Uno de los temas más controvertidos derivados de las recientes negociaciones del TLCAN ha sido el problema de los bajos salarios en México. Por distintas razones, este asunto preocupa a la opinión pública de los tres países. Como era de esperar, tanto los sindicatos estadunidenses como los canadienses han ejercido presión sobre sus gobiernos para poner sobre la mesa el también llamado dumping social. Por el contrario, del lado mexicano se ha tratado de excluir todo lo referente a las condiciones laborales. No deja de ser paradójico que mientras que en México muchas de las principales críticas al tratado se basen en el pobre desempeño de los salarios, la postura mexicana sea la de mantener intacta la estructura laboral en el país.


Ilustración: Víctor Solís

 

Los argumentos que explican dichas reticencias pueden resumirse en dos. El primero es económico, que defiende que los salarios se determinan en el mercado. El costo del trabajo (como factor de producción) depende de su abundancia relativa y de la productividad del mismo. En México, estas condiciones propician un nivel salarial inferior al de sus principales socios comerciales, lo cual constituye una ventaja comparativa relevante gracias a la cual el país ha podido incrementar sus exportaciones manufactureras. El segundo argumento es político, y abarca las relaciones institucionales existentes entre el empresariado y los sindicatos. Éste sostiene que la legislación y las regulaciones laborales son asuntos internos que deben mantenerse fuera de los tratados y acuerdos que el gobierno pueda firmar con otros países.

Ambos argumentos ignoran la evidencia historia que muestra cómo los acuerdos comerciales han favorecido el mejoramiento de las condiciones laborales en general y de los salarios en particular. Asimismo, existen estudios que indican que el impacto positivo del comercio exterior sobre el crecimiento económico sólo ha sido posible cuando los salarios y las condiciones laborales son también beneficiados. Dos de los periodos más estudiados en historia económica son el de las últimas décadas del siglo XIX y el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Durante el primer periodo, probablemente aquel con el crecimiento más intenso del comercio mundial, los acuerdos comerciales bilaterales fueron fundamentales para explicar los orígenes del estado de bienestar en varios países.1 Esta etapa de globalización sirvió también para extender las mejoras laborales introducidas en los países pioneros a otros interesados en fomentar el comercio con dichos países. En ese entonces, la legislación laboral introdujo aspectos innovadores para su época, como la edad mínima para trabajar, la prohibición de trabajo infantil o la jornada laboral de diez horas.

Durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la apertura comercial en muchos países desarrollados propició el incremento del gasto social y la consolidación del estado de bienestar. Dani Rodrik explica que dicha apertura generó más volatilidad en el empleo, en el ingreso y en el nivel de consumo doméstico, lo cual suscitó una mayor demanda de redistribución de recursos, en forma de seguridad social, pensiones, seguro del desempleo y cursos de capacitación, entre otras.2 La evidencia sobre dicho periodo también muestra que la apertura comercial, al estar acompañada por mayor especialización sectorial, condujo a una mayor concentración industrial (las empresas más pequeñas y las más ineficientes tendieron a desaparecer), lo cual facilitó en muchos casos el nivel de sindicalización, incrementando así el poder de negociación de los trabajadores y por tanto sus condiciones laborales.3

En el caso particular de los salarios, estas experiencias nos recuerdan que su nivel no se determina en un vacío institucional como se asume en muchos modelos teóricos de comercio internacional. Así, por ejemplo, Barry Eichengreen sugiere que el crecimiento económico extraordinario que se produjo en Europa en el periodo de la posguerra (entre 1945 y 1973) se debió al aumento de la inversión privada y al comercio. A su vez, el fuerte incremento de la inversión fue facilitada por los acuerdos sociales existentes entre empresarios y sindicatos, cada uno con fuerte representatividad nacional, para contener tanto las demandas de aumentos salariales como las de los dividendos. Las instituciones domésticas establecidas sirvieron para resguardar la implementación de estos acuerdos, mientras el estado promovía políticas para proteger el poder de compra de los salarios y desarrollar programas de salud, retiro y seguro contra el desempleo. Esto es, la moderación salarial fue aceptada por los distintos sindicatos siempre y cuando se garantizaran beneficios en términos de protección social y mayor empleo.4

Más recientemente Adam Dean analizó las relaciones laborales de Estados Unidos y Argentina en el muy largo plazo, así como las de otros países en un periodo más contemporáneo. Este autor demostró que el grado al cual un incremento de la productividad se traduce en mejoras salariales depende del nivel de protección de los derechos laborales, entendida como la existencia de libertad de asociación sindical y derechos de negociación colectiva. En otras palabras, según este autor, sin la existencia de lo que él llama “instituciones de reparto de beneficios” (sindicatos con un fuerte poder de negociación) los aumentos de productividad no tendrán efectos sobre los salarios.5 La existencia de estas instituciones evita que las empresas busquen mantener su competitividad mediante la disminución de salarios. Este impedimento las incentiva a buscar otros medios para lograr dicho fin, incentivando así la innovación, la capacitación laboral y, por tanto, la productividad.6

