Con la claridad que le caracteriza, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró sin cortapisas que en México la “causa raíz” de la epidemia de malnutrición, sobrepeso y padecimientos crónico degenerativos, es la “monstruosa y monumental” sobreoferta de productos industrializados de bajo aporte nutricional y muy alto contenido calórico. Es un error, añadió, colocar la responsabilidad en “la voluntad de los individuos”. Somos una población con una salud crónicamente deteriorada y así recibimos a la pandemia. Es lo que hay.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), en 2018 75 % de los adultos mayores de 20 años tiene sobrepeso u obesidad, 8.6 millones cuentan con un diagnóstico de diabetes (i.e. podrían ser más pero no podemos saberlo) y 15.2 millones tienen hipertensión. Estos niveles escandalosamente elevados van en aumento, según se observa al compararlos con los resultados de la Ensanut 2012.
Cuando la magnitud de un fenómeno alcanza a volúmenes de población tan notables, es difícil seguir creyendo que el origen del problema radique en decisiones personales o que éstas sean independientes del entorno en que son tomadas. Detrás, hay un patrón estructural vinculado, por un lado, al vacío de una política alimentaria nacional y, por otro, a la voracidad de un mercado que obtiene cuantiosas ganancias de este tipo de consumos.
Ilustración: Guillermo Préstegui
El problema tiene una arista adicional: la desigualdad. La frecuencia de este tipo de consumo y sus efectos sobre la salud de las personas no son los mismos para todos, sino que se concentran en la población de menores recursos económicos, que lidia simultáneamente con la doble carga de la malnutrición: la conjunción de la desnutrición y la obesidad. En diciembre de 2019, la revista de salud The Lancet dedicó una edición especial al tema que señala su elevada concentración en países y grupos poblacionales de ingresos bajos. En el mismo año, un número especial de la revista Salud Pública de México confirmó la estrecha vinculación entre la pobreza y la inseguridad alimentaria, así como la propensión de las poblaciones vulnerables a mayores niveles de sobrepeso y obesidad.
Ya mucha evidencia demuestra que, a diferencia del prejuicio clasista que supone lo contrario, el alto consumo de estos productos en estratos de menores ingresos no obedece a la ignorancia, sino a la falta de dinero y acceso a alimentos de calidad. Comer bien cuesta, y a muchos les cuesta mucho más.
Y es que la oferta de productos ultraprocesados a la que se refería el subsecretario no sólo es monumental y monstruosa: también es barata. En entornos de bajos recursos, su disponibilidad y asequibilidad compiten deslealmente con las de alimentos nutritivos y frescos, con frecuencia escasos y caros. Buscar opciones mejores fuera del contexto espacial inmediato requiere más dinero, medios de transporte y tiempo, una triada complicada para quien trabaja largas jornadas y, aún así, vive con presupuestos mínimos e inciertos.
En circuitos alimentarios con estas características, la interdependencia económica entre proveedores y consumidores es directa e intensa, demostrando que la intersección entre el trabajo informal y la pobreza no es sólo un traslape sociodemográfico, sino un circuito económico de alta interdependencia. Los pequeños comerciantes, formales e informales, viven de lo que venden a una población que no puede hacer compras para periodos prolongados y que, incluso, habita viviendas precarias que no les permiten almacenar y cocinar apropiadamente los alimentos.
En este contexto, es obvio que las medidas de distancia social —cuya necesidad y urgencia no deben ponerse en duda— tendrán efectos negativos de gran impacto. Por esto y más, la insuficiencia del plan para la recuperación económica anunciado el 5 de abril por el presidente ha generado preocupación. Uno no se puede recuperar al mismo tiempo que se enferma, sino después, cuando la virulencia cede. La recuperación es una acción colocada en el futuro, un tiempo difuso para 53 millones de personas en una situación de pobreza que se caracteriza, precisamente, por la enorme restricción que impone a los márgenes de planeación. “Ir al día” no sólo significa librar apenas los costos de sobrevivir una jornada, sino desconocer cómo se resolverá la siguiente, con toda la angustia que esa pregunta conlleva.
La pregunta es qué se puede hacer ahora, en el presente inmediato en el que la gente tiene que seguir alimentándose y alimentado a los suyos. Muchas trabajadoras y trabajadores de sectores desprotegidos perderán la frágil seguridad que les proporcionaba su trabajo, ya sea porque éste se detenga, les despidan o sus ingresos caigan drásticamente a falta de consumidores. Tampoco podrán salir a conseguir otro empleo. La dependencia económica, entonces, se desplazará hacia transferencias públicas que, en ningún caso, llegan a toda la población que las necesita ni alcanzan a cubrir totalmente los costos de las canastas de bienes y servicios esenciales, pues fueron pensadas para complementar el ingreso laboral.1, 2
Ante la falta de dinero para adquirir productos que, además, corren el riesgo real de escasear y encarecerse, sólo podemos imaginar que la recurrencia a consumos baratos y de baja calidad persista o incluso aumente, empeorando la salud de la población.3 La zona de empalme entre la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición corre el riesgo de expandirse4 y alcanzar a población que hoy se encuentra apenas por arriba de las definiciones de la pobreza y pobreza extrema.
