El sábado 7 de octubre de 2017, sobre un templete improvisado frente a las oficinas del INE, María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy” pronunciaba las palabras que marcarían su entrada a la contienda electoral por la presidencia de México. “Estamos dando uno de los primeros pasos que vamos a llevar hacia delante”, dijo la entonces precandidata ante el fiel contingente del Congreso Nacional Indígena que coreaba su nombre al son de la batucada. Las crónicas de esa mañana retratan a un grupo alegre, estridente, víctima de la algarabía que ha de provocar el saberse cómplices de un momento histórico.

Pero el camino de Marichuy hacia el registro de su nombre y causa en la boleta electoral del 1 de julio no comenzó en la explanada del INE esa mañana de octubre. Su recorrido inició cincuenta años atrás, al momento de su nacimiento, en la comunidad nahua de Tuxtla, Jalisco, como mujer e indígena. “Y lo que quiero iniciar diciendo, que, para lograr este primer paso, nos pusieron muchas trabas” avanzó con el discurso frente a la audiencia, relatando la travesía que la habría llevado a abanderar el único movimiento indígena, anticapitalista y antipatriarcal en el escenario electoral en curso. Las palabras inaugurales de Marichuy develaban un caminar sinuoso, crónica de la exclusión a la que condena nacer en este país marcado profundamente por el desprecio del otro.

El 19 de febrero de 2018 se frenó su recorrido como candidata independiente a la Presidencia de México. La lista de los obstáculos que impidieron su arribo a la campaña se antoja inacabable, desde la desigualdad estructural que permea en cada rincón de este país, la rigidez de nuestras instituciones, la apatía de los mexicanos ante un movimiento que se presentía perdido (pero que se erigía legítimo y auténtico), hasta la ocurrencia de que a Marichuy lo que le hizo falta fue una fotocopiadora. Porque en este México preferimos reír antes que explotar en rabia.

La exclusión, enemigo infranqueable de una sociedad que se debate en los extremos de la abundancia y la inanición, se presenta de cuerpo entero ante escenarios tan profundamente desesperanzadores como el caso de la primera candidata indígena e independiente. En este país del no hay mal que por bien no venga, la historia de Marichuy, con sus recientes agravantes como El Bronco, invitan a reflexionar sobre las condiciones que vuelven imposible un recorrido esencial, básico en la vida de cualquier ciudadano, como el de las comunidades indígenas y su lucha por el reconocimiento de sus derechos sociales, económicos y políticos.

En el marco del desarrollo sostenible se ha definido un principio fundamental para el avance de los pueblos en el mundo: no dejar a nadie atrás. Este principio se rige por la premisa de que grupos sociales enfrentan barreras —trabas en palabras de Marichuy— que los inhiben de ser partícipes plenamente de una vida digna.

Históricamente, en México, las bases de la exclusión social se derivan de mecanismos de discriminación respecto al género, la edad, la condición de etnicidad, de discapacidad y, como herencia del colonialismo que recorre nuestras venas, del origen socioeconómico de la población. Estos mecanismos, institucionalizados o calcados en el imaginario mexicano, limitan la participación de grupos de población que comparten ciertas características de vulnerabilidad, en tres dimensiones claves del desarrollo: el acceso efectivo a los derechos sociales, la obtención de un ingreso suficiente a través de un empleo digno y la participación política, cívica y cultural.

En el ámbito del acceso a derechos sociales, la forma en que México aproxima la medición de sus niveles de pobreza, a través de un enfoque multidimensional, permite identificar la trayectoria de algunos de los grupos sociales en mayor riesgo de privación de sus derechos a la educación, salud, alimentación, servicios básicos, seguridad social y nivel mínimo de ingresos.1

El último informe de pobreza en el país reveló que uno de cada dos mexicanos pertenece a un hogar en pobreza. En este contexto, además, la probabilidad de nacer pobre y permanecer en esa situación a lo largo de la vida puede incrementarse partiendo de las condiciones de origen del padre o madre, como la edad, sexo, filiación étnica, escolaridad o nivel de ingresos.

El análisis disgregado de los resultados de pobreza por grupo de población nos lleva a terrenos aún más inhóspitos: de los siete millones de personas de habla indígena en el país, el 78 por ciento se encuentra en situación de pobreza y 35 por ciento sobrevive en condiciones de pobreza extrema. De igual forma, el atraso de este conjunto de población en cada una de las dimensiones sociales es estridente: 80 por ciento no cuenta con seguridad social, 65 por ciento no tiene acceso a servicios básicos en su vivienda, 43 por ciento se encuentra en rezago educativo, y uno de cada tres carece de una alimentación constante, balanceada y de calidad.

