A propósito del arranque de la plataforma de cobro digital (CoDi) oficialmente a finales de septiembre, surge la inquietud de cuáles serán los efectos esperados en términos de inclusión financiera que puede tener su implementación en la interacción de algunas comunidades en relación con la reducción del uso de efectivo. Si bien la estructura del mercado financiero ha cambiado bastante los últimos años, varios de los retos a los que se enfrenta el uso de CoDi están estrechamente relacionados con las barreras que han tenido millones de mexicanos al incorporarse al mercado financiero, los “exiliados” como bien se menciona aquí. Hoy en día se lee en diversos lugares que la inclusión financiera puede ayudar a disminuir la pobreza; no obstante, aún parecería una afirmación aventurada, ya que a pesar de haber avances en términos de inclusión, existe todavía poca acción de cambio y comprensión del segmento poblacional que ha quedado fuera del sistema financiero formal, principalmente de las zonas rurales

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en un reporte de política pública ha descrito que la inclusión financiera puede impulsar la capacidad de las personas para ascender en la escala socioeconómica y mejorar su calidad de vida, a pesar, propiamente, de que empíricamente para el caso de México no es un tema exhaustivamente trabajado. No es sino hasta hace algunos años que surgieron fuentes de datos con las cuales trabajar, se dio a conocer la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera levantada por el INEGI (en 2012) y la Global Findex Database1 del Banco Mundial (en 2011), las cuales proporcionaron insumos para enriquecer los estudios acerca de inclusión financiera con detalles  tales como los conocimientos, comportamientos y actitudes financieras que tiene la población.

Para algunos estudiosos de los temas de pobreza, la inclusión financiera quizá no sea un mecanismo tan directo que se asocie a la disminución de la pobreza ni a una prioridad de política pública, y puede entenderse, ya que, en gran medida, el acceso a algún producto financiero por parte de algunas comunidades (principalmente rurales) se da a través de algún programa social y no porque la misma población se acerque a solicitarlo a alguna institución. En este sentido, la inclusión financiera tiene un papel potencial importante si la política pública logra tejer redes que generen un cambio en la organización social de la comunidades, fomentando la cohesión y la confianza, que es un punto clave para adoptar ciertas políticas gubernamentales (como se menciona aquí). No todas las formas de vida están incorporadas al mercado2 y hay que tratar de entenderlo.

Ilustración: Víctor Solís

Ahora bien, ¿de qué definiciones partimos? Aquí congeniamos con que la inclusión financiera puede ser clave para reducir los niveles de pobreza en la población por medio del mejoramiento en la administración de sus recursos a través del acceso y uso de productos y servicios financieros (Coneval, 2018) y no sólo exclusivamente como una forma en la que se reduzca el uso de efectivo e incrementen los medios de pago digitales (IMCO, 2016) o se fije como única meta el acceso más que el uso y calidad de los servicios y productos financieros.

Algunas asociaciones como el Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) están convencidas de que cuando los grupos más vulnerables tienen mejores oportunidades de administrarse a través del acceso a algún producto financiero, pueden mejorar sustancialmente su acceso a educación, mejorar su salud, lograr una mejor seguridad alimentaria e incluso mejorar el acceso a agua potable. Un estudio realizado por el CGAP en el año 2014 muestra diferentes casos en los cuales el acceder a un producto o servicio financiero por parte de las comunidades ayudó a mejorar su calidad de vida solventando algunas de las carencias principales, como la alimentación, y al prevenir problemas de salud, encontrando que los productos financieros de ahorro tienen un impacto positivo mayor en la calidad de vida que los productos relacionados al crédito. En cuanto al crédito, dicho estudio encontró que los créditos grupales tienen mayor impacto en las comunidades que los créditos individuales. También, al ser otorgados estos productos y servicios financieros principalmente a mujeres, resaltó el papel fundamental que tienen las mismas, sean jefas de familia o no, en que la inclusión financiera sea un mecanismo positivo para reducir la pobreza.

Para 2016, el Coneval estimó que 54.3 millones de personas, 43.6% de la población, se encontraba en algún tipo de pobreza3 (moderada o extrema); como porcentaje de sus propias zonas, el 58.2% de personas que viven en comunidades rurales vive en pobreza, mientras que un 39.2% atraviesan por la misma situación en las zonas urbanas. Como sabemos, la pobreza es un problema más allá de no contar con un ingreso monetario y, en este sentido, la línea que va de la inclusión financiera hacia la disminución de la pobreza tiene que transitar por el impacto potencial que podría tener la incorporación de los segmentos de la población vulnerables al sistema financiero formal en el acceso a cada una de las magnitudes que forman la calidad de vida; sobre todo, buscar productos financieros que se adecúen a sus necesidades.

