La seguridad energética es un tema que debe estar en el centro de la política económica del país, para lograrlo es necesario garantizar un Estado de derecho (para las inversiones en el sector energético) y comprender la compleja relación entre pobreza y criminalidad.

Desde el año 2000 (Semple, 2017) existe un problema que con el pasar de los años sólo ha incrementado en importancia y nivel de violencia: el robo de combustibles, también llamado huachicoleo.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), de 2013-2017 se contabilizaron 28,726 tomas clandestinas en ductos y, en promedio, cuesta a Pemex alrededor de 30,000 millones de pesos anuales (Excélsior, 2018). Sin embargo, el robo no sólo incluye la toma sino que es toda una cadena que pasa por la posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización no limitada a combustibles (petrolíferos) sino también a hidrocarburos y petroquímicos (en menor medida).

En este sentido, se considera como parte de la Seguridad Nacional la información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios que se vinculen con las actividades e hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos,1 en la medida en que, con tal información y datos, se pueden cometer actos para destruir o inhabilitar esta infraestructura2 que es considerada de carácter estratégico para proveer de bienes y servicios públicos.

Ilustración: Raquel Moreno

El robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos representa múltiples efectos indeseables para una economía como la competencia desleal, pues al momento en que expendedores formales los adquieren robados a un menor precio del que tendría si fuera legal, lo cual afecta a la industria al desincentivar la inversión y reduce los ingresos del erario público (impuestos que se deben pagar). Además de poner en peligro la satisfacción de las necesidades de consumo de la población en general, generando situaciones de crisis (desabasto o escasez).

Socialmente, tampoco es una situación aceptable, el riesgo hacia comunidades cercanas por explosiones inesperadas (debido al manejo no profesional de la infraestructura) que pueden acabar en tragedias como la sucedida en Tlahuelilpan con decenas de muertes y el daño al medio ambiente por fugas al aire de gases o derrames de petrolíferos en pozos de agua y terrenos aledaños.

¿Quiénes están involucrados?

En 2018, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) solicitó a la consultora EnergeA un estudio sobre el robo de combustible,3 en el cual encontró que están involucrados cárteles del narcotráfico, grupos armados especializados, bandas criminales de bajo impacto, gasolineros, empleados y exempleados de Pemex, hasta autoridades de seguridad pública, empresarios y comunidades. Dentro de los cárteles del narcotráfico se mencionan a (Solís, 2018):

1. Cártel de Sinaloa
2. Cártel del Golfo
3. Cártel Jalisco Nueva Generación
4. Los Zetas

El margen de acción de cada grupo se resume en los siguientes dos cuadros:


¿Qué se ha hecho para atacar dicho crimen?

Para resolver tal problemática, en diferentes sexenios se han aplicado diferentes estrategias que incluyen el uso de la fuerza armada de manera temporal, algunas investigaciones criminales con pocos resultados y un trabajo entre diferentes niveles de gobierno que ha dejado mucho que desear.

Por ejemplo, en 2014 se presentó unainiciativa ante el Senado para expedir la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos (Ley).4 En la versión final aprobada en 2018 de esta Ley se indica que toda actividad debe ir acompañada de factura electrónica o comprobante fiscal digital, con el objetivo de realizar el ejercicio de contrastar los ingresos y los gastos de determinado contribuyente; esto es aplicable para cualquier empresa, excepto para las empresas productivas del Estado (EPE) incluyendo sus subsidiarias,5 ¿por qué? Si el huachicoleo empezó cuando únicamente Pemex era el encargado de las políticas en dicha materia, ¿no es evidente la corrupción existente en ella?

Incluso el INAI ordenó a Pemex el año pasado informar sobre las gasolineras que han vendido combustible robado,6 en este sentido, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov instruyó a Pemex para entregar información sobre pérdidas anuales (moneda nacional) por este crimen, incluyendo los volúmenes sustraídos.

Por otra parte, en esta Ley las sanciones van de los 4 a los 17 años de prisión,7 dependiendo de la cantidad robada, para personas que sustraigan hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos (comúnmente llamados “ordeñadores”)… Pero no debiera interesar sancionar a la persona del más bajo rango en dicho crimen organizado, pues estas personas son las más vulnerables debido a su situación socioeconómica; sino a quienes dirigen la estrategia, a los autores intelectuales. Ergo, la iniciativa de reforma al art. 19 de la Constitución propuesta por Morena en el Senado y aprobada a finales de diciembre del 2018, ahora turnada a la Cámara de Diputados donde se clasifica al robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos como delito que amerita prisión preventiva, no hace más que criminalizar a la pobreza.

Por otro lado, en lo referente a los servidores públicos que sean parte de este crimen, o bien, que tienen conocimiento de algún probable delito relacionado y no lo reporten a las autoridades competentes, tendrán una pena de tres a siete años más las sanciones aplicables por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP)8 y si participan directamente en alguna actividad de este crimen, se les adiciona hasta una mitad más de las penas establecidas más las sanciones aplicables por la LFRASP.9 En tanto, para personas no funcionarias de nueve a 16 años si participa en algún eslabón para realizar dicho crimen,10 además de los que financian dichas actividades con 17-25 años.11 Pero ¿de qué sirven las sanciones si no se detiene, en efecto, a las personas involucradas? Si se observó que nueve de cada 10 detenidos en los últimos cuatro años fueron liberados en estados como Guanajuato.