Hay medidas que se pueden tomar para amortiguar la situación alimentaria de las personas más vulnerables. Ya hay propuestas muy puntuales desde la sociedad civil organizada que tienen como columna vertebral la necesidad urgente de poner dinero en los bolsillos de las personas. Sin embargo, como hemos dicho, el mercado alimentario exhibe desigualdades cuantitativas y cualitativas que es importante no reproducir. Además, se prevé que la oferta experimente fluctuaciones drásticas y que se acentúen las restricciones a la circulación, afectando a quienes dependen del transporte público para abastecerse de alimentos, suponiendo que tengan algo de dinero.
La población más pobre puede verse beneficiada de un aumento sustancioso en la cobertura, monto y frecuencia de las transferencias públicas, pero también será urgente disponer de apoyos alimentarios en especie. Enuncio algunas acciones posibles:
1. Habrá que distribuir despensas completas, suficientes y gratuitas en zonas de rezago social, urbanas y rurales, que podrían basarse en el modelo de canasta de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX). Esta misma agencia podría coordinar la distribución desde sus tiendas, aunque ésta debe ampliarse a ciudades de mayor tamaño,5 involucrando a delegaciones de Bienestar y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en los estados. A esta tarea podrían unirse centrales de abasto, productores locales, bancos alimentarios y otras instancias de asistencia social, con gran experiencia en este tipo de labor y una red de contactos empresariales establecida.
Varias organizaciones ya realizan esta tarea, pero sólo el Estado tiene la capacidad de extender una acción de esta naturaleza por todo el país de manera coordinada y bajo las condiciones de orden y salubridad necesarias, que eviten episodios como los registrados en Acapulco —aglutinamientos y asaltos— el 6 de abril.
2. Las despensas suelen enfocarse en la entrega de no perecederos, por razones de logística y conservación. Sin embargo, las personas necesitan urgentemente frutas, verduras, proteínas animales y vegetales. Para ello, podrían crearse bancos alimentarios móviles que compren estos alimentos a los comercios locales y los distribuyan gratuitamente en las zonas de mayor pobreza.
3. Pero no todas las personas cuentan con condiciones materiales para preparar alimentos. Es necesario coordinar la operación de cocinas comunitarias que entreguen diariamente desayunos y comidas en zonas críticas, sin costo, bajo las normas sanitarias del caso y con condiciones elementales de dignidad. Bien conducidos, son proyectos efectivos en situaciones de emergencia: satisfacen una necesidad, involucran a la comunidad y contribuyen a mantener la cadena económica.
4. Identificar al comercio alimentario como esencial debe traducirse en apoyarlo. Es importante capitalizar a pequeños productores y distribuidores para ayudar a mantener la cadena de abastecimiento a nivel local. Pueden ser incluidos como proveedores en los proyectos de asistencia alimentaria de emergencia, recibir créditos públicos o ser parte de convenios justos de colaboración con las grandes empresas, para las que fungen de facto como intermediarios fundamentales.
5. Adicionalmente, es necesario mantener una vigilancia constante sobre el precio de los alimentos y difundir esta información entre la población, con mecanismos claros de denuncia y atención de casos con aumentos injustificados.
En este momento, no se han anunciado acciones alimentarias en operación. Por el contrario, parece que se apela a la buena voluntad de las personas. Si existen, deberían ser difundidas para celebrarlas y para que la población que requiere apoyo lo solicite. Si no, es urgente hacerlo.
Todo esto cuesta. Necesita dinero, trabajo y voluntad. Podría tener problemas de implementación, duplicidades o errores de coordinación, pero ayudaría a que más personas se resguarden con menos angustia. En este momento es mejor correr el riesgo a no hacer nada. Son tiempos extraordinarios y requieren acciones extraordinarias.
Paloma Villagómez
Socióloga y poblacionista.
1 El apoyo a adultos mayores entrega 1 275 pesos mensuales (en transferencias bimestrales de 2 550 pesos). Las becas Benito Juárez entregan 800 pesos mensuales (1 600 pesos por bimestre) a estudiantes de educación básica y media superior, en pobreza. El programa Jóvenes Escribiendo Futuro entrega 2 400 pesos mensuales (4 800 pesos bimestrales); Jóvenes Construyendo Futuro da 3 748 pesos mensuales a sus beneficiarios. Finalmente, el programa de Apoyo al Bienestar de Niños, Niñas y Madres Trabajadoras entrega 1 600 pesos bimestrales por menor entre uno y cuatro cuatro años, o 3 600 pesos bimestrales por menor entre uno y seis años con discapacidad. La canasta alimentaria y no alimentaria diseñada por CONEVAL cuesta, en promedio, 2 645 pesos por persona, al mes.
2 Será importante tener pronto acceso a información sobre la evolución de las coberturas de estos programas y cómo se combinan por hogar, para tener una idea más precisa de su capacidad para cubrir los costos de las necesidades alimentarias y no alimentarias familiares.
3 Ya se reportan aumentos considerables en el consumo de alimentos ultraprocesados por razones tan variadas como la nostalgia, el aburrimiento, la ansiedad o la necesidad de reducir el trabajo y el conflicto en el hogar.
4 De acuerdo con estimaciones del Coneval, en 2018 una de cada cinco personas vivía en hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa. En 2008 y 2009, la combinación de la crisis económica y alimentaria con la influenza provocó un aumento en la carencia alimentaria que pasó de 21.7 % en 2008 a 24.8 % en 2010. Diez años después, apenas se recupera un nivel similar al de 2008.
5 Las tiendas Diconsa que opera Segalmex están ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación, con tamaños de poblaciones de 200 a 14 999 habitantes.