La historia de exclusión, sin embargo, no se limita a la población de cuna indígena, si bien difícilmente se identifica un panorama así de desalentador en México. Cada grupo social, diferenciado por edad, sexo o condición de discapacidad, enfrenta su propia gama de barreras al desarrollo.

Según el informe de pobreza, en 2016, seis de cada diez jóvenes no cuentan con seguridad social y una quinta parte no tiene acceso a servicios de salud; seis de cada diez adultos mayores se encuentran en rezago educativo y un tercio de las personas con discapacidad presentan carencia por alimentación. La privación de estos derechos se sitúa por encima del porcentaje nacional. Esta brecha marca los puntos de arranque de cada grupo en situación de vulnerabilidad en su camino al desarrollo y nombra puntualmente a sus principales obstáculos.

Si bien identificar y medir los elementos que propician el rezago es una premisa fundamental para el diseño de políticas públicas incluyentes, cerrar las brechas de exclusión constituye un proceso largo y extenuante.

La historia de las mujeres en la lucha por la inclusión es emblemática. Desde antes de la conformación del estado mexicano moderno, el movimiento de empoderamiento de las mujeres ha reclamado victorias significativas sobre la política pública y la legislación en México, a favor de una sociedad más equitativa. No obstante, aún en nuestros días, es más probable que una mujer se encuentre en situación de pobreza o de pobreza extrema en comparación con los hombres.

En relación con la dimensión de ingreso y trabajo digno, la información disponible para el país da cuenta de fenómenos sociales marcados por un claro componente de exclusión. Según información del reporte de pobreza 2016, las mujeres, adultos mayores, menores de 18 años, personas de habla indígena, personas con discapacidad y los habitantes de zonas rurales, todos presentan una proporción mayor que la nacional de personas con ingreso insuficiente para la adquisición de la canasta básica alimentaria.

Asimismo, encontramos en este ámbito problemáticas sociales ampliamente documentadas como, por poner un ejemplo, los ninis: jóvenes que ni estudian ni trabajan como consecuencia del deterioro sistemático de las condiciones de desarrollo a las que se enfrenta este conjunto de población.

De acuerdo con la OCDE, el 22 por ciento de los jóvenes en el país califican como ninis, la proporción más alta en América Latina. Frente a esta situación, el énfasis de la política pública se ha puesto en la inclusión de los jóvenes al mercado laboral. Sin embargo, se omite un dato relevante: las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en este grupo de población y tienen una probabilidad cuatro veces superior a la de los hombres de pertenecer a los ninis.

Esta información transforma fundamentalmente el sentido de la problemática y, más importante aún, el diseño de la estrategia pública de atención: no sólo atañe a un tema de exclusión de la juventud, se trata esencialmente de una problemática de género y sólo podrá resolverse desde la implementación de acciones para el avance de las mujeres. Por tanto, el principio de no dejar a nadie atrás constituye un instrumento potente para la correcta definición políticas públicas.

La tercera dimensión para el análisis de la exclusión social consiste en la participación política, cívica y cultural de la población. Las personas o grupos, al ser excluidos de procesos de participación ciudadana, ven limitado su poder de incidencia en la definición de normas, políticas públicas e instituciones encaminadas a potenciar su inclusión y desarrollo. La contienda de Marichuy y el Concejo Indígena de Gobierno por la presidencia del país, se enmarca en esta lucha por recuperar la voz de los pueblos indígenas en los procesos de deliberación democrática en México. 

La población sistemáticamente excluida de los procesos políticos libra una batalla permanente por su inclusión. El avance más significativo en los últimos años se ha dado en la toma de espacios públicos y políticos por mujeres en el país. Según información del portal de datos abiertos del INMUJERES, en 2017, 14 por ciento de los municipios se encontraban gobernados por una mujer, en tanto que sólo un estado cuenta con gobernadora. El 35 por ciento de las curules del Congreso están ocupadas por mujeres, así como 40 por ciento de la Cámara de Diputados. Finalmente, en todo el país, una cuarta parte de los puestos directivos en la administración pública lo desempeñan funcionarias.