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En el caso del TLCAN, el incremento del comercio no se ha traducido en mayor crecimiento económico. Tampoco se han observado mejoras notables en las condiciones de vida del ciudadano medio y, en los sectores en donde la productividad ha aumentado, ésta no se ha traducido en mejoras salariales.7 Por el contrario, la CEPAL ha relacionado el nivel salarial con el aumento de la pobreza en México durante los últimos años.8 La OCDE ha publicado recurrentemente que en comparación con el resto de los países miembros de dicha organización, el salario mínimo en México es el más bajo respecto al salario promedio.9 La Organización Internacional del Trabajo ya había señalado a México como el país con el salario mínimo más bajo de un grupo de 16 países latinoamericanos en el 2011, posición que ha consolidado desde entonces.

¿Cómo se relacionan estos salarios con la evolución de la productividad laboral, y cómo ha sido su comportamiento respecto al nivel estadounidense? En los gráficos 1 y 2 mostramos la evolución de ambas variables en Estados Unidos y en México, a partir de datos publicados por la OCDE. En cuanto a la productividad, su evolución muestra un crecimiento lento pero sostenido hasta el año de 2006, para después estancarse hasta el último año reportado (2013). Para Estados Unidos, la productividad muestra un incremento mayor que la mexicana al menos hasta el 2010, para después mantener la misma inmovilidad que se observa para el caso mexicano.

En lo que se refiere a los costos laborales, medidos como la compensación laboral por hora trabajada, su tendencia indica que, entre 1995 y 2003, el alza en los costos laborales fue mayor en México que en Estados Unidos, mientras que su ritmo de crecimiento fue similar al estadunidense desde entonces. Esto es, mientras que en los primeros años del TLCAN los salarios en México experimentaron cierto aumento, en parte como compensación por la pérdida ocasionada por la crisis de 1994, queda muy claro que no ha habido la tan esperada convergencia de salarios como inicialmente se había vendido.

Gráfico 1. Productividad del trabajo


Fuente: OECD. Stat.

 

Gráfico 2. Costos laborales


Fuente: OECD. Stat.

 

Si nos enfocamos en el sector manufacturero mexicano, se observa un aumento prolongado de la productividad al menos desde 2009, mientras que la tendencia opuesta se observa en el caso de los costos unitarios al trabajo (Gráfico 3).  Aunque esta divergencia se ha estabilizado desde 2015, la caída de los salarios que se observa después de la crisis de 2008 se prolongó al menos durante un lustro mientras que la productividad mantuvo incrementos persistentes durante el mismo periodo. Esta observación ha sido señalada por la misma OCDE en 2013: la moderación de salarios que siguió a la recesión de 2008-09 permitió a la industria manufacturera en México mantener su nivel de competitividad, contribuyendo así al buen desempeño del sector exportador.10

Gráfico 3. Índices de productividad y salarios en el sector manufacturero


Fuente: INEGI.

 

En cuanto a las condiciones sociales, éstas tampoco han cambiado: según la CEPAL, el gasto social del gobierno central se mantuvo en 11.6% del PIB en 2015, aún por debajo del pico de 12% alcanzado en 2008.11 Otros indicadores de derechos laborales confirman el bajo rendimiento de México con respecto al cumplimiento de los derechos sindicales fundamentales.12 El puntaje del país para los derechos laborales en la ley y la práctica fue de 4.57 en 2015 (el valor de este indicador es más alto cuando se registran un mayor número de violaciones a los derechos laborales). En comparación, el promedio para los países de América Latina y el Caribe fue de 3.44 (el promedio para todos los países de la muestra fue de 3.63). México presenta peores indicadores que Argentina (3,65), Brasil (3,11) o Chile (2,93).

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Con base en los trabajos citados anteriormente, la historia nos muestra que la apertura comercial no se traduce en crecimiento económico si no se diseñan las estructuras institucionales para la repartición de beneficios. Este patrón se ha mantenido en las últimas décadas. De hecho, la inclusión de cláusulas laborales en los acuerdos comerciales puede incluso repercutir positivamente sobre el comercio entre países con distintos niveles de desarrollo, tal como lo argumentan Carrère, Olarreaga y Raess (2017).13 Según estos autores, la inclusión de dichas cláusulas ha servido para incrementar (y no lo contrario) el comercio bilateral; en particular, fomentar las exportaciones de los países más pobres. Este argumento se basa en las preferencias de los consumidores y empresas en los países avanzados, que han resultado cada vez más susceptibles a las condiciones laborales en los países en vías de desarrollo.

