El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el documento de política pública más importante del gobierno federal porque todas las acciones que hará durante el 2019, por lo menos, se desprenden de esta planificación. En 2018, el gasto presupuestado equivale a 5.9 billones de pesos, representa el 27% del Producto Interno Bruto (PIB) y, de acuerdo con datos del Banco Mundial, esta proporción es equivalente a la del promedio internacional.

Revisar su estructura dice mucho de las prioridades y de la ideología del gobierno en turno, aunque también dice mucho de la estructura burocrática del gobierno y de los lastres que limitan su margen de maniobra. Para precisarlos, los siguientes párrafos describen de manera esquemática los principales rubros del gasto de acuerdo con su participación en el total.

 

 

 

Ilustración: Víctor Solís

En cuestiones de clasificación, el PEF se compone de nueve apartados generales (llamados “capítulos”) aunque sólo 13 de sus componentes (de 54 posibles) representan el 90% del gasto. Para fines demostrativos, se pueden describir1 y agrupar de la siguiente manera:

Presupuesto de Egresos de la Federación 2018
(Miles de millones de pesos)

Elaboración personal con datos de Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las participaciones (810 mil millones de pesos)son recursos otorgados a las administraciones de estados y municipios. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP),2 no tienen un destino específico y se ejercen de manera autónoma por parte de estos gobiernos locales. Lo anterior quiere decir que el 13% del gasto total del gobierno se ejerce de manera discrecional y, a pesar de que está sometido a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no se cuenta con lineamientos sobre cuáles deberían ser sus prioridades. En contraparte, las aportaciones (700 mil millones de pesos) cubren las necesidades de educación, salud, infraestructura social y seguridad pública, entre otros, de las administraciones locales. 

Las pensiones y jubilaciones (1.4 billones de pesos) representan el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares (gobierno federal, estatal o municipal). Este total incluye los pagos a la seguridad social derivados del mismo concepto. En la actualidad representa el segundo gasto más oneroso del gobierno: la cuarta parte del presupuesto está destinada a pagar pensiones de exempleados del gobierno y considerando las jubilaciones anticipadas por venir y el envejecimiento de la población difícilmente habrá forma de ajustarlo en el futuro.

Las remuneraciones (858 mil millones de pesos) encierran cualquier tipo de pago por salario, prestaciones, bonificaciones especiales, seguridad social y previsiones pagadas a personal permanente o eventual del gobierno. Es difícil saber si el personal dependiente del gobierno ha aumentado o no con el tiempo, aunque sí se puede saber que, de acuerdo con el Censo del Gobierno Federal,3 en 2017 se tenía una planta de 1.6 millones de burócratas y que el gasto para su manutención ha tenido un incremento de 5% anual desde 2013. Con relación a las perspectivas de ajuste, hay que considerar que la planta laboral del gobierno es robusta y sería moralmente criticable recortarla de forma considerable. Lo que sí podría hacerse es ajustar los accesorios del salario ya que, de acuerdo con esta misma jerarquización, la partida más importante de este capítulo no es la de los salarios en sí, sino una llamada “otras prestaciones sociales y económicas”.

La partida de intereses de la deuda (596 mil millones de pesos) es muy clara y está destinada a cubrir el pago de intereses de deuda externa o interna; lo más importante es que no considera el pago de capital y únicamente es el servicio de la deuda. Tan sólo el pago de intereses de deuda equivale al 10% del total del presupuesto del país. Lo anterior es un indicativo de lo costoso que resulta endeudarse y más si se compara con los beneficios de hacerlo. En realidad, la economía no ha crecido y no se entiende cabalmente cuál es el propósito de incurrir en endeudamiento, sobre todo porque se prioriza el gasto corriente. El pago por intereses de la deuda ha tenido un crecimiento de 15% anual en los últimos seis años (contra 13% de la deuda pública total).

Los subsidios (536 mil millones de pesos) son asignaciones efectuadas con el propósito de fomentar la producción, la inversión, la vivienda, el consumo, reducir márgenes financieros y también orientados a entidades federativas y municipios.

Es interesante que uno de los principales rubros del gasto sea la obra pública (295 mil millones de pesos) y no porque sea para el bienestar común sino porque representa un desembolso para aprovechamiento del sector público en particular. En realidad, esta partida se enfoca a construcciones en bienes inmuebles, propiedad de los entes públicos y puede abarcar edificación habitacional, no habitacional, construcción para el abastecimiento de energía, obras de urbanización, equipamiento, vías de comunicación, acabados y trabajos especializados, etcétera.

Otro de los principales gastos del gobierno son los combustibles (158 mil millones de pesos). Por increíble que parezca, la adquisición de combustibles y aditivos (necesarios para el funcionamiento de vehículos, maquinaria y equipo) está entre las principales erogaciones del gobierno.

Por último, los servicios profesionales (93 mil millones de pesos) consisten en la contratación de personas físicas y morales para prestar servicios profesionales independientes, tales como informáticos, de asesoría, de consultoría, capacitación, estudios e investigaciones, protección o seguridad.

Dicho de otra forma, de 10 pesos que gasta el gobierno 2.5 pesos los orienta a pensiones, 1.4 a sueldos, 1.3 a fines discrecionales cuyos motivos no son claros, 1 peso a intereses de la deuda, 0.5 a obra pública para aprovechamiento del sector público y 0.3 pesos a gasolinas.

El gasto público no sólo debe cubrir las necesidades inmediatas de la población y del aparato burocrático. Considerando su magnitud (27% del PIB) tiene que ser una herramienta de desarrollo económico que se ha desaprovechado rotundamente: de los 5.9 billones de pesos presupuestados en 2018, sólo el 10% es gasto de capital o de inversión. En realidad, lo que se percibe es un despilfarro incontenible en la que los estados, los municipios y el aparato burocrático reciben, por concepto de transferencias y sueldos, respectivamente, el 40% del presupuesto.

 

René Suárez Urrutia
Doctor en economía por la UNAM.


1 Diario Oficial de la Federación, 26 de junio de 2018.

2 Centro de Estudio de las Finanzas Públicas. (2017). Criterios que se utilizan para la asignación presupuestal a entidades federativas y municipios en la Ley de Coordinación. Recuperación: 30 de noviembre de 2018, de Cámara de Diputados.

3 Inegi, 2017.