El avance en representación política de otros grupos en situación de exclusión resulta menos evidente; principalmente, por la falta de información desagregada y sistematizada en este ámbito. No obstante, diversos escenarios en el terreno público abonan a la idea de la falta de liderazgos políticos o representación de los grupos sociales en rezago: las actuales gubernaturas de Oaxaca o Chiapas, entidades con gobiernos dinásticos a la cabeza, sumidas en la pobreza y la falta de oportunidades, dan cuenta de la discordancia de intereses y prioridades entre el gobierno y su pueblo.

Los tres ámbitos de exclusión (social, política y económica), apenas delineados en los párrafos anteriores, no pueden entenderse de forma parcial o desvinculada. Sus características, como sus raíces, se entrelazan y refuerzan entre sí hasta configurar el rostro de la población de mayor rezago en el país. El México profundo tiene rostro de mujer indígena, adulta mayor, asentada en el seno de comunidades rurales.

De ahí que el programa político de Marichuy resultara tan potente: su diagnóstico se construía a partir de la experiencia de quienes caminan, desde siempre, al final de la formación. “Tenemos que unir esos esfuerzos, junto con los pueblos indígenas. Ellos nos van a poner la muestra de cómo tenemos que caminar”, continuaba con su mensaje.

Finalmente, cuando hablamos de exclusión, de no dejar a nadie atrás, es indispensable no perder de vista una variable clave en todo este proceso: la discriminación. Y para muestra, el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016 que publicó el INEGI. Esta encuesta presenta información estadística nacional sobre la población de 25 a 64 años en México, incluyendo características como el nivel de escolaridad, la ocupación y el auto-reporte de color de piel de los encuestados. Este último elemento desató un serio debate sobre la discriminación en este país y suscitó importantes estudios en torno al tema.2

Entre los principales resultados se identificó que tanto el tipo de ocupación como el nivel de escolaridad se encuentran condicionados por el color de piel de la población. En el primer caso, la encuesta arrojó que una de cada tres personas que se identificaron a sí mismas con el tono de piel más oscuro se dedicaba a actividades primarias: trabajos agrícolas, ganaderos, forestales, pesca y caza.  En tanto que, en el grupo de piel más clara, uno de cada tres individuos reportó ser funcionario, director, jefe, profesionista o técnico. Lo sorprendente, en todo caso, es la nítida progresión de la relación del tono de piel y el nivel de mando en la ocupación que resulta de los datos.

En cuanto a la clasificación de color de piel y el nivel de escolaridad, un tercio de la población de piel más oscura reportó no haber concluido la educación primaria, y sólo el cinco por ciento logró estudios superiores. En el otro extremo de la escala cromática, la realidad se encuentra totalmente invertida: un tercio del grupo de población de piel más clara reportó contar con estudios superiores y sólo el 11 por ciento había truncado su primaria. La discriminación es un espejo siniestro que impide reconocernos los unos a los otros.

Ya hacia el final de su mensaje, Marichuy elevaba sus palabras en tono de sentencia: Así como nos han venido acabando a los pueblos indígenas, como nos han impuesto los planes, programas para asegurar ese despojo, esa división. Entonces queda claro que para ellos la gente de abajo no existe.

Un primer acercamiento a la propuesta política de los candidatos oficiales a la presidencia de México identifica fácilmente que la agenda del desarrollo sostenible no les es ajena. Sin embargo, entre la articulación programática de sus planteamientos, su implementación, su puesta en marcha y la verificación de sus alcances y resultados, hay un gran trecho.

Sin Marichuy en la contienda electoral perdemos la oportunidad de contar con una propuesta legítima de inclusión social. Perdimos, además, la posibilidad de reivindicar en los hechos el silencio recalcitrante al que por siglos se ha condenado a la población indígena y a los grupos de mayor rezago. El 19 de febrero de 2018 no sólo se frenó el recorrido de Marichuy como candidata independiente a la presidencia del país, ese día retrocedimos, como mexicanos, nuestros primeros pasos en el camino hacia la inclusión.

 

Silvia Elena Meza es economista por la Universidad de Sonora y El Colegio de México. Miembro de ARIDAC, Agenda Regional de Incidencia para el Desarrollo, A.C.


1 Los informes de pobreza en México reportan información desagregada para distintos grupos de poblaciòn en condiciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión: mujeres, adultos mayores, menores de 18 años, jóvenes (12-29 años), personas de habla indígena, personas con discapacidad y habitantes de zonas rurales.

2 Un interesante análisis puede ser consultado aquí.