Estos hallazgos tienen dos implicaciones principales. Primero, contradicen la idea preconcebida de que las cláusulas laborales se establezcan por razones proteccionistas, lo que arroja dudas sobre la renuencia de muchos gobiernos de países de bajos ingresos a incluir cláusulas laborales en sus acuerdos comerciales. Si bien hace veinticinco años estos gobiernos, incluido el mexicano, temían que las cláusulas laborales equivalieran a medidas proteccionistas ocultas, este argumento ya no es válido.14

La segunda implicación concierne directamente la actitud del gobierno mexicano respecto a la renovación del acuerdo paralelo sobre la legislación laboral. Una posición conciliadora y comprometida tendría que enfocarse en el diseño de dicho acuerdo. El movimiento laboral estadounidense (AFL-CIO) ha estado presionando para ampliar el alcance de los temas incorporados en las negociaciones y para reforzar los mecanismos de resolución de disputas basados en la imposición de sanciones monetarias y comerciales. No obstante, dado su potencial conflictivo, esto podría incluso resultar contraproducente. Los mismos Carrère, Olarreaga y Raess (2017) muestran que el efecto positivo de las cláusulas laborales en el comercio bilateral sólo se observa cuando éstas van acompañadas de una previsión de cooperación en materia laboral. Esto es, el nuevo acuerdo tendría que basarse en tres pilares. Primero, en la adopción de compromisos vinculantes relacionados con los derechos laborales y las condiciones de trabajo. Segundo, en una fuerte participación de la sociedad civil y de la OIT en la implementación de esos compromisos, incluido un organismo especializado a cargo de la implementación. Tercero, un mecanismo de resolución de disputas con sanciones consensuadas y con valor político. A este respecto, el enfoque tomado recientemente por la Unión Europea podría servir como modelo.15

En cualquier caso, el gobierno mexicano debería priorizar la revisión de la legislación laboral  que permita el desarrollo de sindicatos independientes y representativos; por tanto, el aumento de los salarios. Anclar externamente la protección de los derechos laborales fundamentales en los acuerdos comerciales internacionales es un paso en la dirección correcta. Pero para dar algún fruto, se requerirá un reavivamiento y una intensificación de la cooperación laboral entre los Estados Unidos y México.16 El gobierno mexicano debería aprovechar esta oportunidad para reorientar el país hacia un nuevo paradigma que resulte en mejores condiciones laborales, mayor productividad y más competitividad.

 

Juan Flores Zendejas es director del Instituto de Historia Económica Paul Bairoch de la Universidad de Ginebra.

Damian Raess es Profesor Asistente en el World Trade Institute de la Universidad de Berna y de la Escuela de Política, Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad de Reading.

Los autores agradecen los comentarios de Tom Long y Kim Nolan a una versión previa de este articulo.


1 Michael Huberman, Odd Couple: International Trade and Labor Standards in History, Yale Series in Economic and Financial History (New Haven [Conn.]: Yale University Press, 2012).

2 Dani Rodrik, “Why Do More Open Economies Have Bigger Governments?,” Journal of Political Economy 106, no. 5 (1998): 997–1032.

3 David R. Cameron, “The Expansion of the Public Economy: A Comparative Analysis,” The American Political Science Review 72, no. 4 (1978): 1243–61.

4 Barry, Eichengreen “Institutions and Economic Growth: Europe After World War II”, en N. F. R. Crafts and Gianni Toniolo, Economic Growth in Europe since 1945 (Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1996).

5 Adam Dean, From Conflict to Coalition: Profit-Sharing Institutions and the Political Economy of Trade, Political Economy of Institutions and Decisions (New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2016).

6 Wolfgang Streeck, “Beneficial constraints: On the economic limits of rational voluntarism.” In J. Rogers Hollingsworth and Robert Boyer (eds) Contemporary Capitalism: The Embeddedness of Institutions (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), pp. 197-219.

7 Gordon H. Hanson, “What Has Happened to Wages in Mexico since NAFTA?,” en Integrating the Americas, FTAA and Beyond, by Antoni Estevadeordal et al., Series on Latin American Studies (Cambridge MA: Harvard Univ. Press, 2004), 505–38.

8 CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2015.

9 OCDE, OECD Economic Surveys : Mexico 2015.

10 OCDE, OECD Economic Surveys : Mexico. Mayo del 2013.

11 Fuente: Base de datos de inversión social en América Latina y el Caribe, CEPAL.

12 Kucera, David and Dora Sari (2018). “New Labour Rights Indicators: Methods and Trends 2000-2015” International Labor Review.

13 Carrère, Céline, Olarreaga, Marcelo and Raess, Damian “Labor Clauses in Trade Agreements: worker protection or protectionism?” (August 2017). CEPR Discussion Paper No. DP12251. Centre for Economic Policy Research.

14 Tom Long (2015). Latin America Confronts the United States: Asymmetry and Influence. New York: Cambridge University Press.

15 Comisión Europea, “Non paper of the Commission services. Feedback and way forward on  improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements”, 26 de febrero de 2018.

16 Nolan Garcia “The evolution of US-Mexico Labor Cooperation (1994-2009): Achievements and Challenges”, Politics & Policy, February 2011.