningún pago de por medio. Para 2017, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la normalidad significó que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral en nuestro país fuera de apenas 43 %, en contraste con el 77.6 % de los hombres. Esta desigualdad en la distribución de los trabajos domésticos y laborales pagados implicó que para 2018 la normalidad de las mujeres significara una brecha salarial de 15.6 %; es decir, para las mujeres regresar simplemente a la normalidad implicaría seguir haciéndonos cargo de todo aquello que el Estado no hace porque no quiere o porque no le alcanza.
La vuelta a la normalidad sería aceptar la casi maniática obsesión de preservar la estabilidad macroeconómica aun a costa del bienestar de la población. Sería admitir la estabilidad en los insuficientes ingresos tributarios (9.5 % respecto del PIB como promedio de los últimos 29 años) y el reducido déficit fiscal (0.9 % respecto del PIB en promedio de 1990 a 2019) que no es empleado para impulsar el crecimiento ni el cumplimiento de los derechos sociales. La vuelta a la normalidad significaría la permanencia en el exiguo gasto dirigido a las entidades federativas (7.7 % respecto del PIB como promedio de los últimos 19 años), el miserable gasto en capital (3.5 % respecto del PIB como promedio de los últimos 19 años) y un largo etcétera. Retornar sencillamente a la normalidad, significaría que, con el pretexto de emprender programas de austeridad, de consolidación fiscal y ajuste estructural, se continúe socavando la capacidad del Estado para respetar, proteger y garantizar los derechos económicos y sociales de millones de mexicanos.
Por tanto, regresar a la normalidad no es suficiente. No deberíamos aspirar sólo a la normalidad, por lo menos no aquella que implica que el Estado no se responsabiliza de la protección social al cien por ciento, aquella donde los ricos sigan sin pagar los impuestos que pueden y deben pagar, donde se pierden cuantiosos recursos producto de privilegios tributarios, donde las tasas de pobreza se encuentran en niveles tan lacerantes, donde se privilegia la estabilidad de las variables económicas, mas no de las personas. Esa normalidad a la que, pareciera, estamos acostumbrados está caracterizada por un marcado desinterés real por el bienestar de las mayorías. Esa normalidad en la práctica no significa otra cosa más que una política de gasto e ingreso separada de las necesidades sociales y sin el cabal cumplimento de los derechos plasmados en la Constitución. Es decir, la política fiscal de la normalidad sólo privilegia la estabilidad, aunque ésta esté completamente desvinculada de la estabilidad de las y los mexicanos.
Entonces, ¿volver a la normalidad económica? No, gracias. Esa normalidad era socialmente injusta, económicamente excluyente y marcada por una profunda desigualdad. La “nueva normalidad” también tiene que ser económica y debe necesariamente replantear el pacto entre el Estado, el mercado y las personas.
El COVID nos ha desnudado, nos ha expuesto con todas nuestras debilidades. Y ha dejado claro que con la misma visión del pasado lo único que podremos conseguir son los mismos mediocres resultados que ya hemos vivido aun sin pandemia.
La “nueva normalidad” económica debe significar que las políticas públicas estén centradas en fortalecer la seguridad social. Debemos ser capaces de reconfigurar el sistema de atención social para enfrentar futuras crisis en condiciones de menor vulnerabilidad y mayor capacidad de mitigación, adaptación y recuperación. La universalización de la seguridad social debe ser el centro de nuestras exigencias. No basta con que todos los mexicanos tengamos el derecho a la protección de la salud como lo consagra la Constitución en su artículo 4to, ahora debemos de volver financieramente viable este derecho.
La “nueva normalidad” debe partir de una política fiscal socialmente justa que sea capaz de financiar y, por tanto, asegurar el ejercicio de los derechos. La política fiscal debe, tal y como dice el grupo que encabeza la iniciativa Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal, emplear su poder transformador para la realización de los derechos humanos.
Y para volver operativo lo establecido en la norma suprema de obligado cumplimiento de nuestro país, es necesaria e impostergable una discusión seria, abierta y democrática de una reforma fiscal. No hay posibilidad de pensar en un Estado de bienestar y del cumplimiento de derechos sin una base tributaria robusta y sólida, porque el covid nos ha enseñado que el dinero no lo es todo, pero salva muchas vidas en casos de emergencia.
Entre las múltiples enseñanzas que podemos extraer de esta crisis es la indisoluble y necesaria conexión entre la política fiscal y los derechos, para que la primera se adapte a los segundos y no al revés.
La “nueva normalidad” también tiene que ser, necesariamente, económica.
Daniela Vianey García Pureco
Maestra en Economía y profesora de Política Fiscal en la Facultad de Economía de la UNAM.
Referencias
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (21 de mayo de 2020). CEPAL. Obtenido de aquí.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2020). La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México. México.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (22 de mayo de 2020). Obtenido de aquí.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2014). Encuesta Sobre Uso del Tiempo (EUT). México.
Organización Internacional del Trabajo. (2019). Panorama temático laboral. Mujeres en el mundo del trabajo. Retos pendientes hacia una efectiva equidad en América Latina y el Caribe. Lima.
Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal. (21 de mayo de 2020). Derechos y politica fiscal. Obtenido de aquí.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2019). Panorama general. Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente. Nueva York.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (21 de mayo de 2020). Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. México.