Enlistar como personas bancarizadas solamente a las que tienen una cuenta en el banco puede ser engañoso, ya que si bien conocemos que la persona efectivamente accedió a un producto financiero, no sabemos en qué condiciones lo hizo, si este producto se adecúa a sus necesidades o no y si podrá sostenerlo en el mediano plazo. Cantidad no es calidad, acceso no es igual a uso y esto es algo que en ocasiones olvida la política pública al hablar de inclusión financiera.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (2018), la distribución porcentual de la población de 18 a 70 años que contaba con al menos un producto financiero fue la siguiente: 68.9% accedió a una cuenta o tarjeta de ahorro, el 57.9% a una cuenta de ahorro para el retiro, 45.6% de la población accedió a un crédito y finalmente tan sólo el 37.2% de la población accedió a un seguro.4 Es más fácil para la población acceder a un producto de ahorro que a un producto de crédito, lo que indica que el producto al que tienen más acceso los mexicanos es aquel que depende de forma directa de una proporción de sus ingresos corrientes y aquel que paga una tasa de interés menor (si lo comparamos con las tasas a las que se cobran los créditos); es decir, en este intrincado duelo de rendimientos, el margen financiero para las instituciones financieras suele ser bastante alto. La misma ENIF 2018 señala que la población que cuenta con al menos un producto financiero es mayor en las zonas urbanas con un 74.4%, mientras que en las zonas rurales es de 57.1%. En las zonas rurales se observa que de las personas que declararon acceder a al menos un producto financiero el 53.28% son mujeres, mientras que un 46.72% son hombres; por tanto, son las mujeres quienes tienen un mayor acceso a algún producto financiero, mientras que en las zonas urbanas las mujeres que cuentan con algún producto financiero son menos de la mitad.

A pesar de que es deseable incorporar a los segmentos vulnerables de la población al sistema financiero formal, en México existen diversas barreras tanto de oferta como de demanda que impiden que se transite hacia ese escenario y sobre las cuales la política pública debería actuar si se pretende mejorar la inclusión en el país. En las barreras por el lado de la oferta podemos decir que:

a) La dotación de infraestructura financiera y de telecomunicaciones es insuficiente, principalmente en zonas rurales. Según el Reporte de inclusión financiera (2018) el indicador de puntos de acceso a infraestructura financiera, considerando sucursales, cajeros automáticos, comisionistas y puntos de acceso fue de 12 por cada 10,000 adultos y el porcentaje de municipios con al menos un punto de acceso fue de 73% en 2017. Por otro lado, la Encuesta  sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Hogares (ENDUTIH) 2018 revela que existe una brecha digital importante donde las zonas rurales presentan un rezago digital, ya que mientras el 73.1% del total de la población en zonas urbanas usa internet, en las zonas rurales el uso se limita a tan sólo el 40.6% por ciento de la población. Además, como reportan Lahaye, Abell y Hoover (2017) en algunas comunidades incluso es más factible que las personas accedan a un teléfono móvil que a energía eléctrica en sus hogares.

b) La falta de competencia en el sector bancario, el cual concentra su nivel de activos en el grupo de los siete: BBVA Bancomer, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa. Esto genera que los requerimientos para solicitar un producto de ahorro o crédito, al ser más rígidos y excluyan a los sectores que no puedan cumplirlos. Revisando la presencia de sucursales bancarias en los distintos tipos de municipio, en los municipios rurales existe una mayor presencia de sucursales de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP)5 que de sucursales de la banca múltiple, como lo muestra la gráfica 1. Es en los municipios semi-urbanos, urbanos, semi-metrópoli y metrópoli donde las sucursales de la banca múltiple tienen presencia dominante, lo que es consistente con una mayor penetración financiera en las zonas urbanas. Asimismo, destaca la poca presencia de la banca de desarrollo y las Sociedades Financieras Populares (Sofipos).

Gráfica 1
Presencia de sucursales por tipo de municipio (%)

Fuente: Reporte de Inclusión Financiera (2018)

c) Los costos que se consideran excesivos por el manejo de cuenta o por la contratación, ya sea vía comisiones o por las tasas de interés cobradas por los créditos. Al comportarse el sector bancario como una estructura de mercado oligopólica, hay una mayor propensión a que se fijen precios de los productos financieros por encima de lo que la población puede pagar por ellos, volviéndolos poco asequibles y poniendo estos costos como referencia para el resto de las entidades financieras no bancarias.