Finalmente, a partir de la publicación de la Ley en 2016, un año después se crea la Estrategia integral nacional de combate  a robo de combustible donde se ordena trabajar de manera coordinada a la Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Procuraduría General de la República (PGR) y a Pemex; estas instituciones se reunían semanalmente para dar seguimiento a las acciones planteadas.

¿Cuál es el plan de la nueva administración federal y en qué se diferencia de las anteriores?

El pasado 27 de diciembre se presentó en conferencia de prensa el Plan conjunto de atención a las instalaciones estratégicas de Pemex popularmente conocido como Plan vs Huachicoleo.

En la presentación se comentó que se decidiría atacar el problema desde el interior de Pemex (que como ejemplo ya dio de baja a funcionarios de la empresa involucrados en Pemex Logística y fueron dispuestos a su respectiva investigación), además de añadir a algunas dependencias del gobierno federal12 y la activa participación que tendrá la Secretaría de Defensa para resguardar de manera permanente y sin restricciones a instalaciones ni zonas reservadas sólo para el resguardo del sindicato de Pemex (a diferencia de cuando el general Cienfuegos estaba al mando de esta institución, ya que era un fuerte opositor de este tipo de políticas).

A partir de entonces, lo que se ha obtenido es la apertura de cerca de 1,800 carpetas de investigación como resultado de un trabajo conjunto entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y la PGR. Además de congelarse las cuentas bancarias de empresas involucradas, las cuales se identificaron mediante tres modelos:

• 13 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con el robo de combustible, en razón de una irregularidad que es no comprar combustible a Pemex desde los años 2016 y 2017.
• 9 empresas, en las cuales hay no solamente montos relevantes determinados por el sistema financiero, sino también operaciones inusuales. El monto relevante es cuando existen depósitos en efectivo mayores a 10 mil dólares.
• Relacionado al lavado de dinero, donde el sistema financiero ha estado detectando operaciones inusuales y relevantes.

De manera paralela, se han cerrado los ductos por los que se suele transportar dichos recursos energéticos, ocasionando escasez en la red de distribución nacional en estos últimos días; esto ha generado cuestionamientos sobre si el mes de diciembre era el tiempo oportuno para implementar dicha estrategia y de si existe una visión de largo plazo de política criminal y el futuro de recientes carpetas de investigación.

La respuesta del gobierno federal ante los problemas de logística y distribución ha sido volver (temporalmente) al esquema de distribución por pipas, para lo cual creó una comisión integrada por titulares de Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Función Pública y la Oficial Mayor de SHCP y que finalmente compró 571 pipas tras una reunión en EEUU; sin embargo, dicha decisión ha sido controvertida debido a la falta de licitación a pesar de ser una situación de emergencia.

Por último, debido a la apreciación de la baja en los ingresos y oportunidades laborales que presentan las comunidades relacionadas al huachicoleo, el presidente en conferencia de prensa el 22 de enero de 2019 anunció el Plan de Bienestar enfocado a 91 municipios como parte de las labores de la Secretaría de Bienestar.

Hay muchas preguntas sobre cómo la nueva administración resolverá el robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, sus respuestas deberán tener como base la multidisciplina ante un problema donde intervienen varios factores. Lo que es un hecho es que las estrategias utilizadas por gobiernos anteriores no han funcionado y que las nuevas deberán encaminarse hacia un nuevo enfoque.

 

Aranxa Sánchez
Economista por la UNAM y miembro de Democracia Deliberada.

Referencias
Congreso de la Unión. (12 de Enero de 2016). Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 5 de diciembre de 2018.
Cruz, N. (24 de Septiembre de 2018). Ocho grupos saquean combustible a Pemex. El Universal. Recuperado el 4 de diciembre de 2018.
Excélsior. (2 de Mayo de 2018). Pemex debe informar pérdidas por huachicol: INAI. Excélsior. Recuperado el 3 de diciembre de 2018.
Semple, K. (26 de Abril de 2017). In Mexico, an Epidemic of Fuel Thefts Becomes a Crisis. The New York Times. Recuperado el 3 de diciembre de 2018.
Solís, A. (24 de Septiembre de 2018). Estos son los grupos que roban los combustibles de Pemex. Forbes. Recuperado el 5 de diciembre de 2018.


1 Art. 22 Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

2 Art. 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

3 Llamado “Estudio para analizar la problemática de seguridad física en las instalaciones del sector hidrocarburos y emitir recomendaciones para el reconocimiento de costos por concepto de seguridad” (Cruz, 2018).

4 Que después de varias adecuaciones y su debido proceso de aprobación legislativa, se expide en el año 2016  (Congreso de la Unión, 2016) y tuvo diversas modificaciones durante 2018

5 Art. 5 Ley Federal Para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

6 A partir de la solicitud de la ciudadanía en el Portal de Transparencia disponible aquí con folio 1857200042418 y su respectivo recurso RRA1499/18.

7 Art. 9 Ley Federal Para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

8 Art. 13 Ley Federal Para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

9 Art. 21 Ley Federal Para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

10 Art. 15 Ley Federal Para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

11 Art. 18 Ley Federal Para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

12 Segob, Consejo Jurídico, Seguridad, Fiscalía General de la República, CJEF, Función Pública, SAT, Profeco, SHCP, Sener, STPS, Centro Nacional de Inteligencia, Pemex.