No podemos entender la actual coyuntura de desigualdad global sin hablar de los paraísos fiscales: en los últimos 40 años, los regímenes tributarios especiales en estos territorios se han consolidado como pieza clave del sistema financiero global. La opacidad con la que operan y las ventajas que ofrecen a las personas y empresas más acaudaladas del mundo cuentan una historia a la que no habíamos tenido acceso sino hasta la filtración de los Panama Papers en 2016. La filtración del pasado 5 de noviembre, denominada Paradise Papers, ofrece una nueva mirada al funcionamiento al interior de la actual arquitectura financiera global y sus grandes ganadores, aunque poco se hable de sus miles de millones de perdedores.

Los Paradise Papers son un conjunto de 13.4 millones de documentos en 1.4 terabytes obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos con y publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) a través de una red global de casi 100 medios de comunicación en 67 países. Su contenido revela las operaciones de dos empresas de servicios financieros en paraísos fiscales, así como de 19 registros corporativos mantenidos por gobiernos en estas jurisdicciones. Recordemos que la filtración de los Panama Papers, compartida también por el ICIJ, incluía 11 millones de documentos en 2.6 terabytes sobre las actividades de una sola empresa panameña, Mossack Fonseca.

Aunque aún no se conoce públicamente la totalidad del contenido de los Paradise Papers ni todas las personas y empresas involucradas, hasta el momento sabemos que involucran a 140 personajes políticos alrededor del mundo, grandes empresas transnacionales (una de ellas, Apple, es la mayor empresa estadounidense en el mundo), líderes religiosos, e incluso estrellas de rock; desde los actuales ministros de finanzas y de agricultura de Brasil y la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf,1 hasta la reina Isabel II del Reino Unido, Bono, Shakira y Madonna.

Sin embargo, quizá la noticia más relevante hasta el momento sea el vínculo financiero indirecto entre Trump y Putin: el actual secretario de comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, es dueño de una empresa naviera que reportó ingresos por más de US$68 millones desde 2014 por parte de una empresa rusa de energía, de la cual es socio el presidente ruso Vladimir Putin. En el caso de México, esta revelación incluye hasta al momento a tres de los diez hombres más ricos del país: Carlos Slim, Alberto Baillères y Ricardo Salinas Pliego; el exlíder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, Joaquín Gamboa Pascoe; el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel; entre otros empresarios. El único político mexicano involucrado hasta el momento es Alejandro Gertz Manero, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración de Vicente Fox.

Estos personajes tienen algo en común: todos forman parte de las élites globales. Tanto la filtración de los Panama Papers como la de los Paradise Papers han puesto en la mira el uso mayoritario de paraísos fiscales por parte de los súper ricos y de las grandes empresas transnacionales, en detrimento de los sistemas fiscales nacionales a través de los cuales se financian los servicios públicos.

Los trabajos más recientes de Gabriel Zucman, Annette Alstadsæter y Niels Johannesen2 ofrecen un intento de estimar el tamaño y la distribución de la evasión fiscal por por medio de paraísos fiscales. Sus descubrimientos son reveladores: estiman que casi 10 por ciento del producto interno bruto global se encuentra en paraísos fiscales. Quienes más se benefician de las exenciones fiscales en dichos territorios son principalmente los súper ricos: 80 por ciento de la riqueza en dichos territorios pertenece al 0.1 por ciento más rico de los hogares en el mundo, y 50 por ciento está en manos del 0.01 por ciento más rico. Estos trabajos encuentran evidencia de que combatir la evasión de impuestos puede ser una forma efectiva de recaudar ingresos tributarios adicionales de los más ricos, lo que tiene implicaciones importantes para las acciones de los gobiernos en el combate de estas prácticas.

Los otros ganadores de esta arquitectura financiera global son las grandes empresas transnacionales, que han triplicado su fortuna desde el inicio de la recesión en 2008. Mientras en esta nueva filtración aparecen nombres como Apple, Nike y Whirlpool, de acuerdo con la OCDE los ingresos fiscales por utilidades de las empresas se redujeron del 3.6 al 2.8 por ciento del PIB global entre 2007 y 2014. Un estudio reciente de Oxfam Intermón analiza cómo los países en desarrollo pierden cerca de US$100,000 millones anuales por culpa de la evasión y la elusión fiscales, con los que se podría ofrecer servicios esenciales de salud a seis millones de personas al año y lograr la escolarización de 124 millones de niños en el mundo. Así, la debilidad de los sistemas fiscales nacionales ha hecho que el peso tributario se haya trasladado de las empresas a las personas, aunado a la reducción del presupuesto para servicios públicos, lo que ha exacerbado aún más la desigualdad económica y social.

¿Qué sigue en este proceso? Las reacciones a la filtración de los Panama Papers durante 2016 nos pueden dar una idea. En el terreno político, la mayor repercusión a escala global fue la dimisión del entonces primer ministro islandés, Davíð Gunnlaugsson, sin mayores implicaciones legales para la enorme mayoría de los personajes políticos que aparecían en la filtración. A pesar de los llamados de renombrados economistas a reformar las reglas globales de las actividades tributarias de las empresas transnacionales y de la creciente cooperación internacional en la materia –con mayores intercambios de información fiscal y financiera entre los Estados–, la pieza clave para proceder contra las personas y empresas implicadas son los sistemas nacionales de justicia. En buena parte de los países, el uso de instituciones financieras offshore se considera legal mientras se reporten las actividades financieras a las autoridades nacionales, lo que se suma a la falta de mecanismos internacionales que frenen y persigan la evasión y la elusión fiscales de manera efectiva. Además, los esfuerzos se muestran insuficientes ante los dos grandes obstáculos para la transparencia en esta materia: el secreto bancario y el secreto fiscal.

El expresidente estadounidense Barack Obama, en un llamado improvisado a la reforma del sistema tributario internacional tras la revelación de los Panama Papers, resumió lo anterior en una frase: “El problema es que mucho de esto es legal”. Así, estas filtraciones replantean las preguntas éticas sobre la justicia detrás de estos métodos, así como la moralidad de los paraísos fiscales y cómo han sido monitoreados hasta el momento; sin embargo, las consecuencias legales contra las personas y empresas implicadas se mantienen prácticamente en la impunidad desde hace décadas.

La filtración de los Panamá Papers en 2016 destapó el debate sobre la necesidad de reformar el sistema fiscal internacional y poner un alto a los paraísos fiscales. Un año y medio después, en medio de la coyuntura de la revelación de los Paradise Papers, las reformas a la arquitectura financiera y tributaria internacionales se encuentran interrumpidas, sin llegar siquiera a un consenso sobre qué se considera un paraíso fiscal.

Estas filtraciones sirven como un recordatorio más de la fuerte relación entre las élites económicas y políticas a escala global, así como de las implicaciones de la desigualdad que se sostiene y amplía gracias a la actual arquitectura económica internacional. Las soluciones de gobiernos y organismos internacionales hasta el momento han resultado tibias ante las graves consecuencias económicas y sociales de los paraísos fiscales. Una reforma de verdad al sistema fiscal internacional y el avance de leyes nacionales contra la evasión y la elusión fiscales resultan cada vez más necesarias.

La lucha contra los paraísos fiscales apenas comienza.

Carlos Brown Solà es economista e internacionalista.


Cuyo nombre ha resonado en los medios internacionales por ser la primera mujer jefa de Estado en el continente africano, y por haber ganado el Premio Nobel de la Paz en 2011 “por su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y los derechos de las mujeres para su participación plena en el trabajo de construcción de la paz”.
Se puede consultar estos trabajos tanto en el sitio web de Gabriel Zucman como aquí.