Existen también barreras por el lado de la demanda, la ENIF 2018 señala que la principal razón por la cual las personas no tienen un producto de ahorro o crédito es que sus ingresos no les alcanzan o son insuficientes para contratar algún producto financiero y que no les gusta endeudarse; sin embargo, existen otras razones de peso como muestran las gráficas 2 y 3. Las principales razones tienen que ver con que las instituciones piden requisitos con los que no cuentan (garantías de patrimonio personal, activos, un sinfín de papeles, etcétera), las comisiones e intereses cobrados son altos y no confían en las instituciones financieras, además de que en algunos casos las sucursales quedan lejos de la vivienda, lo que es más común en las zonas rurales.

De igual forma, ante una emergencia económica prevalecen los mecanismos de ahorro y crédito informales, ya que las personas prefieren pedir prestado a familiares o amigos, empeñar algunos de sus bienes y emplear sus propios ahorros antes que recurrir a una institución financiera formal.

Gráfica 2
Razón principal por la cual no tiene una cuenta o tarjeta relacionada al ahorro

Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (2018)

Gráfica 3
Razón principal por la cual no tiene un préstamo, crédito o tarjeta de crédito

Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (2018)

Existe una falta de comprensión de las necesidades financieras de los estratos vulnerables de la población que están excluidos del sistema financiero formal; en específico, de quienes viven en las zonas rurales. Una mayor participación de la banca de desarrollo enfocada a estos segmentos de la población, así como una mejora en la regulación que redujera aunque sea un poco las barreras por el lado de la oferta, podrían apoyar una inclusión financiera que realmente impactara en el mediano plazo en algún indicador de pobreza. La economía también tendría que preocuparse por garantizar mejores condiciones de trabajo, garantizar una línea mínima de bienestar y ocuparse por redistribuir el ingreso.

Mientras, la línea de acción inclusión financiera/pobreza se mira un tanto distante a pesar de las mejoras que ha habido en los últimos años, veremos, en el caso de CoDi, cómo logra impactar en el mediano plazo en los usuarios de los servicios de pago y si las comunidades rurales logran adaptarlo a su vida cotidiana.

 

Nadia Yáñez Macías
Economista por la UNAM

Referencias

CEEY, (2018), “El México de 2018, movilidad social para el bienestar”, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México, Noviembre de 2018.

CONEVAL (2018), Informe de evaluación de la política de desarrollo social, Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Ciudad de México.

Cull, Robert, Ehrbeck Tilman y Nina Holle, (2014), “La inclusión financiera y el desarrollo: Pruebas recientes de su impacto”, en Revista Enfoques, No. 92, Abril de 2014, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP).

CONAIF, (2018), Reporte Nacional de Inclusión Financiera, Consejo Nacional de Inclusión Financiera, Consejo Nacional de Inclusión Financiera, México.

IMCO, (2016), “Reducción del uso de efectivo e inclusión financiera”, Instituto Mexicano para la Competitividad y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Lahaye, Estelle; Abell Thomas y James. Hoover, (2017), “Una visión del futuro: inclusión financiera 2025”, en Revista Enfoques, No. 107, Junio de 2017, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP).


1 Es un proyecto de base de datos que concentra datos para 140 países en materia de inclusión financiera.

2 En este punto hago alusión a todas las comunidades principalmente rurales donde prevalece el autoconsumo, que basan su organización en colectivos o asociaciones y donde los productos financieros deberían adecuarse a su forma de organización. Para el CGAP, las personas más vulnerables siguen estando en la economía rural.

3 En México la pobreza se mide bajo un criterio multidimensional, no sólo contempla la falta de ingreso monetario, sino que también contempla carencias como el rezago educativo, el acceso a la salud, acceso a la alimentación, acceso a la seguridad social, la calidad y espacio de vivienda, así como los servicios básicos de la vivienda y la cohesión social.

4 La suma por producto financiero es mayor al 100% ya que hay personas que pueden tener en simultáneo más de un solo producto financiero.

5 Las Socaps son sociedades orientadas al sector social sin fines de lucro que se pueden encontrar bajo denominaciones como caja popular, caja cooperativa, caja de ahorro, entre otras, y su principal diferencia con las Sofipos es que tienen un propósito de apoyo a sus socios más que el de generar ganancias. De acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2017, estas sociedades han representado la segunda fuente de financiamiento para las unidades productivas rurales y la intermediación de recursos se genera en las mismas regiones de origen.